¿PODER LOCAL VERSUS PODER REAL?
CONFLICTOS ENTRE EL CABILDO DE CÓRDOBA Y EL GOBERNADOR DON JOAQUÍN ESPINOSA Y
DÁVALOS
Bárbara M. Aramendi[1]
Con la llegada de los conquistadores se inició en América un proceso de
asentamiento y colonización basado en el establecimiento de ciudades. La
instalación de los españoles en el nuevo mundo se hizo exclusivamente en forma
de colonización urbana. La ciudad fue simultáneamente fortaleza, mercado, sede
gubernativa, centro cultural y núcleo de donde partía la expansión militar,
religiosa y económica. Esta colonización urbana que venía impuesta por los
antecedentes hispánicos de la reconquista y por las necesidades de la empresa
en Indias, determinó un ordenamiento institucional que tuvo que adecuarse a
ella.
Jurídicamente, la ciudad colonial recibía el status de tal al contar con
un cabildo, no había en la organización indiana ciudad sin cabildo porque éste
era el símbolo institucional de la existencia de aquélla. El cabildo tenía
remotos antecedentes en la península, durante la baja Edad Media había
florecido en todos los reinos cristianos. Su transplante a América se hizo sin
plan y sin orden, puede afirmarse que la organización del municipio indiano fue
un producto jurídico consuetudinario que la legislación solo trató de pulir. El
derecho consuetudinario de los cabildos fue también el resultado de una lucha
entre los jefes de la conquista, empeñados en afianzar su autoridad y los
pobladores vecinos que aspiraban al gobierno propio. El monarca intervenía favoreciendo
a unos u otros según las circunstancias[2].
La composición de los cabildos varió según las regiones, en los
territorios del Río de
El ayuntamiento cumplía diversas funciones. En primer lugar funciones
electorales pues los miembros salientes de la institución elegían a sus
sucesores. Se encargaba también del registro de títulos, todos los funcionarios,
con excepción de virreyes y miembros de
Las elecciones capitulares se llevaban a cabo el primero de enero de cada año y los miembros del cabildo no podían intervenir en ella si estaban excomulgados, procesados o eran deudores del fisco. Según la letra de la ley los electos debían ser vecinos y no podía votarse para cargos concejiles a oficiales reales, extranjeros, parientes del gobernador o de ellos mismos. Las elecciones estaban sujetas a la confirmación de las autoridades superiores, en este caso lo gobernadores y sus tenientes en las ciudades subalternas[5].
La figura de gobernador en América
existió desde la organización definitiva en el siglo XVI hasta que se implantó
el régimen de intendencias. El título se dio tanto a los que habían capitulado
con el rey para realizar conquistas como a los que actuaban como funcionarios
administrativos para ejercer el mando en una provincia que ya estaba
constituida. La categoría de gobernadores capitulantes desapareció una vez
concluida la conquista y en adelante los gobernadores fueron administrativos
con sueldo fijo, cargo temporario y poderes limitados. El rey los nombraba a
propuesta del Consejo de Indias aunque por lo general se dio también la
facultad a los virreyes de proveer interinamente la vacancia[6].
Los nombramientos hechos en España recaían casi siempre en personajes de
elevada condición que residían en la península, en su mayoría fueron militares
o funcionarios con experiencia administrativa. Los nombrados por los virreyes o
por
En el ejercicio de sus actividades los gobernadores no podían proceder a
su arbitrio, sino de acuerdo a derecho y el Consejo de Indias, el virrey y
Los gobernadores designaban con carácter de auxiliares a un gobernador
suplente: el teniente de gobernador y en caso de que el mismo gobernador no
fuera hombre de leyes designaba un asesor letrado: el teniente asesor letrado.
El rey nombraba al gobernador capitán general y le confería con ello el mando
supremo militar de su provincia, por lo general este título se concedió en las
provincias limítrofes amenazadas, circunscripciones que por ello se llamaron
capitanías generales. Solía tratarse de prestigiosos oficiales del ejército y
la marina, rara vez se nombraban letrados para esos cargos[8].
El siglo XVIII se caracterizó por la militarización de la monarquía. Con el régimen de Nueva Planta se inició un proceso que tendía a la reducción de las especificidades de los territorios que habían estado en contra de la instauración de la dinastía borbónica asegurando la presencia de ejércitos permanentes y de una administración fuertemente militarizada[9]. Cada vez eran más los militares que ocupaban cargos en lugares administrativos por las necesidades internas pero también por la difícil situación que desencadenaban los conflictos internacionales.
Como todo ámbito corporativo los cuerpos militares tendían al autoreclutamiento y a la endogamia. El ingreso al ejército se producía según el nivel que correspondía a la calidad estamental y a la importancia de la familia y de las relaciones del interesado y esto condicionaba el grado de ascenso al que se podía llegar, era habitual que se privilegiara la carrera de hijos y parientes de militares. Tras una carrera militar, los oficiales generales obtenían el mando de comandancias militares, gobiernos políticos militares, capitanías generales o gobernaciones y virreinatos en Indias, de tal modo que los militares de más alta graduación se convertían en un instrumento básico para el gobierno político de la monarquía[10].
En América se observaba la necesidad de que los gobernadores fueran militares, puesto que debían ejercer la función de guerra y ser competentes a la hora cubrir la defensa de las ciudades amenazadas por los indígenas. A principios del siglo XVIII, el estado de emergencia en relación a la guerra con los indígenas chaqueños impuso la necesidad de que el cargo de gobernador del Tucumán fuera cubierto por una persona con experiencia militar, ya que correspondía a la máxima autoridad de la provincia planificar la estrategia ofensiva y conducir las campañas en territorio indígena[11].
La gobernación del Tucumán fue creada indirectamente al incluirla en el
distrito de la audiencia de Charcas en el año de 1563 y comprendía las ciudades
de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca,
Eslava y Manso de Velasco
estaban unidos por su condición de tempranos camaradas de armas por la causa
borbónica, primero durante
En el contexto de una organización política como la del Antiguo Régimen, donde existía una vertebración en términos de redes de vínculos personales, la relación de patronazgo-clientela parecía ser el vínculo más significativo de la articulación política[14]. Las redes de poder se tejían a nivel imperial y se estructuraban por lo general alrededor de un personaje importante dentro de la corte. En una carta dirigida al virrey Manso de Velazco, Espinosa manifestaba que el rey se había dignado concederle el empleo de gobernador después de las campañas por él realizadas y porque “[…] intervino el poderoso influxo de VE”. En otra, escrita a Ceballos, le agradecía por la “[…] generosa propensión de Vuestra Excelencia en recomendar al rey mi corto mérito […] de que rindo a VE la mas expresivas gracias […]”[15]. En 1760, Espinosa envió un informe al rey avalado por Ceballos ya que, expresaba el gobernador, a pesar de que había hecho todo lo que estaba en sus manos en beneficio del rey, su informe “[…] sera mas azeptable, apoiado en la poderosa recomendación de VE […]”[16]. La relación con Manso de Velazco y con Ceballos tenía un carácter eminentemente clientelar, marca que podemos encontrar en un escrito dirigido a Ceballos donde Espinosa lo trata de “muy señor mío y todo mi dueño”[17].
En 1771 Joaquín Espinosa fue nombrado gobernador de Valdivia con un salario de 4000 pesos anuales, a la vez que se le confería el grado de coronel; antes de marchar a este destino fue que sirvió como gobernador interino nuevamente en Salta por destitución de Gerónimo Matorras.
Las elecciones en el cabildo
cordobés y el conflicto con el gobernador
Lo que aquí nos interesa destacar es la actuación de un gobernador de un espacio periférico que gobernaba como representante de la corona, entre otras cosas, a través de las redes que tejió en el territorio local y que claramente encontró oposición en grupos que no estaban adscriptos a su red, lo cual era inevitable en un campo de lucha permanente como lo es el político. El análisis del conflicto desatado por las elecciones de 1772 nos permite la posibilidad de observar los resortes de la administración colonial en un momento fundamental de la vida política de las ciudades donde se ponía en juego la permanencia y o recambio de la elite gobernante. En las elecciones anuales capitulares la permanencia de las elites locales en el poder político local se concretaba y constituía un acontecimiento especialmente conflictivo por la ingerencia que tuvieron en ellas los funcionarios a la cabeza de la jurisdicción[18].
El conflicto por las elecciones refleja muchas cuestiones problemáticas, redes de poder encontradas cuyos extremos se cruzan en la periferia y en el centro del imperio. No se trata tanto de una lucha entre el poder local y el poder real sino más bien de diferentes redes políticas en pugna que atravesaban todas las instancias del poder y que en el presente caso tocaban a los capitulares que además actuaban corporativamente defendiendo los intereses de una elite que gozaba de derechos y privilegios generacionales dentro de un campo de poder político específico[19].
En el siglo XVIII el cabildo de Córdoba estaba integrado por dos alcaldes, uno de primero y otro de segundo voto. Junto a ellos había dos alcaldes de Santa Hermandad que se ocupaban de la justicia en la campaña. Además estaban los regidores que accedían al cargo por compra, a perpetuidad o por un lapso de tres años, que a su vez elegían a los alcaldes y a aquellos que debían ocuparse de otras funciones concejiles. Al comenzar el año los regidores y alcaldes salientes elegían primero a los cuatro alcaldes quienes una semana más tarde elegían a los que ocuparían funciones concejiles ese año: defensor de menores, procurador general, alcalde de aguas. Además de los cargos mencionados había otras funciones que eran cumplidas durante años por los mismos regidores: juez mensurador de tierras, juez de bienes de difuntos, mayordomo de propios, alférez real, regidor fiel ejecutor, entre otros. A pesar de que la pertenencia al cabildo traía inconvenientes a los vecinos cuyas actividades tenían que ver con el comercio a larga distancia y de que ocasionaba gastos, ocupar un cargo en el cabildo significaba prestigio. Ocupar el de alférez real era posiblemente uno de los máximos honores[20].
En ocasión de las
elecciones para cabildantes de la ciudad de Córdoba correspondientes al año
1772 tuvo lugar un conflicto que alcanzó las más altas esferas de la justicia
imperial. El enfrentamiento se estableció entre el gobernador interino don
Joaquín Espinosa y Dávalos y los cabildantes don Joseph Benito de Acosta y don
Joseph de Bejarano, alcaldes ordinarios de primero y segundo voto, don Juan
Antonio de
Días antes de las elecciones el gobernador Espinosa
había dictado una providencia por la cual suspendía de sus oficios al alguacil
mayor García Guilledo y al regidor Moiano Oscarís. Posteriormente, el 31 de
diciembre, había nombrado cuatro diputados con voz y voto a las elecciones del
cabildo basándose en
Los cabildantes obviamente protestaron ante esta disposición y expresaron que en los ánimos del gobernador:
[…] se encontrava el alterar
Años más tarde Joseph de Bejarano diría que la intención de Espinosa, al nombrar a esos cuatro diputados, era la de desbaratar el cabildo de Córdoba:
[…] con el
formal designio de que las elecciones para el siguiente, de alcaldes
ordinarios, y demas oficios consejiles, se hiciesen a la medida de su deseo, y
devocion, […] introduciendo la nobedad
de nombrar regidores diputados, sin facultad, para que entrasen a votar en la
eleccion […][23].
El conflicto no se estableció directa y únicamente con el gobernador sino que también formó parte de él el teniente del rey, don Manuel de Esteban y León, comisionado para presidir y confirmar las elecciones del cabildo.
El oficio de teniente del rey surgió a principios del siglo XVIII desplazando a la figura del teniente general que existía en todas las gobernaciones y corregimientos. Tenía el encargo de reemplazar al gobernador en caso de ausencia o muerte y su nombramiento era privativo del rey[24]. La gran extensión del Tucumán y las dificultades para organizar su defensa condujeron a la creación de esta institución político-militar para complementar la actuación del primer mandatario provincial y disponer de un mando supremo en el sur del territorio[25]. Esteban y León, primer teniente de rey en el Tucumán fue nombrado por la conveniencia de mantener la quietud en esos pueblos “[…] tan agitados de insultos de los indios bárbaros […]”[26]. El teniente del rey residía en Córdoba para atender estos asuntos y auxiliar al gobernador en un espacio tan dilatado, con las mismas prerrogativas que el teniente de Buenos Aires y recibiendo un sueldo equivalente a la cuarta parte de lo que ganaba el gobernador. Esteban y León era además familiar y alguacil mayor del Santo Oficio por lo cual tenía una serie de privilegios, entre ellos la portación de armas, debía además ser obedecido por las autoridades eclesiásticas y civiles lo que lo convertía en un personaje poderoso y con influencias que excedían el ámbito local[27].
Los capitulares no
admitieron a Esteban y León como comisionado para confirmar las elecciones y
denunciaron un comportamiento violento de su parte:
[…] y se le
protexta nuevamente las inquietudes, desordenes, alborotos, y desastres que
anuncian sus movimientos, y armamentos de gente, tanto con las citaciones de
las compañías del campo, como el hecho de entrar con armas a esta sala […] y que desde este instante se aseguren en los combentos de religiosos
los libros de cedulas, y otros del secreto del cavildo, y se le franquee la
casa capitular y demas archivos […] por
mantener la paz publica que se ve relajada desde la ausencia del señor governador
don Gerónimo Matorras […][28].
A pesar de estas quejas las elecciones se llevaron a cabo de todas maneras porque dijeron los capitulares “[…] será menos mal el que se sacrifiquen cinco individuos del Cavildo, que exponer la republica a parcialidades […]”[29]… probablemente no tuvieron otra opción en ese momento, la lucha por ese lugar de poder continuaría.
El primero de enero de
1772 los cabildantes salientes eligieron a don Francisco Antonio Díaz como
alcalde de primer voto, a don Juan Tiburcio de Ordóñez como alcalde de segundo,
a Cristóbal Ramírez de Arellano y Joseph Blas de Ordóñez para alcaldes de
Los diputados nombrados
por Espinosa eligieron a Gregorio de Arrascaeta como alcalde de primer voto,
Prudencio Xigena de segundo y Francisco Casas Correa y Funes y Francisco
Hurtado de Mendoza como alcaldes de
Veamos quiénes eran algunos de los implicados en el conflicto. Los Funes y los Allende se dedicaban al pingüe negocio del comercio mular. Los Moiano Oscaríz, familia conspicua de Córdoba, si bien ya no tenía las encomiendas que les había otorgado la corona en su momento seguían conservado las tierras y se dedicaban al tráfico de ganado. Nombres como el de Gregorio de las Heras y Díaz estaban ligados al comercio porteño como conocidos introductores de bienes de castilla y desde 1770 sumaban el negocio de las mulas a sus importaciones desde el puerto[32]. El ramo de mulas en Córdoba, desde 1630 y aproximadamente durante los dos siglos siguientes fue la principal actividad económica de la región y la que permitió articular su economía con el resto del espacio colonial. El comercio de mulas era la principal fuente de ingresos y de acumulación para los hacendados cordobeses y para los comerciantes que sin tener tierras arrendaban la invernada a los propietarios[33].
Con la espada de la ley
Las situaciones
irregulares desatadas en relación a las elecciones dieron lugar a una serie de denuncias
que fueron elevadas oportunamente a
De los diferentes escritos elevados por los cabildantes surge la impresión de que se consideraban en igualdad de condiciones con el gobernador, o por lo menos de que se sentían seguramente amparados por las leyes. Esto refleja la realidad de un orden preestatal caracterizado por la diversidad de cuerpos sociales, de poderes plurales y policéntricos y por la yuxtaposición y la concurrencia de dichos diversos poderes[34]. La constitución de la organización imperial y las unidades administrativas delimitadas- virreinatos, gobernaciones, capitanías- estuvieron lejos de constituirse en unidades cerradas y centralizadas para el ejercicio del poder y no supusieron pirámides jerárquicas entre los funcionarios comprendidos en las unidades menores incluidas en éstas[35]. Los cabildos constituían la célula local de una estructura político administrativa mucho mayor, integrada por diversas instancias, cada una con esferas de poder que le eran propias pero que a la vez se encontraban en permanente competencia entre sí[36].
Aquí es necesario tener
en cuenta el contexto cordobés: la dispersión de los centros de gobierno traía aparejados
inconvenientes pero al no ser Córdoba sede del gobernador ni de
El inicio del conflicto por las elecciones tuvo lugar cuando
el regidor Moiano Oscaríz suprimió el cumplimiento de un despacho que afectaba
a los intereses del cabildo emitido por el contador general Cándido Ramos. Esta
actitud dio lugar a la suspensión del regidor y a una serie de contraofensivas
aplicadas por el gobernador Espinosa contra los miembros del cabildo y a favor
de
[…] se propasó
don Candido Ramos, introduciendose y mesclandose en asuntos que no eran de su
incumbencia, ni tocavan al exercicio de su empleo de contador, qual era
intentar tomar cuentas de los propios de aquella ciudad en que no tiene interes
alguno,
En primer lugar queremos resaltar la queja contra el contador de la contaduría mayor de Buenos Aires don Cándido Ramos por haber mandado tomar cuentas de los propios de la ciudad. Las funciones financieras de los cabildos se limitaban al cobro y la administración de los fondos y rentas del cabildo llamados propios y arbitrios. Los propios eran los bienes de la ciudad y los recursos que le habían sido concedidos, los arbitrios eran los derechos establecidos por la ciudad, con autorización superior sobre ciertos géneros o frutos vendibles. La distinción entre unos y otros no fue siempre estrictamente mantenida y en la práctica ambas clases de recursos se confundían. Su recaudación integraba el presupuesto ordinario de los gastos del cabildo[39]. Era natural entonces que el cuerpo capitular reaccionara contra lo que sentía como una intromisión en los únicos recursos que le pertenecían.
A pesar de que los
cabildantes enunciaran que las cuentas del cabildo no eran de incumbencia de la
contaduría mayor, la instrucción por la cual se habían creado las contadurías
en América afirmaba que se le debían presentar todas las cuentas en que directa
o indirectamente tuviera interés
No es un dato menor mencionar que la creación de la contaduría mayor de Buenos Aires era reciente, hasta 1767 las cajas del Tucumán habían estado bajo la jurisdicción del Tribunal de Lima cuya lejanía impedía un verdadero contralor de las mismas. Las cuentas de los oficiales de Buenos Aires eran sometidas a un viaje largo y azaroso donde muchas veces se perdían y aunque arribaran con éxito transcurría tanto tiempo entre el viaje, la revisión y el ulterior envío a la contaduría del Consejo de Indias que no resultaban útiles las informaciones que contenían ni era posible reparar los defectos existentes[40]. Así, con la instalación de una contaduría en Buenos Aires se abría un frente real para el cabildo, por su cercanía, en la lucha por sus prerrogativas y autonomía frente a los poderes reales[41].
Por otro lado la prisión
de los capitulares era un tema urticante sobre el cual ya se habían presentado
quejas por considerar este hecho un abuso de poder por parte de los
gobernadores. El traslado a Buenos Aires no se verificó en el alcalde Joseph
Bejarano porque decidió acudir a
A lo largo de este proceso se puede observar que los cabildantes estaban muy bien informados sobre la legislación vigente y apelaron a todas las herramientas legislativas para obstaculizar las decisiones de Espinosa en relación a las elecciones:
Se tubo
tambien presente la real provision dada en
Aludieron igualmente a un despacho del Virrey del Perú de 1766 en que se prohibía a los gobernadores suspender de sus empleos a ningún capitular ni citarlos para fuera de su domicilio.
Finalmente en 1772 se informó al gobernador que debía suspender todo procedimiento en el caso de las elecciones de oficios concejiles y que no molestara a los regidores hasta que el virrey resolviera la controversia. El tres de septiembre de 1772 el virrey mandó que el gobernador, ahora y nuevamente Gerónimo Matorras, suspendiera a los alcaldes erigidos por los diputados y que fueran depositadas las varas en los que las tuvieron en 1771 y en caso de ausencia en los dos regidores más antiguos. Recién en 1774 un decreto dado en Lima aprobó la elección hecha por los cabildantes y advertía sobre “[…] no mesclar ni introducir en los Cavildos persona extraña con el título de diputado ni otro […] pena de la nulidad, y de mil pesos a cada uno de los concurrentes […]”[44].
Sin embargo, años después, en 1786, el teniente coronel de milicias don Joseph Bejarano, contaría que la resolución del virrey
[…] no se
verificó en mi, ni en mi compañero don Joseph Benito de Acosta, por nuestra
precisada, y compelida dispercion, respecto a que a este, con otro figurado
colorido, se le arrestó, y despachó a la ciudad de Buenos Ayres, apricionado
con la mayor bejacion, pero ni tampoco en ninguno de los regidores […][45].
Bejarano demandó en el juicio de residencia a Espinosa por la cantidad de seis mil seiscientos dos pesos y dos reales por los costos y perjuicios que originó al cabildo de Córdoba pero su solicitud no fue hecha a lugar. A pesar de haber vencido el conflicto en la arena de las leyes los alcaldes Bejarano y Acosta resultaron ser los grandes perdedores de esta batalla pues no consiguieron mantenerse como miembros del capítulo.
Antecedentes y redes
El conflicto desatado por las elecciones del primero de enero de 1772 cargaba con pesados antecedentes de enfrentamientos entre un grupo de capitulares y algunos funcionarios del rey y encontraron en las elecciones la arena propicia para desarrollarse. La mayoría de estas disputas son suficientemente conocidas, se habían iniciado con la asunción de Espinosa como gobernador propietario (1758-1764) y continuaron durante la gobernación de Manuel Fernández Campero (1764-1767, 1768-1769) especialmente alrededor de la situación generada por la expulsión de los jesuitas. Esta había enfrentado violentamente al gobernador Campero con vecinos miembros de los cabildos de Jujuy y Córdoba quienes actuaron de manera conspirativa y sincronizada[46].
La presencia ignaciana en
Córdoba había resultado vital para el desarrollo económico, político y social
de la provincia, los jesuitas no habían estado solos en su empresa, un sector
importante de la elite los acompañaba y se beneficiaba con esa alianza. Su
extrañamiento dejó un cierto desarreglo económico y la división de la elite
cordobesa en dos bandos: los que habían apoyado a
Los cabildantes protagonistas
del conflicto electoral cordobés de 1772 ya habían tenido serios
enfrentamientos con Campero, constituyendo una especie de bloque contra todos
aquellos que estuvieron involucrados en acciones perjudiciales para
Así vemos también que a
la hora de recusar a los diputados impuestos por Espinosa el presidente de
Por otra parte, los
problemas de algunos capitulares con el teniente del rey Manuel Esteban y León
venían de tiempo atrás y aprovecharon la ocasión para rememorar la actuación de
éste cuando se suscitaron los problemas en el atrio de
[…] no se
pierden de vista los bulliciosos sucesos que dicho señor Teniente de Rey
subcitó en años pasados con iguales fuerzas, pretendiendo con su propia
autoridad arrestar a los alcaldes ordinarios don Gregorio de Arrascaeta y don
Joseph de Molina, y la que practicó en oposición del exmo. sr. virrey y de sus
ordenes con el auxilio mandado dar al presidente del capitulo de los religiosos
mercedarios sobre que fue condenado en pena pecuniaria, destierro y suspensión
de oficio por sentencia de quince de henero de setecientos sesenta y siete […][51].
Alegaban los cabildantes
cordobeses que por estos motivos Esteban y León no podía entender en ningún
negocio del cabildo ni de sus individuos, por ser parte y no juez.
Estos no eran los únicos
antecedentes de enfrentamientos entre el cabildo y el teniente ya que en 1744
los capitulares le habían formado una causa en
Lo que los cabildantes no mencionaron es que en 1757
el abogado y alcalde mayor de Minas de Potosí Sebastián de Velasco, designado
como comisionado en Córdoba por el Presidente de
Por otra parte, meses antes del conflicto de las elecciones, los cabildantes también habían solicitado que Gregorio de Arrascaeta fuera considerado inhábil para ejercer como subdelegado del comisionado para las elecciones:
[…] asi por la
notoria amistad que mantiene el y su dilatada familia enlazada con la de los
Allendes, con el dicho señor governador don Joachin de Espinosa, desde que
sirbió el govierno de la provincia en propiedad, como porque este cavildo tiene
causa pendiente contra el, y por hombre perjudicial e inquieto estar mandado
separar de esta ciudad por real provision su fecha veinte y cinco de junio de
mil setecientos sesenta y siete […][55].
Los Allende, con fuerte
presencia en el cabildo cordobés, se dedicaban, como mencionáramos con
anterioridad, al comercio mular “son los más distinguidos
en caudal en esta ciudad, y que tienen entre sí el mayor comercio della, que es
el de las mulas”. Denunciaba un vecino que era para sostener
este comercio que los Allende se procuraban los oficios en el cabildo.
En el Imperio español,
los negocios se organizaban a través de vínculos primarios basados en
relaciones de confianza e interés común que exigían la asociación de
comerciantes, transportistas y funcionarios de
Las buenas relaciones de Allendes y Arrascaeta con los gobernadores tampoco eran nuevas. Cuando el cabildo de Córdoba se negó a recibir a Campero como gobernador del Tucumán por no haber presentado las fianzas correspondientes, fueron los cuñados Tomás de Allende y Gregorio de Arrascaeta quienes se presentaron como tales, este último fue también apoderado de Campero en ocasión de su juicio de residencia[57]. Las fianzas establecían fuertes vínculos entre el gobernador y los fiadores en un binomio donde los que daban recibirían algo a cambio. Los gobernadores, como miembros de la administración imperial, estaban en posición de dispensar distinciones y cargos y hacerlos fructificar en su favor[58].
Al retrotraernos en el
conflicto podemos afirmar que estaban en juego intereses de facciones en pugna
agrupadas por lo menos alrededor de dos familias: Echenique y Allende. Durante
gran parte del siglo XVIII, los que parecen haber monopolizado la esfera
pública fueron los Echenique quienes desde 1730 figuran como miembros del
cabildo hasta entrados los años 70. Señala Saguier que a partir de la expulsión
de los jesuitas la familia Echenique, de cuya facción era líder Juan Antonio de
Para América Latina en general, se señala que el hecho de que los cabildos estuvieran nepóticamente controlados se debía a la intensa endogamia o consanguinidad practicada por los grupos dominantes. En el Tucumán se podía observar la homogamia entre los miembros de la elite con lo cual muchos “enemigos” estaban unidos entre sí por lazos parentales, las redes familiares no eran inmutables ni cerradas[59]. Si observamos el Cuadro 1 podemos ver que los cabildantes de 1771 enfrentados a Espinosa estaban unidos por lazos matrimoniales con mujeres cuyas familias encontramos del lado del gobernador, por lo menos en el conflicto de las elecciones de 1772.
Relaciones
matrimoniales de los cabildantes de 1771[60]
(Cuadro 1)
|
Cargo |
Nombre |
Mujer |
|
Alcalde de 1º voto |
Joseph Benito de Acosta |
Hipólita Garay (hija de Francisco Javier Garay, partidario de Manuel Esteban y León) |
|
Alcalde de 2º voto |
Joseph de Bejarano |
¿ |
|
Alférez real y regidor |
Juan Antonio de la Bárcena |
Teresa Funes y Allende (2º nupcias) |
|
Alguacil mayor |
Nicolás García Guilledo |
María Teresa de las Casas y Correa |
|
Regidor |
Joseph Moiano Oscaríz |
Argüello (hermana de María Ignacia Argüello, mujer de Antonio Allende) |
La no linealidad del conflicto
El análisis del conflicto desatado por las elecciones de 1772 nos da la posibilidad de observar los resortes de la administración colonial más allá de ese momento fundamental de la vida política y las diferentes redes y cuerpos sociales que se encontraron en pugna en una ciudad importante del Tucumán pero alejada de los centros políticos y administrativos de la región.
Los conflictos y tensiones en al ámbito político no fueron episodios menores de la vida local, mas bien el mundo político de la colonia estuvo caracterizado por la presencia de fuertes disputas por el control del poder. Basta con realizar una simple lectura de lo que hasta ahora hemos planteado para conocer el grado de complejidad de la sociedad a la que nos enfrentamos, sobre todo si tenemos en cuenta el período analizado, ya que tras la expulsión de los jesuitas se generó un agudo conflicto en el Tucumán que expandió la disputa entre distintas instituciones y se prolongó hasta bien entrada la década de 1770 en lo relativo al control de las Temporalidades. Las redes articuladas en el Tucumán colonial incluían a los padres de la compañía de Jesús por lo cual había facciones políticas íntimamente relacionadas con ellos, cuando se desata el problema de las elecciones del cabildo de Córdoba se puede observar que estos alineamientos con y en contra de los jesuitas siguen vigentes.
A pesar de que en las elecciones de 1772 se puede ver
en primera instancia un enfrentamiento entre capitulares y los funcionarios del
rey, si observamos más allá de la superficie se ven otros matices que nos
impiden concluir que en la etapa colonial el poder local se enfrentaba con el
poder real como bloques homogéneos de intereses contrapuestos. El gobernador
Espinosa y el teniente de rey Manuel Esteban y León, los dos máximos
representantes de la corona en la ciudad, no formaban parte de las mismas redes
de intereses aunque en esta oportunidad actuaran de acuerdo. Cuando Espinosa se
desempeñaba como gobernador interino del Tucumán, entre otras cosas para
contrarrestar el poder de la familia Echenique al que pertenecía Esteban y León
consolidó el bloque de poder de los Allende[61]. La figura de Manuel de Esteban y León se
presenta como extremadamente conflictiva y cambiante según las circunstancias,
a pesar de estar vinculado con la familia Echenique por lazos parentales, a lo
largo de su vida como funcionario lo encontramos actuando en diversos bandos.
Por su parte los grupos de poder locales apoyaron alternativamente a diferentes funcionarios reales y se enfrentaron a otros. El grupo de cabildantes que se enfrentó a Espinosa en 1772 también estuvo enemistado con Campero, Fernando Fabro (sargento del regimiento de voluntarios de la reina, comisionado luego de la suspensión de Esteban y León para expulsar a los jesuitas) y Esteban y León. Sin embargo, a la vez, alababan a Gerónimo Matorras y cuando éste asumió el cargo de gobernador el cabildo de 1769 escribió una carta dando cuenta del júbilo con que recibían su llegada[62]. Paralelamente Matorras también se enfrentó a Campero por su mal gobierno, acusándolo de fraude y disipación de bienes y extendió sus críticas a Fernando Fabro a quien se sindicaba como parcial de Campero y muy allegado a las familias Allende, Uriarte y Arrascaeta[63]. Estos alineamientos nos vuelven a remitir al tema de los jesuitas y de sus partidarios y enemigos; Matorras estaba sindicado como partidario de los jesuitas y algún coetáneo denunció que su destitución había tenido que ver con su celo en averiguar sobre las sustracciones en las Temporalidades[64]. El gobernador de Buenos Aires, Francisco de Bucareli, encargado de la expulsión de los jesuitas, lo acusaba de proteger a los sublevados de Salta y Jujuy[65].
Los miembros de la elite local que aquí se presentaban como parciales de Espinosa no siempre fueron adeptos al gobernador de turno. Podemos mencionar el año de 1744 cuando Gregorio de Arrascaeta se enfrentó al gobernador Juan Alonso Espinosa de los Monteros en ocasión de que éste ordenara que el cabildo librara los medios para entrar al “desierto” negándoles para ello los ingresos de la sisa[66].
Estos enfrentamientos son ejemplos del gran dinamismo que existía a la hora de encolumnarse en la defensa de diferentes intereses, ni siquiera los grupos formados alrededor de las familias Allende y Echenique fueron estáticos[67]. Los cambios de solidaridades políticas estaban a la orden del día, las facciones no constituían bloques sólidos e inquebrantables dentro del cabildo y esto puede observarse si seguimos las alianzas y enemistades tan solo de los nombrados en este trabajo. El conflicto y la solidaridad eran dimensiones de una misma realidad social polivalente. Esta no fue una característica privativa de Córdoba, Marcelo Marchionni advierte para el caso del cabildo finicolonial salteño reposicionamientos en las “camarillas” o “pandillas” de partidarios y observa que las alianzas fueron cambiando a partir de las diferentes cuestiones que enfrentaron a los grupos[68]. En el día a día se observa el despliegue de las redes que sostienen a cada persona en el mejor lugar posible según las condiciones objetivas. Inclusive luego de la expulsión de los jesuitas, en algunos casos los acuerdos intraélites debieron ser reconstituidos basados en antiguas componendas.
Ingresó 16 de junio de 2010
Aceptado 10 de marzo de 2011
¿Poder local versus poder real?
Conflictos entre el Cabildo de Córdoba y el Gobernador don Joaquín Espinosa y Dávalos
Resumen
El objetivo del presente trabajo es analizar los resortes de la administración colonial en un momento fundamental de la vida política de las ciudades coloniales donde se ponía en juego la permanencia y o recambio de la elite gobernante: las elecciones capitulares. De esta manera no propusimos estudiar el enfrentamiento surgido a raíz de las elecciones capitulares de 1772 en Córdoba entre el gobernador Joaquín Espinosa y los cabildantes de la ciudad. Lo que nos interesa presentar a través de este conflicto son las relaciones establecidas por el gobernador en la sociedad local. Por un lado, relaciones de negociación que nos permiten visualizar la actuación de un funcionario real que gobernaba como representante de la corona, entre otras cosas, a través de las redes de relaciones. Por otro, las relaciones que lo enfrentaron a grupos que no estaban adscriptos a su red, situación inevitable en un campo de lucha permanente como lo es el político.
Palabras claves: Funcionario real; Conflicto; Redes; Elecciones capitulares
Bárbara
M. Aramendi
Local power versus royal power? Conflicts between
the Cordoba’s Cabildo and the Governor don Joaquín
Espinosa y Dávalos
Abstract
The aim of the present work is to analyze the mechanisms
of the colonial administration in a fundamental moment of the political life in
the colonial cities, in which the continuation or replacement of the governing
elite were dealt with: elections in the Cabildo. We propose
to study the confrontation arisen because of the elections in the Cabildo held in
Key
words: Royal
officer; Conflict; Networks; Cabildo
elections
Bárbara M. Aramendi