Revista Andes, Antropología e Historia
Vol.
34, Nº 1, Enero – Junio 2023
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ISSN Nº 1668-8090
EL
“CONFLICTO MAPUCHE” EN CHILE Y EN ARGENTINA. NOTAS PARA UN ESTUDIO COMPARATIVO
DE LOS CONTEXTOS ACTUALES
“MAPUCHE
CONFLICT” IN CHILE AND ARGENTINA. NOTES FOR A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE
ACTUAL CONTEXT
José Miguel Urzúa
Grupo de Investigación en Ciencias Sociales y Economía
Universidad Academia de Humanismo Cristiano
jose.urzua@uacademia.cl
Hernán Schiaffini
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Sede Esquel
hernanschiaffini@gmail.com
Fecha de ingreso:
01/06/2022 - Fecha de aceptación: 28/01/2023
Resumen
El presente artículo tiene por propósito exponer la
comparación de los conflictos contemporáneos que involucran al pueblo mapuche,
al estado nacional y privados, a ambos lados de la cordillera de los Andes.
Mediante una revisión bibliográfica secundaria y la utilización del método
comparativo, proponemos que, en dichas confrontaciones, se despliegan
vinculaciones históricas entre las poblaciones originarias y las distintas
formas socioeconómicas en que se construyeron y construyen los Estados
nacionales. Comparamos la demografía en ambos casos y reseñamos algunas de las
principales confrontaciones actuales. Ligado a ello, analizamos la emisión y
recepción de interpelaciones que forman parte de distintas
disputas en torno de los sentidos de lo nacional y sus emblemas.
Finalmente, presentamos un balance de las comparaciones realizadas y proponemos
una posible lectura en torno del lugar de las “problemáticas mapuche” dentro de
las confrontaciones generales de las sociedades.
Palabras Clave: pueblo Mapuche, Estado nacional, confrontación, interpelación,
ideología
Abstract
The purpose of this article is to expose the
comparison of contemporary conflicts involving Mapuche people, the national
state, and private companies, on both sides of the Andes Mountain range. Through
a secondary bibliographical review and the use of the comparative method, we
propose that, in these confrontations, historical links between the original
populations and the different socioeconomic forms, in which the national States
were built and are built, are displayed. We compare demographics in both cases
and review some of the main current confrontations. Linked to this, we analyze
the issuance and reception of interpellations that are part of different
disputes around the meanings of what is considered as ‘national’ and its
emblems. Finally, we present a balance of the comparisons made, and we propose
a possible reading of the place of the "Mapuche problems" within the
general confrontations of societies.
Keywords: Mapuche
people, national state, confrontation, interpellation, ideology
Introducción
La imagen del monumento a
Manuel Baquedano, en Santiago de Chile, envuelta en humo rojo y rodeada de la
bandera nacional y la wenufoye[1] se convirtió en uno de los
emblemas del “estallido” que atravesó y atraviesa la sociedad chilena desde
2019. Como en otros ámbitos, la impugnación de ciertos símbolos canónicos (la
bandera nacional, determinados héroes históricos, determinadas instituciones
estatales) por parte de las multitudes se acompañó de la exposición de otros
emblemas, recuperados del repertorio social de la memoria colectiva: la wenufoye, el kultrun[2].
Figura 1. La mencionada y conocida
imagen del monumento a Baquedano tomado por los manifestantes.
Fuente:
Interferencia[3]
En la Argentina los
conflictos vinculados a las recuperaciones territoriales mapuche en la
Patagonia[4] han puesto en escena debates
y tensiones en torno de la propiedad de la tierra y la autonomía política. En
dichos debates se han agitado los fantasmas del secesionismo y el terrorismo
tanto por parte de autoridades nacionales como de sectores propietarios
directamente afectados por las recuperaciones. En tales casos, estos
sectores han apelado al manejo de ciertos símbolos nacionales (la bandera
argentina, las fuerzas de seguridad, ciertos recortes selectivos del texto
constitucional, el reclamo en nombre de seguridad
y la propiedad) como emblema de sus
reclamos.
Figura 2. Movilización de vecinos
en contra de las “usurpaciones mapuche” en Villa Mascardi, a pocos kilómetros
de Bariloche.
Fuente: Diario
Clarín[5]
Entre las múltiples
confrontaciones que conforman y configuran a las formaciones nacionales en
América Latina, las disputas que involucran a los pueblos originarios han
adquirido -al menos desde la década de 1990- una visibilidad antes impensada.
Son procesos de distinta escala y alcances, en entramados sociales muy
diferentes y con historias específicas. Sin embargo, nos llama a preguntarnos
en torno de la articulación de los reclamos indígenas en el marco de las
sociedades nacionales en que están insertos. Y a los vínculos que se establecen
entre la figura de la nación y las
múltiples interpelaciones que recibe y emite[6].
El caso que aquí nos ocupa,
el del pueblo mapuche y las formaciones nacionales de Chile y Argentina,
expresa estos procesos con características específicas respecto del resto de
los países de Latinoamérica, así como con diferencias entre sí. Los mapuche
constituyen una población que comparte una historia común, pero ha sido
atravesada por la conformación simultánea de dos Estados nacionales que
demarcaron fronteras dentro de un territorio antes concebido con una cierta
unidad.
¿Cuál es el lugar de los
reclamos y demandas mapuche en el marco de las conflictividades que atraviesan
las formaciones económico-sociales argentina y chilena? ¿De qué maneras se
articulan estas demandas a los bloques de poder existentes y qué respuestas y
reacciones generan? ¿Qué formaciones discursivas intervienen en dichas disputas
y cómo se vinculan al proceso de construcción de hegemonía en el marco de los
Estados nacionales?
Intentando retomar algunas
de las vocaciones clásicas de la Antropología, con las que acordamos tanto
axiológica como metodológicamente, nos propondremos un análisis comparativo de
los procesos actuales en Chile y Argentina. En dicho esfuerzo reconstruiremos
brevemente la historia de los Estados y las poblaciones mapuche desde el siglo
XIX y analizaremos las confrontaciones actuales que atraviesan estas
formaciones sociales.
Debido a la magnitud de los objetivos propuestos, se utilizó dentro de este
estudio información histórica, censal y de la hemeroteca de cada país para
abordar comparativamente la tensión étnico-nacional dentro de cada estado. Este
trabajo deja la puerta abierta para futuras investigaciones que complementen y
enriquezcan los planteos que acá se realizan.
Elementos teóricos
Nos referimos a formaciones sociales y económicas en
tanto entramados concretos de relaciones de producción, estructuras ideológicas
y prácticas vinculadas a la reproducción de sociedades situadas histórica y
geográficamente, incluyendo entonces sus peculiaridades nacionales. Las
formaciones económico-sociales de Chile y Argentina comparten algunos aspectos
y se diferencian en otros. Aquí nos interesa especialmente hacer énfasis en las
características de la construcción de “lo nacional” en ambos casos, donde la
dinámica de reconocimiento y diferenciación articula frente a “lo indígena” interpelaciones que expresan distintos tipos de
relaciones de fuerzas.
Las formaciones económico-sociales de
Chile y Argentina generan diferentes tipos de conflicto, uno de ellos, el
conflicto territorial. Este conflicto deviene del conflicto social en
concordancia que enfrenta grupos de status y clases sociales que pujan por el
control de la relación sociedad-naturaleza, la reproducción y producción de las
condiciones generales materiales, simbólicas y organizativas de las
agrupaciones humanas[7].
Cabe destacar que en el pensamiento
marxista histórico y contemporáneo, las definiciones de modo de producción y
formaciones sociales y económicas, han estado fuertemente debatidas en cuanto a
su caracterización (abstracto/concreto y estático/dinámico), articulación y
usos políticos en torno a las llamadas transiciones de un
modo de producción a otro durante períodos álgidos de lucha de clases[8]. En este artículo, se
entenderá que el modo de producción capitalista no existe de manera pura, sobre
todo en América Latina, periferia y semi periferia del capitalismo mundialmente
organizado. Gluj al respecto sostiene:
Marx claramente identifica en el caso del modo de producción
capitalista la importancia de los procesos de subordinación de otras relaciones
de explotación a la lógica del capital como elemento central de la fase de
génesis. Esto se pierde de vista en las lecturas que le quitan su contenido histórico
a las estructuras que analizan. A su vez, ese tipo de análisis imposibilita ver
la complejidad de la totalidad, la coexistencia de formas de explotación
subordinadas a una lógica de reproducción en una totalidad determinada[9].
Nos referiremos a las interpelaciones en el marco dado por
Althusser[10] en su análisis de los aparatos ideológicos del Estado: como un
tipo de discurso que, siendo parte de la dinámica conocimiento/reconocimiento,
tiene la capacidad de constituir sujetos.
La emisión y recepción de interpelaciones pone en juego representaciones, es
decir, formas imaginarias a través de las cuales los sujetos se re-presentan
sus relaciones con el mundo. Y estas representaciones confrontan entre sí, al
igual que los grupos sociales que las soportan y que son constituidos por
ellas.
Estas interpelaciones, que
están constituidas por diferentes tipos de significantes,
tienen historia propia[11]
y pueden cristalizar en emblemas y símbolos, en rituales y prácticas diversas.
Como veremos en las páginas que siguen, las interpelaciones en conflicto en la
actualidad tienen una densa historia, que se asocia a la constitución misma del
Estado moderno, liberal, burgués y capitalista en Argentina y Chile a fines del
siglo XIX.
El significante central en
estas disputas es, en nuestra opinión, el de la Nación (y ligado a éste, el de ciudadanía).
La Nación constituye un conjunto de
interpelaciones que emanan (principal, aunque no únicamente) desde el Estado y
configuran el campo general de las representaciones y sus tensiones. Para
precisar nuestras hipótesis, lo que sostendremos es que, en la actualidad, los
pueblos originarios -y especialmente el pueblo mapuche, para darle contornos a
nuestro ámbito de referencia- interpela a la Nación con un tipo de reclamo que pone en cuestión algunos de sus
contenidos.
Sin llegar a impugnar a la Nación en su totalidad, los discursos
mapuche proponen un nuevo tipo de vínculo entre sus contenidos internos,
especialmente en aquello que se refiere a las problemáticas de la propiedad, la
autonomía, la representación política y el manejo de recursos o bienes comunes
en disputa.
De tal modo, lo que vamos a
plantear es que estos significantes y sus sentidos se ponen en juego en las
confrontaciones. Sin que ello lleve necesariamente a transformaciones concretas
en las prácticas y las estructuras sociales (pues la construcción de lo social
requiere de la articulación de otros ámbitos, además de las interpelaciones de
protesta), aparece como una dimensión relevante en el conflicto y su análisis
antropológico.
La metodología comparativa
La metodología comparativa se enlaza directamente con
la propuesta de Wolf[12]
y Osorio[13] en
relación a estimar el impacto local del capitalismo global en los territorios,
alcanzado así semejanzas y diferencias entre los diferentes casos. Argentina y
Chile, debido a su cercanía geográfica, composición étnica, vinculación
histórica e intercambio político, económico, político y cultural de larga data,
permite ejecutar una metodología de estas características.
En nuestro ejercicio comparativo, observamos
diferencias en los aspectos mencionados, sin embargo, en ambos casos es
evidente el papel similar desempeñado en cada caso respecto de proveedores de
materias primas para el mercado global dominado por Inglaterra, una vez
alcanzada la independencia de cada país del imperio español en los albores del siglo
XIX.
El impacto en las actividades extractivas
primario-exportadoras (minería, energética, agroindustria y piscicultura)
propiciadas por las inversiones e intervenciones extranjeras en los dos casos,
gatilló la emergencia de varios conflictos internos en la medida que se
impactaba las condiciones de la vida local, campesinos indígenas y no
indígenas, subsumiendo a dichas unidades familiares a un proceso dual: venta de
fuerza trabajo combinado con la explotación de sus propios predios. Kay sostiene que las economías domésticas
fueron conminadas a una transformación marcada por el dualismo funcional
[14]
lo cual condujo a una semiproletarización de la fuerza de trabajo y no a una
proletarización completa en los países de la periferia latinoamericana.
Sartori[15]
sostiene que es factible preguntarse sobre cómo, qué y por qué llevar a cabo un
ejercicio comparativo. Se puede ejecutar en cuanto existan elementos
coincididos y no, en virtud de identificar semejanzas y contrastes.
La obtención de los datos fue ejecutada mediante la
pesquisa en diferentes períodos históricos que abarca el proceso de
fortalecimiento de los nacientes estados, la consolidación del modelo
agroexportador hasta el momento actual de auge del neoliberalismo en la
globalización capitalista, utilizando como técnicas, el análisis documental y
estadístico descriptivo para asentar las particularidades de las poblaciones
aludidas.
El razonamiento para efectuar la comparación se
constituyó en cinco elementos:
1. Historia. Esta variable incumbe a la trayectoria histórica
de cada estado-nación.
2. Demografía actual. Esta variable atañe a la composición
étnica de cada país
3. La conflictividad mapuche e interpelación al estado-nación. Esta variable Confrontaciones y disputas económicas
actuales. Esta variable concierne a las
diferentes tensiones producidas por las reformas acaecidas durante las
diferentes dictaduras cívico-militares y gobiernos posteriores.
4. Legislación interna asociada a la temática indígena. Esta variable afecta a la superestructura jurídica que
funciona como marco legal que regula las relaciones de propiedad, los derechos
y restricciones entre los diferentes actores en juego.
5.
Corresponde a los actuales procesos
de impugnación al estado-nación que afectan a la legitimidad simbólica de la
construcción identitaria general, por parte de las diferentes agrupaciones
mapuche en cuanto a la defensa de los territorios de la explotación de recursos
y a las diferentes posiciones en torno a la autonomía y la secesión.
La contingencia de contrastar acaece en la mesura de
identificar unidades que posean analogías y discordancias que sean aptas para
comparar. En ambos casos se presentan diferencias notables, pero también
existen elementos que les hacen converger debido a la participación en un
proceso global propiciado por el capitalismo mundialmente integrado.
Breve
historia mapuche y nacional en Chile y Argentina
El proceso de
desnaturalización de un objeto de investigación tiene como paso primordial su
reconstrucción histórica y su contextualización. En nuestro caso ello remite a
revisar los procesos de constitución de los Estados nacionales en Argentina y
Chile y sus relaciones con los pueblos originarios, vínculo mucho más central y
presente de lo que la propia narrativa nacional relata acerca de su propio
origen.
La configuración del Estado
moderno en la Argentina se produjo en el último tercio del siglo XIX,
acelerándose especialmente a partir de la década de 1870[16].
En dicha configuración
confluyen procesos de diversa índole, algunos de los cuales tienen carácter
endógeno y otros, carácter exógeno. Las disputas internas entre facciones y
proyectos regionales (que durante años se tradujeron en oposiciones como
“unitarios vs. federales” en el marco del llamado “Proceso de Organización Nacional”,
entre 1852 y 1880) fueron finalmente saldadas en favor de la incipiente
burguesía terrateniente del puerto de Buenos Aires. Ello se dio mediante el uso
de la violencia y la fuerza militar, que apuntó a reprimir los liderazgos
locales de los llamados “caudillos” del interior, como Felipe Varela, Ricardo
López Jordán o el “Chacho” Peñaloza. Parte de este proceso incluye la invasión
del Paraguay en el marco de la llamada “Guerra de la Triple Alianza”, junto a
Uruguay y Brasil, y también la persecución de los grupos conocidos como
“montoneros”[17].
Este proceso de
centralización del poder político se acompañó de la modernización de las
agencias estatales, el estímulo a la inmigración europea y el afianzamiento del
territorio que Buenos Aires identificaba como propio, que en principio iba
hasta el sur del Río Negro, en lo que hoy es la actual provincia homónima (como
marcaba la ley 215, de 1867). El final de la Guerra del Paraguay permitió al
bloque hegemónico porteño disponer de un ejército fogueado y pertrechado, que
aplicó primero a la represión de los disensos internos contra los caudillos
para luego encarar, de la mano de Julio Argentino Roca, la anexión del
territorio patagónico primero (en las llamadas “Campañas al Desierto”,
desarrolladas entre 1879 y 1885) y del noreste después (mediante la “Conquista
del Chaco” que se desarrollaron una a continuación de la otra y donde
participaron incluso los mismos oficiales que habían actuado en la Patagonia).
Los pueblos originarios de
la región patagónica, que son los que primordialmente nos interesan aquí,
mantuvieron una situación de relativa autonomía y soberanía hasta el desarrollo
de estas campañas militares[18].
A partir de este momento su posición cambió, convirtiéndose en un grupo social
desarticulado en sus condiciones de reproducción y cuyas estructuras políticas
se vieron subordinadas a la administración nacional.
Una emisión ideológica
clara acompañó y alimentó estos procesos. La dicotomía “civilización o
barbarie”, planteada por Domingo Faustino Sarmiento en su Facundo (1845) incluía en el primero de sus polos a las nociones de
“progreso”, “estabilidad civil”, “educación” y “cultura”. También a las
corrientes iluministas y positivistas europeas, el desarrollo de la propiedad
privada y el comercio (y de allí el fomento de la inmigración del Viejo
Continente). En el otro polo se situaba el “salvajismo”. Entraban allí los gauchos, los “indios”, los caudillos,
las montoneras. La oposición
“civilización o barbarie” se constituyó a partir de entonces como tópico
permanente del debate político nacional.
Es decir, al proceso de
anexión del territorio patagónico y la incorporación forzosa de sus habitantes
originarios a la ciudadanía argentina[19] le acompañó un discurso de
carácter positivista[20]
que no sólo negó la pertenencia de los pueblos originarios al esquema
constitutivo de lo nacional, sino que
los situó en oposición al mismo. “Lo indígena” parece constituirse así, al
menos en la Argentina, como el espejo en que la Nación se mira buscando
diferenciarse. “Lo indígena” es lo que se sitúa fuera del conjunto que permite
construir un “nosotros” nacional.
En tanto, en el territorio del actual Chile, una vez consumada la
independencia de la monarquía de España, la Araucanía había tenido una
autonomía efectiva respecto de la organización del naciente Estado[21]. Así fue acordado en
diferentes parlamentos, como el Parlamento de Negrete, firmado en 1803 (que
reconocía el dominio mapuche entre los ríos Biobío y Toltén)[22] y el Parlamento de Tapihue
de 1825[23]. Sin embargo, desde mediados
del siglo XIX existía la intención de asimilar la región, por ejemplo, a través
de creación de la Provincia de Arauco.
El mundo mapuche, repitiendo una dinámica que funcionaba de igual
modo al este de los Andes, nunca logró consolidar la fortificación de una
estructura unitaria que pudiese aglutinar orgánicamente todas las parcialidades
geográficas y políticas. Solamente en períodos de amenaza externa pudieron
llevar a cabo alianzas en provecho de rechazar la imposición foránea[24]. En el siglo XIX, se produjo
una relación simbiótica entre los clanes mapuche y el Estado chileno
produciéndose un intercambio fronterizo basado en alianzas y reyertas[25]. Cada una de dichas
parcialidades tenía una relación distinta con el gobierno chileno.
En
paralelo, hacia 1845 se promulgó la ley de colonización, que cimentó el arribo
de colonos, los cuales fueron “inoculados” en virtud de “implantar” la
civilización, orientada a ilustrar a un conjunto de “salvajes atrasados”,
llevando el “progreso y la utopía agraria” a una tierra mal explotada e
ineficiente, de acuerdo con la versión oficial de las autoridades e
intelectuales chilenos de la época[26].
Todas
las normativas promulgadas apuntaban a la producción del territorio indígena
como fiscal: “En la práctica se establecía la propiedad fiscal sobre el
territorio, ya que los mapuches no tenían títulos sobre sus tierras”[27].
Para esa época el presidente Manuel Montt Torres (1851-1861),
nombró al teniente coronel Cornelio Saavedra comandante General de las Fuerzas
de Arauco. Saavedra diseñó un plan de ocupación hasta el río Malleco. Este
proceso intentó por la fuerza someter a los mapuche con el fin de consolidar su
jurisdicción, obtener nuevos mercados y mano de obra y sobre todo, posibilitar
la delimitación de sus fronteras[28].
Sin embargo, su concreción llegaría recién en la década de 1880.
Terminada la ocupación
militar de las tierras indígenas, se puso en marcha la llamada “radicación”, mediante la cual se
establecía una comisión que delimitó los territorios recientemente integrados a
la jurisdicción estatal, asignando “Títulos de Merced” a quienes habitaban esos
territorios con precedencia.
Este
proceso, acaecido entre 1884 y 1930 generó, según Bengoa[29] la entrega de 3.078 títulos
de merced de tierras, en un espacio de 475.423 hectáreas para 77.751 personas,
siendo el 5% de todas las tierras que poseían previamente. Según el censo de
población de 1907, la población total de “indios araucanos” ascendía a 101.118,
49.719 hombres y 51.399 mujeres[30].
Para Melin, Mansilla y Royo: “El resultado de la radicación de tierra implicó
el destierro, la trashumancia y la miseria de una parte significativa del
pueblo mapuche”[31].
A raíz de los hechos
narrados anteriormente, se vivió un proceso por el cual, la población habitante
del territorio fue confinada a un espacio enormemente menor al cual habitaban
antes de la campaña militar desplegada por el ejército chileno:
El pueblo Mapuche fue obligado a vivir en reducciones, en tierras
de inferior calidad agrícola y ganadera. La constitución de estas reducciones,
o proceso de radicación, se lleva a cabo entre 1884 y 1930. De acuerdo a los
datos oficiales de 9 millones y medio de hectáreas-comprendidas entre Biobío y
Llankiwe- sólo el 5,5% (una veinteava parte) quedó como propiedad indígena[32].
Sintetizando, a ambos lados
de los Andes, las poblaciones originarias intentaron y lograron durante largos años
sostener una posición de autonomía política frente a los Estados
independentistas criollos. Del mismo modo las parcialidades indígenas actuaron
autónomamente incluso respecto de los demás segmentos de su propia sociedad,
dando lugar a distintas estrategias y formas de vinculación con los Estados
nacionales. En ningún caso dieron lugar a jefaturas centralizadas que pudieran
oponerse a los criollos como un frente unificado.
Estas relaciones se
trastocaron hacia la década de 1880, sin dejar de tener en cuenta la
importancia de los procesos de acumulación política, bélica y económica
acontecidos en las décadas anteriores. Con la consolidación de la modernización
de los Estados burgueses, la concentración de la organización política y
ejércitos fogueados tras guerras que habían terminado de establecer los límites
de las repúblicas, Argentina y Chile encararon el dominio de los territorios
australes en operaciones coordinadas: las “Campañas al Desierto” en Argentina y
la “Pacificación de la Araucanía” en Chile[33]. Acompañaba estos procesos
un estímulo a la inmigración europea y una estigmatización de la originaria en
términos de “salvajismo” y “atraso”.
Luego de la subordinación
de las poblaciones originarias, tuvieron lugar políticas de reasentamiento en
los territorios ahora incorporados al fisco. Tales políticas fueron mucho más
sistemáticas en Chile que en Argentina, dando lugar allí a un sistema de
“reducciones” que, si bien forzó el sedentarismo y achicó enormemente el
espacio territorial indígena, permitió el sostenimiento relativamente autónomo
de determinadas dimensiones sociales, como la lengua (el mapuzungun) y
la esfera ritual. En Argentina, en cambio, una población mucho menos numerosa,
en territorios mucho más vastos (aunque de menor productividad ecológica) se
vio enfrentada a la situación de subordinación en términos muy diferentes.
Actualidad
de lo mapuche en Chile y Argentina
El peso relativo de la
población mapuche sobre el total de población es muy distinto en Argentina y en
Chile. En el primer caso, en un país de más de cuarenta millones de habitantes,
la población que se autoadscribió mapuche en el marco del Censo 2010 ascendió a
las 200.000 personas[34].
Ese número se reparte entre varias provincias, pero en las patagónicas Río
Negro y Chubut se concentra el mayor número de pobladores mapuche. Con más de
40.000 habitantes adscritos como mapuche, Chubut se conforma no sólo en la
provincia con mayor población de dicho grupo étnico, sino también en la
provincia con mayor proporción relativa de población originaria del país, con
el 8,5% del total.
Argentina es también un
país con una altísima tasa de población urbana, superior al 90%. Los mapuche no
son una excepción a esta tendencia y tanto en Chubut como en el resto de las
provincias, la mayor parte de la población mapuche habita en grandes centros
urbanos, con tasas cercanas al 80% de urbanidad. Es decir, la proporción de
pobladores mapuche es algo más alta en el mundo rural que la del conjunto de la
población, sin dejar de estar marcada fuertemente por experiencias urbanas
desde hace varias décadas.
Efectivamente, y sobre todo
a partir de la década de 1960, el desarrollo de grandes proyectos de
infraestructura estatal (entre ellos la construcción de represas y el
desarrollo de explotaciones gasíferas y carboníferas) estimuló un perfil
demográfico de enclave en las
provincias patagónicas. Sumado a la presencia de latifundios de cientos de
miles de hectáreas, los enclaves urbanos permitieron configurar la
contraposición entre grandes espacios vacíos de población en el mundo rural
frente a ciudades superpobladas, con deficiente planificación y grandes
suburbios pauperizados[35].
Sin embargo, es necesario
aclarar que la población mapuche urbana no necesariamente corta sus vínculos
con el campo. Complejos entramados familiares, vecinales y comerciales
sustentan relaciones rural-urbanas caracterizadas por el dinamismo y
estrategias de sostenimiento de predios muchas veces deficientes en términos
monetarios.
Esta historia demográfica y
territorial, que aquí no podemos desarrollar por cuestiones de espacio, está
fuertemente atravesada por la historia social y económica de la Patagonia
argentina en todo el siglo XX. Lo que quisiéramos destacar es que al menos
desde la década de 1960 (que es también el período de inicio de una crisis
crónica de la ganadería lanar en toda la zona) la población mapuche de la
Patagonia argentina pasó a atravesar marcadamente experiencias urbanas. Ello
redundaría incluso en la constitución de las primeras organizaciones
etno-políticas de la región, articuladas con partidos políticos, experiencias
sindicales y, posteriormente, con instituciones eclesiásticas[36].
Por su parte en Chile, según el Censo poblacional chileno de 2017,
la población ascendía a 17.574.003. A partir de la pregunta ¿se considera
perteneciente a algún pueblo indígena u originario? y las alternativas para
escoger: Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lican Antai, Quechua, Colla, Diaguita,
Kawésqar, Yagán o Yámana y Otro (especifique), 2.185.729 personas declararon
pertenecer a los pueblos indígenas mencionados, 12,8% de la población total.
Desagregado por sexo, hombres: 1.078.111 (49,32%) y mujeres: 1.107.681 (50,68%)[37].
Entre los pueblos mayoritarios, 1.745.147
expresó corresponder al pueblo mapuche, representando un 79,8% de la población
indígena total, 156.754 (7,2%), Aymara y 88.474 (4,1%), Diaguita. Cabe destacar
que la población mapuche, representa 9,9% de la población total del país.
Con estos datos se puede establecer que la
mayor agrupación porcentual de pueblos indígenas, se encuentra en la Región de
Arica y Parinacota (35,7%); en la IX Región de La Araucanía (34,3%); y en la
Región de Aysén (28,7%), siendo la media a nivel nacional de 12,8%. En regiones
históricas de la presencia mapuche, las cifras alcanzan 25,6% en la región de
Los Ríos y 28,2% en la región de Los Lagos. Siete regiones poseen porcentaje
bajo la media nacional, dentro de ellas, la Región Metropolitana, 10,1%.
Al igual que en la
Argentina, esta configuración poblacional responde a procesos históricos
específicos. La adaptabilidad mapuche a las nuevas condiciones impuestas por la
autoridad estatal, implicó que tuviesen que guarnecerse dentro de las
reducciones, lo cual les permitió preservar tradiciones, usos y costumbres,
como lo evidenciaron trabajos clásicos de la antropología[38].
Como es evidente, la
población mapuche es mucho más significativa en Chile que en Argentina, tanto
en número absolutos como relativos. A estos mayores guarismos se corresponden
también densidades poblacionales muy diferentes: mientras en la Argentina una
población relativamente escasa (aunque importante en términos proporcionales)
se encuentra o distribuida en amplias zonas rurales, o bien incorporada a los
cinturones urbanos de grandes ciudades, en Chile las zonas rurales y campesinas
de las regiones de la Araucanía, los Ríos o los Lagos guardan aún importantes
poblaciones mapuche.
Los procesos de migración
rural-urbana se encuentran presentes en ambos países y podríamos afirmar una
primacía de la población indígena urbana por sobre la rural. Como se verá, ello
impactará en las formas de organización y protesta actuales.
Las transformaciones estructurales por medio de la violencia
en Chile y Argentina
Las últimas décadas en la formación nacional argentina expresan,
por un lado, las consecuencias del orden estructural impuestas por el período
dictatorial (1976-1983); y por el otro las pujas, disputas y tensiones en torno
de distintos modelos de gobierno en el marco de una economía caracterizada por
la fuga de divisas, la inestabilidad financiera, el déficit y la crisis[39].
En el primer aspecto, la imposición de un régimen neoliberal a
mediados de la década de 1970 implicó una reestructuración de tal rango en la
economía y la sociedad argentina, que requirió el desarrollo de un régimen
totalitario, antidemocrático y violento que fue personificado por una alianza
cívico-militar-eclesiástica durante la dictadura. Junto al ejercicio de la
violencia armada y mediante la desaparición forzada de cuadros militantes de
los ámbitos político, sindical y estudiantil, esta alianza logró tanto doblegar
a otras opciones políticas (que se expresaban incluso en organizaciones armadas
y guerrillas urbanas y rurales) como disciplinar al conjunto social, para hacer
posibles las reformas que iniciaron y que se extendieron en los siguientes
años, incluso una vez terminado el gobierno de facto.
Porque el proyecto iniciado en 1976 se continuó durante el período
democrático, especialmente durante los gobiernos de Carlos Menem (donde se
privatizaron las mayores empresas públicas de infraestructura y servicios, así
como se depreció el valor del salario y aumentó sustancialmente el desempleo) y
posteriormente durante el de Fernando de la Rúa, que culminó sin llegar a
término debido al estallido de la crisis de 2001, que condensó en buena medida
las tensiones acumuladas durante los noventa.
A partir de entonces los gobiernos kirchneristas iniciaron
procesos de recuperación económica anclados en una gruesa devaluación producida
por la salida de la convertibilidad cambiaria[40] que había caracterizado la
segunda mitad del menemismo y el delarruismo. El kirchnerismo puso énfasis en
la redistribución de excedentes y el desarrollo de obra pública, generando
fuertes políticas de inclusión y crecimiento del empleo. Se estimularon
políticas proteccionistas y de consumo interno y durante varios años se
generaron tasas de crecimiento superiores al 8% del PBI, contrastando con los
años de recesión atravesados durante los noventa.
Se expresaron, sin embargo, límites para salirse de los regímenes
económico-legales establecidos por la dictadura y los gobiernos neoliberales
posteriores. La Ley de entidades financieras, herencia dictatorial, continúa
vigente permitiendo la fuga de la inversión hacia destinos extranjeros. Sólo
algunas de las empresas públicas privatizadas se recuperaron y no siempre en
las mejores condiciones[41].
En algunas interpretaciones se caracteriza a la economía argentina
con la analogía de un péndulo[42].
En un extremo se encuentra el proteccionismo y el estímulo a la industria
nacional. En el otro el neoliberalismo. Los gobiernos, dice esta imagen,
acompañan e impulsan la dinámica pendular.
En otras interpretaciones más cercanas al marxismo[43] se caracteriza al movimiento
de la economía argentina, en contraste al péndulo, con una espiral descendente:
los ciclos de endeudamiento y crisis no hacen que el conjunto social vuelva al
punto de partida inicial, sino que cada ciclo se reinicia en una situación de
mayor polarización, concentración y pauperización que el anterior. Lo cierto es
que, a partir de la crisis de 2001, la formación social y económica argentina
se mantiene con una alta desocupación y una capa de trabajadores “informales”
superior al 30% de la población económicamente activa.
La recuperación exportadora que caracterizó este período, basada
en oleaginosas, no alcanzó a la Patagonia por cuanto la soja no puede crecer en
esas latitudes. La especialización productiva de las provincias del sur se
enfocó en el petróleo y la hidroelectricidad y en menor grado al turismo
receptivo y los servicios. La ganadería ovina y caprina, principal actividad de
los mapuche asentados en áreas rurales, atraviesa una crisis y un estancamiento
generalizado desde la década de 1960, sosteniéndose como una actividad
marginal, que no llega por lo general a producir los ingresos necesarios para
la subsistencia. En tanto, en las ciudades, grandes porciones de población
mapuche habitan en cinturones periurbanos en condiciones de pobreza y
marginalización.
En el caso chileno, ciertas
sincronías con los períodos dictatoriales argentinos explican algunas
similitudes, mientras que otras diferencias contrastan. En la década de 1960,
en el contexto internacional, el país empezó a percibir las tensiones propias
de la Guerra Fría y la Revolución Cubana, dinámicas que tendrían expresiones
internas y que provocaron hechos relevantes en la historia entre el Estado y
los mapuche. Uno de esos impactos sustantivos fue la reforma agraria.
Agrupaciones campesinas inconformes realizaron masivas tomas de terreno.
Chonchol relata que:
las huelgas rurales habían pasado de 142 en 1965 a 1.580 en 1970 y
las tomas u ocupaciones de predios de 13 en 1965 a 456 en 1970. Dentro de estas
había una fuerte presión indígena mapuche concentrada en las regiones de
Malleco y Cautín donde actuaba, entre otras organizaciones, el Movimiento
Campesino Revolucionario (MCR) impulsado por el MIR[44].
En 1969, fruto de la alianza
programática entre el Partido Comunista y Partido Socialista, junto a otras
agrupaciones izquierdistas, se origina la Unidad Popular (UP), bajo el
liderazgo de Salvador Allende, investido presidente en 1970. La propuesta de
esta coalición sostuvo el advenimiento de una sociedad socialista mediante
mecanismos legales, proponiendo así una “vía chilena al socialismo”.
Una de las 40 medidas
principales propuesta por la UP, fue la 24 referida a la Reforma Agraria:
Profundizaremos la Reforma Agraria, que beneficiará también a
medianos y pequeños agricultores, minifundistas, medieros, empleados y
afuerinos. Extenderemos el crédito agrario, Aseguraremos mercado para la
totalidad de los productos agropecuarios.
En el Gobierno de la UP,
las tierras reintegradas a las comunidades mapuche fueron 197.761,88 hectáreas.
Según Correa, Molina y Yáñez, los mapuche
intervinieron dinámicamente de estos procesos[45].
Debido a la convulsa
situación interna y a conspiraciones específicas desde el exterior, Allende fue
derrocado por un golpe militar en 1973. Pero las transformaciones profundas
realizadas por la UP en cuanto al mundo rural trajeron aparejados cambios de la
gran, mediana y pequeña propiedad, propiciando sistemas y propiedades
comunitarios y familiares agrosilvopastoriles que se vieron fortalecidos por la
Reforma agraria.[46]
El Golpe de estado
de 1973 significó la
persecución y exterminio de los y las militantes y simpatizantes del proyecto
político de la UP, mediante secuestros, torturas, desapariciones,
hostigamientos, exilios y muertes, ejecutadas por los aparatos represivos de la
dictadura militar[47].
Las agrupaciones mapuches
fueron, también, duramente reprimidas por su participación en el Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), los Centros
de la Reforma Agraria
(CERA) y otras agrupaciones de izquierda. Según Cayuqueo[48], 80 mapuche fueron detenidos
desaparecidos y 41, ejecutados políticos.
La dictadura militar impuso
una política económica monetarista (conocida como neoliberal), que
desindustrializó al país en beneficio de la exportación de materias primas.
Este modelo transformó al Estado desde protagonista del desarrollo hacia
subsidiario e impulsor de la iniciativa privada, en los ámbitos relacionados
con la extracción de materias primas: agrícolas, energéticos, forestales,
mineros y pesqueros, lo cual conllevó la adquisición ventajosa de empresas
públicas para cercanos de la dictadura, familiares y colaboradores.
Estas medidas, a su vez
buscaron desmantelar aspectos legales que promovieran el colectivismo. Por
ende, la propiedad comunitaria indígena fue directamente atacada mediante su
división y posterior formalización como propiedad individual. El decreto de ley de 2568 de 1979 modificó
la ley 17.729, el cual comprendía la propiedad individual de las
tierras indígenas:
En 1979,
mediante el Decreto Ley N° 2.568 se suprimió el IDI y en su lugar se creó el
Departamento de Asuntos Indígenas que se hizo depender del Instituto de
Desarrollo Agropecuario. El cambio fundamental introducido fue la habilitación
para dividir las reservas y reiniciar el proceso de liquidación de las
comunidades. Las graves implicaciones de la nueva legislación fueron
denunciadas por la prensa internacional, ya que bastaba con que un
“ocupante” pidiese la división de la tierra para iniciar el proceso, en
tanto no existía mecanismo legal alguno para frenar[49].
Esta llamada “contrarreforma agraria”
desposeyó nuevamente a las comunidades indígenas, mercantilizando las tierras. Sin
embargo, salvo en la actividad silvícola industrial, no se retornó al
latifundio[50].
El proceso de politización
atravesado por la población mapuche en Chile a partir de la década de 1960 es
más temprano y más radical que el acontecido en la Argentina, donde las
organizaciones etno-políticas aparecen con una posición mucho más
institucionalista[51].
Al mismo tiempo, las reformas alcanzadas en el período de la UP (en torno de la
estructura agraria y las transformaciones que se encararon) superaron por mucho
las alcanzadas en la Argentina.
Es decir, mientras en la Argentina la
zona rural patagónica se caracterizó por la presencia ya centenaria de grandes
latifundios; en cambio, los procesos atravesados por Chile, primero por la
política de “reducciones” y luego por las experiencias de reforma agraria,
configuraron una estructura rural diferente.
Los efectos de los
proyectos agrarios de la UP lograron una efectiva reducción de los latifundios
y grandes fundos. Sin embargo, las transformaciones llevadas adelante en el
período neoliberal -fundamentado en el gobierno totalitario y represivo de la
dictadura pinochetista- sentaron las bases para ejes de conflicto que en la
actualidad se desarrollan entre la iniciativa privado-estatal y las poblaciones
mapuche: agrícola, forestal, minero, energético y pesquero.
Las nuevas legalidades nacionales en el fin del siglo XX
En el ámbito relativo a los pueblos originarios, la Argentina
comenzó a incorporar legislación específica a partir de mediados de la década
de 1980, en consonancia con la restauración democrática. La ley nacional
23.302, sancionada en 1985, reconoció por primera vez el estatuto de las
“comunidades” aborígenes, así como ordenó la creación del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI), agencia que debía ocuparse de las cuestiones
indígenas, que hasta entonces había estado bajo la órbita de distintos
ministerios y secretarías.[52]
En 1994 la reforma constitucional incorporó artículos que mandaban a la entrega
de “tierras aptas y suficientes” y la ratificación del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) puso sobre la mesa la cuestión de
la consulta informada y la participación de los “pueblos indígenas y tribales”
en procesos que los afectan.
Es decir, en la Argentina el avance legal-formal en torno del
reconocimiento a las poblaciones indígenas se dio en un contexto
pos-dictatorial, fuertemente marcado por la derrota experimentada por los
sectores populares en los años previos y atravesado por inestabilidades
económicas, políticas e institucionales. La década de 1980 culminó con crisis
hiper-inflacionarias, alto desempleo y el abandono precipitado del gobierno por
el Presidente Alfonsín. También con el juicio y condena a las Juntas Militares
que gobernaron de facto entre 1976 y 1983. En esta dualidad se transitaron esas
décadas.
Esta etapa se caracteriza también por la emergencia de la entidad
jurídico-formal de la “comunidad” indígena en la vinculación entre Estado y
pueblos originarios[53].
Tal identidad, que se cristaliza hacia mediados de los ochentas, prometía de
alguna manera la inscripción de los reclamos y demandas indígenas en el sistema
legal e institucional estimulado por la restauración democrática. Sin embargo,
lustros y décadas más tarde se haría evidente que la flexibilidad y
permeabilidad de los marcos jurídicos y los reconocimientos formales no
garantizaban la satisfacción de dichas demandas.
Paralelamente,
a partir de la década de 1980 se ampliaron las experiencias organizacionales
mapuche. Los Centros Mapuche en Río Negro, el Consejo Asesor Indígena en la
misma provincia, los inicios de la Confederación de Organizaciones Mapuche en
Neuquén (que se fortalecería en las décadas siguientes) marcaron algunos de
estos pasos. Con diferentes posicionamientos, algunos de los cuales fueron
variando a través del tiempo, estas experiencias intentaron aprovechar los
nuevos intersticios legales para avanzar en la defensa de los derechos étnicos.
Con el desarrollo de las confrontaciones globales dentro de la formación
social, algunas de estas organizaciones se extinguieron, mientras que otras
radicalizaron sus posiciones.
Así nos hallamos, entonces, en el ámbito de las confrontaciones y
las interpelaciones actuales. Si existió una promesa de que se podía satisfacer
los reclamos y necesidades de una población históricamente postergada a través
del desarrollo y expansión de las instituciones democráticas, esa promesa fue
incumplida y quizá podríamos fechar la ruptura de dicho pacto a partir de
diciembre de 2001 y la crisis posterior.
Si acaso Escolar[54]
está en lo correcto cuando habla de la ruptura de un cierto pacto entre el
Estado y la sociedad (entre el Estado y las poblaciones mapuche, del
incumplimiento de una promesa emitida por el Estado, la actual situación
expresa los movimientos de grupos sociales diversos y las acumulaciones
históricas y sociales que, aglutinadas en torno de esa promesa, han quedado
desarticuladas. La promesa hablaba de una cierta integración, de una
ciudadanización y un reconocimiento étnico y cultural, pero también territorial
y político. Pero tramitar personerías jurídicas, adscribirse y conformar comunidades o agitar los instrumentos
legales que el Estado ofrecía no implicó el logro de esos objetivos. Sumado a
ello, la pauperización generalizada de la población configuró, como vimos,
nuevos escenarios de acción y organización que se expresaron, en la Patagonia
argentina, en acciones directas como la recuperación
territorial.
La
posdictadura en Chile abrió nuevos canales de protesta que, sin embargo, se
construyeron paulatinamente. Las primeras señales de descontento, provinieron
desde el mundo mapuche hacia la Concertación de Partidos de la democracia
(1990-2010). En 1997, empezaron a aparecer en el mundo público, movilizaciones
de carácter relevante que dieron cuenta de organizaciones autonomistas y
postindigenistas. El surgimiento del Consejo de todas las Tierras y la
Coordinadora Arauko Malleko (CAM), junto a sectores locales de cada comunidad)
provocó una ruptura respecto de la lozanía del llamado “milagro económico
chileno”. Sin embargo, la
diversidad de las agrupaciones mapuche puede ser dividida en dos grupos:
etnonacionalistas y etnicistas[55], que
actúan de maneras diferentes la posibilidad de concretar la autonomía parcial o
total del territorio.
Marimán estableció la existencia más precisa de
diferentes posiciones etnicistas: a) Autonomismo
mapuche no-etnonacionalista de tendencia izquierda estatonacional de algunos
militantes de la CAM cercanos a las ideas del marxismo, b) Autonomismo mapuche
no-etnonacionalista de tendencia tradicionalista de intelectuales provenientes
del Centro de
Estudios y Documentación Mapuche (CEDM-Liwen) con tendencia autonomista
etnicista con el objetivo de reflotar la institucionalidad pasada mapuche, c)
Autonomismo mapuche no-etnonacionalista de tendencia discurso discontinuo o
irregular de algunos intelectuales que promueven, dentro de ellosm el poeta
Elicura Chihuailaf, la demanda y argumentos autonomistas y d) Autonomismo
mapuche no-etnonacionalista de tendencia discurso casi etnonacionalista de
efímera aparición y escasa influencia, asociado al Colectivo Mapuche
Autonomista Secreto (CMAS)[56].
Los
autonomistas etnonacionalistas no exteriorizaron subdivisiones ya que
pretendían aunar voluntades, dentro de los cuales se ubicaría Wallmapuwen, plataforma política de la
cual se deseaba converger y fundar un partido político mapuche, aunque fueron
disueltos por no cumplir el refichaje[57].
Las
movilizaciones y reclamos pacíficos y violentos convocados desde estos espacios
provocaron la aplicación de la ley antiterrorista Nº 18.314 (de origen pinochetista) a diferentes dirigentes históricos mapuche (Víctor Ankalaf,
Pascual Pichun, Aniceto Norin, entre otros), durante el gobierno de Ricardo
Lagos (2000-2006)[58].
A pesar de la persecución y criminalización de la protesta mapuche, los hechos
reivindicativos de las organizaciones no se detuvieron, alzando el conflicto
como uno de los principales focos de descontento contra el llamado “sistema
social de mercado”.
Algunas de las acciones que
se implementaron desde el Estado para morigerar el conflicto fueron la entrega
de recursos por medio del Programa Orígenes (préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID) y la firma
del Convenio 169 de la OIT en 2008. No obstante, estas acciones no tuvieron el
impacto esperado ya que el conflicto, lejos de frenar, ha ido escalando en la
actualidad con diversos hechos de violencia que se han intensificado por la
militarización de la Araucanía mediante la introducción de agentes policiales
entrenados en Colombia con el nombre de “Comando Jungla”.
Una de las razones para
entender el conflicto, es la presencia de empresas industriales forestales que
han sido el blanco de las acciones de sabotaje de los grupos sublevados. Por
otro lado, medidas de inteligencia policial han montado varias operaciones
falsas para incriminar a militantes mapuche. La más conocida ha sido la “Operación
Huracán” y el asesinato de Camilo Catrillanca, lo cual produce un escenario
complejo de análisis respecto de la responsabilidad de los actos insurgentes[59]. Toda esta espiral ha
funcionado también como una justificación para los gremios empresariales forestales
y transportistas para pedir la militarización de la zona. Ello tuvo sus frutos
en octubre de 2021, cuando el gobierno de Sebastián Piñera decretó el “Estado de Excepción” en la Macrozona Sur, facilitando
la entrada de las fuerzas armadas para controlar “un preocupante aumento y
concentración de actos de violencia vinculados al narcotráfico, el terrorismo y
el crimen organizado”[60].
A partir de la década de 1980 y la restauración democrática en
Argentina, la incorporación de marcos legales relacionados con la “cuestión
indígena” permitió el reconocimiento jurídico de “comunidades aborígenes”, con
un estatus específico y personería jurídica. Estos reconocimientos formales,
que no estuvieron acompañados en la práctica por políticas específicas de restitución
territorial ni compensaciones económicas, vinieron a trastocar una situación de
invisibilización[61] de las poblaciones
originarias desde marcos legales que intentaban -repetimos, sólo en términos
formales- incorporar a una ciudadanía más plena a los miembros de las
“comunidades”.
En Chile, en cambio, la debilidad de los marcos jurídicos que
favorecen a los pueblos originarios (así como su tardía incorporación al
sistema jurídico nacional) se contrapuso a una historia de participación
política mucho más densa y larga, así como con una presencia insoslayable de
“lo mapuche” dentro de la narrativa histórica nacional. La experiencia de la
UP, se articuló con las construcciones que décadas atrás ya se experimentaban,
señalando el peso y relevancia de la población mapuche tanto en términos
relativos respecto de la población total del país, como su presencia
territorial en determinadas regiones donde su densidad hacía y hacen imposible
hacer política sin considerar a los comuneros, a izquierda o a derecha.
Esta historia política permitió el surgimiento de organizaciones
que tuvieron y tienen una gravitación política en el escenario nacional mucho
mayor al que tienen las organizaciones indígenas en la Argentina. Sin embargo,
la poca flexibilidad del sistema político chileno, así como el endurecimiento
de las condiciones propiciadas por el pinochetismo y continuadas por los
gobiernos de la Concertación llevaron a una parte de estas organizaciones a
optar por un camino insurreccional.
En Argentina, en cambio, el peso de la población mapuche en
términos de la población total es mucho menor, como ya hemos visto y la
trayectoria de las organizaciones mapuche estuvo fuertemente vinculada a la
incorporación de esquemas legales novedosos que se dieron a partir de la restauración
democrática. El proceso dio lugar a organizaciones muchas veces ancladas en las
realidades provinciales, con posicionamientos muy diversos. Hacia la década del
2000 la incorporación de la recuperación territorial como herramienta de
acción directa comenzó no sólo a problematizar la estrategia de las
organizaciones institucionalistas, sino a revitalizar un discurso mapuche
vinculado a la reivindicación de la “cultura”, la radicalización de la
diferencia y el reclamo territorial en términos, no ya de “comunidades”, “lof”
o parajes, sino de wallmapu: el territorio mapuche comprendido como
totalidad, a ambos lados de la Cordillera.
La conflictividad mapuche en las formaciones
económico-sociales argentina y chilena: la Nación interpelada
En la Argentina las recuperaciones
territoriales y las acciones directas protagonizadas por comunidades y
organizaciones mapuche constituyeron una forma de interpelación novedosa tanto
hacia las autoridades políticas como para los propietarios locales. Estas
experiencias, hasta entonces relativamente poco desarrolladas, comenzaron a
difundirse en distintos puntos del territorio patagónico.
Tal situación puso en guardia a los
sectores propietarios, que comenzaron un proceso de acumulación y organización
interna. Ello proveyó distintos tipos de respuestas al
reclamo mapuche, tanto por parte del Estado como por sectores de la sociedad
civil que resultaron interpelados por el reclamo.
El gobierno de Mauricio
Macri (2015-2019) contempló sus acciones de respuesta sobre la supuesta
existencia de un grupo terrorista y secesionista llamado Resistencia
Ancestral Mapuche (RAM). Sobre la base de panfletos de propaganda y
acciones de incendio y sabotaje a empresas de la zona, atribuyó a este grupo un
alto grado de peligrosidad y amenaza y lo hizo objeto de acciones (en muchos
casos ilegales) de espionaje e inteligencia. Autores como Muzzopappa y Ramos
han analizado este proceso como
un caso de construcción de un “enemigo interno”[62].
Del mismo modo Delrio se refirió al campo mediático de batalla que se define en
torno de estereotipos y prejuicios sobre los mapuche como “araucanos
extranjeros”[63].
Entre 2015 y 2019 varias acciones
represivas que se desarrollaron contra comunidades
mapuche a lo largo de la ruta 40, entre Bariloche y Esquel, tomaron notoriedad
pública por lo extremo de sus características. Luego de varios allanamientos y
buscando despejar tanto vías ferroviarias como la ruta misma, en 2017
desapareció Santiago Maldonado, luego de un operativo irregular de la Gendarmería
Nacional. Su cadáver aparecería setenta y ocho días más tarde, en el
fondo del río Chubut.
El caso de Maldonado tuvo una enorme
repercusión mediática. Durante más de dos meses estuvo en las tapas de los
diarios y se mantuvo omnipresente en los portales digitales de información. El
gobierno de Macri defendió constantemente el accionar de Gendarmería y acusó a Pu
Lof en Resistencia del Departamento Cushamen, la comunidad donde estaba de
visita Maldonado, como responsables de su paradero. En simultáneo, la oposición
política y los organismos de Derechos Humanos acusaron al Estado por desaparición
forzada.
A la vez, este caso situó en la primera
plana de la opinión pública, de un modo que nunca había acontecido previamente,
el reclamo mapuche. Como señalábamos recién con Delrio, un vasto y antiguo
repertorio de estigmatizaciones y prejuicios fue utilizado para atribuir
sentido a estos hechos.
Pocos días después de la aparición del
cuerpo de Santiago Maldonado, mientras era velado en
su ciudad natal en la provincia de Buenos Aires, una patrulla de la Prefectura
Naval baleó a otro grupo de jóvenes mapuche en Villa Mascardi. Los Prefectos se
habían adentrado en el territorio recuperado de otra comunidad, Lof Winkul
Newen Mapu y mataron con sus balas a Rafael Nahuel, de 22 años, oriundo de
Bariloche.
En los años siguientes y
con el cambio de signo del gobierno nacional, las confrontaciones bajaron en su
intensidad, sin desaparecer ni detenerse. El Estado nacional aplicó una
estrategia de “Mesas de diálogo” con las comunidades en conflicto, que, si bien
no arribaron a resultados concretos, cambiaron el ángulo del vínculo alejándolo
de una mirada punitiva y policial.
Sin embargo, los sectores
propietarios de la zona y sus aliados políticos continuaron sus procesos de
acumulación política y acciones de propaganda. Entre ellas contamos, además de
movilizaciones y actos frente a las comunidades mapuche con que confrontan, la
realización y continuación de denuncias penales y la divulgación de la
problemática a nivel nacional en distintos medios de prensa.
En algunos casos estas
acciones han tenido la forma de “caravanas”, que aparecen organizadas por
“vecinos” de las localidades cercanas que, sin explicitar ningún tipo de
filiación política se manifiestan “contra las usurpaciones”, “en defensa del
Parque Nacional y los bienes públicos” y, en sus formulaciones más claras, en
defensa de la “propiedad privada”, donde protagonizaron “banderazos” (con la
bandera argentina como emblema, por supuesto).
Una de las caravanas que
salieron de Bariloche hacia Mascardi fue detenida por el Ministerio de
Seguridad nacional en el camino, antes de llegar. Ocurrió en septiembre de 2020
porque algunas personas que invitaban a participar se habían expuesto en redes
sociales exhibiendo
armamento e incitando a un desalojo por mano propia.
Desde la legitimación
propietaria se hizo necesario enfatizar algunos mecanismos que fundamenten su
posición. Ello se hizo acentuando la profundidad histórica de su propia
presencia en el territorio, bajo la figura del pionero.
Aquí hay una novedad
relativa, porque sin desaparecer, han mermado los discursos que niegan la
preexistencia mapuche en el territorio patagónico. Los propietarios ya no
dicen, como hace unos años, que “los mapuche vienen de Chile”, que “los
verdaderos indígenas argentinos son los tehuelche” o que no había población en
la Patagonia previo a la ocupación de origen europeo o criollo. Sino que la cuestión
pasa por distinguir los indígenas “integrados” o las comunidades
“tradicionales” de otras que plantean demandas radicales.
El presidente de la
Sociedad Rural de Esquel, señaló en abril de 2021 que él formaba parte de “una
familia de descendientes de galeses que pueblan la costa [el este del Chubut]
desde 1865”. Que el problema no era tanto la comunidad mapuche, sino
“determinados grupos anónimos bajo banderías o reclamos de autonomía (...) son
más bien grupos de ultraizquierda, del anarquismo”[64].
Continuó el ruralista:
“cuando empezó el conflicto en 2014 muchos entendían que era sólo un problema
de Benetton[65]. Recién hace muy poco eso
empezó a cambiar y la gente comenzó a entender que era un problema de todos […]
Durante un par de años el usurpado era Benetton, entonces muchos productores
pensaban que no iba a ser un problema propio nunca. Pero el problema empezó a
crecer y ya no se usurpó a empresas grandes o extranjeras sino a argentinos, a
descendientes de mapuches”.
La imagen de mapuche
usurpando a mapuche y de ataques contra los productores familiares alimenta la
idea de un problema “de todos”. Permite que los propietarios (o quienes aspiran
a serlo, o quienes dependen de ellos) se aglutinen en un bloque unificado que
olvida sus distinciones internas de escala e intereses. La bandera argentina
viene a ser el emblema que levantan para representar ese “todos” en un discurso
que conjuga espacio público, derechos, libertad y propiedad privada en la misma
oración y que invita a otros
sectores sociales a participar. La bandera argentina expresa, en estos contextos,
el posicionamiento político de dichos sectores: agrarios, propietarios, tradicionales
y vinculados a partidos neoliberales en el ámbito nacional.
En Chile, en tanto y a pesar de que la élite político-empresarial
se ufanaba internacionalmente de los éxitos de la llamada “revolución
silenciosa”, en octubre de 2019, todo ello sería impugnado fuertemente en
Santiago y regiones, por la irrupción de masivas protestas pacíficas y
violentas, convocadas por estudiantes secundarios por el aumento de la tarifa
del tren subterráneo metropolitano (Metro), hechos conocidos como el “Estallido
social en Chile” o “Revuelta social”[66].
Una de las reivindicaciones de la masa que participó en las
protestas, fue el reconocimiento del legado indígena, y sobre todo mapuche, en
la conformación de la identidad del pueblo de Chile. La presencia masiva de
banderas mapuche, en detrimento de emblemas de partidos políticos, así como la
instalación de tótems indígenas en la Plaza Dignidad (antes Plaza Baquedano),
fue patente en el lugar de reunión de las manifestaciones, frontera imaginaria
entre el sector alto: oriente, pudiente, minoritario, burgués y europeo, y el
sector bajo: norponiente y sur, pobre, popular, proletario y mestizo-indio.
Figura 3. Tótems indígenas en Plaza Dignidad
Fuente: foto de Valentina Manzano[67]
La salida de la crisis fue la firma de un acuerdo parlamentario el
15 de noviembre del mismo año, para consultar sobre la redacción de nueva
constitución y la conformación orgánica de la convención constitucional
dispuesta para ello. El plebiscito, llevado a cabo el 25 de octubre de 2020,
obtuvo como resultados: Apruebo (78.28 %) y Rechazo (21.72 %). El órgano
escogido fue la Convención constitucional (79.00 %), por ende, sin la presencia
de parlamentarios/as.
Los
debates, argumentos y votaciones que se esgrimieron en la Convención respecto
de estos temas fueron altamente polémicos, ya que existieron fuertes presiones
de varios sectores por imponer sus posturas en el texto definitivo. En la
redacción final, se intentaron abordar las demandas populares, a pesar de los
intereses de la élite política-empresarial que desearon el status quo, haciendo sentir su fuerza e influencia para permanecer
con un texto similar al actual, a pesar de ser una minoría.
La
propuesta de Constitución Política de la República de Chile de 2022 que
presentó la Convención Constitucional en diversos artículos reconocía derechos
para los pueblos indígenas tales como: educación, producción económica,
medicina, consulta indígena, tierras, aguas, propiedad, patrimonio cultural,
escaños reservados para el Congreso de Diputadas y Diputados, autonomía
territorial indígena y sistemas jurídicos.
Dentro
de estos artículos destacan: artículo 5 (reconocimiento constitucional),
artículo 12 (Estado plurilingüe y reconocimiento oficial de las lenguas
indígenas), articulo 18 (derechos indígenas colectivos) y sobre todo el
artículo 34 que engrana lo descrito:
Los pueblos y naciones indígenas y sus
integrantes, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno
ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial, tienen
derecho a la autonomía; al autogobierno; a su propia cultura; a la identidad y
cosmovisión; al patrimonio; a la lengua; al reconocimiento y protección de sus
tierras, territorios y recursos, en su dimensión material e inmaterial y al
especial vinculo que mantienen con estos; a la cooperación e integración; al
reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades, propias o
tradicionales; y a participar plenamente, si así́ lo desean, en la vida política,
económica, social y cultural del Estado.
A
pesar de que la propuesta de Constitución Política, ofrecía derechos sociales
para la población en su conjunto, orientados a responder a los requerimientos
sociales devenidos del Estallido, el
Plebiscito constitucional de 2022, a partir de la pregunta ¿Aprueba usted el
texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?,
realizado el domingo 4 de septiembre de 2022, arrojó el triunfo del rechazó a
la nueva carta magna. De un total de 13.021.063
votantes, rechazaron 61.86% y aprobaron 38.14%[68],
lo cual significó un revés al reconocimiento oficial constitucional de diversos
derechos de los pueblos indígenas. En la actualidad y a raíz de las votaciones
del plebiscito de salida, hubo un acuerdo parlamentario con otras reglas
diferentes a las propuestas presentadas primariamente para seguir con el
proceso constituyente[69],
por lo que será importante como decantan estas acciones respecto de las temáticas
abordadas en este artículo.
Conclusiones
A continuación, expondremos algunas consideraciones finales en
torno a cómo se ha desplegado la trayectoria del “conflicto mapuche” en Chile y en Argentina, analizadas y
sintetizadas bajo una mirada comparativa, objetivo de reflexión de este
artículo.
Una primera constatación se refiere a las diferencias y
similitudes históricas en la consolidación del Estado moderno Chile/Argentina.
En ambos casos se aprecia el triunfo de una élite descendiente de los invasores
europeos que consolidaron un proyecto civilizatorio ilustrado centralizado en
Santiago y en Buenos Aires.
En ambos casos se consideró a las poblaciones indígenas, por sus
características específicas, como un lastre para el progreso de las respectivas
naciones. Mientras en Chile se evidencia cierta recuperación de emblemas
indígenas como parte del relato de la historia nacional (como un “pasado
glorioso”, de la mano de líderes como Caupolicán, Lautaro o Colo-Colo), en
Argentina “lo mapuche” se mantiene, incluso en las narrativas mitológicas del
Estado, en el lugar del “salvajismo”: como una “afuera” de la “nación”.
Mediante el proceso de anexión de los territorios indígenas y el
triunfo en diferentes guerras con países fronterizos, se afianzó el proyecto de
Estado-nación burgués. En el caso argentino, se aprecia un matiz en cuanto el
triunfo de los sectores que abogaban por el federalismo, en cambio, en Chile,
se consolidó un proyecto unitarista y centralizado.
La segunda constatación es la diferencia notoria, en ambas
situaciones, respecto el peso demográfico de la población indígena. Se podría
plantear que en el caso argentino tiene una resonancia provincial en el
noroeste y en la Patagonia, a pesar de la existencia de un proceso creciente de
visibilización en las grandes urbes metropolitanas. En Chile, en cambio, el
creciente reconocimiento a nivel nacional de la herencia indígena es patente
con fuerza en, por ejemplo, la adscripción a los pueblos indígenas de un décimo
de la población total del país. Por otro lado, la cantidad de población
inmigrante en cada país, llegada durante los siglos XIX y XX fue
manifiestamente distinta, lo cual tuvo un peso sustantivo en la construcción
identitaria de cada proyecto estatal.
La tercera constatación es la diferencia en la historia
organizativa de las agrupaciones mapuche. Se pueden apreciar diferencias y
similitudes, ya que, debido al peso específico de las reivindicaciones
indígenas han tenido una presencia histórica a lo largo de los
desenvolvimientos de los hechos más relevantes en Chile. Ello ocasionó la
conformación de alianzas con sectores de diferentes orígenes y posiciones
políticas. En el caso argentino, en cambio, la fuerza de esas organizaciones
estuvo disminuida y opacada por la negación constante de la perspectiva
hegemónica relativa a la inexistencia de indígenas
dentro de los lindes del estado y el menos peso relativo de la población
indígena. Hay que esperar a fines de la década de 1960 para observar el inicio
de algunas organizaciones, que sólo se harán más visibles con la restauración
democrática a mediados de la década de 1980. El desarrollo de las
organizaciones, con su heterogeneidad y variedad de posicionamientos, estuvo
caracteriza por una primera etapa “legalista”, que se extendió hacia alrededor
del año 2000. Y una segunda etapa, actual, donde sin desaparecer el reclamo
legal y la preeminencia del diálogo político se comenzó a desarrollar la acción
directa y la recuperación territorial como forma de interpelación.
La
cuarta constatación es la divergencia en cuanto a los distintos momentos que
atraviesa cada país. Las confrontaciones generales en cada sociedad, son
diferentes en estos momentos. En Argentina atraviesan
un constante dinámica “péndulo-espiral”, en la cual, los distintos gobiernos de
centro-izquierda deben hacer frente a la derecha que desea implementar un
neoliberalismo extremo, dentro de un marco de pauperización, inflación y alta
deuda internacional. En Chile, por otro lado, el estallido social provocó una
profunda deslegitimación del llamado “sistema social de mercado” que desembocó
como salida política en la votación y aprobación de una convención
constituyente. Los debates, presiones, polémicas y acuerdos de esta asamblea
fueron decisivos respecto de la ordenación de una configuración distinta a la
anterior, sin embargo, el amplio rechazo a la nueva propuesta constitucional,
no posibilitó hasta el momento, superar el neoliberalismo basado en la
mercantilización de los derechos básicos de una sociedad.
La
quinta constatación se refiere a los discursos de la derecha sobre los mapuche
en la actualidad en ambos países se constituye bajo un mismo sustento, la
identificación de las agrupaciones mapuche que no participan de las estructuras
formales, como agentes de desestabilización de la Nación en aras de un
proyecto secesionista. Por ende, desde los sectores
conservadores y oligárquicos, se presiona por la represión a los movimientos reivindicativos
mediante la participación de diferentes fuerzas de seguridad, lo cual ha tenido eco en las autoridades nacionales que han legitimado
la violencia y los montajes para desprestigiar y apresar a los militantes de
dichas organizaciones.
Por último, se puede plantear que el
proyecto Estado-nación en América Latina fue el dispositivo normativo-cultural
de consolidación del capitalismo en el siglo XIX. Sin embargo, en la
actualidad, dada la diversidad de agrupaciones mapuche y a pesar de la
existencia minoritaria de grupos anticapitalistas-separatistas, se aprecia en
los reclamos de los movimientos mapuche una crítica del neoliberalismo
extractivista y la propiedad, la ciudadanía, la legalidad
y el progreso tal cual son concebidos en dicho marco. Y no como un
movimiento articulado que considere la conformación de una nueva entidad
territorial independiente.
Todo ello nos permite afirmar que los “conflictos mapuche” no son sólo específicamente tales:
están enmarcados en la conflictividad general de las formaciones
socio-económicas nacionales de las que forman parte. De hecho, muchos de los
actuales reclamos e interpelaciones que las organizaciones y poblaciones
mapuche dirigen a los Estados y la sociedad civil están directamente vinculados
a las disputas activas en el presente y los ejes de conflicto que
históricamente se han consolidado como nodales en Chile
y Argentina. Están entroncados con las historias nacionales hasta hacerse
interdependientes.
Sumado
a una historia específica, diferenciada del relato nacional y a veces hasta en espejo del mismo, hoy algunas demandas del pueblo
mapuche se traducen en emblemas de los movimientos de protesta en Chile y en
Argentina, impugnado y disputando nociones como las de “desarrollo”, o
“propiedad”, señalando los límites de los modelos político-económicos vigentes
dentro del campo de las confrontaciones contemporáneas.