EL CONCEPTO DE “USUARIO RESPONSABLE” EN LA PRAXIS POLÍTICA DE LOS
USUARIOS DE SUSTANCIAS ILEGALES DE BUENOS AIRES, ARGENTINA[1]
Florencia Corbelle[2]
Introducción
Las políticas públicas en Argentina respecto al consumo y tenencia de drogas han sido mayormente políticas penales que persiguen, estigmatizan y criminalizan a los consumidores de sustancias ilegales. Esta forma de comprender y abordar el problema ha estado desde su inicio emparentada con las políticas estadounidenses que, desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, se han caracterizado por penalizar la producción, distribución y uso de drogas; pero también, con una profusa normativa internacional que continuamente respaldó los esfuerzos punitivos del país del norte. En Argentina durante los años ochenta, con el retorno a la democracia, expertos, funcionarios y organizaciones de la sociedad civil[3] comenzaron a manifestarse en oposición al paradigma prohibicionista vigente exigiendo cambios en la legislación y en las modalidades de atención y tratamiento. Recientemente, estas voces críticas lograron el respaldo de numerosos sectores de los poderes ejecutivo, legislativo, y judicial y, actualmente, el debate se refleja en discursos políticos, fallos judiciales y numerosos proyectos de modificación de la ley 23737 –más conocida como ley de drogas– presentados en el Congreso de la Nación.
Estas voces críticas, este campo de lucha por los derechos de los consumidores de sustancias ilegales, está conformado por numerosas asociaciones y organizaciones de la sociedad civil. Algunas de ellas, orientadas a la investigación, prevención y asistencia, cuentan entre sus miembros con especialistas en derecho, salud, psiquiatría, trabajo social y psicología. Otras han sido creadas por familiares de usuarios de sustancias ilegales, usuarios y demás activistas. En la medida en que abogan por una nueva ley de drogas “más justa, más humana y más eficaz” y respetuosa de los derechos humanos, los usuarios comparten demandas y, en ocasiones, espacios de debate y modalidades de protesta con asociaciones de reducción de daños[4], organizaciones de familiares y de derechos humanos.
Pero como ya han tratado otras autoras[5], la cotidianeidad de los sujetos que luchan, las interacciones que los activistas mantienen con las burocracias del estado nacional por fuera de los momentos de protesta así como los diferentes modos de expresar demandas, concitar adhesiones y construir autoridad, hacen a la particularidad de cada colectivo. De ahí que, si bien no se desconocen los aportes teóricos hechos en relación a los movimientos sociales y acciones de protesta en la Argentina contemporánea, este artículo se centra más bien en las características que hacen a la singularidad de la lucha de los usuarios de sustancias ilícitas.
La penalización encubierta del consumo de drogas –es decir, la penalización indirecta del consumo mediante la penalización de la tenencia– así como de todas las actividades relacionadas, ha impreso a la lucha de estos activistas un carácter específico. Desde un inicio estas agrupaciones y sus actividades han sido blanco de la persecución policial viéndose forzadas a permanecer en la clandestinidad. Asimismo, en los últimos años amplios sectores de la sociedad han impugnado su derecho a participar en el debate parlamentario (2010-2012) para modificar la ley de drogas vigente. Así, a diferencia de otras organizaciones de la sociedad civil, la lucha de estos activistas por los derechos de los consumidores no consiste simplemente en una lucha por la modificación de una ley considerada injusta, poco humana e ineficaz. Más bien, supone formas particulares de experimentar, pensar, resistir y denunciar el poder de policía, la violencia de estado y el funcionamiento de la justicia penal a través de un largo camino que se inicia en la clandestinidad y pretende conquistar, paso a paso, el derecho a circular libremente, acceder al sistema de salud, elegir un estilo de vida y hacer libre uso del propio cuerpo; pero también, a ser reconocidos como interlocutores válidos, como sujetos políticos plenos con el derecho a organizarse, manifestarse y demandar por lo que entienden son sus derechos.
En este sentido, el concepto de “usuario responsable” ha ocupado un lugar central en la praxis política de los usuarios. Su fuerte carga moral –asociada, a la experiencia, al saber y la responsabilidad– se ha mostrado como una herramienta conceptual eficaz para posicionarlos en lo que entienden son términos moral y políticamente positivos[6]; y, de esta forma, aumentar sus posibilidades de generar empatía, legitimarse en tanto activistas y concitar adhesiones entre los miembros no-consumidores de la sociedad.
Así pues, el objetivo del artículo es analizar el modo en que los usuarios de drogas –en adelante, los usuarios[7]– se han organizado para demandar un cambio en la normativa vigente, centrándonos en el concepto de “usuario responsable” y el modo en que éste moldea las formas de hacer política[8] de estos activistas. Para ello, en un primer apartado se describe, brevemente, la trayectoria de lucha de los usuarios, luego se introduce el concepto de “usuario responsable” para analizar su papel en las acciones de denuncia, demanda y concientización que éstos despliegan en diferentes escenarios. Por último, nos detendremos en las disputas de sentido que se dan en relación al concepto, tornándolo una herramienta que las diferentes agrupaciones ponen en juego para justificar disímiles estrategias y acciones políticas. La presente investigación es resultado del trabajo de campo realizado, entre 2010 y 2015, junto a agrupaciones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) –esto es, la Ciudad de Buenos Aires y su conurbación sobre la provincia de Buenos Aires–.
La lucha de los usuarios
Hoy en día, cuando hablamos de los usuarios estamos hablando de un espacio multi-organizacional conformado por redes de usuarios pero mayormente por agrupaciones cannábicas. Esto es, agrupaciones que, además de dar asistencia a usuarios medicinales, brindar asesoramiento jurídico, “normalizar el consumo” e informar sobre el uso de drogas y el autocultivo de cannabis, se manifiestan en oposición al paradigma prohibicionista de intervención estatal vigente exigiendo cambios en la legislación penal tanto como en las modalidades de atención y tratamiento. Actualmente, existen en el país numerosas agrupaciones cannábicas, aunque las de mayor trayectoria se encuentran emplazadas en Córdoba, Rosario, Mar del Plata, La Plata y el AMBA. Asimismo, son parte importante de este colectivo las publicaciones especializadas y otros enclaves cannábicos como las Copas (campeonatos de cata de flores de marihuana), los growshops (tiendas donde se venden insumos y accesorios para el cultivo y consumo de marihuana), los foros de internet y las redes sociales[9].
Sin embargo, esto no siempre fue así. Si bien las primeras “movidas políticas” por los derechos de los consumidores de drogas datan de fines de la década del ochenta (con el retorno a la democracia y luego con la expansión del VIH entre “usuarios de drogas inyectables”) hasta hace algunos años, los ámbitos de socialización por antonomasia seguían siendo los espacios virtuales, los comercios que atendían con las persianas bajas y los eventos clandestinos. Ello era así dado que, amén de la persecución policial, las problemáticas particulares de los usuarios se diluían dentro de las demandas de un grupo más amplio del que muchos formaban parte: personas viviendo con VIH/Sida (PVVS). El predominio de las adscripciones grupales centradas en la identidad sexual y de género[10] sumado a que muchas PVVS usuarias de drogas evitaban identificarse como tales –dado el estigma que pesaba sobre el consumo[11]–, echaban por tierra las pretensiones de aquellos pocos que sí buscaban presentar sus demandas en tanto usuarios de sustancias ilegales.
Con todo, en el año 2000, las autoridades nacionales en la temática VIH-SIDA solicitaron fondos a organismos internacionales destinados a la aplicación de políticas de reducción de daños. Gracias a ese financiamiento y con el respaldo de las asociaciones, fundaciones y centros universitarios responsables de la ejecución de los Programas de Reducción de Daños (PRDs), los usuarios comenzaron a participar y organizarse. Transcurridos apenas dos años se conforma la Red Argentina en Defensa de los Derechos de los Usuarios de Drogas (RADDUD), primera red de usuarios del país, la cual coordina en conjunto con la Asociación de Reducción de Daños de Argentina la primera edición local de la Marcha Mundial de la Marihuana (MMM), un evento que se realiza anualmente desde 1999 de forma simultánea y autónoma en ciudades de todo el mundo cada primer sábado de mayo. En aquella oportunidad, bajo el lema “Cura, no guerra” se reclamó “detener los arrestos” y “ayudar a los enfermos que requieren el uso terapéutico de marihuana”. No obstante, la persecución, criminalización y estigmatización de la que eran objeto, hacían de las manifestaciones en el espacio público, para los pocos que participaban, un evento riesgoso con altas probabilidades de terminar con una detención policial y una posterior causa penal.
Así, a causa de las dificultades que implicaba presentarse como consumidores y manifestarse en el espacio público en calidad de tales, las problemáticas de los usuarios permanecieron en gran medida invisibilizadas y las incipientes organizaciones relegadas a la clandestinidad. Sin embargo, por aquellos años pudieron realizar un minucioso análisis de la normativa legal nacional e internacional que les permitió familiarizarse con el lenguaje judicial y exponer sus demandas en base a críticas concretas a los artículos de la ley de drogas que habilitaban las detenciones policiales, procesamientos penales y la imposición de tratamientos curativos a los consumidores de sustancias ilegales. Por otra parte, prosperaron los foros de internet y algunos grupos de usuarios empezaron a organizar los primeros encuentros y Copas Cannábicas, aunque la posibilidad de participar en estos eventos quedaba supeditada a la existencia de lazos de “amistad” y “confianza”[12].
A partir del 2007, con la revista THC –primera publicación nacional especializada en la temática– ya en las calles, esta situación comenzó a modificarse. La misma contribuyó a otorgarle mayor visibilidad a la “cultura cannábica”, convirtiendose en un punto de encuentro, denuncia, información y asesoramiento jurídico para los usuarios y cultivadores de cannabis; quienes a no ser por Cogollos Córdoba –i.e. –una asociación de reducción de daños que brindaba asistencia para el uso terapéutico del cannabis a personas viviendo con VIH y cáncer– y un puñado de activistas rosarinos que luego conformarían Cogollos Rosario, no estaban nucleados. De todas formas, no fue sino hasta que la publicación asumió su actual labor como coordinadora de la MMM que se logró impulsar la organización de activistas hasta entonces dispersos, en lo que fueron las primeras agrupaciones cannábicas de la Ciudad de Buenos Aires.
El 2010 fue un año bisagra para el activismo. Un boom en el autocultivo de marihuana estimuló la organización de nuevos campeonatos de cata, el crecimiento de la industria cannábica[13] y el lanzamiento de nuevas publicaciones como la revista Haze y el periódico Soft Secrets; pero, sobre todo, se expandieron considerablemente las fronteras del mundo cannábico fruto del surgimiento de una nueva generación de cultivadores dispuesta a salir a la calle. La convocatoria que tuvo la novena edición de la MMM así como la decena de nuevas agrupaciones que se conformaron en la provincia de Córdoba y Buenos Aires antes de culminar el año no hicieron más que comprobarlo. Más aún, meses después, diputadas del bloque del Movimiento Libres del Sur, presentaron un proyecto de ley elaborado en conjunto con la revista THC que proponía quitar las medidas curativas establecidas por la ley penal y modificar aquellos artículos que, al penalizar la tenencia de drogas y cultivo, habilitaban prácticas de detención y allanamiento policiales en gran medida discrecionales. El proyecto se sumaba a los confeccionados en ese momento por otros espacios políticos. El debate por la despenalización no sólo entraba así al Congreso, sino que los usuarios tenían su proyecto.
El debate legislativo en torno a la modificación de la ley penal derivó en la sanción del Plan integral para el abordaje de los consumos problemáticos (IACOP); pero luego se estancó. No obstante, desde la época en que se juntaban temerosos para verse por primera vez las caras, pasando por la conquista de los espacios de protesta socialmente legitimados, estos activistas recorrieron un largo camino que acabó por colocar sus demandas en la arena parlamentaria. A lo largo de esos años, sus agrupaciones, actividades y acciones políticas –marchas, concentraciones, mesas informativas, talleres y cursos de cultivo– se multiplicaron y el piso mínimo de reformas demandadas aumentó tal como lo evidencian el proyecto de legalización y regulación del cannabis y clubes de cultivo presentado por la Agrupación Agricultores Cannábicos Argentinos y la Mesa Nacional por la Igualdad –un espacio de articulación política creado en 2010 para luchar por la igualdad y contra la discriminación de diferentes grupos sociales vulnerados en sus derechos–. Pero aunque el activismo creció de forma exponencial, las agrupaciones aún enfrentan serias dificultades para obtener la personería jurídica y se cuentan entre sus filas usuarios y cultivadores que estuvieron detenidos y están siendo –o fueron– procesados por tenencia, comercialización y/o activismo.
La persecución policial y criminalización, empero, no es el único obstáculo que deben afrontar estos activistas. Como ha advertido Baratta en su Introducción a una sociología de la droga, tan negativos como los efectos de la penalización propiamente dicha son, entre otros, la estigmatización y actitud discriminatoria que ésta genera en la sociedad. Esto se traduce en dificultades para acceder al sistema de salud, pérdida o problemas para conseguir empleo y en la impugnación por parte de sectores de la sociedad respecto de su derecho a proponer y opinar en lo concerniente al diseño e implementación de políticas públicas relacionadas al consumo de sustancias psicoactivas o a la modificación de la actual ley penal. De modo que, estos activistas, amén de luchar por la modificación de la ley de drogas, denunciar las prácticas policiales y elaborar estrategias jurídicas para hacer frente a procesamientos judiciales, luchan por ser reconocidos como interlocutores válidos, destinando parte importante de su tiempo a informar a la sociedad sobre los aspectos legales y costos sociales de la penalización, las propiedades del cannabis, el uso de drogas y los beneficios del autocultivo. El objetivo, romper con el estereotipo del “adicto” y con el consenso social existente en torno al prohibicionismo.
El concepto de “usuario responsable”
Como señalé en la introducción, el concepto de usuario responsable ocupa, en este sentido, un lugar central en la praxis política de los usuarios. El término, originalmente acuñado por especialistas del campo de la salud y ciencias sociales para hacer referencia al “uso responsable” de drogas –un uso que no supone riesgos significativos ni para el usuario ni para otros[14]–, ha sido redefinido por estos activistas como, “Una persona que consume por una elección personal y [cuyos] consumos no alteran su normal desarrollo en la vida diaria, o sea, una persona que estudia, trabaja, tiene una familia (…) puede llevar adelante una vida, un proyecto de vida, de manera responsable” [15]. De este modo, los usuarios buscan discutir con aquellas construcciones dicotómicas propias del sentido común, médico y jurídico que, aún hoy, caracterizan a los consumidores de drogas ilegales como sujetos enfermos, dependientes, aislados, faltos de voluntad, sin un proyecto de vida, estudio o trabajo, despreocupados por su salud, incapaces de cuidar de sí y de otros, irracionales, descontrolados (sin dominio de sí), mentirosos, carentes de responsabilidad, autonomía y libertad; y/o bien como seres desviados, violentos, peligrosos, vinculados a la delincuencia y al narcotráfico[16].
Más aún, es en tanto “usuarios responsables” que estos activistas denuncian e impugnan las detenciones y allanamientos policiales, los procesamientos judiciales y la imposición de tratamientos curativos a usuarios y cultivadores de cannabis; del mismo modo que, exigen una ley de atención pública, universal y gratuita de los problemas de salud asociados al consumo, la autorización estatal de los usos medicinales del cannabis y el reconocimiento de las asociaciones por las inspecciones de justicia locales. En otras palabras, es en tanto “usuarios responsables” que estos activistas demandan por su derecho a circular libremente, acceder al sistema de salud, elegir un estilo de vida y hacer libre uso de su cuerpo; pero también, luchan por ser reconocidos[17] como interlocutores válidos, como sujetos políticos plenos con derecho a organizarse y demandar por lo que entienden son sus derechos; y, como se advertirá, buscan concitar adhesiones a su lucha y, en el proceso, legitimarse ellos mismos como activistas.
Ser un “usuario responsable” se trata, entonces, de hacer un “uso responsable” de las sustancias que se consumen; pero fundamentalmente, de ser una persona libre, dueña de sus actos, que tiene la capacidad de responder tanto en el sentido jurídico retrospectivo del término como en el sentido prospectivo de ser capaz de asumir ciertas cargas, cumplir ciertos deberes y respetar ciertos compromisos. No obstante, al definirse como personas “responsables” los usuarios no están solamente aludiendo, como podría suponerse, al uso jurídico clásico del término –esto es, la capacidad de responder por, en relación con algo y frente a alguien garantizando reparación o retribución en caso de incumplimiento de la obligación u ofensa– así como tampoco a los fundamentos de la agencia moral –es decir, a la noción kantiana de agente libre que actúa en base a la razón y es autor autónomo de las leyes políticas y morales a las que está sujeto–.[18] Antes bien, la “responsabilidad”, en tanto valor que orienta la praxis política de estos activistas, aparece principalmente asociada a conceptos de fuerte carga moral como la familia, el estudio y el trabajo. Es decir, se encuentra ligada a una forma de vida positivamente valorada e hipotéticamente compartida por la mayoría de la sociedad, una vida “normal”, entendiendo aquí “normal” en su doble carácter de usual, típico, común (“lo que hace todo el mundo”) y de valor moral.
Diremos, entonces, que los usuarios al definirse como personas “responsables” están intentando fijar, con fines reivindicativos, nuevos y, en cierta forma, inclusivos parámetros de “normalidad”. En otras palabras, están apelando a valores compartidos, a una supuesta “moralidad común” para, en definitiva, poder afirmar “Nosotros, [usuarios responsables], no somos adictos ni delincuentes, somos gente normal, gente común [por ende, tenemos los mismos derechos y obligaciones que ustedes]”; en donde ese “ustedes” presente en el discurso de los usuarios es, en palabras de un entrevistado, “la familia del cultiveta [cultivador], el vecino, Doña Rosa, el político y el funcionario”. A saber, esos “otros” susceptibles de apropiar su reclamo. De este modo, la dimensión moral del concepto de “usuario responsable” –asociada, fundamentalmente, a la “responsabilidad”– les permite a estos activistas posicionarse en lo que intuyen son términos moral y políticamente positivos y, de esta manera, aumentar sus posibilidades de generar empatía y concitar adhesiones entre los miembros no-consumidores de la sociedad. Pero también, en tanto la dimensión moral del concepto remite a valores como el “saber” y la “experiencia” (el “saber” mejor que nadie qué comporta consumir y cultivar sustancias ilegales y la “experiencia” de ser quienes, en tanto usuarios, sufren los costos sociales de la prohibición y ven sus derechos sistemáticamente violados), estos activistas entienden los habilita a presentarse como interlocutores válidos y a sentar las bases de su autoridad y legitimidad para reclamar.
Por lo dicho hasta aquí, siguiendo a Pita, es que entiendo el concepto de “usuario responsable” como una “categoría nativa con valor político” que comunica la existencia de un tipo de activista particular[19]. Esto es, una posición diferencial dentro del campo de protesta por los derechos de los consumidores de drogas ilegales que los usuarios tratan de reforzar. Resulta, entonces, relevante analizar el trabajo simbólico[20] que estos activistas se esfuerzan por realizar para que el universo moral que vehiculiza la categoría de “usuario responsable” –y del que intentan abrevar su legitimidad– se materialice en las acciones de denuncia, demanda y concientización que despliegan en diferentes escenarios. Es decir, el modo en que estos activistas, apelando a recursos verbales y no-verbales –i.e. determinados usos del espacio y la palabra, la vestimenta, actitudes, gestos, comportamientos, compañías, saberes y prácticas–, buscan dar encarnadura y constituirse en la cara del “usuario responsable”.
Sobre las acciones de denuncia, demanda y concientización
Gran parte de las acciones colectivas de las agrupaciones de usuarios en el espacio público se inscriben en lo que Pita denomina “el repertorio más o menos habitual y estandarizado de protesta social adoptado por la mayoría de los movimientos sociales y políticos [en la Argentina]” [21]. Esto es, marchas, concentraciones, protestas y volanteadas. Haciendo uso de estas tecnologías manifestantes[22], los usuarios denuncian las prácticas de las fuerzas de seguridad, el accionar de los operadores judiciales y demandan la urgente modificación de la ley penal vigente. En tanto que, otras acciones colectivas que despliegan en el espacio público, recitales, fiestas, escuelas, growshops y universidades (tales como mesas informativas, talleres de cultivo, charlas abiertas, reuniones y jornadas) están fundamentalmente orientadas a informar y concientizar a la sociedad sobre los aspectos legales y costos sociales de la penalización de la tenencia de drogas, las propiedades medicinales e industriales del cannabis, el uso de sustancias psicoactivas y los beneficios del autocultivo de cannabis[23].
No obstante, pese a la multiplicidad de escenarios y a los diferentes objetivos que se persiguen en cada uno de estos espacios, en algo coinciden los activistas entrevistados, “Todo lo que organizamos –por ponerlo en palabras de un usuario– tiene que tener una forma que sea responsable, porque la idea es, precisamente, dar la cara como usuarios responsables”. Ahora bien, el modo en que este concepto se materializa en las diferentes acciones de denuncia, demanda y concientización exhibe características distintivas. A continuación, se analizan las principales formas de intervención de estos activistas prestando especial atención al modo en que el concepto de “usuario responsable” moldea en cada caso la forma en que se presentan, manifiestan, denuncian y expresan sus demandas, constituyéndose en eje organizador y transversal a su praxis política.
Actualmente, los usuarios organizan dos marchas anuales: la Marcha Mundial de la Marihuana (MMM) y la Marcha Nacional por el Cannabis (MNC). En la Ciudad de Buenos Aires, la cita, en ambos casos, es en Plaza de Mayo y se marcha en dirección al Congreso. En la MMM, antes de que comience la movilización propiamente dicha, se instalan puestos de las agrupaciones a lo largo de los senderos de la plaza. Allí los activistas, bajo pancartas y banderas que los identifican, conversan con conocidos, fuman, reparten volantes e informan a quienes así lo solicitan. Mientras que el resto de los presentes, en su mayoría varones jóvenes, se reúne en pequeños grupos a fumar marihuana y saborear la amplia oferta gastronómica: tortas fritas, chipás, choripanes, hamburguesas, sándwiches, panes rellenos, tortas y brownies. Entretanto, en el “sector feria”, artesanos y pequeños comerciantes venden remeras, buzos, pines y parafernalia con leyendas y dibujos vinculados al uso de marihuana. En otros sectores de la plaza, bandas en vivo –pequeñas, pero “comprometidas con la causa”– musicalizan la jornada. En la MNC, amén de que todo acontece en proporciones más pequeñas, acuden en su mayoría varones y mujeres de clase media que se definen a sí mismos como activistas cannábicos. Con todo, salvando las distancias en lo que respecta a la antigüedad, capacidad de convocatoria y grado de compromiso de los manifestantes, ambas marchas se desarrollan de forma bastante similar.
A las cuatro de la tarde, tras una bandera que actualmente reza “No más presos por cultivar ¡Regularización del cannabis ya!” una columna de varias cuadras de largo comienza lentamente a movilizarse. Al frente, sosteniendo la bandera, se colocan los principales referentes de las redes de usuarios y agrupaciones cannábicas. Son ellos quienes luego ilustrarán la primera plana de las revistas especializadas. En medio, pero bastante cercanos a la cabecera, miembros de las diferentes agrupaciones sostienen banderas de las agrupaciones y pancartas con frases como “Basta de intolerancia”, “Educación para un consumo responsable”, “Yo cultivo lo que consumo”, “Cultiva tu derecho”, “Sí al autocultivo, no al narcotráfico”, “1 + que cultiva, es 1 - que compra”, “Por el uso medicinal”, “Democracia=libertad, quiero ser libre de elegir lo que consumo”, “Libertad a María”, “Mi mamá me dio libertad, la marihuana alas” y “No + 23737”. Dispersos en pequeños grupos a lo largo de varias cuadras, se distribuyen el resto de los manifestantes. Finalmente, cerrando la columna, se colocan las banderas de los diferentes partidos y agrupaciones políticas que se suman al reclamo[24].
Año tras año, a lo largo de las doce cuadras que separan la Casa Rosada del Congreso, se corean –las mismas consignas –i.e. “Autocultivo, autocultivo”, “Libertad, libertad a los presos por plantar”, “Olé, olé, olé, olé las flores que cultivé”– y se entonan al ritmo de Sobreviviendo de Víctor Heredia las mismas estrofas[25],
Quiero que legalicen la marihuana/ para fumarme un
porro por la mañana/ Y que la policía no diga nada/ cuando vea mis plantas en
la ventana// Oh, Marihuana/ Oh, Marihuana// Está es la banda loca que lo
cultiva,/ ya no le compro a nadie, ya no me obligan/ Sin opresión hay fiesta y
hay alegría,/ hay libertad para nuestra maría// Oh, Marihuana
Además, acostumbran acompañar el lento y algo desordenado andar de la marcha, una densa nube de humo dulzón, porros gigantes, plantines, globos, calzas, buzos y remeras verdes, banderas, gorros, prendedores, disfraces y antifaces con hojas de marihuana. A medida que la columna se aleja de la Plaza de Mayo, no es poco frecuente que grupos de manifestantes se adelanten a la cabecera de la marcha. Para evitar que la bandera quede tapada la organización traza un perímetro de aproximadamente unos veinte metros cuadrados, que es custodiado por los usuarios y al que tienen acceso, amén de los organizadores, los fotógrafos, camarógrafos y periodistas acreditados.
Cuando la columna ingresa a la Plaza de los dos Congresos, un escenario –móvil en la MMM e improvisado en la MNC– se emplaza frente al edificio del Palacio para dar comienzo al acto. Por algunas horas, desfilan por ese escenario los referentes de las agrupaciones de usuarios. Desde allí, explican las consignas, denuncian el accionar de los jueces y las fuerzas de seguridad, informan sobre los cultivadores presos, recuerdan a sus mártires y arengan a los manifestantes a cultivar y a sumarse a las agrupaciones[26]. En cierta forma, puede decirse, parafraseando a un cronista, que buscan recordar a quienes están debajo, que si se marcha con alegría, se marcha en serio, porque
acá van los que fueron en cana, a los que chantajearon, a los que alguna vez acostaron en un patrullero, a los que juzgó alguien que no sabe juzgar en Estado de Derecho. Y [porque] faltan muchos: los que todavía siguen presos (…), los que enfrentan un proceso penal (…) y los que reciben palos en los penales[27].
Al caer la noche, habiendo culminado el último de los oradores, se da por concluido el acto. Muchos emprenden el retorno a sus hogares; otros, en cambio, quedan algunas horas más en la calle, bailando y escuchando a las bandas que musicalizan el fin de la jornada en escenarios improvisados en diferentes puntos de la plaza.
El carácter festivo –entendido, aquí, como una forma de hacerse presente, de ocupar el espacio con bailes, colores, disfraces y cantos–, si bien en cada país adquiere características y sentidos locales, es un rasgo común de las marchas de la marihuana a lo largo y ancho del mundo. En Buenos Aires, la risa, la alegría, la música, el color, el baile, los alimentos, los disfraces, no dejan de atraer la atención de quienes circulan por la zona céntrica de la ciudad portuaria. Es más, no es poco frecuente que al paso de la columna, atraídos por el aroma y los cantos, vecinos, turistas y trabajadores se asomen a los balcones de la centenaria avenida, sonrían, alienten y hagan gestos que aluden al consumo de marihuana. De ahí que, lo festivo no sólo es alentado por los organizadores durante la marcha sino también, abiertamente estimulado en las convocatorias a sumarse al reclamo. En este sentido, las marchas tienen algo de fiesta popular, es decir, de suspensión temporaria de las reglas –i.e. lo prohibido se hace a plena luz del día–, de rito festivo de inversión de lo cotidiano[28], en donde perseguidos y estigmatizados ocupan el centro de la escena y el uso de drogas es apartado de su habitual asociación con la enfermedad, la delincuencia y el narcotráfico.
Sin embargo, si las marchas qua rituales, por vía de lo festivo invierten lo cotidiano corriendo al consumo de la esfera de lo marginal, anormal y delictivo, para impugnar la estigmatización, persecución policial y criminalización de los usuarios; al mismo tiempo operan, por un lado, demarcando, por medio de una serie de contrastes –adentro/afuera, adelante/atrás, arriba/abajo, escuchan/hablan–, fronteras entre políticos, manifestantes y usuarios que refuerzan la posición de estos últimos como oficiantes del ritual y –en tanto “usuarios responsables”– como la cara visible del reclamo. Y, por el otro, encauzando lo festivo dentro de ciertos límites, pues de no hacerlo las marchas podrían asociarse con el desenfreno, el descontrol y el hedonismo, dejando en un segundo plano el reclamo organizado de “usuarios responsables” por los derechos de los consumidores de sustancias psicoactivas ilegales.
Es
en esta clave que entiendo deben leerse las alusiones al concepto de “usuario
responsable” que los oradores dejan deslizar en el escenario, para comunicar al
público susceptible de apropiar su reclamo, que los presentes no son enfermos
ni delincuentes; sino, “gente normal, gente común”, que ve sus derechos
vulnerados,
Esta plaza está colmada de gente, está
colmada de estudiantes, de trabajadores, de amas de casa, de familiares, pero no
hay ni un sólo delincuente. Porque los consumidores no somos delincuentes[29].
La actual ley nos criminaliza, nos
judicializa y nos discrimina viendo, así, como se pisotean nuestros derechos.
Somos madres, padres, trabajadores, hermanos amigos con un mismo derecho a
elegir responsablemente lo que consumimos[30].
Pero, sobre todo, el esfuerzo que hacen estos activistas por materializar el concepto de “usuario responsable” se manifiesta en el mantenimiento del orden, conservando limpio el espacio público, respetando los semáforos, evitando el consumo de alcohol y logrando convocar, contar con la participación y resaltar la presencia de personas conocidas y respetadas, “familias enteras”, estudiantes, personas mayores y “no-consumidores”.
Este
trabajo simbólico, realizado en y a
través de recursos verbales y no-verbales, lejos de ser algo espontáneo e
improvisado, supone una intervención creativa que se remonta a reflexiones y
prácticas que pueden ser rastreadas hasta la organización de las primeras
marchas de la marihuana (cuando éstas no eran sino pequeñas concentraciones en
el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires)
Yo elegiría [como horario para la convocatoria] once de la mañana, sino van a decir ‘Estos se levantaron de la siesta’.
Tiene que ser un horario agresivo. Somos fumetas pero nos levantamos temprano,
y un sábado![31]
En el Planetario [en 2008], cuando lo conocí a Diego [director de la revista THC], estaba desesperado pelándose con los que vendían birra. Y ese día le dije ‘Dejá, dejá, dejá que lo voy a charlar yo’ y les quemé la cabeza a los chabones y, por lo menos, hice que se alejaran un poco. Siempre fue un problema la venta de alcohol en la marcha[32].
Actualmente, estas preocupaciones han devenido normas tácitas de comportamiento que los usuarios esperan que gobiernen el desarrollo del reclamo. Es más, las estrategias que despliegan para que estas normas sean efectivamente respetadas son objeto de discusión y planificación en las reuniones de las agrupaciones previas a las marchas. En este sentido, se proponen posibles oradores y conductores de la marcha para que la lleven en forma ordenada así como se intenta coordinar la musicalización a cargo de las murgas y bandas que la acompañan. Del mismo modo, se designan encargados de “dar televisión y radio” responsables de identificar a los “noteros” y “evitar que los periodistas hablen con los borrachines y limados”, se recuerda invitar a “padres, hermanos, tíos, abuelos, vecinos” que resalten el carácter “familiar del evento”, se imaginan formas de “dar color a la marcha” –i.e. vistiendo prendas verdes o llevando plantines de cannabis– y posibles soluciones al “tema del alcohol” que se consume y vende en la marcha[33].
De
esta manera, lo festivo es alentado pero al mismo
tiempo cuidadosamente encauzado. Puesto que, se trata de poner en
foco, por vía de lo festivo, al
consumo y a los consumidores para desplazarlos de la esfera de lo delictivo y
al mismo tiempo imprimirle un carácter “responsable” a la marcha y a los propios
manifestantes –encauzando lo festivo y
poniendo en primer plano algunos actores, acciones, gestos, actitudes–. Este
doble proceso de alentar y encauzar lo festivo no
sólo sirve a los fines manifiestos de la MMM y MNC (demandar por una
modificación en la legislación y en las modalidades de atención y tratamiento);
sino también a la principal función simbólica que estas movilizaciones tienen
para quienes las organizan. Esto es, dar encarnadura al concepto de “usuario
responsable” y, de este modo, reforzar su posición y legitimidad en tanto usuarios.
Sin embargo, y pese al tiempo y esfuerzo dedicados, no siempre todo resulta como es esperado. En este sentido, los entrevistados acuerdan en que si bien “las cosas fluyen casi con naturalidad en la MNC”, donde sino todos al menos gran parte de los manifestantes sabe por qué marcha, no toma alcohol y deja limpia la calle; no ocurre lo mismo en la MMM. En la MMM, rebautizada el “San Patricio del faso”,“…hay muchos que van porque ‘Eh, es el día de la chala, vamo' a ponernos re-locos y a tomar unos vinos’ y, quizás, están ahí y ni siquiera escuchan lo que están hablando…”; “van porque es una fiesta. Hay para fumar, hay colorido. Es gente que por ahí no está al tanto, no conoce ni autocultiva” [34]. De modo que, los activistas encuentran allí redoblado su trabajo. A lo largo del reclamo se los puede oír deslizando recomendaciones –“Chicos, no tiren basura. Mantengamos limpio el espacio”–, haciendo descender a jóvenes de los andamios de un edificio en reparación o urgiéndolos a respetar el andar de la columna y el vallado; pero también, disculpándose públicamente por ciertas deficiencias en la organización de la marcha –i.e. falta de baños químicos, sonido y escenario apropiados– resultado de la negativa del Gobierno de la Ciudad a autorizar el reclamo.
Este
trabajo simbólico, empero, no concluye
finalizada la marcha. En los meses que siguen a las movilizaciones se puede
leer a estos mismos activistas en las crónicas de revistas especializadas
resaltando lo masivo de la convocatoria y también reforzando, mediante fotos,
testimonios y relatos, la presencia de familias, trabajadores, estudiantes y
profesionales; y, por metonimia, el carácter “responsable” del acto y de los
manifestantes[35].
El objetivo de tamaño empeño –dicen– es claro,
Queremos que nos escuchen, no que digan “Esos
drogadictos están rompiendo todo”. La idea es ir cartelito, pasacalle, pero
tranca, sin bardo. Si te entrevistan, decir “Yo laburo y estudio, no soy un delincuente.
Las leyes me convierten en delincuente por consumir y eso tiene que cambiar
porque no lo somos”[36]
A diferencia de las marchas, las concentraciones pueden desarrollarse en lugares tan disímiles como una comisaría, el domicilio de un cultivador que está siendo allanado, una embajada, un juzgado o un comercio clausurado. Si bien se han dado, principalmente, en el AMBA, pequeñas localidades alejadas de los grandes centros urbanos –aunque conocidas entre los activistas por el cultivo de cannabis– también han sido protagonistas de estos actos de protesta. A grandes rasgos, la actividad consiste en hacerse presente en el lugar donde se encuentra el cultivador o usuario que está siendo detenido, allanado o juzgado para –al mismo tiempo que se denuncian estas prácticas policiales y judiciales– acompañarlo, brindarle ayuda y respaldo. De modo que, antes que una actividad programada suele tratarse de una respuesta rápida frente a una demanda inmediata. De cualquier forma, éste no siempre es el caso. Eventualmente, cuando el cultivador o usuario detenido reside en el extranjero, se trata de una declaración indagatoria o una audiencia judicial previamente pautada, otros son los tiempos y los activistas pueden organizase, escoger horario y punto de encuentro, pintar carteles, llevar un escrito o diseñar volantes.
Hasta hace unos años, enterarse de estas “movidas” no era nada sencillo. La convocatoria se realizaba a través de llamados telefónicos y mensajes de texto entre redes de activistas conocidos. Actualmente, con la expansión del uso de redes sociales e internet móvil en telefonía celular, la posibilidad de acceder a esta clase de información y la velocidad con la que se transmite se han acrecentado. Los mensajes son posteados en los “muros” de las agrupaciones y se dirigen a socios, conocidos y amigos. No obstante, la época del año en que tienen lugar la mayoría de los allanamientos (verano), los horarios, las locaciones muchas veces alejadas del centro de la ciudad y, sobre todo, lo imprevisto de la situación, conspiran contra la masividad de la convocatoria. Así y todo, han llegado a hacerse presentes más de centenar y medio de personas para “hacer el aguante”, esto es, para “hacerse presentes” poniendo el cuerpo para hacer sentir apoyo “efectivo y afectivo” al detenido; pero también, para denunciar la “violación de derechos” y, en el proceso, demostrar fuerza y capacidad de movilización del activismo[37]. Esta forma de manifestar solidaridad y expresar compromiso con la causa, que se ha incorporado recientemente al repertorio de protesta de los usuarios, se actúa recorriendo extensas distancias, soportando condiciones climáticas desfavorables, reprogramando obligaciones y alterando quehaceres cotidianos sin previo aviso, simplemente, para “estar ahí”, alcanzar cigarrillos, comida, una revista o una carta.
Pero “hacer al
aguante” es, además, para los usuarios una
forma de poner en foco los lazos sociales del detenido y dejar asentado
mediante registros fotográficos y audiovisuales que no es un adicto ni un
delincuente; sino que, se trata de una persona con familia, amigos, vecinos,
compañeros de estudio y trabajo. En otras palabras, las concentraciones han
devenido una nueva ocasión para afirmar que los detenidos –y los manifestantes–
son “gente normal, gente común”, “usuarios responsables”. En este sentido, al
igual que ocurre en la MMM y MNC, una serie de normas tácitas gobiernan el
reclamo: se mantiene limpio el espacio público y no se corta la calle para
dejar fluir normalmente el tránsito. Pero, si en las marchas ésta es la forma
por excelencia de dar encarnadura al concepto de “usuario responsable”, en las
concentraciones atravesadas por la lógica del aguante –que lleva, siguiendo a
Pita, ínsita la resistencia frente a un otro (en este caso policía) [38]–
es, principalmente, a través de la construcción de identidades
contrastativas que el concepto se materializa.
Así pues, durante las concentraciones, mientras que la persona que está siendo detenida o allanada siente y cuenta con el apoyo de familiares, amigos, vecinos, activistas y colegas, es usual que se defina a los agentes policiales que participan del operativo –y por metonimia a la institución– como personas sin familia –“Seguramente, no deben tener familia”–, que no hacen bien su trabajo –“¿Por qué no van a trabajar en serio?”, “Si fueran asesinos, chorros, ahí te tenés que ocupar vos”–, sea por “falta de huevos”, “corazón”, preparación –“En seis meses el logi sale con un arma a la calle”– o por ignorantes –“No saben ni lo que hacen acá” [39]–. También se les cuestiona el empleo de metodologías desplegadas por las fuerzas de seguridad durante la última dictadura militar –“Parecen grupo de tareas loco, un grupo de tarea son sin identificación. Los grupos de tareas no se identificaban”– o se los vincula directamente a actividades ilegales. Así, en tanto policías son considerados la “vergüenza de la Argentina”, se los califica como una vergüenza de seres humanos y se les atribuyen actitudes reprochables como el maltrato a personas mayores y a mujeres con sus hijos en brazos.
Esta actitud confrontativa se acompaña, en ocasiones, por advertencias –“Está todo filmadito, eh!”– e insultos y frases que ponen en duda la hombría de los agentes policiales –“Donde están los rochos [chorros] de pie no la van, no?”, “¿De qué te reís, porque tenés un fierro?”, “Sin chapa sos un maricón”, “Los de seguridad privada tienen más pija que ustedes” [40]–. También, adquiere la forma de burlas dirigidas a prácticas habituales –“¡Por lo menos vayan a pedir una pizza y podemos comer todos!”–, uniformes –“Es un disfraz lo que tienen ustedes”, “Se ríe, se ríe. ¡De zapatillas, el boludo!”, “Son todos de juguete”, “Con ese uniforme de juguete, parecen RoboCop”– así como al tipo y calidad del trabajo realizado –“¡Si un día tengo pibes voy a agradecer que pusieron a un alto narcotraficante de pipas!”, “Gracias por el servicio a la humanidad”, “¡El mundo es mejor por ustedes! Díganme cuánto disminuyó el porcentaje de la venta de pipas de parsec”, “Hagan un operativo contra los CD a ver si son tan poronga, ¿por qué no van a juntar CD truchos tan poronga que son?”–.
De este modo, al denunciar rutinas y prácticas policiales, denostar y ridiculizar a los policías y su trabajo e impugnar las detenciones y allanamientos a usuarios y cultivadores de cannabis, se señalan e invierten jerarquías. En otras palabras, se neutraliza imaginariamente –y no tanto[41]– el poder de la institución policial al mismo tiempo que se refuerza la autoridad de los usuarios como activistas, pero también su carácter de personas “normales” y sus cualidades como seres humanos. Después de todo, como vimos, la presencia de familiares, amigos, vecinos, activistas y colegas, además de brindar apoyo, contención y respaldo, no es sino la forma en que estos activistas ponen en acto los lazos sociales tanto del detenido como de los manifestantes para afirmar que no son asesinos, ladrones ni ilegales. Es más, “no le hacen daño a nadie”. Al contrario, son “usuarios responsables” que tienen familia, amistades, empleo y le pagan el salario a quienes, en definitiva, no cumplen con sus obligaciones ni hacen bien su trabajo –“Vayan a laburar que les pagamos el sueldo nosotros para que estén laburando”–, un reproche que, por otra parte, se hace extensivo a los operadores judiciales, sean jueces, peritos, defensores o fiscales.
Más aún, las concentraciones son para estos activistas una forma de poner en acto que ellos, los usuarios, son los que “no tienen miedo” –“¿Qué, porque tenés una chapa me mirás así? (…) ¿Qué te pensás?, ¿que me das miedo?, ¡gil! Gil, ¡¿te pensás que me das miedo?! Sí, se piensa que da miedo”–, quienes tienen aguante y no necesitan de un disfraz, una chapa o un fierro para bancársela, porque tienen familia, corazón, sentimientos, tienen “experiencia” y “saben” los costos sociales que los procedimientos judiciales tienen para el acusado. Es decir, se construyen en forma contrastiva con la policía, que es considerada como un RoboCop, es decir, una máquina pertrechada de armas y recubierta en plástico –como un juguete– que sólo responde a órdenes y lucha para mantener lo poco y nada que hay en él de ser humano. Así, parafraseando a Pita, el trabajo simbólico opera en dos sentidos, por un lado con afrenta y destitución simbólica de estatus y autoridad por la vía de la humillación y, por el otro, con la exhibición de valores –en este caso, asociados a la “responsabilidad” y la “falta de miedo”– que legitiman a los usuarios y su protesta, presentando de este modo un juego de construcción de identidades contrastativas, un ellos y un nosotros que expresa pura alteridad y una distancia irreductible[42].
De
este modo, las concentraciones, al igual que las marchas, refuerzan la
legitimidad e identidad de sus oficiantes; pero, a diferencia de éstas, lo
hacen por vía de la humillación e impugnación del poder policial. Esto es,
expresándola en términos de una confrontación entre agentes policiales y
“usuarios responsables” que, cuando “hay buena predisposición”
adquiere un carácter más “pacífico” y cuando “vienen con
los tapones de punta” “les hacemos bolonqui [quilombo,
lío, barullo]”; pero que nunca olvida que su prioridad es “hacer
presión para conseguir la liberación del detenido”. Ahora bien, si
la construcción de estas identidades contrastivas
adquiere su máxima expresión allí donde el enfrentamiento con ese “otro” se da
cara a cara; ciertamente, esta clase de trabajo simbólico
no es ajeno a notas periodísticas[43]
y discursos durante la MMM.[44]
Es más, el concepto de “usuario responsable” cuando el expediente se torna en
“campo de batalla” sigue jugando un
papel central; siempre pronto a hacerse nuevamente carne,
Una de las opciones en mi juicio van a
tratar, si se lleva adelante, la opción de presentar testigos y de ser así van
a llenar el juzgado de testigos. Llevar treinta, cincuenta personas y que se
caguen laburando. Hay un montón de personas que me conocen y que digan lo
mismo: que curaba, que cultivaba y ya fue. Es más o menos algo así el juicio y
llenarlo... y visibilizar[45].
Así, la presencia en la sala de audiencias se configura en el imaginario de los usuarios como estrategia de defensa, apoyo al usuario o cultivador procesado y demostración de poder del activismo; pero también, como posible futuro espacio de confrontación –sea en calidad de testigos de concepto o, al menos, como público que ocupa una sala, gana un espacio– con esos “otros” fiscales, jueces, secretarios, peritos a los que se les paga un sueldo y no hacen bien su trabajo, entre otras cosas, porque “firman órdenes de allanamiento a perejiles que no hacen nada”, “pesan la planta con maceta” y “dicen que saben diferenciar semillas hembra y macho”.
Como ya hemos señalado, los usuarios organizan –además de, marchas y concentraciones– mesas informativas, charlas abiertas y volanteadas en plazas, fiestas, recitales y ferias barriales. Estas actividades están orientadas a sensibilizar, informar y concientizar a la sociedad sobre los aspectos legales y costos sociales de la prohibición, sus demandas, los proyectos de ley presentados, las propiedades del cannabis, el uso de sustancias psicoactivas y los beneficios del autocultivo de marihuana. La falta de información aparece en el discurso de los usuarios como la principal causa de estigmatización de los consumidores de drogas, por lo que estas actividades son una parte central del trabajo de las agrupaciones. Además, el objetivo de estas y otras acciones colectivas –como la limpieza de la playa en una ciudad costera emprendida por una agrupación cannábica “para que nos conozcan y se den cuenta que no somos delincuentes”– es otorgar mayor visibilidad a los usuarios y contribuir a “normalizar” el consumo “responsable”. De modo que, al igual que en marchas y concentraciones, la utilización del espacio público respetuosa del “otro” transeúnte, paseante, público o feriante (no ensuciar el espacio público, permitir la circulación de personas y automóviles, no fumar frente a menores) es, una vez más, un elemento clave.
Recientemente,
el desarrollo de estas actividades se ha complementado con breves y esporádicas
intervenciones en programas televisivos y radiales[46].
Sin embargo, los usuarios han encontrado –y, en
gran medida, aún encuentran– serias dificultades para hacerse escuchar en los
medios de comunicación masivos así como en “mesas políticas” y ámbitos
universitarios. Pocas veces han sido invitados a participar de programas
televisivos y eventos académicos de larga tradición en el campo de estudio de
esta problemática y en más de una ocasión han sido maltratados, descalificados
y/o se les ha otorgado un lugar (por ellos) no deseado,
Laura: Las cachetadas que recibís cuando
como usuario cuando te sentás en una mesa política, en cualquier lado. Ella te
puede decir las cosas que me pasan. Cuánto te maltratan, ¿entendés?
Guadalupe: O la descalificación por el mero
de hecho de ser usuario. Tu palabra no vale ni tres cuartos de lo que vale la
palabra de cualquier otro. Y menos si ese cualquier otro tiene título de algo.
L: Y así vos los tengas a los títulos,
tampoco…
G: Pero eso ya no importa. Ser usuario te
define para el resto de cosas.
L:
Dentro de las personas viviendo con VIH nos pasaba lo mismo. Es decir, cuando
en las mesas de disertación empezás a participar en los congresos y empezamos a
estar en ese tema. O, por ejemplo, como me pasó a mí como miembro de las redes
ir a la CLAT [Conferencia Latinoamericana de
Reducción de Daños] a Francia, mis presentaciones en los libros de la CLAT
aparecen como Laura González, “usuaria de drogas”. Ni siquiera “referente
nacional” o “miembro de” o “técnica”, nada. Después, tal vez, la persona que
está organizando el evento en ese momento te pregunta “¿Cómo querés ser
presentado?”. Pero como quedó plasmado, digamos en el libro, queda. Es decir,
es “el usuario” o “la persona viviendo con VIH”. “Yo soy Laura González de PVVS”.
Yo soy un montón de otras cosas además de ser persona viviendo con VIH! Es
decir, tengo VIH pero no voy a decir, “Hola, qué tal, diabética” (…) Yo nunca
hablé, hice una disertación como usuaria. Sí, como usuaria; pero no, como “Porque
yo en mi vida consumí drogas…”. Nunca dejé fuéramos el chanchito de indias[47].
Es decir, en estos escenarios, suelen trazarse fronteras entre los expositores que no sólo se traducen en formas de tratamiento y presentación diferenciales; sino también, en desiguales posibilidades de hacer uso de la palabra y los tipos de performance solicitados/esperados de acuerdo con la procedencia de cada disertante. Mientras que los funcionarios, legisladores, operadores judiciales, profesionales de la salud, etc. son considerados “expertos” a quienes se debe consultar; ellos, los usuarios, (si es que, y cuando se los convoca) son –en su versión más burda– ridiculizados, (des)calificados de porreros, drogadictos, acusados de hacer apología y de narcos o bien –en el mejor de los casos–, retratados como víctimas, excepciones o, valga la redundancia, meros casos de políticas que han dado resultado[48].
De
ahí que, los activistas intenten controlar las condiciones, planificar, inducir
y utilizar estratégicamente su aparición en los medios durante las marchas. No
obstante, las preguntas, comentarios, informes, ediciones e interrupciones
malintencionadas son reiteradas y habituales. De hecho, estos activistas
entienden que, aún en ámbitos respetuosos de los derechos de los usuarios, cualquier
traspié puede hacer que todo el conjunto de agrupaciones retroceda varios
pasos,
El
Colectivo Cannabis tuvo la oportunidad de hablar en las Primeras Jornadas [Nacionales sobre Políticas Públicas en Materia de Drogas] que se hicieron en el Colegio de Abogados con la voz del usuario[49]. Subió un muchacho que estaba muy nervioso… En definitiva, no salió
bien. Y bueno, eso hizo que Intercambios después no invitara más a usuarios por
tres años[50]. Por suerte, este año que pasó no, el anterior, invitó a Laura pero
como del INADI. Y este año volvió a estar Guada [la abogada] que está con la Red. Entonces, un poco con toda esa experiencia les vengo
diciendo a mis compañeros, “Tengamos conciencia de que cualquier error puede
ser difícil de revertir”[51].
De modo que, los usuarios, siendo extremadamente cautos y siguiendo la lógica
de funcionamiento de estos escenarios –en donde los cargos, títulos y el
conocimiento científico (aunque de forma muy diversa) son altamente valorados y
quienes no los poseen son muchas veces desautorizados–, además de presentarse
como “gente normal” que tienen familia y trabajo, intentan mostrarse como
personas que “saben”.
En concreto, se presentan como personas que “saben” sobre los efectos del consumo de drogas ilegales, las propiedades de la planta de cannabis, las técnicas de su cultivo y tienen la experiencia de ser quienes sufren los costos sociales de la prohibición en carne propia; pero también, como personas que han dedicado tiempo a estudiar la problemática. Es decir, que no son “militantes de la droga” que “solamente les interesa tener la plantita en el balcón” y “fumar libremente por las calles”, así como tampoco son meramente casos excepcionales que sirven para ilustrar argumentos a favor de modificar la ley de drogas vigente; sino, antes bien, “usuarios responsables” que, informada y libremente, eligen consumir determinadas sustancias por motivos recreativos y/o medicinales y que además, en tanto tales, informan responsablemente a la sociedad sobre este tema del que poco se sabe. En este sentido, es frecuente que citen trabajos científicos, hagan mención a su formación, sus títulos y/o nombren a profesionales de la salud que comparten su perspectiva (en palabras de un activista, “No es, ‘Mirá, yo fumo, estoy acá, no me pasa nada, a lo Chango’. Es ‘Mirá, el estudio de tal médico dice tal cosa, el estudio de tal lado dice otra. Tal cosa, pasa tal otra’”) [52]. En suma, para presentarse en estos escenarios como personas que “saben”, los usuarios realizan un trabajo simbólico a partir de los recursos de los que disponen para neutralizar las desautorizaciones y constituirse –aunque, no siempre con éxito– en interlocutores válidos, frente a públicos que, cuando no los estigmatizan, tienden a cosificarlos.
Con todo, en los últimos diez años, la situación se ha ido modificando y los usuarios han comenzado a transitar y lograr una mayor presencia en círculos académicos y ámbitos universitarios, incluso oficiando como organizadores de diferentes jornadas de debate[53]. En estos eventos, se contó con la participación de activistas, legisladores, ministros de la corte, jueces, fiscales, funcionarios, especialistas, académicos, profesionales e invitados internacionales. Pero además, a los usuales paneles sobre los aspectos políticos y jurídicos de las políticas de drogas, se sumaron exposiciones que versaron sobre los clubes de cultivo, los aspectos medicinales del cannabis e industriales del cáñamo[54]. Por un lado, esto ha contribuido a la especialización de las agrupaciones en diferentes áreas temáticas: jurídica, medicinal (reducción de daños) e industrial. Por otro lado, y más importante aún, la organización de estos eventos ha utilizado el prestigio que confiere la presencia de determinados oradores, los propios espacios y, dentro de ellos, sus salones, púlpitos y escenarios –i.e. la dimensión ritual de las jornadas[55]– para crear nuevas legitimidades. Esto es, para reforzar su lugar como activistas en ámbitos antes adversos así como para otorgar mayor legitimidad a sus demandas y a un saber –su saber– usualmente, descalificado.
El concepto de “usuario responsable” como campo de disputas
Como he mostrado,
el concepto de “usuario responsable” es central a la praxis política
de los usuarios, se materializa –producto del trabajo simbólico realizado sobre una serie de recursos
verbales y no-verbales– en prácticas y en reglas (no siempre explícitas) que
moldean la forma en que estos activistas se manifiestan, denuncian y expresan
sus demandas y sientan las bases de su autoridad y legitimidad para reclamar.
Con todo, ello no debe llevarnos a suponer que el concepto de “usuario
responsable” es un mero recurso que estos activistas emplean estratégicamente
para generar empatía y concitar adhesión a su reclamo. Antes bien, es en estos
términos que los usuarios se piensan y presentan a
sí mismos, valoran, conciben y orientan su vida y, por ende, también su praxis política. En palabras de Da Matta, es del continuum de experiencias naturalizadas e ininterrumpidas de
su vida cotidiana que el universo moral que vehiculiza el concepto de “usuario
responsable” es destacado y transformado por estos activistas en un instrumento
capaz de otorgar identidad, singularidad y legitimidad al colectivo de usuarios[56].
De ahí que pueda
decirse que estos activistas en sus acciones colectivas –sean éstas
ritualizadas, cotidianas u ocasionales, adopten un carácter festivo o
confrontativo o bien impliquen la transmisión de un saber o una práctica– no
sólo están dando encarnadura al concepto de “usuario responsable” sino que al
mismo tiempo están “dando la cara como usuarios responsables”. La diferencia,
aunque sutil, no es menos importante. Veamos. Según el diccionario de María
Moliner “dar la cara” significa “responder uno por sus
propios actos, afrontar un peligro”. Una acepción no muy diferente
ofrece el diccionario de la Real Academia Española, “responder de
los propios actos y afrontar las consecuencias”. Ambas definiciones
remiten, sin dudas, al campo semántico del término responsabilidad en su
sentido jurídico clásico. Afortunadamente, Marcel Mauss, en su Ensayo sobre los dones y, posteriormente, en Sobre una categoría del espíritu humano: la noción de persona y la
noción de yo, nos ofrece otra posible lectura de esta expresión. En Ensayo sobre los dones nos dice,
El noble Kwakiutl y Haida tiene exactamente la
misma noción de “cara” que el letrado y el oficial chino. De uno de los grandes
jefes míticos que no daba potlatch se decía que tenía «la cara podrida». Aquí
la expresión es más exacta que en China, pues en el noroeste americano perder
la cara es perder el alma, que es de verdad la “cara”, la máscara del baile, el
derecho de encarnar un espíritu, de llevar un blasón, un tótem; es de verdad la
persona[57] lo que se pone en juego,
lo que se pierde con el potlatch, en el juego de los dones, del mismo modo que
se puede perder en la guerra o por cometer una falta en un rito[58].
Así, siguiendo esta definición de cara, puede decirse que un activista cuando “da la cara” en una marcha, concentración o acción de concientización pero también cuando participa en una audiencia pública o una reunión de comisión e incluso cuando explica a la policía por qué no debe ser detenido o cuando no acepta poner fin al proceso judicial a cambio de confesar un problema de adicción y someterse a un tratamiento curativo, no está reconociendo o asumiendo su responsabilidad por una falta, culpa, error o delito. Al contrario, está haciendo público, se está mostrando como usuario, i.e. está “saliendo del indoor”, y, en cierta forma, poniendo en foco su vida cotidiana; pero, sobre todo, está actuando como persona moral, como un usuario.
En las sociedades tradicionales, como señala Mauss, los individuos (en el sentido biológico del término) asumen este papel en los dramas sagrados haciéndose un tatuaje en la cara o en el cuerpo, poniéndose un traje o una careta, la diferencia –aclara– es, solamente, de grado. El autor precisa: “la presencia o la ausencia de la máscara es más una característica social, histórica o cultural que un rasgo fundamental” [59]. No obstante, –y aquí creo yace la principal diferencia– en las sociedades tradicionales la máscara, cara, blasón o traje se hereda y representa a un antepasado. Mientras que, en el caso de los usuarios, podemos decir que la cara es producto del trabajo simbólico que realizan los activistas sobre toda una serie de recursos verbales y no-verbales para dar encarnadura al concepto de “usuario responsable”. Ahora bien, compartir el universo moral que vehiculiza este concepto no garantiza la inexistencia de conflictos y contradicciones así como tampoco cursos de acción coherentes y unificados.
Como ya señalábamos,
todas las agrupaciones de usuarios coinciden
en la necesidad de modificar la actual ley de drogas. No obstante, con el
crecimiento del activismo han aparecido una pluralidad de voces y formas de
entender la problemática que imaginan de diferentes modos el camino que debe transitarse.
De todas formas, actualmente en la ciudad de Buenos Aires pueden distinguirse
dos grandes grupos. El primero, en adelante (L), considera que el cannabis no
es una droga sino una planta; por lo cual requiere, dadas sus facultades
medicinales y la posibilidad de ser producida por los propios usuarios, un
tratamiento especial. En 2012, este sector del activismo nucleado en AACA presentó
junto a la Mesa Nacional por la Igualdad un proyecto de ley donde propuso entre
otras cosas, y además de la despenalización de la “tenencia de drogas”, la
legalización y regulación del cannabis. Ello así porque este grupo –conformado
en su totalidad por activistas cannábicos– entiende que la despenalización es
necesaria; pero que a ellos, en tanto “productores de estupefacientes”, no les
alcanza.
El segundo grupo se
embandera tras el proyecto presentado por el bloque Libres del Sur y la revista
THC, en adelante (D). El mismo sostiene que la despenalización de la “tenencia
para consumo” y “tenencia simple” de drogas es un paso necesariamente previo a
la regulación de la planta. En parte, porque “la ley de
drogas es una sola”; y, en
parte, porque priorizan –aún siendo cannabicultores y pese a que acuerdan en
que el cannabis por sus propiedades y mayor aceptación social es más “defendible” que otras drogas– el bienestar de los usuarios
de todas las sustancias. Este grupo sostiene que no es el momento pues aunque
quieran la legalización, “hoy el problema es ir
preso”; presentar, hoy en día, un proyecto de este tipo sería
engañar a la gente haciéndoles creer que se trata de una alternativa viable.
Como resumía una activista, “para la gran mayoría la
droga es responsable por los robos, las violaciones, los asesinatos. Si les
decís que legalizando va a estar todo bien, te van a decir no, porque liberar
la droga para ellos sólo va a traer más delincuencia” [60].
Más allá de las
acusaciones cruzadas de crear falsas expectativas, confundir, desinformar,
discriminar, de hipócritas, mentirosos y/o pacatos, ambos grupos, D y L, despliegan
idénticas estrategias para promover el debate parlamentario y “normalizar el
consumo” de estas sustancias. Ciertamente, las características de las
agrupaciones –i.e. tipo de agrupación, cantidad de miembros, su edad,
profesión, ocupación, trayectoria, etc.– así como sus capacidades desiguales
–i.e. de convocatoria, de comunicar y publicitar sus actividades así como de
ingresar a espacios institucionales– incide en las estrategias adoptadas. No
obstante, lo interesante aquí es que tanto D como L, cuando se les pregunta por
la preferencia de determinadas estrategias, recurren para explicar y justificar
su práctica al concepto de “usuario responsable”, aunque variando los sentidos
que le son otorgados.
No está demás
aclarar que ninguno de los dos grupos cuestiona el sentido canónico del
concepto de “usuario responsable” así como tampoco está en disputa el trabajo simbólico que todos estos activistas consensúan y
ponen en juego para dar encarnadura al concepto en marchas, concentraciones,
mesas informativas y jornadas. No obstante, para el grupo L “dar la cara” como
“usuario responsable” se trata de “exponerse”, de
“perder el miedo” y “salir a la
calle para reclamar por el derecho al consumo de marihuana con el porro en la
mano” para “mostrarle a la sociedad
que existimos, pero que no los molestamos. Porque también es esto de tratar de
no molestar a la gente, no cortar la calle”. A su entender “los cambios, como el matrimonio igualitario, vienen por presión social”;
pero también porque se normaliza “visibilizando el consumo,
no encerrándose cada uno en su casa”. “O sea, esta
postura de que si te ven está mal… Nosotros pensamos al revés, nos tienen que
ver porque lo primero es visibilizarse, que te vean (…) Hay que mostrarse, si
te escondés significa que creés que hacés algo malo” [61].
En tanto que,
para el grupo D “dar la cara” como “usuario responsable” no se trata tanto de “hacer una exposición del uso”, de “mostrarse
con un porro en la mano”. El objetivo, antes bien, es tanto asesorar
a los usuarios como “concientizar e informar a
la sociedad sobre el uso de todas las drogas desde una perspectiva de reducción
de daños”. Es decir, “La idea no es hacer
apología del uso de las sustancias; sino que, al que eligió hacer uso de las
sustancias que lo haga de manera sana o, por lo menos, lo menos riesgoso
posible”. En otras palabras, se trata de realizar charlas y mesas
informativas, de un “trabajo social”
orientado a “demostrar que podemos contribuir con la
sociedad”, “ayudar”, “dar el ejemplo”. Éste es, a su entender, el modo de
normalizar el consumo y avanzar hacia una reforma legislativa. Desde ya, esto
no excluye manifestarse en el espacio público; pero sí, hacer uso de sustancias
durante el desarrollo de sus actividades, especialmente, si hacen uso de la
palabra. Como explicaba un activista entrevistado, “Si la gente
que va a ir quiere fumar que fume, pero no nosotros. Las personas que vamos a
estar con las mesas informativas, no. Tenemos que ser el ejemplo (…) no tenemos
que fumar porque perdemos seriedad”
[62].
En síntesis, por
poner en palabras una disputa más práctica que discursiva, para el grupo L el
argumento sería algo así como somos usuarios responsables,
no molestamos a nadie por lo que no tenemos que ocultarnos. Al contrario,
tenemos que mostrarnos y, para ello, nada mejor que estar en la calle;
mientras que, para D sería, somos usuarios
responsables, por ende, debemos actuar responsablemente. Ello supone informar a
la sociedad desde la óptica de reducción de daños; no, fumar en la calle[63].
De modo que, si
bien el concepto de “usuario responsable” remite a ciertos sentidos compartidos
que orientan la praxis política de todos estos
activistas, al mismo tiempo es escenario
permanente de disputas entre dos grupos –embanderados tras proyectos de ley
distintos– en pugna por definirse como los auténticos representantes, es decir
como la verdadera cara del activismo cannábico. Una
disputa que, por otra parte, debe entenderse en el marco más amplio de los
debates nacional e internacional sobre políticas de drogas[64]
así como en diálogo con trayectorias de lucha que se remontan a la década de
los ochenta cuando militar era “correr los límites”, brindar asesoría jurídica,
revelar la connivencia de funcionarios estatales con el narcotráfico, denunciar
prácticas policiales y cantar por la legalización de la marihuana y,
posteriormente, hacia fines de los noventa, ayudar a otros a ayudarse, trabajar
en PRDs y comenzar a marchar en la calle. Pero también, una disputa que tiende
a deslizarse, dado el carácter mayoritariamente cannábico del activismo, hacia
otra cercana sobre quién es la verdadera cara del
“movimiento”[65]
y de la “cultura cannábica”.
No
obstante, a pesar de estos enfrentamientos y desacuerdos, las relaciones entre
las diferentes agrupaciones no se rompen. Miembros de ambos grupos participan,
en general, de los eventos organizados por el otro grupo, asisten a las
concentraciones cuando quien está siendo detenido o allanado pertenece al otro
bando, sostienen la misma bandera en la MMM y varios miembros del grupo D
participan activamente y hacen uso de la palabra durante la MNC. Ello así
porque, como señalábamos al comienzo del artículo, el carácter ilegal del
consumo y todas las actividades a éste relacionadas imprime a la lucha de los usuarios un carácter específico. Entre otras cosas, obliga a
las agrupaciones a tomar una serie de medidas para resguardar la seguridad de
sus miembros como no develar horario ni locación exacta de las reuniones, convocar
a nuevos integrantes a través de correos electrónicos a conocidos u organizar
las concentraciones mediante una cadena de llamados y mensajes privados. Estas
precauciones, limitan la participación de desconocidos y favorecen la
existencia de lazos de “amistad” y “confianza”; y otro usuario,
por más desavenencias que haya, es “alguien en quien se puede confiar”.
Así
las cosas, por más voluntad que tengan otros usuarios de “comprometerse con la
causa”, se enfrentan con serias dificultades para acceder a la organización de
las marchas, presenciar la reunión de una agrupación, asistir a las copas
cannábicas o recibir la información necesaria para hacerse presente en una
concentración. Precauciones que, por otra parte, se extreman aún más al momento
de apoyar a quien sufre una detención o allanamiento, debido a que en estos
casos no sólo está en juego la libertad de los manifestantes,
Eso
se trató en más de una reunión ‘Eh, ¿porqué no vamos a sacar a todos los que caen?’.
‘Y, porque no los conocemos a todos. No podemos ir a poner el pecho por un
chabón que después salta la ficha’. Sí, el chabón es cultiveta, pero lo
agarraron ese día en la plaza vendiendo el único porro que vendió en toda su
vida, lo agarraron vendiéndolo. Y, bueno, por ese acto al chabón le cabe la
carátula, desgraciadamente ¿Qué vamos a hacer? Ese es el tema. Tenemos que
estar muy seguros de las personas por las que uno da la cara[66].
Es decir, lo que está en juego es la cara. De ahí que si bien puede hablarse de una praxis política común articulada sobre la base de ciertos
sentidos compartidos en torno al concepto de “usuario responsable” y entendida
por los usuarios como una obligación moral que
expresan en términos de “compromiso con la causa”; en definitiva, es a través
de los lazos de “amistad” y “confianza” –construidos en base al intercambio de
semillas, cogollos, esquejes y otras sustancias tanto como de copas, asados,
reuniones, consejos y favores[67]–
que estos activistas pueden, en última instancia, sostener la continuidad de la
lucha y demostrar su compromiso con la misma. En otras palabras, es plantando
que se pueden regalar cogollos, semillas, esquejes, consejos, etc.; para luego,
con el tiempo –y a través del intercambio–, adquirir el status de conocido,
alguien de confianza. Hoy en día, con un activismo mayoritariamente cannábico,
estos parecen ser los pasos a seguir para hacer de un consumidor un usuario. Es decir, alguien que además de plantar, se planta,
perdió el miedo a salir del indoor a
comprometerse, a dar la cara.
A modo de conclusión
A lo largo del
trabajo se intentó dar cuenta de las formas en que los usuarios se han
organizado para demandar y denunciar la actual política de drogas en nuestro
país. En este sentido, argumenté que la lucha de los usuarios puede
comprenderse como una lucha por el
reconocimiento de los derechos de los consumidores a acceder al
sistema de salud y elegir un estilo de vida, pero también como una lucha para
ser reconocidos como sujetos políticos plenos.
Esto dota a la lucha de los usuarios de un
carácter particular que permea las formas de hacer política de
los usuarios y se refleja en la categoría
de “usuario responsable”, en tanto que a partir de ella estos activistas no
sólo articulan las demandas y definen las modalidades de protesta a adoptar;
sino también intentan sentar las bases de su derecho y autoridad para reclamar.
Sin embargo, si bien la categoría de “usuario responsable” orienta la praxis política de todos los usuarios;
esto no supone desconocer que la misma sea un permanente escenario de disputas
ni que, dado el carácter ilegal del consumo de drogas y todas las prácticas y
actividades a él relacionadas, la continuidad de la lucha dependa, en última
instancia, de la existencia de lazos previos de “confianza” y “amistad” entre
estos activistas.
Recibido: 25/09/2016
Aceptado: 07/10/2017
EL CONCEPTO DE “USUARIO RESPONSABLE” EN LA PRAXIS
POLÍTICA DE LOS USUARIOS DE SUSTANCIAS ILEGALES
DE
BUENOS AIRES, ARGENTINA
En Argentina, el
campo de lucha por los derechos de los consumidores de sustancias ilegales está
conformado por numerosas asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que
abogan por una nueva ley de drogas “más justa, más humana y más eficaz”, pero,
fundamentalmente, respetuosa de los derechos humanos. En este artículo se
analiza, específicamente, el modo en que los usuarios de drogas se han
organizado para demandar un cambio en la normativa y denunciar las prácticas
policiales y judiciales que ésta habilita centrándose, para ello, en el
concepto de “usuario responsable” y el modo en que éste moldea las formas de hacer política –más precisamente, las acciones
colectivas– de estos activistas. De este modo, el trabajo se corre de aquellas
propuestas que comprenden a los usuarios como meras víctimas de la ley de
drogas para dar cuenta del modo en que estos activistas han politizado este
conflicto.
Palabras clave: Drogas; activismo; usuarios
responsables, Buenos Aires, Argentina.
THE CONCEPT OF "RESPONSIBLE DRUG USER" IN THE POLITICAL
PRAXIS OF THE USERS OF ILLEGAL SUBSTANCES
OF BUENOS AIRES, ARGENTINA.
ABSTRACT
In Argentina, the struggle for drug users’ rights engages a wide array
of civil society associations and organizations that advocate for a more “fair,
humane and effective” but, fundamentally, respectful of human rights drug law.
This article discusses in particular how drug users have organized to demand a
change in the regulations and denounce the law enforcement practices that they
enable, focusing, to that effect, in the concept of “responsible drug users”
and how it shapes the ways – especially collective actions- in which these
activists do politics. Thus, this paper goes beyond those proposals that
consider drug users as mere victims to account for the way in which these
activists have politicized this conflict.
Key
words: Drugs; activism; responsible drug users, Buenos Aires,
Argentina.
[1] Este artículo se realizó en base a la tesis doctoral titulada Dar la cara como “usuario responsable”. El activismo político de los usuarios de drogas: de la clandestinidad al Congreso Nacional, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2016.
[2] Equipo de Antropología Política y Jurídica, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. CONICET. E-mail: florcorbelle@hotmail.com
[3] Dada la polisemia del término sociedad civil
resulta necesario aclarar que en el presente artículo lejos de aquellas
concepciones que la definen como una entidad unívoca, homogénea y opuesta al
Estado, la entenderemos, siguiendo a Gramsci, como una trama heterogénea de
organizaciones, atravesada por múltiples disputas, conflictos y escenario de
luchas sociales y procesos políticos, que como señala Gupta interactúa
permanentemente en y con las burocracias que conforman el estado. Gramsci, Antonio, “El moderno Príncipe”, Notas sobre Maquiavelo, Juan Pablos, México, 1975. Gupta, Akhil, “Blurred boundaries:
the discourse of corruption, the culture of politics, and the imagined state”,
en American Ethnologist, Vol. 22(2), Blakwell
y American Anthropological Association, Malden, 1995, pp. 375-402.
[4] Es una política social que, admitiendo la dificultad que muchas personas presentan para suspender el consumo de drogas, tiene como principal objetivo disminuir los efectos negativos que su uso acarrea. Los programas de reducción de daños se orientan entonces, antes que al abstencionismo, a disminuir la morbilidad y mortalidad, a prevenir las enfermedades transmisibles, a favorecer la accesibilidad a los servicios asistenciales y a mejorar la calidad de vida de los usuarios de drogas. Intercambios asociación civil, Tres definiciones sobre reducción de daños, pp.1-3. [En línea] http://www.intercambios.org.ar/wp-content/uploads/2012/05/Prensa_definiciones-RD.pdf. [Consulta: 10/09/2016]
[5]Manzano, Virginia, Movimiento social y protesta social desde una perspectiva antropológica, pp. 1-13. [En línea] ww2.filo.uba.ar/contenidos/carreras/antropo/Movimientosocialyprotestasocial.doc [Consulta: 10/09/16]; y Pita, María Victoria, Formas de morir y formas de vivir. El activismo contra la violencia policial, Del Puerto y Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Buenos Aires, 2010.
[6] Siguiendo a Balbi, entiendo que hablar de un comportamiento relacionado con valores morales implica “hablar de acciones que revelan sistemáticamente la preferencia por determinados cursos de acción en función de su deseabilidad y obligatoriedad, siendo que esta preferencia es formulada conceptualmente y que la opción en su favor es estimulada a través de una carga emotiva adherida a su formulación conceptual”. Balbi, Fernando, De leales, desleales y traidores. Valor moral y concepción de la política en el peronismo, Antropofagia, Buenos Aires, 2007, p.76.
[7]Se utilizará el término consumidores o usuarios indistintamente para referirme a todas aquellas personas que hacen uso de sustancias ilegales. Mientas que se recurrirá a la categoría de usuarios para hacer referencia a quienes además de hacer uso de drogas se han convertido, a través de la lucha por sus derechos, en activistas. En este sentido, al emplear el término usuarios nos referimos a un heterogéneo colectivo conformado, entre otros, por redes de usuarios, staff de copas cannábicas, equipos de trabajo de publicaciones especializadas y agrupaciones cannábicas.
[8] Siguiendo a Pita, en la tradición de la antropología política la expresión formas de hacer política invita a preguntarse y a pensar en cómo explicar la acción política y la constitución de grupos políticos por fuera de las estructuras especializadas a tal fin, entre otras, partidos políticos y sindicatos. Pita, María Victoria, “Violencia Policial y Demandas de Justicia: acerca de las formas de intervención de los familiares de víctimas en el espacio público”, en Burocracias y violencia. Ensayos sobre Antropología Jurídica, Antropofagia, Buenos Aires, 2004, pp.435-464.
[9] La mayoría de los miembros de este colectivo son hombres, jóvenes (entre 20 y 40 años), de clase media que estudian y/o trabajan y no poseen experiencia política previa. La presencia femenina, no obstante, ha ido aumentando con los años. Hoy en día, muchas mujeres se definen como “cultivadoras”, hacen competir sus plantas y organizan Copas y encuentros de mujeres cannábicas.
[10] Biagini, Graciela, “Movilización social y salud”, en Actas del XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, Asociación Latinoamericana de Sociología, Guadalajara, 2007. Gregoric, Juan José, “Biosociabilidad y demandas por derechos en el activismo de personas de sectores populares afectadas por VIH-SIDA”, en Cuadernos de Antropología Social, Nro. 35, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2012, pp. 121-142.
[11] La construcción biomédica del complejo VIH/Sida –a partir del enfoque de “grupos de riesgo” primero y de “prácticas riesgosas” después–, al crear categorías epidemiológicas como la de “adictos a drogas por vía parenteral” que responsabilizaban a los usuarios de la emergencia y difusión del VIH, agudizó la estigmatización y discriminación que ya pesaba sobre éste y otros sectores sociales. Ver, entre otros, Grimberg, Mabel, Margulies, Susana y Wallace, Santiago, “Construcción social y hegemonía. Representaciones médicas sobre el Sida. Un abordaje antropológico”, en Kornblit (org.) Sida y Sociedad, Espacios, Buenos Aires, 1997; Kornblit, Ana Lía, “El SIDA en la prensa escrita Argentina”, Instituto de Investigaciones Gino Germani, documento de trabajo Nº 25, Buenos Aires, 2001; Kornblit, Ana Lía y Giménez, Liliana, Y el Sida está entre nosotros… Un estudio sobre actitudes, creencias y conductas de grupos golpeados por la enfermedad, Corregidor, Buenos Aires, 1997.
[12] Corbelle, Florencia, La construcción del consumidor de drogas en el proceso judicial, Tesis de Licenciatura, Universidad de Buenos Aires, 2010.
[13] La frase “industria cannábica” refiere a la producción casera de aceites, resinas, cremas, ungüentos, etc., elaborados a partir de la planta de cannabis; así también a la confección de zapatillas, remeras, anteojos, etc., fabricados íntegramente con cáñamo y/o cannabis y a toda otra serie de productos que, si bien no están confeccionados con cannabis, son utilizados exclusivamente para el cultivo de esta planta.
[14] Duncan, David y Gold, Robert, Drugs and the Whole Person, John Wiley & Sons, New York,
1982. Zinberg, Norman, Drug, Set, and Setting.
The Basis for Controlled Intoxicant Use, Yale University Press,
Connecticut, 1984.
[15] Entrevista a activista cannábico. Realizada en el marco del proyecto de doctorado de la Universidad de Buenos Aires “El ‘Problema de la Droga’. Moralidades y moralinas en el proceso de transición hacia una nueva Ley Nacional”, en el mes de junio de 2011, dirigido por Sofía Tiscornia.
[16] Corbelle, Florencia, 2010, Ob. Cit., pp. 99-133; Epele, María, Sujetar por la herida. Una etnografía sobre drogas, pobreza y salud, Paidós, Buenos Aires, 2010; Renoldi, Brígida, “Estar sano es ser persona”, en Cuadernos de Antropología Social, Nro. 13, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2001, pp. 103-119.
[17] Si bien el concepto de lucha por el
reconocimiento remite al trabajo de Axel Honneth, conviene advertir
que lo retomo, únicamente, en la medida en que resulta una adecuada herramienta
descriptiva para dar cuenta del modo en que los usuarios comprenden,
experimentan y explican su praxis
política. Honneth,
Axel, The Struggle for Recognition. The Moral Grammar of Social
Conflicts, The MIT
Press, Massachusetts, 1995.
[18] Honneth, Axel, 1995, Ob. Cit., pp. 92-131.
[19] Pita, María Victoria, 2010, Ob. Cit., pp. 15-21.
[20] Willis, Paul, Common
culture: symbolic work at play in the everyday cultures of the young,
Westview Press, San Francisco, 1990, p.10.
[21] Pita, María Victoria, 2004, Ob. Cit., p.440.
[22] Entiendo por tecnología manifestante a las distintas metodologías de manifestación pública y colectiva que, en tanto “conjunto de técnicas y prácticas asociadas (…), suponen un saber y un dominio de sus formas y fuerzas en términos de efectos productivos (visibilidad de demandas). Se trata de una tecnología difusa (…) esto es, no aparece formulada en términos discursivos de manera organizada, ni cuenta con una serie de reglas asociadas y sistemáticas”. Pita, María Victoria, 2004, Ob. Cit., pp. 439-440.
[23] Con el ingreso del debate de la ley de drogas al ámbito parlamentario, se abrió todo un nuevo campo de intervención y participación para los usuarios que he analizado en otros trabajos. Corbelle, Florencia, “El ingreso de la sociedad civil al parlamento. Nuevos y viejos actores en el debate en torno a la modificación de la actual ley de drogas”, en Cuadernos de Antropología Social, Nro. 38, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2013, pp. 85-107; Corbelle, Florencia, “Drogas: la audiencia pública. Intervención política y trabajo de campo”, en Avá, Nro. 22, Universidad Nacional de Misiones, Posadas, 2013, pp.97-119.
[24] Los legisladores que se hacen presentes encabezan la marcha una vez que ésta llega a la Av. 9 de Julio, esto es, para la ya clásica fotografía que puede verse en las portadas de las revistas especializadas.
[25] En 2012, circuló por las redes sociales y fue repartido durante la marcha un cancionero con más de una docena de cánticos. Las letras, entre otras cuestiones, animaban a los usuarios a cultivar y dejar de comprar, proclamaban al autocultivo como forma de lucha contra el narcotráfico, advertían a los oyentes que no iban a dejar de cultivar, exigían que se acabe la represión y persecución a usuarios y cultivadores que consumen sin molestar a terceros, pedían por una ley más justa y por el respeto de la libertad individual e invitaban a los legisladores a dar explicaciones por las demoras en el trámite parlamentario.
[26] Entre 2011 y 2012, participaron de la marcha y subieron al escenario políticos, funcionarios y miembros de ONGs.
[27] “Gente que sí. Marcha mundial de la marihuana 2011”, en THC, Nro.39, Buenos Aires, 2011, p.25.
[28] Da Matta, Roberto, Carnavais, malandros e heróis, Zahar, Rio de Janeiro, 1980.
[29] Discurso proferido por activista cannábico en la Marcha Mundial de la
Marihuana y grabado en el marco del proyecto de doctorado de la Universidad de
Buenos Aires “El ‘Problema de la Droga’. Moralidades y moralinas en el proceso
de transición hacia una nueva Ley Nacional”, en el mes de mayo de 2010,
dirigido por Sofía Tiscornia.
[30] Discurso proferido por activista cannábica en la Marcha Mundial de la
Marihuana y grabado en el marco del proyecto de doctorado de la Universidad de
Buenos Aires “El ‘Problema de la Droga’. Moralidades y moralinas en el proceso
de transición hacia una nueva Ley Nacional”, en el mes de mayo de 2012,
dirigido por Sofía Tiscornia.
[31] Intervención de activista cannábico recogida del
foro on-line Cannabis Café en el marco del proyecto de doctorado de la
Universidad de Buenos Aires “El ‘Problema de la Droga’. Moralidades y moralinas
en el proceso de transición hacia una nueva Ley Nacional”, entre los meses de
marzo y noviembre de 2012, dirigido por Sofía Tiscornia.
[32] Entrevista a activista cannábico. Realizada en el marco del proyecto de
doctorado de la Universidad de Buenos Aires “El ‘Problema de la Droga’.
Moralidades y moralinas en el proceso de transición hacia una nueva Ley
Nacional”, en el mes de agosto de 2012, dirigido por Sofía Tiscornia.
[33] Reunión de agrupación cannábica.
Notas de campo confeccionadas en el
marco del proyecto de doctorado de la Universidad de Buenos Aires “El ‘Problema
de la Droga’. Moralidades y moralinas en el proceso de transición hacia una
nueva Ley Nacional”, en el mes de abril de 2012, dirigido por Sofía Tiscornia.
[34] San Patricio se celebra anualmente el 17 de marzo para conmemorar el fallecimiento del santo patrono de Irlanda. En Buenos Aires, la festividad posee una multiplicidad de aristas. No obstante, en su cara más publicitada, la fiesta se ha visto reducida a un simple pretexto para el festejo y asociada al descontrol y consumo excesivo de alcohol. Palleiro, María Inés, “La fiesta de San Patricio en Buenos Aires: una expresión de lenguajes múltiples”, en Actas de las Terceras Jornadas: Diálogos entre literatura, estética y teología, Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 2006. De ahí, el paralelo que los usuarios trazan entre este festejo y la masiva MMM.
[35] Ver, entre otras, las siguientes notas periodísticas en medios gráficos, “Oíd, mortales. Marcha Mundial de la Marihuana”, en THC, Nro. 27, Buenos Aires, 2010, pp. 38-43; y Barreiro, Ramiro, “Faso a Faso”, en Haze, Nro. 15, Buenos Aires, 2012, pp. 46-55.
[36] Entrevista a activista cannábico. Realizada en el marco del proyecto de doctorado de la Universidad de Buenos Aires “El ‘Problema de la Droga’. Moralidades y moralinas en el proceso de transición hacia una nueva Ley Nacional”, en el mes de octubre de 2010, dirigido por Sofía Tiscornia.
[37] El concepto de aguante se encuentra presente en diversas expresiones populares. En el mundo de las hinchadas de futbol, el concepto relaciona prácticas violentas y masculinidad materializándose en un conjunto de saberes y formas de actuar –en donde la dimensión corporal tiene un peso significativo– que hacen al honor individual y colectivo así como confieren sentido de comunidad a los hinchas. Dentro del mundo del futbol así como en el mundo del rock y de los familiares, existen otras concepciones que no sólo no establecen la misma marcación de género; sino que además, si bien actúan la resistencia frente a un “otro”, no tienen como expresión dominante la violencia física. Entre otros, Alabarces, Pablo y Garriga Zucal, José, “El ‘aguante’: una identidad corporal y popular”, en Intersecciones en Antropología, Nro. 9, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Olavarría, 2007, pp. 275-289; Pita, María Victoria, 2010, Ob. Cit., pp. 137-184; Semán, Pablo, “Vida, apogeo y tormentos del ‘rock chabón’”, en Versión, Nro.16, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2005, pp. 241-255.
[38] Pita, María Victoria, 2010, Ob. Cit., pp. 137-184.
[39] Éstas y las siguientes citas son fragmentos extraídos de las notas de campo de un allanamiento, 2012.
[40] Como señala Pita, “Si el ideal del hombre honorable se expresa con la palabra hombría puede notarse que es precisamente sobre el ataque y puesta en duda de esa masculinidad, en la que reposa la hombría, que se ataca y se insulta. No tener huevos, matar por atrás, ser un cobarde, alguien que no da la cara y que sólo es valiente con un arma en la mano (esto es, no por sí mismo sino por el valor agregado que le provee un arma), son todas imágenes que remiten a un hombre con su hombría devaluada”. Pita, María Victoria, 2010, Ob. Cit., p. 150. Un tópico que, como advierte la autora, no refiere “tanto a una cuestión de carácter genérico, sino al uso de estos índices genéricos que son aquellos de los que precisamente se inviste el poder policial”. Pita, María Victoria, 2010, Ob. Cit., p. 151.
[41] En varias ocasiones, la presión de los usuarios ha evitado la detención de cultivadores allanados y ha conseguido la liberación de usuarios detenidos e incluso en algunos casos, ante el pedido de la familia o abogados, la liberación inmediata de personas presas en comisaría por semanas.
[42] Pita, María Victoria, 2010, Ob. Cit., p. 253.
[43] Resulta especialmente ilustrativa la tapa número 29 de la THC, donde tres agentes pertenecientes a diferentes fuerza de seguridad son rodeados por cogollos. En primer plano, un agente de la Policía Federal se muestra asustado; mientras que, a su izquierda un gendarme levanta las manos en señal de alto y un policía de la Policía Metropolitana se muerde las uñas atemorizado. Debajo, se titula “Están rodeados”. Sin embargo, no es la única nota que utiliza el humor como instrumento para cuestionar y desafiar la autoridad de las fuerzas de seguridad. De hecho es un recurso frecuente de la revista.
[44] “Nadie tiene que decidir si la cantidad que tenemos o si los tres porros que tenemos en el bolsillo son para consumo o son para vender. Si querés saber si vendo, ¡investigame! Fácil, ¡trabajen! ¡La policía tiene que trabajar! ¡La policía tiene que trabajar y ganarse el sueldo laburando! ¡No coimeándonos a nosotros! Por eso mismo, si cae un cultiveta así como estuvo la gente que me apoyó a mí, si es un cultiveta si es un consumidor, revienten la comisaría. Todos a la puerta. ¡Basta! ¡Basta de culpar a gente inocente!”. Discurso MMM, 2012.
[45] Entrevista a activista cannábico. Realizada en el marco del proyecto de doctorado de la Universidad de Buenos Aires “El ‘Problema de la Droga’. Moralidades y moralinas en el proceso de transición hacia una nueva Ley Nacional”, en el mes de agosto de 2012, dirigido por Sofía Tiscornia.
[46]Tales como “El Diario” conducido por Eduardo Feinmann (C5N), “Bajada de Línea” por Víctor Hugo Morales (Canal 9), “Duro de Domar” por Daniel Tognetti (Canal 9) y “Mauro 360” por Mauro Viale (A24). Además, varias agrupaciones cuentan hoy en día con sus propias columnas o programas de radio.
[47] Entrevista a referente de red de usuarios y a abogada especializada en la temática. Realizada en el marco
del proyecto de doctorado de la Universidad de Buenos Aires “El ‘Problema de la
Droga’. Moralidades y moralinas en el proceso de transición hacia una nueva Ley
Nacional”, en el mes de diciembre de 2012, dirigido por Sofía Tiscornia.
[48] Basta remitir al lector a los programas de “El Diario” emitidos por C5N los días 30/08 y 11/09 del 2013, 05/05, 19/09 y 04/12/2014, así como a los programas “Mauro 360” y “Mediodía, más que noticias”, emitidos por A24 el 04/07/2014.
[49] Se trata de la jornada organizada en octubre de 2008 por el Comité Científico Asesor en Materia de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja.
[50] Esto, como se sabe, no fue así ya que, año y medio después, la
Intercambios invitó a Laura a participar de una de las mesas de debate en la VIII
Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas (2010). Sin embargo, aquí no
interesa tanto señalar lo que efectivamente sucedió; sino, más bien, cómo esta
sucesión de eventos fue interpretada por los usuarios.
[51] Entrevista activista cannábico. Realizada en el marco del proyecto de doctorado de la Universidad de
Buenos Aires “El ‘Problema de la Droga’. Moralidades y moralinas en el proceso
de transición hacia una nueva Ley Nacional”, en el mes de junio de 2011,
dirigido por Sofía Tiscornia.
[52] Se trata de Andy Chango, un compositor y cantante que hace frecuente alusión al consumo de sustancias en sus letras y en sus apariciones mediáticas.
[53] Me refiero, entre otros eventos, a las I Jornadas Universitarias sobre Políticas de Drogas y Cannabis (2013) organizadas por la agrupación CECCa junto a la Universidad Nacional de Quilmes, las I Jornadas Itinerantes Canamed (2014) organizadas por varias agrupaciones cannábicas y redes de usuarios medicinales y al foro de debate Nuevos paradigmas en seguridad, salud y regulación del cannabis (2014) organizado por agrupaciones cannábicas de la ciudad de Rosario.
[54] Nombre que reciben las variedades industriales (no-psicoactivas) del cannabis.
[55]Da Matta, Roberto, 1980, Ob. Cit., pp. 45-52.
[56] Da Matta, Roberto, 1980, Ob. Cit., pp. 15-42.
[57] Se trata del concepto de persona que utiliza Mauss para describir a quienes participan de las relaciones de intercambio. Mauss, Marcel, Sociología y antropología, Tecnos, Madrid, 1979, pp. 160.
[58]Mauss, Marcel, 1979, Ob. Cit., pp. 204-205.
[59] Mauss, Marcel, 1979, Ob. Cit., p. 319.
[60] Entrevistas a activistas
cannábicos. Realizadas en el marco
del proyecto de doctorado de la Universidad de Buenos Aires “El ‘Problema de la
Droga’. Moralidades y moralinas en el proceso de transición hacia una nueva Ley
Nacional”, entre junio de 2011 y noviembre de 2012, dirigido por Sofía
Tiscornia.
[61] Entrevista a miembros de una agrupación cannábica. Realizada en el marco del proyecto de doctorado de la Universidad de Buenos Aires “El ‘Problema de la Droga’. Moralidades y moralinas en el proceso de transición hacia una nueva Ley Nacional”, en el mes de noviembre de 2012, dirigido por Sofía Tiscornia.
[62] Entrevistas a activistas cannábicos. Realizadas en el marco del proyecto de doctorado de la Universidad de
Buenos Aires “El ‘Problema de la Droga’. Moralidades y moralinas en el proceso
de transición hacia una nueva Ley Nacional”, entre noviembre de 2012 y
diciembre de 2013, dirigido por Sofía Tiscornia.
[63] Como ya advertimos, esto no significa que las agrupaciones del grupo L sean contrarias a la reducción de daños o que el grupo D no considere importante la visibilización de los usuarios. Pero lo interesante aquí es cómo cada grupo entiende y explica su praxis política.
[64] Así, quienes defienden la legalización “saben” que “lo más probable que suceda es que despenalicen, que está bárbaro que
suceda”. Entrevista a activista cannábico. Realizada en el marco del proyecto de doctorado
de la Universidad de Buenos Aires “El ‘Problema de la Droga’. Moralidades y
moralinas en el proceso de transición hacia una nueva Ley Nacional”, en el mes
de diciembre de 2013, dirigido por Sofía Tiscornia.
Mientras que, quienes defienden la despenalización, desde las modificaciones
que tuvieron lugar en el país vecino, comienzan a imaginar que ambos cambios
pueden “venir de la mano”. Conversación informal
con activista
cannábico. Realizada en el marco del
proyecto de doctorado de la Universidad de Buenos Aires “El ‘Problema de la
Droga’. Moralidades y moralinas en el proceso de transición hacia una nueva Ley
Nacional”, en el mes de noviembre de 2013, dirigido por Sofía Tiscornia.
[65] El concepto “movimiento cannábico”, tal como es utilizado por los usuarios, designa un espacio de contornos algo vagos e imprecisos, conformado, mayormente, por asociaciones de usuarios y cultivadores de cannabis, equipos de trabajo de revistas especializadas, dueños de growshops y cultivadores no organizados que, de una u otra forma, colaboran a la expansión y normalización de la “cultura cannábica”. Es decir, a todos aquellos que “activan” brindando información, regalando esquejes y semillas, enseñando a cultivar u organizando copas cannábicas. En cambio, el término “activismo cannábico” es usualmente –aunque no siempre– reservado para hacer referencia a quienes se han organizado en agrupaciones para luchar por la modificación de la ley de drogas dando la cara, esto es, en pocas palabras, miembros de agrupaciones cannábicas y equipos de trabajo de revistas especializadas.
[66] Entrevista a activista cannábico. Realizada en el marco del proyecto de doctorado de la Universidad de
Buenos Aires “El ‘Problema de la Droga’. Moralidades y moralinas en el proceso
de transición hacia una nueva Ley Nacional”, en el mes de agosto de 2012,
dirigido por Sofía Tiscornia.
[67] Corbelle, Florencia, 2010, Ob. Cit., pp. 103-133.