Rehabilitación y patrimonialización de los

centros históricos en Argentina: la actuación de

la COMISIÓN NACIONAL DE MUSEOS MONUMENTOS Y LUGARES HISTÓRICOS (1980-1990)

 

Cecilia Pérez Winter*

 

 

Introducción

 

En Latinoamérica, los centros históricos -especialmente aquellos correspondientes a las ciudades capitales- han sido objeto de valorización patrimonial desde mediados del siglo XX. Una de las razones por las cuales se busca su preservación, es porque ellos suponen representar “valores de la identidad nacional” y se los coloca como íconos de “identidades colectivas” de un país[1]. Por ello, organismos nacionales como internacionales han buscado implementar acciones y programas de rehabilitación y preservación de estas áreas, como ocurrió desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) a partir de la reunión organizada en la ciudad de Quito (Ecuador) en el año 1967, dando como resultado las Normas o Carta de Quito (1974). En ella se discutieron problemáticas asociadas a la conservación y utilización de monumentos y lugares de interés histórico y turístico[2]. Posteriormente, se observó en la década de 1980, que centros históricos como Salvador de Bahía (1985-Brasil); México DF y Xochimilco (1987-México) y Lima (1988-Perú), fueron declarados “Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO.

 

Los paradigmas sobre valorización patrimonial de los centros históricos han ido cambiando. A mediados del siglo XX existía una tendencia por exaltar los elementos monumentales, en los que generalmente se priorizaban aquellos vinculados a los sectores de la elite. Entre las décadas de 1970-80, se comenzó a considerar los conjuntos arquitectónico y los procesos que produjeron su configuración, poniendo en valor diferentes estilos y promoviendo una conservación integral del área. Así, los centros históricos pasaron de gestionarse como un museo a cielo abierto, a concebírselos como un espacio multifuncional[3].

 

En Argentina, se puede observar la patrimonialización de centros históricos durante la década de 1970 desde la Comisión Nacional de Monumentos, Museos y Lugares Históricos[4] (CNMMLH). Como ejemplo, se puede mencionar el caso de Purmamarca, pueblo ubicado en la provincia de Jujuy, declarado “Lugar Histórico Nacional[5] en el año en 1975. Sin embargo, es a partir de los primeros años de 1980 que la CNMMLH buscó crear un protocolo de rehabilitación y patrimonialización de poblados históricos. En este artículo nos interesa examinar la formulación y aplicación de esa iniciativa. Sostenemos que ella contribuyó en el proceso de apertura patrimonial de la CNMMLH, que se vio reflejada en la formulación de las normativas internas que se aprobaron durante la década de 1990, sentando las bases de las actuales pautas de valorización de dicha institución[6].

 

El artículo se encuentra organizado de la siguiente forma: en primer lugar, expondremos brevemente cómo emergió -y bajo qué criterios- la CNMMLH. Ello nos posibilitará, en segundo lugar, analizar y contrastar los cambios en los criterios de patrimonialización entre la década de 1940 y la década de 1980-90. Por último, presentamos algunas reflexiones desprendidas de los temas indagados.

 

 

La CNMMLH en la conformación de una versión de historia nacional (1938-1946)

 

Entendemos que el patrimonio es reconocido como tal a partir de un proceso de construcción e invención social, en el que participan diversos actores que seleccionan qué elementos deben ser jerarquizados y conservados. Ello va acompañado de discursos que promueven su justificación y legitimación[7]. Y aquellos que poseen los recursos, el tiempo –y detentan una “voz autorizada[8]”- son quienes adquieren un rol predominante en este proceso, como el Estado[9]. En Argentina, si bien a comienzos del siglo XX[10] se realizaron acciones en pos de la conformación y protección de bienes patrimoniales, es a partir de la creación de la CNMMLH que la gestión a nivel nacional se nuclea y adquiere mayor relevancia. En este marco, identificamos a los miembros que fueron componiendo la CNMMLH como actores principales y “voces autorizadas” qué determinan los elementos que finalmente obtendrán estatus nacional.

 

La CNMMLH[11] fue creada entre 1938-1940[12], formalizándose a partir de la Ley 12.665, el 8 de octubre de 1940. En esa Ley se incorporaron iniciativas de protección de otras provincias del país, y de Europa con el objetivo: “… de conservar, defender y acrecentar el patrimonio histórico y artístico de la Nación y las provincias[13]”, ya que los: “… los monumentos y los lugares enriquecen la tradición de un pueblo y definen su personalidad moral[14]”. Así, se contempló que la custodia y protección de: “bienes históricos y artísticos, lugares, monumentos, inmuebles[15]”, independientemente de quien fuera el propietario (nacional, provincial, municipal, instituciones públicas o privadas), quede bajo la tutela de la CNMMLH[16]. Esta debía ser “…la superintendencia inmediata sobre los museos, monumentos y lugares históricos nacionales[17]”, que se encargaría de llevar a cabo la clasificación y formulación de una lista de aquellos elementos que serían reconocidos como patrimonio nacional[18]. En sus comienzos, este organismo se componía de un presidente y diez vocales designados por el Poder Ejecutivo, todos ad-honorem, con una duración de tres años y con la posibilidad de re-elección. Las autoridades que dieron su inicio fueron: Ricardo Levene como Presidente (1939-1946); Vicepresidente: Sr. Luis Mitre y como vocales: Dr. Ramón J. Cárcano, Dr. Tomás R. Cullen, Dr. Enrique Udaondo; Dr. Emilio Ravignani, Sr. Rómulo Zabala, Dr. Benjamín Villegas Basavilbaso, Dr. Luis María Campos Urquiza y el Sr. Alejo González Garaño. Posteriormente, se acrecentaron los mandatos a un periodo de seis años y se agregó la posibilidad de incorporar delegados y asesores de diferentes puntos del país también ad-honorem[19].

 

Nos interesa destacar que en la década de 1930 existía el interés de algunos sectores de la elite política de recuperar la “historia oficial nacional”, partiendo “desde sus orígenes hasta su organización definitiva en 1862[20]”. La creación de la CNMMLH sería una de las instituciones –entre museos, escuelas, y asociaciones[21]- que posibilitaría llevar adelante esa tarea, a partir de la valorización patrimonial y Ricardo Levene[22] (1885-1959) fue quien ocupó un lugar fundamental en ese proceso. De hecho, fue uno de los promotores de la Ley 12.665 y de la conformación de la CNMMLH, actuando como su primer presidente, posicionándose como la “voz autorizada”.

 

La normativa recién mencionada no solo creó la institución abocada a la gestión del patrimonio en Argentina, sino que además fue uno de los primeros instrumentos de legislación a nivel nacional específico sobre el tema, que buscó unificar los criterios sobre qué patrimonializar. Ello incidió en colocar a la historia nacional como una cuestión de Estado. En este marco, la actuación de la CNMMLH -mediante la patrimonialización- contribuiría en legitimar una versión de pasado nacional que era disputada por otros actores, como los movimientos revisionistas[23].

 

Levene como historiador entendía que:

 

El espíritu de este proyecto [de conformar la Ley 12.665/1940] es eminentemente argentino. Se contemplan los problemas estrechamente unidos de los monumentos históricos y los museos históricos y se procura armonizar la acción conjunta de la Nación y las Provincias, para la conservación y custodia de sus lugares y recuerdos históricos. El principio superior que inspira estas prescripciones es el de la unidad de la conciencia histórica del país en el pasado y en el presente. Y (…) que la Comisión Nacional pueda realizar su importante labor patriótica y cultural[24]

 

Por lo tanto, era una “labor patriótico y cultural” de la CNMMLH el preservar ciertos elementos, precisamente aquellos de carácter monumental e histórico, que permitieran legitimar una versión de la historia nacional. Desde la gestión de la CNMMLH se destacó a los próceres y todos aquellos eventos y lugares en los que se desarrollaron hitos importantes del proceso de independencia; sin dejar de lado la herencia española, vínculo que ya se había consolidado durante las conmemoraciones[25] del Centenario de la Gesta de Mayo[26] (1910). Aquellos elementos seleccionados, jerarquizados y sacralizados por la CNMMLH pasaron a convertirse –en términos de Pomian[27]- en semíoforos. De esta forma, ciertos lugares y bienes arquitectónicos se activan[28] como objetos visibles cargados de significación con la función de evocar y legitimar una versión de pasado y sentimientos “nacionalistas y patrióticos”, procurando que la sociedad lo perciba así con el fin de lograr cohesión social.

 

Los elementos que pretendían obtener su reconocimiento nacional mediante la CNMMLH, debían justificar algún hecho histórico (i.e. político, de guerra, social o cultural, económico, religioso) que demuestre “aspectos importantes de la evolución nacional[29]”. Para realizar el registro y declaración patrimonial, la CNMMLH creó una serie de categorías: “Lugar Histórico” y “Monumento Histórico”. El primer concepto hacía referencia a los: “accidentes o elementos topográficos que han servido de escenario a hechos históricos no comprendidos en los monumentos, como ciudades, campos, ríos, montañas, quebradas, lomas, paisajes, puentes y cañones”. En cuanto al segundo término, se definía como: “todos los edificios en los que han ocurrido acontecimientos importantes y de trascendencia histórica como: casas, palacios, templos, etc. (…) Además de la acepción corriente del vocablo monumento, es decir de su sentido conmemorativo[30]”. Posteriormente, en 1947 se incluyó la categoría “Sepulcro Histórico[31]”, para identificar los lugares: “donde yacen personajes cuya muerte sea anterior a los cincuenta años de la declaración por la cual se honra su memoria[32]”. Estas categorías patrimoniales aún se mantienen vigentes, aunque con algunas modificaciones.

 

A su vez, se promovían ciertas prácticas como, por una parte, destacar los monumentos. Por otra parte, “monumentalizar” espacios a través de la colocación de un monolito o una señalización conmemorativa, o al poner en valor determinados árboles asociados a figuras ilustres o testigos de eventos significativos[33] como el ombú en el campo de Caseros[34] en la provincia de Buenos Aires. Estas acciones buscaban fortalecer un vínculo entre el presente y el pasado nacional que se pretendía conformar, mediante el “culto a la historia patria[35]”.

 

Los primeros años de gestión de la CNMMLH fueron prolíficos. Entre 1941 y 1942 se incorporaron alrededor de 114 bienes[36], en su mayoría localizados en la ciudad de Buenos Aires y la provincia homónima. A su vez, se impulsó la restauración de varios edificios significativos en diferentes provincias del país, como la casa Histórica de Tucumán, en la ciudad homónima (1940), el Cabildo de la ciudad de Salta (1945), monumentos históricos de la ciudad de San Juan tras el terremoto de 1944[37]. Así, durante la gestión de Levene hubo una tendencia en seleccionar y valorizar, no solo aquellos elementos (tumbas, edificaciones, áreas de batallas, árboles) asociados a sujetos y hechos históricos concebidos como trascendentales del periodo independentista, sino que también se incluyeron otros representativos de la religión oficial (el catolicismo), como la Catedral de la ciudad de Salta[38]; o vinculados a los valores (sociales, económicos, culturales) y lugares de la elite argentina, como los cascos de estancias pertenecientes a las clases terratenientes del país[39].

 

La patrimonialización, las conmemoraciones y la monumentalización fueron algunas de las acciones que implementó la CNMMLH para determinar qué elementos, hechos y sujetos debían participar de la historia nacional, respondiendo a los intereses de los sectores hegemónicos. Levene ocupó un lugar central en ese proceso de consolidar y difundir una historia de carácter “épica” por ser reconocido socialmente por la clase dirigente de ese momento como aquella persona habilitada para orientar la actuación de la CNMMLH, en parte por el capital simbólico acumulado sobre la historia, traducido en elementos patrimoniales[40]. Su disciplina era el instrumento que le permitía conocer la “verdad” sobre el pasado, en especial, los orígenes de la conformación del Estado-Nación argentino; posibilitándolo pensar un futuro[41]. Así, por medio de la CNMMLH se estableció un instrumento institucional que le permitió al Estado objetivar (y unificar) un tipo de identidad nacional a partir de incorporar, y de esa forma monumentalizar y exaltar, espacios y objetos que condensaran un “criterio de autoridad y republicanismo”. Ello implicaba incluir elementos asociados a la herencia colonial y su simbología católica y a los “héroes de guerras de la independencia[42]”. A su vez, la CNMMLH emergió en un momento en que el Estado construye: “…una historia nacional ʽautorizadaʼ, legitimada y validada en forma oficial[43]”. Según Tartarini[44] en la CNMMLH:

 

Predominaba todavía una visión de valor amparados en criterios estéticos o históricos que reconocían el altísimo valor testimonial de obras impares, derivadas en su mayoría del campo del arte tradicional, y en grado menor los testimonios de tipo utilitario, y muy escaso o ninguno a testimonios considerados subalternos. Existían graves disparidades geográficas, temáticas y cronológicas en la valoración monumental.

 

Durante los años posteriores a la primera gestión de Ricardo Levene, los criterios de valorización patrimonial de la CNMMLH se mantuvieron sin grandes modificaciones. Sin embargo, con el inicio de la década de 1980 – caracterizado por el establecimiento de la democracia y la incorporación del arquitecto Jorge Enrique Hardoy[45] como presidente de la CNMMLH- se observa un proceso de apertura patrimonial[46]. En este marco, sostenemos que la motivación de Hardoy por promover la preservación de los centros históricos del país, llevó a dicha institución a generar un protocolo sobre cómo sistematizar esa tarea; y consecuentemente, producir cambios en las pautas de valorización. Esto es lo que desarrollaremos a continuación.

 

 

Los centros históricos y la apertura patrimonial de la CNMMLH (1980-1990)

 

La forma de denominar los centros históricos como lugares patrimoniales fue variando a lo largo del tiempo, en parte, porque es difícil determinar qué es lo que se incluye dentro de esa categoría. Así, para algunos investigadores esa denominación se utiliza para reconocer un área que contiene una cierta cantidad de bienes inmuebles mayor a lo que podría ser un “conjunto[47]”. Otros autores proponen tipologías, diferenciando “ciudades históricas”, “pueblos históricos” y “centros históricos” según el tamaño y las funciones que cumple un espacio[48]. Mientras que otros sostienen que el centro histórico es un “producto social”, una parte de la ciudad construida a lo largo del tiempo por un proceso socio-económico. Es decir, se vincula con el proceso de ampliación e industrialización ocurrido en las tramas urbanas, en las que comienza a distinguirse una parte histórica de otros tipos de centros como los administrativos y comercial[49].

 

Inicialmente, desde la CNMMLH, el criterio mayormente utilizado para identificar un centro histórico fue el tamaño del área a reconocer, más allá de si la justificación de su patrimonialización destacaba hechos históricos[50] o la preservación de un tipo de estilo arquitectónico, generalmente asociado a lo colonial y religioso[51]. Por lo tanto, se alterna el uso de diferentes categorías, tales como “Monumento Histórico Nacional”, “Lugar Histórico Nacional”, “Bien de Interés Histórico Nacional”, “Poblado Histórico”, “Ciudad Histórica”, o con la nueva Ley 27.103/2015, “Área Urbana Histórica Nacional” o “Paisaje Cultural”, dependiendo cuánto del entorno se quiere incluir dentro de la protección legal. Sin embargo, durante la década de 1980 hubo un proyecto de sistematizar la patrimonialización nacional de los centros históricos del país.

 

 

Hardoy y la preservación de los centros históricos

 

Es importante destacar que en América Latina se venían implementado medidas en pos de la preservación patrimonial de los centros históricos desde la década de 1970[52]. Para el año 1975 se había promulgado la declaración de Rothenburg ob der Tauber desde ICOMOS y UNESCO, con el fin de proteger el patrimonio de pueblos y ciudades pequeñas. Posteriormente, en 1987 UNESCO publicó la “Carta Internacional para la Conservación de las Ciudades y Áreas Urbanas Históricas” (o Carta de Washington[53]), en la que se reflexionó y propuso formas de preservar áreas urbanas incluyendo el entorno. En este marco, desde 1979, el arquitecto Hardoy fue miembro fundador y director del Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo de América Latina[54] (IIED-AL), desde el cual llevó a cabo el proyecto “Elaboración de propuesta para la conservación y rehabilitación de pueblos y ciudades históricas” en América Latina, que contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Parte de ese proyecto se aplicó en Argentina mediante la actuación la CNMMLH cuando Hardoy ejerció su presidencia durante los años 1984-1993. La motivación de Hardoy y miembros de su equipo[55] en las dos instituciones por llevar adelante esta propuesta en el país se debía a que planteaban que existía una tendencia a “olvidar” ciertos elementos. Así, en primer lugar, se interrogaban:

 

por qué el estudio de los pueblos y ciudades históricas pequeñas o intermedias no ha despertado interés en los investigadores, gobiernos y agencias oficiales y privadas. Algunos relevamientos arquitectónicos y estudios históricos y antropológicos no pueden ocultar un olvido generalizado. No exageramos si afirmamos que la inmensa mayoría de los argentinos ignoran su ubicación y desconocen las razones que existen para conocerlos y rehabilitarlos. Si acordamos que solo se aprecia lo que se conoce y se valoriza lo que se comprende, atribuiríamos dicho olvido a una profunda falta de conocimiento sobre el tema. Además, una cultura urbana como la nuestra asocia la ciudad con las grandes aglomeraciones y, por desconocimiento, asocia a los pequeños poblados históricos con el atraso económico y con culturas que no han evolucionado[56].

 

En segundo lugar, Hardoy y su equipo entendían que con el término “centro” hacían referencia a que en ese espacio se habían concentrado (o aún se mantenían) ciertas funciones fundamentales de la ciudad. Y la adjetivación de “histórico” servía para denotar un área central o de fundación[57] y destacar un asentamiento que poseía ciertas particularidades que merecían ser conservadas, las cuales no se definían solo por la profundidad temporal del lugar o por su monumentalidad, como ocurría durante la gestión de Levene. Asimismo, afirmaban que un centro histórico era un lugar en el que existía una población estable que vive y trabaja allí, adquiriendo su propia “vida social y cultural”; y en el cual los propios residentes, y los habitantes fuera del área, lo reconocían como tal.

 

En tercer lugar, consideraban que en Argentina había una predisposición por conservar y rehabilitar aquellos pueblos que fueron producto de la conquista y colonización de América por parte de los europeos, desestimando aquellos de otras características, especialmente en los que no predominaba el estilo colonial. Así, él y su equipo, afirmaban que en el país había una variedad de poblados que eran resultado -y representaban- diferentes procesos que formaban parte del pasado nacional[58]. Esto se contrapone con la concepción de historia que se había construido desde su actuación en la CNMMLH durante la gestión de Levene. Así, desde esa nueva perspectiva formulada para los centros históricos, la CNMMLH se propuso poner en valor lugares de pequeña escala, localizados en diferentes puntos del país, a partir de hechos y procesos ocurridos en esos lugares y en diferentes lapos estableciendo nuevos criterios sobre qué incluir y cómo dentro de la valorización patrimonial nacional.

 

 

El protocolo de preservación de centros históricos para la CNMMLH

 

En el año 1986 se aplicó desde la CNMMLH el proyecto “Elaboración de propuesta para la conservación y rehabilitación de pueblos y ciudades históricas” conducido por Hardoy. Su ejecución llevó dos años y durante ese tiempo se seleccionaron centros históricos del país que representarían la diversidad existente. Ellos fueron: Tulumba (Córdoba), Villa de Medinas (Tucumán), Bella Vista (Corrientes), Ranchos (provincia de Buenos Aires), San José del Rincón (Santa Fe) y Villa Atuel (Mendoza)[59]. Como se puede apreciar, estos poblados se ubican en diferentes regiones. De hecho ninguno de ellos se localiza en ciudades importantes o en provincias que han tenido mayor consideración patrimonial desde la CNNMLH, como Buenos Aires o Salta.

 

Hardoy y su equipo encontraban una cierta “autenticidad” en los poblados “aislados” del interior de la Argentina:

 

los factores que une a los pequeños poblados es que en sus comunidades perduran tradiciones locales y regionales auténticas que, sin duda, han experimentado cambios a lo largo de los años pero que mantienen particularidades propias[60].

 

La “autenticidad” es una característica relevante, independientemente de quién esté ocupando el lugar de “voz autorizada”, para evaluar y configurar patrimonios. Y esta concepción de encontrar tradiciones como en un estado “prístino” es similar a las ideas expresadas a principios de siglo XX por algunos intelectuales del país, como Ricardo Rojas o Leopoldo Lugones, quienes buscaban consolidar una identidad vernácula[61]. Como ya lo señaló Prats[62], en estos criterios de valorización persisten ideas románticas sobre la naturaleza, la historia y la genialidad, que determinan la sacralización y preservación de determinados elementos por sobre otros. Y en este caso, los centros históricos ubicados en las áreas rurales del interior del país es donde se recrea el imaginario del “campo” como reservorio de la identidad nacional[63].

 

En relación con lo anterior, a partir de los centros históricos ya mencionados, se buscaba destacar valores de otros sectores socio-económicos y no de las elites nacionales[64]. Esta forma de activación permitiría a sus ejecutores:

 

reconocer la variedad pueblos que podrían ser definidos como históricos, para luego apreciar los detalles de su ubicación, trazado, arquitectura, sistemas productivos, gobierno local, expresiones culturales y organización social, referidos siempre al paisaje que los rodea[65].

 

Para Hardoy y su equipo esta forma de valorización generaría una “conciencia” patrimonial y promovería la “identidad comunitaria”. Ello también permitiría impulsar el desarrollo local a partir de utilizar al patrimonio como recurso económico y así mejorar las condiciones de vida de los residentes. Estas ideas iban en consonancia con aquellas postuladas por ciertos organismos internacionales como UNESCO, durante las décadas de 1980-90[66]. En este sentido, una de las actividades que Hardoy consideraba relevante era la implementación del turismo como una forma de difundir el patrimonio y generar recursos económicos para su preservación.

 

Asimismo, Hardoy y su equipo sostenían que para lograr la conservación de elementos concebidos como patrimonio, era necesario la participación, tanto de sus residentes quienes debían ser “socios naturales” porque son los principales destinatarios[67]; como los gobiernos municipales, ya que ellos debían establecer y aplicar herramientas de planificación y legislación que acompañe el proceso de patrimonialización[68].

 

Por último, el proyecto de rehabilitación posibilitaría conformar un manual de preservación que sería utilizado por la CNMMLH en futuros casos referidos a la gestión de los “pueblos históricos[69]” en el país[70]. Las experiencias del protocolo devinieron en la conformación de un manual que se proponía realizar trabajos de campo en la localidad en cuestión con el fin de realizar un diagnóstico, formular respuestas a los problemas evaluados, organizar talleres con los residentes que permitieran identificar los elementos para ellos significativos[71] y que serían objeto de patrimonialización. La ciudad de Capilla del Señor –partido de Exaltación de la Cruz en la provincia de Buenos Aires- fue el primer caso piloto. Posteriormente, se esperaba incluir otros poblados pero el proyecto no prosperó al fallecer Hardoy en el año 1993[72].

 

El interés de Hardoy por los poblados o centros históricos nos posibilita conocer su concepción y posición sobre el patrimonio y como ello incidió en la actuación de la CNMMLH durante su gestión. Para sintetizar, primero, se pone en tensión ciertas ideas hegemónicas promovidas especialmente en los primeros años de la CNMMLH, como el considerar primordialmente elementos de carácter “monumental” y “colonial”. A su vez, se rompe con un tipo de imaginario que existía sobre los “poblados históricos[73]” y que también se le atribuía a los espacios rurales[74]. Segundo, se modifica la apreciación sobre aquello considerado “histórico”. Ya no se prioriza la monumentalidad, los relatos de tipo “épico” y la profundidad temporal. Al contrario, se busca incorporar elementos de otras geografías y lapsos. Tercero, se tensiona la tendencia de valorizar aquellos lugares y edificaciones vinculados a la elite socio-económica del país, al procurar incluir aspectos asociados a otros sectores socio-culturales. Cuarto, se promueve una mirada más integral de la preservación: no se hace referencia a estructuras aisladas, sino a un área (o conjunto de edificaciones) que se encuentra emplazada en un contexto/paisaje; se pone en valor el aspecto económico del patrimonio al colocarlo como recurso que puede promover el desarrollo local. Sexto, se invita a participar e involucrar a la sociedad y los gobiernos locales/provinciales en el proceso de patrimonialización. Esta nueva concepción se verá reflejada en las normativas formuladas en la década de 1990 de la CNMMLH.

 

 

La reformulación de pautas de valorización durante la década de 1990

 

Durante la década de 1990, la CNMMLH promulgó una serie de normativas, entre las cuales nos interesa comentar las disposiciones internas 5 y 6. En ellas se establecieron nuevas pautas de valorización que ampliaron el “el campo patrimonial” nacional[75]. En la Disposición 5/91 se destacaron tres criterios: a- el temporal, el cual se refiere a considerar elementos y lugares desde la etapa prehispánica hasta la actualidad; b- el espacial, en el que se tiene en cuenta el ámbito rural y natural, el entorno físico-ambiental, conjuntos arquitectónicos, pueblos, barrios; y c- el social, que reconoce a todos los “componentes sociales” como creadores de cultura, entendiendo que los sujetos de diferentes ámbitos sociales, culturales y económicos generan y producen potenciales patrimonios. El patrimonio conceptualizado en estos términos es muy similar a los lineamientos establecidos por Hardoy y su equipo en la valorización de los centros históricos ya señalados. A su vez, esta apertura patrimonial se reflejó en la re-definición de tres categorías establecidas en la disposición interna 5/91: “Patrimonio Artístico Cultural y Natural”, “Monumento Histórico Nacional”, “Lugar Histórico Nacional”. El primer término hace referencia a:

 

el conjunto que integran, en un todo armónico inseparable, los bienes de interés histórico o histórico-artístico y el ámbito natural, rural o urbano que han dejado los hombres en la Argentina en su trayectoria histórica como aporte a las generaciones futuras. La permanencia material de ese legado conforma la base concreta que da continuidad y armonía al desarrollo social y espiritual de la Nación, reafirmando su identidad cultural[76].

 

El “Patrimonio Artístico Cultural y Natural” muestra que los elementos correspondientes al “ámbito rural/natural” van cobrando importancia, y cómo los entornos y conjuntos pasan a ser considerados de forma integrada en un espacio y contexto.

 

El “Monumento Histórico Nacional” se define como:

 

un inmueble de existencia material, construido o edificado, donde tuvieron origen o transcurrieron hechos de carácter histórico, institucional o ético espiritual, que por sus consecuencias trascendentes resultan valiosos para la identidad cultural de la Nación, o bien sus características arquitectónicas singulares o de conjunto, lo constituyen en un referente válido para la historia del arte o de la arquitectura en la Argentina[77].

 

Y por último, “Lugar Histórico Nacional”, se aplica a:

 

un área de existencia material, constituida por un espacio rural o urbano, o determinada por un punto geográfico del país, donde tuvieron origen o transcurrieron hechos trascendentes de carácter histórico, artístico, institucional o ético-espiritual, o bien se encuentran en ella restos concentrados o dispersos de importancia arqueológica, que por sus consecuencias y características resultan referentes valiosos para la identidad cultural de la Nación[78].

 

Las dos últimas categorías, si bien se mantienen ciertas características estipuladas en 1940, se amplía su significación al hacer referencia a lugares o edificaciones en las que transcurrió algún hecho relevante, no solo de carácter histórico, sino también institucional, ético, espiritual o artístico. A su vez, en el caso de “Lugar Histórico”, se comienza a contemplar los ámbitos urbanos y rurales, lo que expresa de alguna manera la intensión de incorporar otros tipos de lugares. Esta perspectiva se distancia de aquella que solo reconoce los elementos antiguos, y monumentales.

 

En la disposición 6/91 se incorporaron subcategorías al Registro Nacional de Bienes Históricos e Histórico-Artísticos de la siguiente forma: “Monumento Histórico Nacional”: Monumento Histórico Nacional; Monumento Histórico-Artístico Nacional; Monumento Histórico y Artístico Nacional. “Lugar Histórico Nacional”: Sitio Histórico; Solar Histórico; Sitio Arqueológico; Pueblo Histórico. “Bien de Interés Histórico”: Sepulcro Histórico; Árbol Histórico; Pueblo, Barrio o Centro Histórico; Paisaje urbano y natural: (conjuntos y secuencias urbano-arquitectónicas, parques y jardines, etc.); Edificio y actividad: (social, institucional, artística, industrial, científica, obras de ingeniería, etc.). “Bien de Interés Histórico-Artístico”: Bienes inmuebles: (edificios construcciones, grupos escultóricos, murales, parques, jardines); Bienes muebles: (objetos histórico-artísticos).

 

Esta nueva concepción del patrimonio, en la que Hardoy tuvo gran incidencia, significó:

 

dejar de lado la visión clásica de los grandes edificios paradigmáticos, iglesias y casas de ʽhéroesʼ, para incorporar la arquitectura educacional, cultural, productiva, social, la vivienda, incluyendo los hospicios y fábricas. La lista preexistente incluía una larga serie de lugares y construcciones con énfasis en lo religioso y lo militar, parte de una tradición glorificadora de los grupos sociales que detentaron el poder en el país, relegando lo demás. En forma rápida se incluyeron teatros, escuelas, universidades y un variado repertorio que realmente representara al país como conjunto. El otro aspecto que encaró [Hardoy] fue olvidar[79] al edificio aislado para integrarlo a sus conjuntos de pertenencia. Los grupos religiosos sólo tenían declaradas las iglesias olvidando los conventos, los claustros, los refectorios, los cementerios y todos sus anexos; esto causó la destrucción o venta de importantes conjuntos coloniales. Era necesario incluir el conjunto del cual formaban parte y entenderlo como una unidad histórica, indivisible. También se fue ampliando el concepto hasta integrar el contexto urbano o natural del que formaba parte[80].

 

En el año 1993 Hardoy muere sin poder concluir su segundo mandato en la CNMMLH. Durante la década de 1990 hubo un cambio importante en los lineamientos y actuación de la institución. Es en ese lapso que se registró un aumento de los elementos patrimonializados similar al ocurrido entre los años 1941-1942[81]. Se declararon 160 diferentes tipos, como: edificaciones[82], pequeños poblados[83], sitios arqueológicos[84], bodegas[85] y bienes “industriales[86]”; sin dejar de lado la valorización clásica de iglesias, casas de personalidades, estancias y cuarteles (pero desde el enfoque planteado por Shávelzon); en su mayoría bajo la categoría de “Monumento Histórico Nacional”. Sin embargo, aún persiste la tendencia por destacar la patrimonialización de elementos ubicados en las áreas que mayor representación tienen dentro del país.

 

A partir de la década de 1990 se observa una apertura, un punto de inflexión en la gestión de la CNMMLH, que se intentó consolidar en los años sucesivos, por ejemplo, con el establecimiento de las nuevas “pautas de valoración y de protección de monumentos nacionales” (Disposición Interna 16) establecidas en el año 2007. Ellas establecieron tres principios: 1-“interés histórico cultural[87]”, 2-“interés artístico-arquitectónico y constructivo[88]” y 3-“interés paisajístico-ambiental[89]”. Estos siguen enfatizando, no solo en la preservación material externa e interna de los “bienes” (junto a la relación que establecen con su entorno), sino también en su significación simbólica, considerando la valorización por parte de la comunidad. Sin embargo, aún existe un interés por destacar aquellos atributos considerados “raros”, “auténticos”, o que posean algún tipo de “singularidad”, lo que implica que el elemento a destacar debe ser único, especial, o hasta “excepcional[90]”.

 

A los principios mencionados se le sumó una escala valorativa, compuesta por categorías y niveles de protección[91] que buscan especificar la forma de incorporar elementos que tal vez en otro momento no hubieran sido contemplados por su simpleza o poca significancia/transcendencia nacional. No obstante, estos no dejan de ser imposiciones pensadas, estipuladas, autorizadas y legitimadas por determinados “expertos” ubicados en un determinado momento y lugar de la historia patrimonial argentina. Son discursos jurídicos promulgados por el Estado, a través de la CNMMLH, que además de dar un aval legal a la protección del patrimonio declarado, también generan ideas respecto a su uso, función y significancia.

 

Durante el 2000 y el 2010 se incluyeron unos 247 “bienes[92]”, manteniendo la diversidad de tipos[93], como elementos de carácter “industrial[94]”. Cabe destacar también la incorporación de “sitios de la memoria[95]” como la ex ESMA (Escuela Militar de la Armada), que desde 2004 comenzó a funcionar como Museo y Espacio para la promoción y la defensa de la Memoria y Derechos Humanos. Este fue declarado, en 2008, “Monumento Histórico Nacional” y el predio y el edificio del Casino de Oficiales como “Lugar Histórico Nacional” (Decreto 1333/2008).

 

Asimismo, la CNMMLH ha promovido la creación de “Programas” de carácter permanente, como el de: “patrimonio Funerario, de Teatros y de Museos en Monumentos” (Disposición interna 19/2008); “Identificación y Protección de Archivos Históricos Públicos” (Disposición interna 11/2009); y “Jardines de Valor Patrimonial y Medio Rural”, con los cuales focalizar el trabajo de investigación y patrimonialización de ciertos elementos que actualmente se consideran relevantes.

 

Por último, en enero del 2015 se promulgó la Ley 27.103[96], una actualización de la Ley 12.665/1940, que generó un nuevo marco legislativo para el patrimonio nacional y la actuación de la CNMMLH. Esta normativa permitió respaldar legalmente atribuciones que la institución ya venía desempeñando en estas últimas tres décadas y logró efectivizar algunos cambios. Entre ellos: se incorporaron nuevas categorías para facilitar, por una parte, la inclusión de otros tipos de elementos (e.g. bien de interés arquitectónico nacional, bien de interés industrial nacional, bien de interés arqueológico nacional). Por otra parte, promover una gestión integral del patrimonio bajo los términos de: área urbana histórica nacional, área de amortiguación visual, paisaje cultural nacional, itinerario cultural nacional. Mantener acciones y funciones que comenzó a incorporar desde su creación como: el ejercer la superintendencia[97] inmediata de los “bienes” nacionales en conjunto con autoridades locales, sean de dominio provincial o municipal; realizar propuestas al Poder Ejecutivo para la declaración patrimonial; establecer y actualizar las pautas de valoración de los elementos a seleccionar; solicitar al Congreso de la Nacional la designación de “expertos” para el proceso de evaluación; designar delegados, subdelegados y asesores honorarios y eméritos; establecer límites y alcances de la protección en cada declaratoria; tener un registro y poder intervenir, cuando se estime necesario en toda transacción de dominio, gravamen u otra modificación de “bienes” protegidos; proponer adquisiciones y donaciones al Poder Ejecutivo; auspiciar publicaciones; aceptar subsidios; realizar convenios de cooperaciones con otras entidades; organizar y participar de congresos, talleres, entre otros. Además, se reconoce que la CNMMLH, puede celebrar acuerdos con propietarios y otras instituciones para consensuar estrategias de preservación, que deben ser consultados cuando el Congreso de la Nación decida promover la patrimonialización de algún elemento. Contar con un presupuesto anual[98] propio que le permita facilitar ciertas tareas de gestión. Promover mayor participación de las provincias en la toma de decisión sobre políticas patrimoniales. Esta ley mantiene y consolida los lineamientos establecidos en la década de 1990 en cuanto a continuar federalizando la actuación de la CNMMLH y ampliar las pautas y cateogrías patrimoniales.

 

En el momento en que se creó la CNMMLH se buscaba centralizar en una sola institución las atribuciones necesarias para el establecimiento, conservación y difusión del patrimonio nacional. Durante las sucesivas décadas, instrumentos legislativos  y otros organismos  fueron formulados y conformados respectivamente, para acompañar la gestión. De esta forma, la estructura que se encarga de activar, gestionar y conservar el patrimonio cultural nacional se ha diversificado y complejizado. Y si bien la CNMMLH tiene su peso como órgano principal en el proceso de patrimonialización, avalada además por la Ley 27.103/2015, existen otras instituciones, secretarías y ministerios que trabajan en conjunto para poder abarcar la vastas tareas que requiere su gestión. No obstante, la CNMMLH mantiene sus atribuciones como aquel organismo que mantiene un peso y rol fundamental en los procesos de declaración. Y aunque se observa una apertura en su gestión y concepción sobre el patrimonio, aún persisten modalidades o tendencias que no se terminan de dirirmir.

 

 

Consideraciones finales

 

La primera etapa de gestión de la CNMMLH –siendo Levene presidente (1939-1946)- estuvo signada por la configuración de una versión de historia nacional –más que una memoria- en la que se priorizó el reconocimiento de edificaciones correspondientes a los siglos XVIII y XIX asociados a la arquitectura religiosa y con estilo colonial[99], en su mayoría, localizados en la ciudad de Buenos Aires, y las provincias de Buenos Aires Córdoba, y Salta. Durante 50 años esas pautas se mantuvieron hegemónicas[100]. En este sentido, Repetto[101] plantea que existía: “… una mirada que tenía que ver más con los hechos históricos y sus personajes y no con la idea de materialidad portadora de memoria de todos los argentinos”. Mientras que en la gestión de Hardoy, el poner en valor la diversidad de centros históricos, significaba establecer una forma diferente de concebir y gestionar el patrimonio diferente, que incidiría en la actuación de la CNMMLH. Asimismo, a partir de la década de 1990, desde la CNMMLH no se buscaba construir una historia nacional de tipo “épica”, sino una “memoria colectiva[102]”.

 

En relación a lo anterior, Pagano[103] afirma que si en la década de 1940, los miembros de la CNMMLH estaban interesados en configurar una identidad nacional en la que todos se vieran reflejados, a partir de la década de 1990 lo hacen mediante la activación de una “pluralidad de memorias”, por medio de la ampliación de categorías y sujetos patrimoniales (e.g. mujeres, pueblos originarios, afrodescendientes, sectores populares). Por lo tanto, esa “memoria” debía estar constituida por distintos tipos de elementos que correspondan a procesos, lapsos y regiones diversas del país. En este marco, los “poblados” se presentaban como lugares propicios de valorizar patrimonial ya que ellos eran producto de variados procesos históricos, sociales y económicos regionales que para Hardoy debían formar parte de lo nacional. Además, mediantes ellos, ya no se reconocían solo edificaciones aisladas y monumentales, sino conjuntos que se encontraban emplazados en contexto determinado.

 

Las ideas de Hardoy establecidas durante su gestión entre las décadas de 1980 y 1990, orientaron la actuación de la CNMMLH. En ese lapso se intentó, por una parte, tomar en cuenta la “diversidad” cultural en las pautas de patrimonialización, a partir de la incorporación de lugares y bienes antes desestimados. Por otra parte, consolidar la federalización de la institución, no solo con el reconocimiento de elementos de otras regiones antes no consideradas, sino además, al incluir consultores de diversas disciplinas afines al patrimonio de diferentes puntos del país[104]. Sin embargo, Pagano[105] sostiene que, a pesar de aplicarse una mirada transdisciplinaria, la figura del historiador como detentor del saber “experto” pasó a recaer en el arquitecto. Esto aún se mantiene y se puede constatar en la cantidad de profesionales que conforman la nómina de vocales, asesores y consultores[106].

 

Asimismo, la configuración de la CNMMLH implicó la intervención del Estado en la conformación y control de una memoria colectiva[107] y de una historia y pasado nacionales. Así, se puede advertir que en la trayectoria de la CNMMLH se presentan puntos de tensión y problemáticas que no han sido resultas dentro de la propia institución, entre ellas, cómo se definen los conceptos de “memoria” e “historia[108]”. Con la creación de la institución, eran los historiadores quienes conformaban la mayoría de los profesionales que allí trabajaban, y buscaban construir una versión de historia oficial. Desde la década de 1990, ese término fue reemplazado por el de “memoria” y los arquitectos ganaron relevancia y predominancia dentro de la nómina de la CNMMLH[109]. La tensión entre el uso y definición sobre qué se entiende por historia y memoria fue una discusión que emergió en el ámbito de las ciencias sociales en general, y en el campo de historia en particular[110], que trasciende hacia otros ámbitos como los procesos de patrimonialización nacional. En el caso de la CNMMLH, aún se advierte que los miembros que conforman dicha institución no han adoptado una definición específica o consensuada sobre qué se entiende por uno o por otro concepto[111]. Por lo tanto, nos preguntamos: ¿De qué sirve construir una “memoria nacional” en detrimento de una “historia nacional”? ¿Esta división realmente soluciona la aplicación de criterios que determinen cuándo y por qué un elemento merece incorporarse a la lista patrimonial de la CNMMLH? Algunos de estos interrogantes quedarán para continuar indagando en futuras investigaciones.

 

 

 

Recibido: 03/10/2016

Aceptado: 11/10/2017

 

REHABILITACIÓN Y PATRIMONIALIZACIÓN DE LOS

CENTROS HISTÓRICOS EN ARGENTINA: LA ACTUACIÓN DE

LA COMISIÓN NACIONAL DE MUSEOS MONUMENTOS Y LUGARES HISTÓRICOS (1980-1990)

 

Resumen

 

En Latinoamérica, los centros históricos, especialmente aquellos correspondientes a las ciudades capitales, han sido objeto de valorización patrimonial desde mediados del siglo XX. En Argentina, se puede observar que ese proceso también emergió durante la década de 1970, mediante la actuación de la Comisión Nacional de Monumentos, Museos y Lugares Históricos (CNMMLH). Sin embargo, es a partir de los primeros años de 1980 que dicha institución buscó crear un protocolo de rehabilitación y patrimonialización de poblados históricos. En este artículo nos interesa examinar la formulación y aplicación de esa iniciativa. Sostenemos que ella contribuyó en el proceso de apertura patrimonial de la CNMMLH, que se vio reflejada en la formulación de las normativas internas que se aprobaron durante la década de 1990, sentando las bases de las actuales pautas de valorización.

 

Palabras claves: Patrimonio, Centro Histórico, Comisión Nacional de Museos Monumentos y Lugares Históricos.

Cecilia Pérez Winter

 

 

REFURBISHING AND HERITAGE VALORISATION OF

HISTORICAL CENTRES IN ARGENTINA: THE INTERVENTION

OF NATIONAL COMISSION OF MUSEUMS, MONUMENTS AND HISTORIC SITES (1980-1990)

 

Abstract

 

In Latin America, historical centers, especially those corresponding to capital cities, have been subject to heritage valorization since the mid-twentieth century. In Argentina, this process also emerged during the decade of 1970, through the action of the National Commission of Monuments, Museums and Historical Sites (CNMMLH, in Spanish). However, it is in the early 1980s that this institution decided to create a protocol for the refurbishing and heritage valorization of historic settlements. In this article we intend to examine the formulation and implementation of this initiative. We argue that it contributed to promote a process of widening the heritage concept and guidelines at the CNMMLH. Also, this process was reflected in the formulation of internal regulations that were approved during the 1990s, establishing the foundations of current guidelines of heritage valorisarion.

 

Keywords: Heritage, Historical centre, National Comission of Museums, Monuments and Historical Sites.

 

Cecilia Pérez Winter

 



*Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Geografía “Romualdo Ardissone”/Instituto de Ciencias Antropológicas. cecipw@gmail.com

[1] Caraballo Perichi, Ciro, “Centros históricos y turismo en América Latina. Una polémica de fin de siglo”, en Desarrollo cultural y gestión en centros históricos, Ecuador Flacso, 2000, pp. 105-120.

[2] Scovazzi, Elena, “Centros históricos y cultura urbana en América Latina”, en Ciudades 3, México 1996, pp. 135-154.

[3] Ormindo Azevedo, Paulo, “Los centros históricos latinoamericanos y la globalización”, en La ciudad construida. Urbanismo en América Latina, Ecuador Flacso, 2000, pp. 275-287.

[4] En el año 2015 la Ley 27.103 modificó su nombre a Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos. Como en este artículo trabajamos el periodo previo a este cambio utilizaremos su denominación anterior.

[5] Consultado en el Archivo de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. Decreto 370.

[6] Para este artículo se consultaron los boletines (1939-1946) y las actas (1984-1994) de la CNMMLH y algunos expedientes de patrimonialización, junto a Leyes/Decretos en los que se pronuncia la declaración de poblados y centros históricos a nivel nacional y se analizaron publicaciones en las que se indagó la actuación de la CNMMLH en los periodos de interés para este artículo. A su vez, el trabajo aquí presentado forma parte de la investigación doctoral desarrollada entre los años 2012-2016, en la que se analizaron los procesos de patrimonialización de dos localidades de la provincia de Buenos Aires. Pérez Winter, Cecilia, Patrimonio y procesos de patrimonialización en dos “pueblos” de la provincia de Buenos Aires (Argentina), Tesis doctoral inédita, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2017, 278 páginas.

[7] Prats, Lorenç, Antropología y patrimonio, Ariel, Barcelona [1997] 2004, pp. 171. Smith, Laurajane, Uses of Heritage, Taylor & Francis e-Library, Londres, 2006, pp. 351.

[8] Aquel que se coloca como la “voz autorizada” es reconocida socialmente como aquella persona habilitada -en parte por el capital simbólico acumulado- para producir un tipo de discurso, que en este caso consiste en conocimientos sobre historia-patrimonio. A su vez, posee una eficacia performativa y detenta un cierto poder para exponer discursos que generen consenso con otros actores involucrados en la patrimonialización. Las personas que se posicionan como la “voz autorizada”, junto con el apoyo de otros actores/sectores, son los que suelen guiar el proceso de patrimonialización bajo determinados términos e intereses. Bourdie, Pierre, “The economics of linguistic Exchanges”, en Social Sciences Information16, Thousand Oaks, 1972, 6, pp. 645-668.

[9] Florescano, Eduardo (Comp.), El patrimonio cultural de México, Fondo de Cultura Económica, México, 1993, pp. 336. García Canclini, Néstor, “Los usos sociales del patrimonio”, en Patrimonio etnológico. Nuevas perspectivas de estudio, Andalucía Consejería de Cultura de Andalucía, 1999, pp. 16-33.

[10] Entre las primeras medidas específicas implementadas sobre la gestión del patrimonio nacional podemos mencionar: a- la formulación de las primeras declaratorias como la casa natal de quien fue presidente del país durante 1868 y 1874, D. F. Sarmiento (1811-1880) en la ciudad de San Juan, provincia homónima (Ley 7062/1910); b- la promulgación de las primeras leyes nacionales sobre protección de “ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico” (Ley 9.080 /1913) y sobre la preservación de los paisajes naturales reconocidos como Parques o áreas protegidas (Ley 12.103/1934); c- la conservación de edificaciones de “estilo colonial”, durante la década de 1920, en la que los arquitectos Mario Buschiazzo (1902-1970), Ángel Guido (1876-1960) y Martín Noel (1888-1963) tuvieron un rol importante. Como ejemplo de ellos se puede mencionar la restauración del Cabildo en la ciudad de Buenos Aires, declarado “Monumento Histórico Nacional” (Ley 11.688) en 1933. Asimismo, se sentaron las bases de las primeras instituciones dedicadas a la gestión patrimonial: en 1919 a través del Patronato Nacional de Sitios y Monumentos Históricos, que en 1937 se transformó en Superintendencia y que devino en la CNMMLH.

[11] En sus inicios, la CNMMLH dependió del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública; luego, fue incorporada al Ministerio de Cultura y Educación (1969); posteriormente, a la Secretaría de Cultura de la Nación (2002); y actualmente, con el cambio de rango de esta última, al Ministerio de Cultura de la Nación (2014).

[12] Levene, Ricardo, La cultura histórica y el sentimiento de la nacionalidad, Austral, Buenos Aires, 1946, pp.125.

[13] Levene, Ricardo, 1946, Ob. Cit., pp.125.

[14] Levene, Ricardo, 1946, Ob. Cit., pp.125.

[15] Levene, Ricardo, 1946, Ob. Cit., pp.125.

[16] Consultado en el Archivo de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. Boletín de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos (en adelante CNMMLH) 1, Buenos Aires, pp. 223.

[17] Ley 12.665/1940, art. 1 ter. Sitio web: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23121/texact.htm [consulta: 5/04/2016].

[18] Ley 12.665/1940, Ob. Cit., art. 4.

[19] Por ejemplo, se designaban delegados en algunas provincias como Córdoba, Mendoza, Salta. Boletín CNMMLH 1, Buenos Aires, Ob. Cit., pp. 223.

[20] Esa frase formaba parte del libro Historia de la Nación Argentina, editado por la Academia Nacional de la Historia (1938), organismo anteriormente denominado Junta de Historia y Numismática (1893), de la cual Ricardo Levene formó parte.

[21] Béjar, María, “Altares y banderas en una educación popular. La propuesta del gobierno de Manuel Fresco en la provincia de Buenos Aires, 1936-1940”, en Estudios Investigaciones 12, Buenos Aires, 1992, pp. 83-130. Blasco, Elida, “Los museos históricos en la Argentina entre 1889 y 1943”, en historiapolitica.com, Sitio web: http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/blasco1.pdf [Consulta: 10/07/2017]. Quattrocchi-Woisson, Diana, “La oficialización de la historia”, en Los Males de la memoria. Historia y política en la Argentina, Buenos Aires Emecé, 1995, pp. 141-162.

[22] Nació el 7 de febrero de 1885. Estudió historia en la Universidad de Buenos Aires y se doctoró en 1906. A lo largo de su carrera ocupó varios cargos importantes: fue presidente de la Universidad de la Plata (1926 y 1930) y Decano de la Facultad de Humanidades (1932-1935); actuó como director de la Academia Nacional de Historia (1927 y 1931). Allí participó en la redacción -junto a otros historiadores- de la colección Historia de la Nación Argentina (1936-1950) formada por 14 tomos. Creó el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires (1925), que hoy lleva su nombre. A lo largo de su carrera promovió diversos proyectos culturales y educativos entre las décadas de 1930-1940, en un contexto de fuerte carácter nacionalista (Buchrucker, Cristian, Nacionalismo y Peronismo. La Argentina en la crisis ideológica mundial (1927-1955), Sudamericana, Buenos Aires 1987, pp. 410). Ello se debió, en parte, gracias al apoyo político que poseía de A. Justo (1876-1943), quien se desempeñó como presidente entre 1932–1938, y su sucesor R. Ortíz (1886-1946), entre 1938–1942. Murió en el año 1959 en la ciudad de Buenos Aires.

[23] Quattrocchi-Woisson, Diana, 1995, Ob. Cit.

[24] Levene, Ricardo, 1946, Ob. Cit., pp. 125.

[25] Además de seleccionar elementos para patrimonializar, la conmemoración de eventos es otra forma de intervención que posibilita la creación y reconfiguración de una memoria e identidad colectivas, aunque estas puedan ser atravesadas por interpretaciones diferentes a los que la mirada oficial de la CNMMLH busca establecer.

[26] Devoto, Fernando, “Conmemoraciones poliédricas: acerca del primer Centenario en la Argentina”, en Conmemoraciones, patrimonio y usos del pasado, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2014, pp. 17-56.

[27] Pomian, Krzysztof, “Historia cultural, historia de los semióforos, en Para una historia cultural, México Taurus, 1999, pp. 481.

[28] Definimos la “activación” como aquel proceso mediante el cual se seleccionan, ponen en valor, interpretan, exponen, protegen y jerarquizan determinados elementos (e.g. objetos, inmuebles, estructuras, expresiones, lugares, etc.), para configurarlos como patrimonios y/o atractivos turísticos. Prats, Lorenç, Antropología y patrimonio, Ariel, Barcelona [1997] 2004, Ob. Cit., pp. 171.

[29] Boletín de la CNMMLH 1, Buenos Aires, 1939, Ob. Cit., pp. 234.

[30] Boletín de la CNMMLH 1, Buenos Aires, 1939, Ob. Cit., pp. 234.

[31] Cabe señalar que desde los festejos del Centenario (1910), la conmemoración dedicada a la evocación de determinados próceres, se convirtió en un deber del gobierno nacional. Ello dio lugar a la creación de un protocolo que generó una “burocratización del ceremonial” (Gayol, Sandra, “La celebración de los grandes hombres: funerales gloriosos y carreras post mortem en Argentina”, en Quinto Sol 16, Santa Rosa 2012, 2, pp. 1-29) que fue acompañado por políticas de patrimonialización implementadas por la CNMMLH, como la declaración de los sepulcros “históricos” (Ley 12.665/1941). Por ello, existen reconocimientos anteriores que incluyen ese tipo de bienes, como el mausoleo de los caídos en la Batalla de Chascomús (Ley 12.622/1939).

[32] Consultado en el Archivo de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. Decreto 34.040/1947.

[33] Uribarren, Sabrina, “La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos de la Argentina entre 1938 Y 1946: el patrimonio cultural y la construcción de una idea de Nación”, en Cuadernos de Historia, 11, Córdoba 2009, pp. 213-243. De Masi, Oscar, Arboles históricos nacionales: las declaratorias de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos y sus antecedentes, Eustylos, Buenos Aires, 2012, pp. 80.

[34] Decreto 3.038/1946. Sitio web: https://monumentos.cultura.gob.ar/tematica/bienes-declarados/ [Consulta: 10/08/2016].

[35] Ley 12.665/1940, Ob. Cit., art. 2.

[36] Las informaciones sobre declaratorias y bienes patrimonializados por la CNMMLH fueron extraídos del listado que se encuentra disponible en su página oficial con fecha de actualización del año 2016. Sitio web: http://www.cnmmlh.gob.ar/bienes-protegidos/descarga-listado/ [Consulta: 12/08/2016].

[37] Levene, Ricardo, 1946, Ob. Cit.

[38] Decreto 95.687/1941. Sitio web: https://monumentos.cultura.gob.ar/tematica/bienes-declarados/ [Consulta: 10/08/2016].

[39] Por ejemplo, podemos mencionar la casa de los Uriburu ubicada en la provincia de Salta (Decreto 14.708/1943), la Estancia Jesuítica de Alta Gracia, provincia de Córdoba (Decreto 90.732/941); la estancia Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires (Decreto 120.411/1942).

[40] Pagano, Nora, “La cultura histórica argentina en una perspectiva comparada. La gestión de la CNMMyLH durante las décadas de 1940-1990”, en II Congreso Internacional de Filosofía de la Historia Dimensiones de la experiencia histórica, Buenos Aires, 2012, pp. 2-19. Rotman, Mónica, “Dinámica de los inicios institucionales del campo patrimonial nacional. Regulaciones legales y primeros lineamientos de un organismo rector de Patrimonio”, en XXVIII Reunião Brasileira de Antropologia (ABA), San Pablo, Brasil, 2012, pp. 1-16.

[41] Quattrocchi-Woisson, Diana, 1995, Ob. Cit.

[42] Pagano, Nora, 2012, Ob. Cit.

[43] Rotman, Mónica, 2012, Ob. Cit., pp. 16.

[44] Tartarini, Jorge, “La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos”, en Delheya, Pedro (Ed), ICOMOS Argentina 40 años, Buenos Aires, 2014, Asociación Civil para la Conservación de Monumentos y Sitios Patrimoniales, pp. 185-188. Es arquitecto, especialista en “Preservación del patrimonio monumental”. Fue investigador de CONICET entre 1992-2012. A lo largo de su carrera estuvo, y aún continúa, vinculado a la CNMMLH como vocal o asesor y forma parte de ICOMOS argentina.

[45] Nació en 1926, se formó como arquitecto, obtuvo un Master en Planificación Urbana y Regional y realizó su doctorado en la Universidad de Harvard. Si bien a lo largo de su carrera se interesó en analizar la gestación de las diversas tramas urbanas, es durante la década de 1980 que comenzó a trabajar en proyectos patrimoniales vinculados a la conservación de centros históricos en varios lugares de Latinoamérica. Luego de regresar al país en 1979, y con el advenimiento de la democracia (1983), ocupó diversos cargos. Fue miembro del CONICET y de consejos editoriales y organismos internacionales. Fundó el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) y el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo, IIED-América Latina en Buenos Aires. Dictó clases en universidades nacionales y extranjeras y fue asesor de las Naciones Unidas y del Banco Mundial. Falleció en el año 1993.

[46] Esto se produce en un contexto político favorable con el establecimiento de la democracia en el año 1983, tras el inicio de la última dictadura que tuvo lugar en 1976.

[47] Caprón, Guénola y Monnet, Jérôme, “Una retórica progresista para un urbanismo conservador: la protección de los centros históricos en América Latina”, en Ramírez Hurí, Patricia, (Ed), Espacio público y reconstrucción de ciudadanía, FLACSO, México D.F, 2003, pp. 105-136, pp. 396.

[48] Martins, Günter, “La renovación de los centros históricos en Latinoamérica: fases-conceptos-estrategias”, en Vergara Durán, Adrián, (Ed.), La renovación de centros históricos en grandes ciudades latinoamericanas, Barranquilla, 2008, Uninorte, pp. 19-37, pp. 294.

[49] Carrión, Fernando, “Ciudad y centros históricos. Centros históricos y actores patrimoniales”, en: Marecello Balbo, Ricardo Jordán y Daniela Simioni, (Ed.), La ciudad inclusiva, Italia, 2003, CEPAL, pp. 129-152, pp. 313.

[50] Por ejemplo, a partir de una fecha determinada (e.g. año de fundación); un proceso socio-económico que le dio origen (e.g. centros de peregrinación religiosa, estaciones ferroviarias, postas de caminos, lugares de explotación minera, etc.); una distinción socio-cultural (asentamientos de poblaciones “prehispánicas” o las Misiones Jesuíticas); por lo que un asentamiento fue/significó alguna vez o por lo que existe/subsistió actualmente.

[51] Véase el Decreto 370/1975 que declara como lugar histórico a los poblados de Purmamarca, Yaví y Casabindo en la Provincia de Jujuy; Santa Victoria e Iruya en la provincia de Salta, en parte, por poseer: “atributos típicos de una cultura heredada de la más pura esencia hispánica”. A su vez, en los boletines de la CNMMLH queda expresado el interés de dicha institución por promover la conservación de ciertas edificaciones, como las iglesias coloniales de Yavi y otras localizadas en la provincia de Salta. Consultado en el Archivo de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. Boletín de la CNMMLH 1, Buenos Aires, 1939, Ob. Cit., pp. 234, pp. 145. A su vez, se presentaban informes sobre la arquitectura religiosa del país, varios de ellos realizados por el arquitecto Buschiazzo. Consultado en el Archivo de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. Boletín de la CNMMLH 5, Buenos Aires, 1942, pp. 778, pp. 211. Boletín de la CNMMLH 4, Buenos Aires, 1943, pp. 569, pp. 329. Boletín de la CNMMLH 8, Buenos Aires, 1946, pp. 651, pp. 429.

[52] Scovazzi, Emma, 1996, Ob. Cit.

[53] Documentos disponibles en sitio web: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=12026&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-471.html. [consulta: 5/04/2017].

[54] Organismo de características similares al que había creado en Londres (Human Settlements Program) en 1976. Sitio web: http://www.iied-al.org.ar/acerca.html [Consulta: 15/08/2016].

[55] Algunos investigadores que trabajaron junto a Hardoy fueron: Carlos Moreno, Margarita Gutman, Ramón Gutiérrez, Federico Ortiz, Alberto de Paula, Alberto Nicolini, Jorge Tartarini, José Peña, entre otros.

[56] Hardoy, Jorge; Madrea, Luis y Tartarini, Jorge, “Pequeños poblados históricos: Conservación y rehabilitación integral”, en DANA, 25, Corrientes, 1988, pp. 92-107, pp. 92.

[57] Hardoy, Jorge y Gutman, Margarita, “The role of municipal government in the protection of historic centres in Latin American cities”, en Environment and Urbanization, 3 (1), Londres, 1991, pp. 96-108.

[58] Entre ellos, centros históricos que representaban momentos: (pre)coloniales, o surgidos por el avance y ocupación territorial a través de la repartición de merced de estancias; la expansión ferroviaria; el proceso de colonización de inmigrantes, o el establecimiento de ingenios azucareros. Hardoy, Jorge, “Los pueblos históricos de América Latina”, en Medio Ambiente y Urbanización, 27, Buenos Aires, 1989, pp. 1-9.

[59] Hardoy, Jorge, 1989, Ob. Cit. Facciolo, María, “Patrimonio urbano y memoria. El caso de los pobladores históricos”, en V Seminario de História da cidade e do urbanismo Cidades: temporalidades em confronto Uma perspectiva comparada da história da cidade, do projeto urbanístico e da forma urbana. Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, 1998, pp. 1-8. Facciolo, María, “Patrimonio, memoria y participación”, en Rebetz Mota, N. y Ganduglia, N. G. (Eds.), El descubrimiento pendiente de América Latina: diversidad de saberes en diálogo hacia un proyecto integrador, España, Signo Latinoamérica, 2005, pp. 219-224.

[60] Hardoy, Jorge; Madrea, Luis y Tartarini, Jorge, 1988, Ob. Cit., pp. 93.

[61] De Jong, Ingrid, “Entre indios e inmigrantes: el pensamiento nacionalista y los precursores del folklore en la antropología argentina del cambio de siglo (XIX-XX)”, en Revista de Indias LXV, Madrid, 2005, 234, pp. 405-426.

[62] Prats, Lorenç, [1997] 2004, Ob. Cit.

[63] Roigé, Xavier y Frigolé, Joan (Eds.) Constructing Cultural and Natural Heritage. Parks, Museums and Rural Heritage, Documenta Universitaria, Girona, 2011, pp. 236.

[64] Caraballo Pierichi, Ciro, 2000, Ob. Cit. Ormindo Azevedo, Paulo, 2001, Ob. Cit.

[65] Hardoy, Jorge, 1989, Ob. Cit., pp. 1.

[66] Rotman, Mónica, “Procesos de patrimoniales: redefiniciones, dinámicas y tensiones en la contemporaneidad”, en Que haceres, 2 (11), Buenos Aires, 2015, pp. 11-26.

[67] Hardoy, Jorge, 1989, Ob. Cit.

[68] Hardoy, Jorge y Gutman, Margarita, 1991, Ob. Cit.

[69] La CNMMLH carece de la categoría patrimonial “Centro Histórico”; aunque existen términos como: “Bien de Interés Histórico”, “Pueblo Histórico” o “Ciudad Histórica” que suelen ser utilizados para declarar y reconocer este tipo de lugares. Hasta el 11 de noviembre de 2014 se incorporaron 67 en el primer caso, dos en el segundo, y uno en la tercera categoría. En la nueva ley 27.103/2015 de patrimonio se incluyó el término “área urbana histórica nacional”.

[70] El manual solo se aplicó en la experiencia piloto realizada en la ciudad de Capilla del Señor, logrando la declaración de su centro histórico como “Bien de Interés Histórico Nacional” (Decreto 1648) por la CNMMLH en 1994. Pérez Winter, Cecilia, “La gestión turístico-patrimonial de los centros históricos. Dos “pueblos” de la pampa bonaerense (Argentina)”, en Niglio, Orminda (Ed), Historic Towns between East and West. Ciudades históricas entre Oriente y Occidente, Ariccia, 2015, Ermes, pp. 225-239.

[71] Facciolo, María, 1998, 2005, Ob. Cit.

[72] Pérez Winter, Cecilia, 2017, Ob. Cit.

[73] Hardoy, Jorge; Madrea, Luis y Tartarini, Jorge, 1988, Ob. Cit.,

[74] Pérez, Edelmira, “Hacia una nueva visión de lo rural”, en: Giarracca, Norma (Ed.), ¿Una nueva ruralidad en América Latina?, CLACSO, Buenos Aires, 2001, pp. 17-31.

[75] Rotman, Mónica, 2012, Ob. Cit.

[76] Consultado en el Archivo de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. Disposición Interna 5/91, art. 1.

[77] Disposición Interna 5/91, Ob. Cit., art. 1.

[78] Disposición Interna 5/91, Ob. Cit., art. 1.

[79] Aquí Shávelzon también hace referencia a los “olvidos” tal como lo expresaban Hardoy, Jorge; Madrea, Luis y Tartarini, Jorge, 1988, Ob. Cit.

[80] Shávelzon, Daniel, “Jorge Hardoy y la preservación patrimonial”, en Medio ambiente y urbanización. Homenaje a Jorge Enrique Hardoy II, 45, Buenos Aires, 1993, pp. 96-102, pp. 100.

[81] En esos dos años se declararon 82 elementos.

[82] Por ejemplo, el Museo Nacional del Petróleo en Chubut, Santa Cruz (Decreto 24799/1997); el ex-hotel de Inmigrantes de la ciudad de Buenos Aires (Decreto 2402/1990).

[83] Entre ellos, el casco histórico de las ciudades de San Antonio de Areco (Decreto 1305/1999).

[84] Como el sitio Cueva de las Manos en la provincia de Santa Cruz (Decreto 24.225/1993).

[85] Varias de ellas ubicadas en la provincia de Mendoza (Decreto 339/1999).

[86] Por ejemplo, el ex frigorífico CAP, Río Grande, en Tierra del Fuego (Decreto 64/1999).

[87] Ese término hace referencia a la: “…afirmación de la identidad y del tejido social en que se integra, por lo que los edificios registrados no deben ser erradicados por motivos económicos”.

[88] El segundo principio toma en cuenta las: “…características formales, espaciales, funcionales, tecnológicas, constructivas y tipológicas, el interés de su equipamiento mueble, los valores estéticos y económicos, su autenticidad, singularidad o rareza. (…) los valores de autoría como la jerarquía académica del arquitecto interviniente y la representatividad del área cultural a la cual pertenezca. (…) aquellos edificios que poseen valores irrepetibles en su especie”.

[89] Aquí se define: “la relación de la obra con el entorno”. Es decir: “…otros edificios existentes en el área inmediata, líneas, retiros y alturas, relación de espacios construidos y abiertos, vegetación, equipamiento urbano, traza urbana, usos del área, valores de agrupamiento, visuales y paisajísticos”.

[90] Estos criterios son similares a aquellos expresados en las normativas de UNESCO para considerar la patrimonialización a nivel mundial bajo la categoría “Patrimonio de la Humanidad”.

[91] Se establecieron cuatro niveles: 1: Excepcional; 2: Muy valioso; 3: Valioso; 4: De escaso interés. A su vez, se propusieron cuatro categorías (A, B, C, y D) de protección que se evalúan con un puntaje de 8 a 10 (véase http://www.cnmmlh.gob.ar/1759/pautas-de-valoracion/).

[92] Se reitera la tendencia de la utilización de la categoría de “Monumento Histórico Nacional” y de “Bien de Interés Histórico”, manteniéndose la concentración de declaraciones en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia homónima y Córdoba.

[93] Por ejemplo: el edificio de la CGT en Buenos Aires (Decreto 1233/2007), el Hotel de los Inmigrantes de la ciudad de Buenos Aires (Decreto 1020/2004), la Iglesia Ortodoxa rusa de la Santísima Trinidad de la ciudad de Buenos Aires (Decreto 1296/2000), la casa natal de J. D. Perón en Lobos (Decreto 25.518/2001), o el cementerio de ex-combatientes de Malvinas en Tierra del Fuego (Decreto 26.498/2009).

[94] Entre ellos, el puente carretero ferroviario que une Santiago del Estero con La Banda (Decreto 25.410/2001), o la Usina San Martin de Bahía Blanca (Decreto25.580/2002).

[95] En 2014 se declararon otros sitios de la memoria como patrimonio nacional. Bajo la categoría de “Lugar Histórico Nacional” se incluyeron: “Olimpo”, “Club Atlético”, “Virrey Cevallos” y “Automotores Orletti” en ciudad de Buenos Aires; “La Anguilera”, El Chalet”, “Mansión Seré”, “Casa de la memoria y la resistencia Jorge Mono Lizaso” y ex-escuela de suboficiales de infantería de Marina, en provincia de Buenos Aires; “D2”, “Campo de la Ribera” y “La Perla”, en Córdoba; Casa de la Memoria de Chaco, Chaco; Museo de la Memoria “ex comando del II cuerpo de Ejército”, Santa Fe; Base Naval Almirante Zar, Centro cultural por la memoria de Trelew, y el ex aeropuerto viejo de Trelew, Chubut; “Escuelita de la familia”, Tucumán (Decreto 1762/2014).

[96] Existieron intentos por modificar y actualizar la Ley 12.665. En 1953 se había presentado un proyecto de ley denominado “Anaya” sobre museos y patrimonio histórico nacional que reemplazaría las leyes 9.080/1913 y 12.665/1940, pero no prosperó. En 1982, por medio del Decreto 1.063/1982 artículo 1, se estableció un criterio temporal. Esta ley expresaba que aquellos bienes inmuebles correspondientes al Estado con más de 50 años, se incorporaban a los bienes tutelados por la CNMMLH. Asimismo, Repetto menciona intentos más recientes en 2006 y 2007. Repetto, Martín “La Ley N° 12.665 y su necesaria actualización”, en Delheya, Pedro, (Ed.), ICOMOS Argentina 40 años, Buenos Aires 2014, Asociación Civil para la Conservación de Monumentos y Sitios Patrimoniales, pp. 157-160, p. 158. Es arquitecto, ejerció la presidencia de la CNMMLH entre 2009 y 2013, y actualmente miembro de ICOMOS argentina y del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) argentina.

[97] Es decir, que la CNMMLH es la institución con mayor injerencia y autoridad máxima en la gestión y toma de decisión de los elementos declarados como patrimonio nacional.

[98] El proyecto de ley presentado por Levene en 1938 preveía un presupuesto para el accionar de la CNMMLH que no fue incluido en la ley posteriormente promulgada (véase Levene, Ricardo, 1946, Ob. Cit., pp. 128-130). Asimismo, en 1994, se creó la Fundación Fondo Patrimonio Argentino con el objetivo de asistir tanto a la CNMMLH como a entidades privadas en la preservación y difusión del patrimonio nacional. Por otra parte, en la Ley 12.665 se determinaba que los miembros de la CNMMLH estaban realizando un servicio “patriótico” y por lo tanto, los cargos eran ad-honorem. En la nueva Ley 27.103 el artículo 1bis menciona que la institución debe estar conformada por “un presidente y diez (10) vocales, designados por el Poder Ejecutivo nacional, que durarán en sus cargos (6) seis, pudiendo ser relectos”. Es decir, no se especifica la condición de su trabajo, si es ad-honorem o remunerado.

[99] Tartarini, Jorge, 2014, Ob. Cit., pp. 186.

[100] Esto se puede constatar al analizar las declaratorias que surgieron en ese lapso. Entre 1950-1960 la CNMMLH declaró 78 elementos, en su mayoría ubicados en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia homónima y Córdoba, privilegiando edificaciones asociadas al catolicismo, como la Catedral de Santiago del Estero (Decreto 13.723/1953); o lugares vinculados a personalidades destacadas, como la casa de Ricardo Rojas (Decreto 14.437/1958); y otros reconocidos como sitios arqueológicos, como el “Fuerte de Pantano” en el límite entre La Rioja y Catamarca (Decreto 5.175/1966). Por último, se incorporaron edificaciones que representaban las épocas de avanzada de frontera (siglo XIX) como los fortines. En las décadas de 1970-1980 se adicionaron 178 “bienes”, predominando edificaciones representativas a la religión católica (la catedral de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz (Decreto 325/1989); y algunos poblados históricos, como San Carlos y de Molinos, provincia de Salta (Decreto 370/1975), priorizando las mismas áreas geográficas ya mencionadas.

[101] Repetto, Martín, 2014, Ob. Cit.

[102] Pagano, Nora, 2012, Ob. Cit.; Rotman, Mónica, 2012, Ob. Cit.

[103] Esta autora también señala otros cambios de la CNMMLH: a- ya no se habla de “monumentos” sino de “memoriales”; b- se implementan estrategias para “rentabilizar” determinados intereses surgidos desde las políticas culturales, el turismo y la actividad inmobiliaria, expresadas en el proceso de patrimonialización, con participación de Estado y el sector privado. La gestión y preservación deja de ser guiada solo por lineamientos identitarios, y pasa a estar orientada también por principios de desarrollo económico (Pagano, Nora, 2012, Ob. Cit.).

[104] Gutiérrez, Ramón, “Jorge Enrique Hardoy: su aporte a la historia urbana de América Latina”, en Eure 21, 62, Santiago de Chile, 1995, pp. 9-15.

[105] Pagano, Nora, 2012, Ob. Cit.

[106] Hasta el año 2015, la CNMMLH estuvo conformada por: el Arq. J. Sorín, presidente; el Prof. Arq. Alberto Andrés Petrina, vicepresidente primero; el Arq. Jorge Daniel Tartarini, vicepresidente segundo; el Arq. Carlos Moreno, vocal prosecretario; la Lic. en letras Mónica Capano, vocal secretaria; los Lic. Teresa Enriqueta de Anchorena, Arq. Jorge Néstor Bozzano, Bioq. Liliana Beatriz Fellner, Arq. Mario Lazarovich, vocales. Con el cambio de gobierno en diciembre del 2015, se mantiene la predominancia de arquitectos entre sus vocales Sitio Web: http://cnmmlh.gob.ar/institucional/autoridades/ [Consulta: 10/08/2015 y 15/09/2016].

[107] Rotman, Mónica, 2012, Ob. Cit.

[108] Pierre Nora, por ejemplo, sostiene que la “memoria” es la vida que se encuentra encarnada en los seres vivientes y está en evolución permanente, en una tensión entre el recuerdo y la amnesia. Ella puede ser manipulada, deformada, y la concibe como un fenómeno actual, anclada en el presente asociada a lo afectivo y mágico, que pertenece a un grupo y puede ser plural o individual. Mientras que la “historia” es una reconstrucción problemática e incompleta de lo que dejó de ser; es una representación del pasado, una operación intelectual que requiere análisis crítico, y pertenece a todos y a nadie. Y bajo el término “lugares de memoria” de alguna manera estas dos concepciones confluyen. Nora, Pierre, Los lugares de memoria, Trilce, Santiago de Chile, 2009, pp. 199, pp. 20-21.

[109] Pagano, Nora, 2012, Ob. Cit.

[110] Cattaruzza, Alejandro, “Dimensiones políticas y cuestiones historiográficas en las investigaciones históricas sobre la memoria”, en Storiografia 16, Buenos Aires, 2012, pp. 71-91. Cuesta Bustillo, Josefina, Memoria e historia, Marcial Pons, Madrid, 1998, pp. 246.

[111] Pérez Winter, Cecilia, 2017, Ob. Cit., pp. 133-136.