Revista
Andes, Antropología e Historia
Vol. 34, Nº 1, Enero – Junio
2022
Esta obra está bajo
licencia de Creative Commons Atribución - No Comercial CC BY-NC
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ISSN Nº 1668-8090
JUEGOS DE SOBERANÍA: PARAGUAY Y CORRIENTES EN EL CONFLICTO POR LA ISLA
DE APIPÉ, 1848
SOVEREIGNTY GAMES: PARAGUAY AND CORRIENTES IN
THE CONFLICT OVER THE ISLAND OF APIPÉ, 1848
Emilia Sol Delgado
Instituto
de Investigaciones sobre el
Lenguaje,
Sociedad y Territorio,
Facultad
de Humanidades
Universidad
Nacional de Formosa
Argentina
soldelgadofsa@gmail.com
Fecha de
ingreso: 29/04/2022 - Fecha de aceptación: 08/07/2022
Resumen
El presente
trabajo aborda el conflicto territorial por la isla de Apipé en 1848 como un
momento de tensión en las relaciones geopolíticas entre Paraguay y Corrientes, al mismo tiempo que procura
enmarcarlas en las disputas subyacentes con el gobernador de Buenos Aires, Juan
Manuel de Rosas. Mediante el desarrollo de este caso, se pretende dar cuenta de
los problemas en torno a los alcances de la soberanía de los sujetos políticos implicados.
Palabras
clave: Paraguay,
Corrientes, región, soberanía
Abstract
This paper addresses the territorial conflict over the
island of Apipé in 1848 as a moment of tension in the geopolitical relations
between Paraguay and Corrientes, while trying to frame them in the underlying
disputes with the governor of Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Through the
development of this case, it is intented to acknowledge the problems
surrounding the scope of the sovereignty of the political subjects involved.
Keywords: Paraguay, Corrientes, region, sovereignty
Introducción
En mayo de 1848 el gobierno de Carlos Antonio López intimó a un grupo de
obrajeros correntinos que trabajaban en la isla de Apipé a abandonar la
explotación maderera a la que se dedicaban. El conflicto desatado ese año en el
espacio que comprende a los territorios de la provincia de Corrientes y la
República del Paraguay fue la ocasión para que el gobierno de Buenos Aires dejara
en claro que Corrientes había regresado a la Confederación y, por lo tanto, sus
atribuciones soberanas habían sido recortadas.
Analizar la disputa mencionada -resultado de la tensión que había ido
aumentando progresivamente, entre los meses de abril y mayo- permite asomarnos
a conflictos de largo aliento vinculados estrechamente con las particularidades
políticas del segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas y su relación con
Paraguay y con Corrientes respectivamente.
Por un lado, el no reconocimiento del Paraguay como República
independiente por parte del gobernador de Buenos Aires ocasionó numerosas fricciones
con el presidente Carlos Antonio López. Por otra parte, la política exterior de
Rosas desencadenó la declaración de guerra de Corrientes y su separación de la
Confederación en 1839.
La particular coyuntura regional durante los años precedentes al
conflicto de Apipé abrió a los actores políticos en cuestión un nuevo horizonte
de posibilidades. Esto es, permitió acercamientos entre Paraguay y Corrientes
de cara a propiciar la navegación de los ríos y el sostenimiento de un tráfico
comercial fluido y, más adelante, ensayos de alianzas defensivas-ofensivas
contra Rosas, convertido en enemigo común.
Si en los primeros años el vínculo entre ambos Estados era fluido hacia
1847 se tensa tras el realineamiento de la provincia de Corrientes con la Confederación
Argentina luego de la Batalla de Vences. El nuevo panorama empujó a Carlos
Antonio López a intensificar la presencia militar en el sur del país,
planteando más definidamente el reclamo por los derechos del Paraguay sobre el
territorio de las antiguas misiones en la banda izquierda del Paraná. Fue
en este delicado contexto cuando tuvo lugar la disputa territorial por Apipé.
Considerando esta situación el propósito del presente artículo es
analizar el conflicto mencionado como un momento en el que la tensión entre
Paraguay y Corrientes permite observar la discusión en torno al alcance del
ejercicio de la soberanía por parte de los sujetos implicados. Por otro lado, el estudio procura avanzar
hacia la comprensión de las relaciones que articularon a Paraguay, Corrientes, e
incluso a Brasil, en un espacio al que consideramos una región[1]. En
este sentido, creemos que la historia de la construcción de los estados
nacionales y su evolución hacia los países que hoy conocemos puso en segundo plano
los vínculos que configuraban los espacios con anterioridad al momento de las
independencias, e incluso posteriormente. De tal manera, nos interesa prestar
especial atención a la dinámica de la región histórica que comprende a Paraguay
y Corrientes, entendida ésta desde una perspectiva relacional del espacio, es
decir, como lugar vivido donde transcurren y se articulan “las actividades
humanas, las relaciones familiares, la vida cotidiana, las formas de hacer
política”[2]. Pensamos
la región como cruzamiento de movilidades, como espacialización de las
relaciones sociales[3].
El trabajo se divide en cinco partes. En primer lugar, abordaremos la
experiencia política de Corrientes durante sus años de enfrentamiento a Buenos
Aires (1839-1847) y el posterior reposicionamiento político de la provincia en
1847. Seguidamente, caracterizando la política de apertura inaugurada por López,
prestaremos atención al proceso de militarización de los territorios del sur
paraguayo. En la tercera parte del trabajo, desarrollaremos el conflicto de
Apipé tomando como principal fuente El Paraguayo Independiente. Finalmente,
avanzaremos con un análisis acerca del problema de la soberanía visible a
partir del conflicto, concluyendo con algunas reflexiones finales.
Las fuentes principales que utilizamos corresponden a la Sección
Historia del Archivo Nacional de Asunción, Paraguay, (ANA) el periódico El
Paraguayo Independiente disponible en la Hemeroteca de la Biblioteca
Nacional del Paraguay y el Registro Oficial de la Provincia de Corrientes que
se encuentra en el Archivo General de dicha provincia (AGPC). Asimismo,
utilizamos fuentes editas, entre ellas la colección Asambleas Constituyentes Argentinas elaborada
por Emilio Ravignani;
los Mensajes de los Gobernadores de la Provincia de Buenos Aires
elaborado por el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Ricardo
Levene”; y la compilación Los mensajes: historia del desenvolvimiento de la
Nación Argentina redactada cronológicamenre por sus gobernantes: 1810-1910,
realizada por Heraclio Mabragaña.
Figura 1. El Alto Plata
Fuente: Whigham, Thomas, Ob. Cit., 2009, p. 35.
La Provincia
de Corrientes y el uso de su soberanía
El problema de la definición del sujeto de imputación soberano es una
cuestión presente en la escena política rioplatense de la primera mitad del
siglo XIX[4]. El
reclamo de su retroversión a los pueblos se inició tras la crisis de la
monarquía española y se mantuvo durante las décadas siguientes. En 1815 algunas
jurisdicciones como Santiago del Estero, La Rioja y Córdoba declararon sus
independencias en el marco de la crisis del directorio[5].
Vueltas a la órbita del gobierno central, gracias a la intervención del ejecito
auxiliar del Perú acantonado en Tucumán, vuelven a proclamarse soberanas entre
1820 y 1821[6].
Esta vez lo hicieron las del Interior, las del litoral y Buenos Aires[7].
A partir de allí se constituyeron las Provincias en tanto gobiernos
independientes o autónomos y se articularon mediante pactos. Siguiendo a José
Carlos Chiaramonte podríamos afirmar que para 1820 la unidad sociopolítica era
la Provincia-región, pues fueron las “estructuras más resistentes al proceso
de disolución que siguió a la independencia, las únicas que lograron afirmarse
en procesos productivos y comerciales, las únicas capaces de establecer un
rudimento de organización para mantener el orden”[8]. No
obstante, el problema de la soberanía en torno a su “unidad o divisibilidad”
persistió durante las experiencias políticas federales/confederales[9].
En 1831 las provincias del litoral firmaron un pacto conocido luego como
Pacto Federal, el mismo aseguraba la independencia y soberanía de cada una de
las firmantes y acordaba la creación de un órgano que las representaría según
se estipulaba en el art. 15 del acuerdo[10].
Lo que ocurrió, sin embargo, fue que se delegó la Representación Exterior, Paz
y Guerra en el gobernador de Buenos Aires, quien se valió de ese instrumento
legal para intentar imponer su hegemonía en las Provincias hasta 1852[11].
Chiaramonte señala que la condición de Estados independientes marcó el carácter
de las relaciones interprovinciales hasta 1852, las cuales se entendían como
verdaderas relaciones diplomáticas[12].
En este contexto, Corrientes comienza su construcción institucional como
Estado provincial en 1821 y en la década posterior despliega políticas de cara
al afianzamiento de dicho Estado, entre tales medidas sobresalen las dirigidas
a proteger su economía[13].
A pesar de las acaloradas discusiones sostenidas por Pedro Ferré con motivo de
la celebración del Pacto Federal, la provincia de Corrientes finalmente suscribió
al acuerdo y se movió políticamente en ese marco hasta 1839[14].
La autonomía entre 1839 y 1847
Los años que promedian el periodo 1839-1847 tuvieron como rasgo
principal la oposición de los gobiernos de Corrientes a Juan Manuel de Rosas.
Dos cuestiones se desprenden de esa oposición. La primera tiene que ver con el
ejercicio pleno de sus atribuciones soberanas. La segunda, derivada de esta, es
el sostenimiento de una larga guerra contra Buenos Aires.
El conflicto se desata durante el gobierno de Berón de Astrada (1839) y
se mantiene casi ininterrumpidamente durante los mandatos de Pedro Ferré (1839-1842)
y Joaquín Madariaga (1843-1847) tiene entre sus principales causas, las
históricas tensiones políticas y económicas entre Corrientes y Buenos Aires en
torno a la navegación de los ríos y el comercio exterior[15].
Aquellas disputas reaparecen y se amplifican con motivo del bloqueo
francés (1838), evento que perjudicó significativamente a las economías
litorales. En este sentido, la facción antirrosista de Corrientes mostró férrea
oposición a la política exterior del gobernador porteño, optando por prepararse
militarmente y establecer una alianza con la República Oriental del Uruguay,
entonces gobernada por Fructuoso Rivera[16].
El acuerdo entre Uruguay y Corrientes queda establecido a través una
alianza ofensiva-defensiva contra Rosas que además de fijar los compromisos de
guerra entre las partes contratantes, establecía que “S. E. el General en
Jefe queda de común acuerdo autorizado para negociar con su Majestad el Rey de
los Franceses la cesación del bloqueo para la Provincia de Corrientes y el
libre paso de su bandera, como no toque en otros puertos bloqueados”[17],
dando cuenta de la centralidad de los intereses económicos puestos en juego en
el conflicto.
De tal manera Corrientes constituyó un Ejército Libertador contra Rosas,
lo cual implicó, siguiendo a Herrero, una declaración de guerra, el retiro del
poder soberano de representarla y la reasunción de sus atribuciones como Estado
independiente[18].
Si bien los primeros esfuerzos bélicos fueron infructuosos porque las tropas
entrerrianas vencieron a las de Corrientes en Pago Largo, la oposición
correntina al régimen rosista se mantuvo en pie.
Durante los años del conflicto la Provincia atravesó una situación económica
crítica, dado el desgaste de los recursos humanos y productivos, la necesidad
creciente de útiles de guerra y la fluctuación de sus exportaciones producto de
la dificultad para sostener vínculos comerciales con las provincias de abajo,
principalmente con Buenos Aires. No obstante, la economía correntina vio cierta
mejora en los intercambios durante la gestión de Pedro Ferré (1839-1842), y fundamentalmente
durante el interregno de Pedro Dionisio Cabral tras la batalla de Arroyo Grande[19].
En los meses que gobernó Pedro Cabral (diciembre 1842-abril de 1843), la
provincia de Corrientes se acercó a la política rosista. El contacto se puso de
manifiesto en la reanudación de las relaciones comerciales con Buenos Aires y en
la adopción de la liturgia de la Confederación en los documentos de gobierno[20]. Por
ejemplo, el 16 de diciembre de 1842, el gobernador Cabral decretó derogar lo
resuelto por Ferré, el 11 de diciembre de 1840, respecto a la adopción de “¡PATRIA!
¡LIBERTAD! ¡CONSTITUCIÓN!” como epígrafe oficial, alegando que éste atentaba contra
los principios de la Confederación. Desde diciembre de 1842 entonces, volvió a entrar
en vigor la sanción del 23 de noviembre de 1835, por lo cual los documentos
oficiales debían acompañarse del encabezado: “¡VIVA LA FEDERACIÓN! Año 33 de
Libertad, y 27 de Independencia”[21].
En esta misma línea, para dar cuenta del acercamiento a la política de
Rosas y la Confederación, se fundaron dos periódicos: El Avisador Federal y
Corrientes Federal. El primero de ellos fue publicado entre el 25 de diciembre de 1842 y el 19 de
febrero de 1843. Por su parte, Corrientes Federal comenzó su publicación
el 26 de febrero de 1843, pero sólo dio a luz dos números[22].
Sin embargo, esta aproximación a la política de la Confederación, y por
ende de su gobernador Juan Manuel de Rosas, fue truncada rápidamente, cuando en
el mes de abril tuvo lugar el levantamiento de un grupo de correntinos del
bando antirrosista. Éstos habían emigrado a Brasil tras la batalla de Arroyo
Grande y allí se organizaron bajo la dirección de Joaquín Madariaga[23]. Bajo
su mando, avanzaron hacia la capital con intenciones de tomar el poder.
Finalmente, Madariaga logró su cometido, asumió el gobierno de Corrientes y
reorganizó la resistencia a Juan Manuel de Rosas. Una de sus primeras
disposiciones fue derogar las leyes, decretos y actuaciones de gobierno
dispuestas por Cabral[24].
De este modo, el nuevo gobernador asumió la dirección de la lucha correntina contra
Rosas hasta 1847[25].
En perspectiva, entre 1839 y 1847
la política correntina se caracterizó por la oposición al gobierno porteño.
Para atenuar las consecuencias económicas de tal enfrentamiento, Corrientes
puso en marcha distintas estrategias, una de ellas fue reorientar sus
exportaciones a los mercados de la región, con los que mantenía vínculos
históricos principalmente con Paraguay[26].
En el terreno político, el pleno ejercicio de sus atributos soberanos le
permitió a la Provincia establecer relaciones formales con otras entidades
estatales. De tal manera, durante esos años Corrientes celebró acuerdos
diplomáticos con Paraguay, el Estado Oriental del Uruguay y la República
Riograndense[27].
A los fines del presente trabajo, señalaremos los tratados firmados con el
gobierno de Carlos Antonio López en la década de 1840[28].
En 1841 se celebran dos acuerdos con el Paraguay, un tratado de amistad,
comercio, navegación y otro de límites. En 1845 se firma una alianza defensiva-ofensiva
contra el gobernador porteño[29].
El Tratado de Amistad, Comercio y Navegación establecía una serie
disposiciones orientadas a las redes comerciales en la región. Así su Art. 1
disponía “amistad y recíproca libertad de comercio entre los súbditos de
ambos gobiernos”, el Art. 2 fijaba que las “transacciones mercantiles
serán libres entre los contratantes” y el Art. 4 determinaba que “los
hijos de ambos estados serán considerados como naturales de uno y otro país
para el uso libre de sus derechos”[30]. El
contenido de estas disposiciones permite pensar las relaciones que ligaron a Paraguay
y Corrientes sin encorsetarse en la categoría de Estado nación, iluminando la
posibilidad de abordar los vínculos comerciales, vecinales o incluso familiares
que se articulan en el espacio construyendo una región, tal como señalamos
anteriormente. La firma de este tratado, por otra parte, era vital para
subsanar los problemas que ocasionó a Corrientes su salida de la Confederación.
Respecto al acuerdo de Límites de 1841 resulta interesante mencionar que
tuvo carácter provisorio. Los motivos descansan en la escasa legitimidad de
quienes firman el acuerdo -los cónsules del Paraguay “sin especial
delegación del Soberano Congreso General”[31] y
los correntinos “como representantes de una parte integrante de la República
Argentina, no pueden establecer demarcación fija”- lo que devela la
precariedad de las personas jurídicas en nombre de quienes se rubricó el pacto.
En cuanto al contenido en el artículo 4 se definía que “las islas de Apipe,
Borda y las que se hallen más cercanas al territorio de Corrientes en el río
Paraná quedan a su favor, y al de la República los que estén en igual caso”[32],
pasaje clave para el conflicto que nos ocupa en este trabajo.
Como observamos, la autonomía correntina hizo posible numerosas articulaciones
de la Provincia, lo cual supuso apoyos militares y económicos en tiempos
críticos. Pese a ello, y más allá de la alternativa, siempre presente, de
desvinculación total de la Confederación, el derrotero de Corrientes fue otro.
En noviembre de 1847 regresó al cuerpo confederado[33].
Corrientes confederada
El 27 de noviembre de 1847 las tropas comandadas por Justo José de
Urquiza vencieron al ejército correntino del gobernador Joaquín Madariaga en la
Batalla de Vences, dando pie al reposicionamiento político de Corrientes, quien
desde entonces se alineó con el gobernador de Buenos Aires volviendo al seno de
la Confederación Argentina[34].
Derrocado el gobernador Madariaga, una de las primeras acciones del
nuevo gabinete provincial presidido por Benjamín Virasoro fue solicitar
directivas al Representante de las Relaciones Exteriores de la Confederación
respecto al vínculo que debía mantener la provincia de Corrientes con el Paraguay,
puesto que, al reingresar al cuerpo confederado, se le restringió toda
posibilidad de entablar relaciones bilaterales con éste.
En su comunicado, el nuevo gobernador señaló la necesidad que tenía la
provincia de sostener las relaciones comerciales con Paraguay, ya que la
comunicación fluvial con aquel Estado se encontraba formalmente bloqueada por
la Confederación. Felipe Arana respondió en nota fechada el 7 de febrero de 1848
que autorizaba el paso de “buques argentinos, cargados o vacíos, que vengan
o vayan a la Provincia del Paraguay” y señaló, además, en lo que se
consideró como una provocación, que “en la denominación de buques argentinos
se incluyen los Paraguayos que son argentinos”[35]. Asimismo,
según la Correspondencia Oficial citada por Ramírez Braschi, se ordenó al
gobierno de Corrientes no entablar relaciones de ningún tipo con el país vecino
y no darle a Carlos Antonio López otro título que el de gobernador[36].
La tensión en las relaciones políticas entre Paraguay y la
Confederación luego de Vences se notó en las restricciones impuestas al tráfico
comercial, situación que perjudicaba a
la economía correntina. Al mismo tiempo, la presencia militar paraguaya en las
cercanías de Corrientes fue leída como señal de alerta ante una posible invasión territorial. La sospecha del gobernador
Virasoro se fundaba en lo ocurrido una semana antes de Vences, cuando él, en
tanto coronel de la Frontera Norte de las tropas de Urquiza, intimó a dos
oficiales paraguayos que se encontraban sobre el río Aguapey a que “evacuasen
el territorio correntino”, advirtiendo que “sin título, ni derecho, y de
un modo bastante violento (…) han arrebatado porción de familias con sus
intereses para llevarla á su territorio á la otra banda del Paraná”.
Asimismo, habría aprovechado la ocasión para afirmar que “el Paraguay nunca
tuvo, ni tendrá territorio sobre la margen izquierda del Paraná”[37].
Lo acontecido resultó tan ofensivo para el gobierno del Paraguay, que
éste decidió tomar la advertencia de Virasoro para hacer pública reivindicación
de los derechos del país sobre los territorios ubicados en la margen izquierda
del río Paraná. El soporte de las declaraciones fue el periódico oficial y
vocero del gobierno de López: El Paraguayo Independiente.
Paraguay abre
sus “puertas”
El Paraguay desarrolló su vida política de manera autónoma desde mayo de
1811, momento en el cual inició su proceso independencia. En octubre de ese año
se reunió un Congreso en la ciudad de Asunción que resolvió establecer una Junta
Gubernativa de cinco miembros con representantes de los diversos estamentos.
Asimismo, se definió que la Junta sería autónoma respecto de la de Buenos Aires[38].
En 1813, ante la necesidad de responder a la convocatoria del gobierno
porteño para el envío de representantes paraguayos a Buenos Aires, un nuevo
Congreso que se reuniría en Asunción constituido por mil diputados. Allí se resolvió
no enviar representantes paraguayos al Congreso -conocido como “Asamblea del
año XIII”- convocado por Buenos Aires. En el mismo acto, se proclamó la
República del Paraguay y se adoptó como forma de gobierno un Consulado constituido
por José Gaspar Rodríguez de Francia y Fulgencio Yegros. La reunión del
Congreso de 1813 definió la independencia absoluta del Paraguay[39].
Un año más tarde, en 1814, se adoptó como forma de gobierno la dictadura
con duración de cinco años. Para el cargo de dictador fue elegido Gaspar de Francia,
quien había formado parte también de la Junta de 1811 y del Consulado de 1813. Dos
años después, el Congreso resolvió perpetuar a Francia como Dictador Supremo en
el gobierno. De este modo, Gaspar Francia gobernó hasta su muerte en1840. Su
gobierno se caracterizó por el aislamiento del Paraguay como medida para
resguardar la independencia del país frente a Buenos Aires[40].
Al fallecer Francia hubo varios intentos por reorganizar el Estado hasta
que en marzo de 1841 se reunió un nuevo Congreso que estableció un régimen
consular por tres años, conformado por Carlos Antonio López y Mariano Roque
Alonso. En 1844 se redactó y aprobó una Ley que establecía la Administración
Política del Paraguay con una división de poderes tripartita. El primer presidente electo fue Carlos Antonio
López. Fue con la llegada de López al poder que el Paraguay inició un proceso
de reapertura de cara a su inserción política y económica en la región. No
obstante, su independencia no fue reconocida por la Confederación Argentina sino
hasta 1852[41].
Carlos Antonio López inició en 1841, los primeros acercamientos
políticos con los gobiernos de Corrientes y Buenos Aires. Como mencionamos, durante
ese año se establecieron los tratados de Amistad, Comercio y Navegación y el
acuerdo provisorio de límites con Corrientes, quien entonces se encontraba
enfrentada a Rosas[42].
En este sentido, los problemas en torno a la navegación del río Paraná
no tardaron en aparecer. En 1845 Juan Manuel de Rosas bloqueó el comercio por
esa vía, prohibiendo luego la introducción de frutos paraguayos al Río de la
Plata. Como mencionamos antes, todo ello, motivó a Paraguay a sumarse a la
oposición militar contra Rosas, firmando una alianza defensiva-ofensiva con
Corrientes en noviembre de 1845, la cual se mantuvo pocos meses en pie[43].
A propósito de los sucesos políticos de la región, el gobierno paraguayo
decidió crear una publicación con el objetivo de sentar su postura y defender
su independencia a través de la prensa. Así, nace El Paraguayo Independiente,
soporte de la voz oficial del país. El periódico fundado en abril de 1845 fue
publicado hasta 1852, año en que la Confederación reconoce finalmente a la
República del Paraguay como Estado independiente[44].
Durante sus dos primeros años de vida -1845 y 1846- se editaron un total
de 70 números. Este panorama cambia en 1847, año en que se publicó nada más que
el ejemplar N° 71, reanudándose la periodicidad de la publicación el 12 de
febrero de 1848 con el N° 72[45]. El
Paraguayo Independiente es una pieza clave para entender no solo la
propaganda política del gobierno de Carlos Antonio López sino también los
argumentos con los que sostenía su gobierno. Son estos motivos los que explican que tomemos
esta publicación como una fuente crucial para mirar el conflicto suscitado en
torno a la isla Apipé, situación en la cual vemos cómo se ponen en juego las
soberanías.
En pie de
guerra
El ejemplar N° 72 de El Paraguayo Independiente inicia con un
artículo suscitado a partir de la intimación realizada por Benjamín Virasoro a
los oficiales paraguayos en noviembre de 1847. En el extenso descargo de la
editorial se reprocha a Juan Manuel de Rosas la actitud de considerar al
Paraguay como provincia de la Confederación y su ambición de recuperar
territorialmente las posesiones del antiguo Virreinato del Río de la Plata,
avanzando hacia la reafirmación de los derechos del Paraguay sobre la margen
izquierda del Paraná, derechos expresamente cuestionados en la carta de
Virasoro.
Además de esbozar una severe crítica contra Rosas, este artículo ilumina
otro aspecto de la política paraguaya del momento: la militarización de los
territorios del sur. Así, se afirma que “esta carta (refiriendo a la
intimación de Virasoro) justifica perfectamente la acertada previsión con
que el Supremo Gobierno de la República se ha puesto sobre el pie conveniente
de defensa”[46].
Según el periódico, esta suerte de previsión defensiva del Paraguay era
motivada por las propias ambiciones políticas de Rosas, quien “no admite
medio entre la sumisión completa, ó la guerra”. Así lo afirmaron los
propios editores: “el Gobierno de Buenos Aires nos va á inquietar, nos va á
traer la guerra, y se propone la conquista del Paraguay: como estamos
penetrados con esa idea, no podemos menos que complacernos al ver todas las
medidas de defensa que toma el Supremo Gobierno de la nación”[47].
En este contexto se entiende que en 1847 el presidente Carlos Antonio
López se haya ocupado de visitar el sur del Paraguay intensificando la
militarización de la zona. Durante su estadía en Villa del Pilar decretó el 15
de octubre de ese año la creación de una guardia provisional en la orilla
izquierda del Paraná, con el argumento de que “las fuerzas de Rosas no
dejarán de aprovechar esa ocasión”, en referencia a la defección de tropas
correntinas, “para invadir a la provincia de Corrientes y seguidamente a la
República”[48].
El hecho fue recuperado en El Paraguayo Independiente, quien reportó que
“los sucesos políticos y militares, que en el último tercio del año pasado
se preparaban en la Provincia vecina de Corrientes, decidieron a S. E. empezar
su visita por el bajo Paraguay, y la costa del Paraná”[49].
El argumento de la necesidad de tener un ejército defensivo es evocado constantemente,
por el gobierno paraguayo, tanto en las páginas del periódico como en los
documentos oficiales. De modo que en la proclama que se realizó desde Paso de
la Patria el 17 de noviembre de 1847 el presidente López expresó “Soldados:
nos hemos armado para nuestra defensa, no para inquietar a nuestros vecinos, ni
para llevar los males de la guerra fuera de nuestras fronteras” pero con la
advertencia “mientras se respete nuestro territorio y sosiego”[50]. En
esta lógica de amenazas y previsiones defensivas, la intimación de Virasoro fue
leída como el preanuncio del conflicto. Después de Vences y el alineamiento de
Corrientes con la Confederación, el horizonte político se tornaba más complejo
y peligroso para el Paraguay. Fue por ello que se incrementaron las medidas de
cara al robustecimiento del ejército y la presencia militar en el sur del país.
El 28 de enero de 1848 el presidente López prohibió a las embarcaciones
correntinas el ingreso al río Paraguay y el arribo a las costas e islas del
país para establecer obrajes y explotar maderas. Dispuso un sistema de
patrullaje fluvial encargado de identificar dichas embarcaciones y
contactarlas, comunicando que “el Supremo Gobierno de la República ha
ordenado se les haga volver sin permitirles el corte de madera” [51] e
intimando la retirada de las personas que se encontrasen en tierra efectuando
dicha explotación. Al mismo tiempo, el Decreto estableció que en caso de
resistencia se debía informar a los obrajeros la directiva del gobierno y efectuar
el desalojo por la fuerza, pero empleando “la mayor moderación, sin hacer
uso de las armas para golpear o herir a los hombres”[52].
Al cabo de días las medidas de vigilancia se intensificaron a propósito
del arribo de una escuadrilla entrerriana al puerto de Corrientes. El
presidente paraguayo ordenó al comandante de la Escuadra Nacional en la
frontera, vigilar desde la guardia de Cerrito (ubicada en la isla del Atajo)
las embarcaciones que ingresasen al río Paraguay, requisarlas, elaborar un
registro donde se consignaran los datos del buque, tripulación, cargamento, y de
acuerdo a ello autorizar el paso o demorar la embarcación. Asimismo, se dispuso
dar parte inmediato al Supremo Gobierno de la República en caso de que las
embarcaciones transportasen armamentos, útiles de guerra, o viajase tripulación
armada; por último, se determinaban las acciones a seguir en ocasión de padecer
un ataque[53].
Tales medidas dan cuenta de la centralidad que tuvo el elemento militar en la
política de Carlos Antonio López en los años 1847 y1848 y al mismo tiempo,
ponen en perspectiva otras disposiciones de gobierno, por ejemplo, la supresión
de los Pueblos de Indios.
De acuerdo con el artículo segundo del Tratado de Límites de 1841 las
tierras “de los extinguidos pueblos de Candelaria, Santa Ana, Loreto, San
Ignacio Mini, Corpus y San José” pertenecían al Paraguay, es decir, que
ambas orillas del río Paraná correspondían a dicha República mientras que la
tierra de la banda del río Uruguay a Corrientes. Por ello, el 7 de octubre de
1848, cuando se suprimen los veintiún Pueblos de Indios sólo se mencionan los
pueblos de la costa paraguaya puesto que los demás ya no existían como tales[54].
Telesca sostiene como hipótesis que la razón del decreto radica en la
necesidad de aumentar las filas del ejército y de destinar el ganado de las
comunidades para alimentar a las tropas[55]. Así
pues, podemos suponer que existe una relación entre el modo en que el gobierno
paraguayo propició la formación de un ejército destinado a defender los
territorios del sur -ubicados en una zona fronteriza poco definida, siendo
objeto de múltiples disputas- y la supresión de los pueblos de indios.
La cuestión del territorio de las antiguas misiones ubicadas en la banda
izquierda del Paraná, reclamadas por Paraguay y por Corrientes, permaneció en
la mira. En este sentido, el conflicto por la isla de Apipé puede ubicarse en
sintonía con en esas disputas[56].
El conflicto
por Apipé
De acuerdo a Ramírez Braschi, el 5 de abril de 1848 un total de diez
buques paraguayos comandados por Lázaro Centurión, arribaron a Apipé con el
objeto de reconocer la vecina isla de Yacyretá para levantar allí una
fortificación. La presencia de las tropas paraguayas precipitó la intervención
del gobierno de Corrientes, a través de Felipe Arana, colaborador de Rosas en
el manejo de las Relaciones Exteriores, quien expresó en una carta fechada el
20 de abril de 1848 “no debe permitirse que fuerzas de ninguna clase
de la Provincia del Paraguay pisen el territorio correntino”[57].
La situación se agravó en el mes de mayo cuando las tropas paraguayas,
siguiendo las órdenes del presidente Carlos Antonio López, intimaron a un grupo
de obrajeros correntinos a abandonar la explotación maderera a la que se
dedicaban, desalojando la isla. Nuevamente, el ministro Arana se involucró en
el conflicto, exigiendo al Paraguay la inmediata devolución de Apipé a la provincia
de Corrientes.
Lo acontecido, es considerado por la historiografía correntina como una
verdadera invasión territorial, puesto que desde la época colonial la isla
estuvo bajo jurisdicción del Cabildo indígena de Itatí, dependiente de
Corrientes[58].
A ello se suma lo establecido en el tratado de 1841, donde Paraguay y
Corrientes acordaron que “las islas de Apipé, Borda y las que se hallan más
cercanas al territorio de Corrientes en el río Paraná, quedan a su favor”, [59]
sentando otro precedente.
Según El Paraguayo Independiente lo ocurrido en Apipé distaba de
ser una invasión territorial. En primer lugar, porque la isla era considerada
como parte del Paraguay y, en segundo término, porque la evacuación se realizó
sin que mediara la violencia. En este sentido, la desocupación de la isla se
presenta como un acto preventivo, necesario para propiciar la seguridad del
Paraguay, puesto que la ubicación de Apipé facilitaba el tránsito al país. El
principal argumento utilizado era que “la permanencia en la isla de súbditos
de una nación, no amiga del Paraguay (…) podría traer perjuicio á la seguridad
de la República, y ocasionar conflictos de consecuencias desagradables”[60].
Asimismo, la medida de restringir el acceso a la isla y la explotación
de sus recursos a la población correntina es presentada como la continuidad de
un orden de cosas preexistente a la presidencia de López, remitiéndose al
cierre de fronteras en tiempos de la Dictadura del Dr. Francia. De este modo,
Carlos Antonio López aparece en el periódico como una figura indulgente,
obligada a tomar tales medidas de seguridad debido a las circunstancias
políticas del momento. Incluso la misma evacuación de la isla es descrita en el
periódico como un acto moderado y de suma consideración hacia los obrajeros
correntinos[61].
Según se afirma en las páginas de El Paraguayo Independiente, las
medidas dispuestas el 28 de enero para la isla del Atajo fueron replicadas en
Apipé. El 1° de mayo de 1848 Carlos Antonio López decretó el desalojo de la isla,
enviando al comandante militar del departamento de Santa Rosa junto a veinte
hombres armados, a notificar a las personas que estuviesen allí que “al cabo
de tres días, se retiren sacando cualquier ganado, ú otros animales que allí
tengan sin dar lugar á que sean lanzados por la fuerza”[62].
Ahora bien, lo importante para nuestro objetivo radica en los argumentos
esgrimidos a la hora de relatar el conflicto, tanto desde el gobierno de la
Confederación Argentina como del Paraguay, para ello, contamos con el periódico
del Paraguay que recoge ambas voces.
En el número 82 de El Paraguayo Independiente se cita un mensaje
del Gobernador de Buenos Aires a la Sala de Representantes del 27 de diciembre
1848 en el cual se relata el conflicto de Apipé a partir de la comunicación
remitida por Corrientes[63]. Así,
el gobierno correntino informó al Encargado de las Relaciones Exteriores de la
Confederación las intenciones del Paraguay de establecer una fortificación en
Yacyretá y la posterior intimación a los obrajeros correntinos en Apipé.
Ante ello, Rosas habría manifestado que “hechos tan inconsiderados, é
injustos como los precedentes (…) eran actos de la mas injusta invasion y
ataque, consumados tambien de manera insólita, aun entre Estados
independientes, y mucho más entre pueblos hermanos de un mismo país”. Aquí, además de negar la
independencia del Paraguay, Rosas habría evocado los derechos territoriales de
Corrientes sobre la isla, afirmando que la misma “ha pertenecido desde
tiempo inmemorial a la provincia de Corrientes” siendo “reconocido por
el mismo Gobierno del Paraguay”[64], en
referencia al Tratado de 1841. Esto evidencia la ambigüedad del gobernador
porteño, para quien el acuerdo resultaba válido en cuanto servía para sostener
sus argumentos. Por último, Rosas habría solicitado la desocupación de la isla
y su devolución a Corrientes, destacando la benévola y fraternal política de la
Confederación, opuesta a los injustificables y quiméricos deseos de segregación
del gobierno de Paraguay, e incitándolo a volver al seno de la Confederación
Argentina[65].
Tales afirmaciones resultaron ofensivas hacia la República Paraguay y fueron
refutadas en el mismo número del periódico oficial.
En primer lugar, desmintiendo la intención de establecer una
fortificación en la isla de Yacyretá y apelando una vez más al argumento
defensivo, se afirmó entonces que el gobierno poseía un puesto militar “desde
que se ha visto forzado a mantenerla en guardia contra las insensatas
pretensiones del pérfido gobernador de los porteños”[66]. Luego
la nota detalla la reincidencia de los obrajeros en la ocupación y explotación
de la isla y destaca el pedido que uno de ellos realiza al gobierno de
Corrientes para que los provean de armas y gente para recuperar la madera de Apipé.
Habría sido este pedido el que indujo al gobierno de la República a incendiar las
maderas de la isla.
En relación con los derechos territoriales se evoca la jurisdicción del
Paraguay sobre ambas márgenes del río Paraná desde tiempos de la colonia, posesiones
que fueron reafirmadas durante la experiencia de cierre en la Dictadura del Dr.
Francia.
Ahora bien, respecto al Tratado de 1841 el argumento se torna más
intrincado puesto que al momento de su celebración el panorama político era
diferente. La Provincia de Corrientes que se encontraba entonces enfrentada al
gobierno de Buenos Aires, asumió el pleno ejercicio de su soberanía y entabló
relaciones diplomáticas con el Paraguay. Tras la Batalla de Vences el nuevo
gobierno de Corrientes delegó la representación exterior en el gobernador de
Buenos Aires.
Esta modificación en el ejercicio de las atribuciones soberanas puede
ser rastreada en los argumentos de El Paraguayo Independiente,
evidenciando los alcances de las mismas y su ejercicio por parte de los sujetos
políticos involucrados en el conflicto.
Soberanías
en disputa
Hemos señalado que en 1839 la Provincia de Corrientes reasumió sus
atributos soberanos retirándole la representación exterior a Buenos Aires y en
tales circunstancias acuerda con Paraguay el tratado de límites de 1841. En las
discusiones en torno al conflicto de Apipé el tratado es invocado por la
Confederación como un antecedente válido, cuando Juan Manuel de Rosas afirmó
que la isla “ha pertenecido desde tiempo inmemorial a la provincia de
Corrientes” siendo “reconocido por el mismo Gobierno del Paraguay”[67].
No obstante, El Paraguayo Independiente afirmó que el gobernador
de Buenos Aires hasta entonces despotricaba contra el acuerdo, puesto que
pasaba por alto su potestad según lo acordado en el Pacto Federal. Asimismo, es pertinente señalar que los
gobiernos de Corrientes opuestos a Buenos Aires durante el periodo 1839-1847 fueron
considerados ilegítimos para Juan Manuel de Rosas, por lo tanto, los acuerdos
establecidos por la Provincia en esas circunstancias también carecían de
legalidad según el gobierno porteño. Esta consideración fue oportunamente
expresada en su periódico oficial, La Gaceta Mercantil, la cual afirmó
que Corrientes era “rebelde” y “pirata” de acuerdo con lo establecido en el
Derecho de Gentes[68].
Como contracara el Paraguay respaldó hasta 1847 la validez del acuerdo y
utilizando la misma fuente jurídica afirmó que Corrientes “estaba habilitado
por el Derecho de Gentes para celebrar cualesquier tratados con cualquier
potencia estrangera, como Estado soberano separado de Buenos Aires, é
independiente de hecho, y en guerra viva con el Gobierno de los porteños”[69].
A la discusión sobre la legitimidad de la persona jurídica
de la Provincia soberana de Corrientes, se sumó el conflicto por el contenido
del pacto firmado. Según El Paraguayo Independiente el tratado otorgaba a Corrientes “el disfrute de la isla de Apipé en
correspondencia á su reconocimiento liso, y llano del derecho incuestionable de
la República Paraguaya sobre el territorio de Pedro González, y del antiguo
departamento de Candelaria” [70],
ante ello Buenos Aires también acusó durante su enfrentamiento con Corrientes haberle
cedido ilegalmente territorios al Paraguay.
Ahora bien, en el contexto del conflicto de 1848, El Paraguayo
Independiente aseguraba que Carlos Antonio López declaró la insubsistencia
del tratado argumentando que “es perjudicial a sus intereses en las
presentes circunstancias”, reasumiendo así la jurisdicción sobre Apipé. Del
mismo modo se afirma que “desde que el Gobernador de los porteños sujetó la
provincia de Corrientes á la titulada Confederación Argentina” tras la
Batalla de Vences, la presencia de correntinos en la isla de Apipé representaba
un peligro para la seguridad de la República, vinculándolos con los “feroces
implacables enemigos de la nacionalidad paraguaya”[71].
De esta manera, el periódico oficial ponía en evidencia la
modificación de la situación geopolítica, marcando el carácter soberano de la
Provincia de Corrientes en 1841 y el cambio tras su reincorporación a la
Confederación en noviembre de 1847[72].
Todo ello nos muestra las estrategias utilizadas por los actores
políticos en cuestión para legitimar y deslegitimar los acuerdos a medida que
cambiaba la coyuntura. Por una parte, Paraguay sostuvo la legitimidad del
tratado evocando el Derecho de Gentes hasta 1847, y al trastocarse las
relaciones políticas dio marcha atrás declarando la insubsistencia del Tratado.
Por su parte, Buenos Aires deslegitimó la institucionalidad de Corrientes durante
1839-1847 acusándola de rebelde y pirata a partir de lo establecido por el
Derecho de Gentes, y luego, en el contexto de 1848 aludió a los límites
establecidos en el tratado con Paraguay como antecedente válido.
A ello se suman las fricciones entre Rosas y Carlos Antonio López,
puesto que el primero no reconocía la independencia del Paraguay, acusando a la
República de segregacionista. A este respecto El Paraguayo Independiente
se mostró intransigente, y afirmó en sus páginas que jamás ha pertenecido a la
Confederación, deseando que el gobierno de Rosas “desista de su quimérica
esperanza de sojuzgar á la República de Paraguay, que vive tranquila,
satisfecha de la posesión pacífica de su independencia y soberanía nacional”[73].
El conflicto de Apipé y las discusiones en torno a este episodio nos muestran
las tensiones geopolíticas de la región, y en este sentido, los problemas de las
provincias en torno al ejercicio de la soberanía, la representación exterior y la
particularidad del Paraguay en cuanto Estado Independiente no reconocido como
tal por Juan Manuel de Rosas. De este modo, se nos plantea un problema a la
hora de pensar el carácter de las relaciones políticas entre el Paraguay y la
Confederación hasta 1852.
Balance de
un problema
Hemos visto que en los meses de abril y mayo de 1848 la isla de Apipé
fue el escenario de un conflicto territorial entre Corrientes y Paraguay. Este
suceso tuvo lugar en un contexto marcado por los reposicionamientos de la
provincia de Corrientes entre 1839 y 1848, en un escenario regional en el que
las partes se vieron obligadas a modificar sus lugares.
Analizamos cómo Corrientes y Paraguay estrecharon sus vínculos durante
el periodo en que la primera estuvo separada de la Confederación y cómo, considerada
por Rosas como “Rebelde y pirata”, celebró tratados de comercio con Paraguay
alentando la posibilidad de revertir la situación de aislamiento en la que
había estado la segunda hasta la muerte del dictador Francia.
Observamos, el regreso de Corrientes a la Confederación después de la
Batalla de Vences en 1847, produjo un cambio en la situación geopolítica
regional e impulsó al presidente del Paraguay, Carlos Antonio López, a
intensificar la militarización de los territorios del sur de su país de cara a
una posible guerra con Rosas.
En este sentido, el conflicto entre el Paraguay y la Confederación por
la ocupación de la isla de Apipé expresa esa tensión política y militar que
temía el presidente López. La negociación que se llevó a cabo entre el
Representante de las Relaciones Exteriores de la Confederación, quien
intercedió por Corrientes; y la República del Paraguay hasta entonces no
reconocida por Rosas nos permitió advertir, además, distintas dimensiones de
soberanía. Son estas dimensiones y su alcance las que marcaron las
posibilidades y los límites de las relaciones políticas y económicas de la
región que conformaban Corrientes y Paraguay en el marco de lo que había sido
el virreinato del Rio de la Plata.