LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA
INDIGENISTA DESDE LA PRENSA EN LA PROVINCIA DEL CHACO (ARGENTINA): ESTADO,
ACTORES INDIGENISTAS Y AGENCIA INDÍGENA EN EL DIARIO EL TERRITORIO (1956- 1971)
THE CONSTRUCTION OF THE INDIGENIST POLICY FROM THE WRITTEN PRESS IN THE
PROVINCE OF CHACO (ARGENTINA): STATE, INDIGENOUS ACTORS, AND INDIGENOUS AGENCY
IN THE NEWSPAPER EL TERRITORIO (1956-1971)
María
Belén Vallejos
Instituto
de Investigaciones Geohistóricas, Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas- Universidad Nacional del Nordeste, Argentina
mariabelenvallejos95@gmail.com
María
José Ramírez
Instituto
de Investigaciones Geohistóricas, Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas- Universidad Nacional del Nordeste, Argentina
Victoria
Soledad Almirón
Instituto
de Investigaciones Geohistóricas, Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas- Universidad Nacional del Nordeste, Argentina
Resumen
En
1956, durante la autodenominada
“Revolución Libertadora”, se suprimió la Dirección de Protección del
Aborigen, el organismo que centralizaba la política indigenista a nivel
nacional, dando origen a la descentralización de dichas atribuciones en las
provincias. En el Chaco, en ese mismo año, se creó la Dirección del Aborigen
para encauzar la política indigenista provincial, cuyas funciones incluyeron:
el desarrollo de proyectos educativos y el fomento del trabajo agrícola,
forestal y ganadero. En este trabajo nos interesa examinar la historia
institucional de la mencionada Dirección del Aborigen, atendiendo a sus
principales objetivos y campos de acción, los espacios geográficos y grupos
étnicos priorizados, las relaciones con otros actores indigenistas y la agencia
indígena ante la gestión institucional.
Con
dicho objetivo, se recurre al análisis del diario local El
Territorio, principal medio de prensa escrita y de mayor tirada de
la provincia hasta fines de los años ‘60. Esta fuente aporta un panorama
general del devenir institucional y se configura en una caja de resonancia de
los temas de interés de distintos sectores sociales y políticos asociados a las
poblaciones indígenas del Chaco.
Palabras clave:
Chaco, política indigenista, Dirección del Aborigen, indígenas
Abstract
In 1956, during the self-proclaimed “Revolución Libertadora”, the
Directorate of Native Protection, the organization which centralized indigenist policy in the national level, led to the
decentralization of its responsibilities
in the provinces. In Chaco, in the same year the Directorate of
Aboriginal Affairs was created to channel the provincial indigenist
policy. Its functions included: the development of educational projects and the
promotion of agricultural, forestry and cattle-breeding work. In this paper we
are interested to analyse the institutional history
of the aforementioned Directorate of the aboriginal, attesting for its main
objectives and fields of action, the geographical and ethnic prioritized
groups, its relations with other indigenist actors,
and the indigenous agency vis-à-vis the institutional management.
With such objective, we resort to the analysis of the
local newspaper El Territorio, the main printed media
outlet, and of the longest edition of the province until the late 60s. This
source provides a general outlook of the institutional course, and acted as a
sounding board of the main interest themes of different social and political
sectors associated with indigenous populations of Chaco.
Keywords: Chaco, indigenist
policy, Directorate of the aboriginal, indigenous.
Presentación
Entre
los años 1956-1971, la política indigenista estuvo permeada por la historia
política de la Argentina que durante estos años se encontraba en un periodo de
inestabilidad política y económica. En 1955 se produjo el derrocamiento del
presidente Juan Domingo Perón, a partir del cual el gobierno de facto intentó
crear un nuevo orden. Entre 1958-1966, se sucedieron las presidencias de Arturo Frondizi
(1958-1962) y Arturo Illia (1963-1966)[1]
que se caracterizaron por sus perfiles desarrollistas y estuvieron atravesadas
por las presiones de las Fuerzas Armadas, los sectores peronistas y las
tensiones generadas a raíz de la Guerra Fría (Novaro,
2021). En 1966, se produjo un nuevo golpe de Estado encabezado por Juan Carlos
Onganía que derrocó al gobierno de Arturo Illia y buscó implementar un “autoritarismo desarrollista” para cumplir sus objetivos
políticos, económicos y sociales (Novaro, 2021, p.
95).
En
1956, durante la autodenominada “Revolución Libertadora”, se suprimió la
Dirección de Protección del Aborigen, organismo que centralizaba la política
indigenista a nivel nacional. La medida implicó la transferencia de sus bienes
a los estados provinciales donde funcionaba, entre ellos, Chaco, Formosa, La
Pampa, Misiones, Neuquén y Río Negro (Martínez Sarasola, 1992).
En
general, los/as autores/as
coinciden en señalar que la supresión del organismo nacional dio inicio a
la política indigenista jurisdiccional, que resultó posible tras la provincialización
de los Territorios Nacionales promovida a comienzos de los años ‘50[2]. En
este contexto, varias provincias asumieron la responsabilidad de crear
organismos especializados que se ocuparan de la cuestión
indígena. Sin embargo, la lentitud de los procedimientos
administrativos conllevó a que coincidiera en muchos casos con la re-creación,
durante la presidencia de Frondizi, de la Dirección Nacional de Asuntos
Indígenas (Lenton, 2005).
En
el caso del Chaco, la provincialización en 1951 dio origen a una nueva etapa
administrativa que generó un escenario inédito para el tratamiento de la cuestión indígena. Por entonces, tuvieron lugar los primeros
organismos especializados en el tema. En 1954, durante el gobierno de Felipe
Gallardo (1953-1955), se creó la Dirección Provincial de Acción Agraria y
Colonización para la Readaptación Indígena, dependiente del Ministerio de
Asuntos Sociales, con el objetivo de “establecer la educación
agrícola y organizativa de los indígenas para mejorar su producción”
(Almirón, 2018, p. 5). Sin embargo, la organización administrativa consumió la
mayor parte de la atención de las autoridades, implicando que el problema indígena se tradujera en cambios institucionales
más que en acciones concretas (Guarino, 2010).
Tras la
supresión de la Dirección Nacional, en 1956, la intervención federal creó la
Dirección del Aborigen (en adelante DA) dependiente del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, que se ocupó de la gestión de la política indigenista
provincial. Dicha institución tuvo un funcionamiento sostenido hasta fines de
la década del ‘80, cuando se creó el Instituto del Aborigen del Chaco (en
adelante IDACh). Este trabajo tiene como objetivo
examinar la historia institucional de la mencionada DA, atendiendo a sus
principales objetivos y campos de acción, los espacios geográficos y grupos
étnicos priorizados, las relaciones con otros actores indigenistas y la agencia
indígena ante la gestión institucional.
Existen
escasos estudios que se ocuparon de la DA. Los trabajos consultados tienden a
mencionar características generales, cambios institucionales y la vinculación
con otros actores indigenistas (Pompert de
Valenzuela, 2003; Lenton, 2005; Giordano, 2008;
Guarino, 2010; Almirón, 2018; Almirón, 2019; Leone, 2022). No se han encontrado
investigaciones que focalicen en la prensa escrita durante el periodo que
atiende este artículo, en el cual tuvo su génesis y consolidación la política
indigenista provincial. Ello justifica el recorte temporal propuesto.
El trabajo consta de cuatro apartados. En el primero se exponen las
consideraciones teórico-metodológicas que sustentan la investigación. El
segundo se focaliza en la DA atendiendo a diferentes dimensiones: objetivos y
campos de acción, estructura organizativa, áreas geográficas y grupos étnicos
atendidos, cambios institucionales. El tercero se concentra en actores
indigenistas que actuaron en paralelo a la DA y las vinculaciones establecidas
con dicho organismo estatal. Finalmente, el último se ocupa de la agencia
indígena que interpeló de maneras diversas la gestión de la política
indigenista oficial.
Consideraciones
teórico-metodológicas
Se
entiende la acción de la DA en término de política indigenista.
El concepto alude a las medidas originadas en el Estado dirigidas a los pueblos
indígenas, independientemente de su contenido axiológico (Lenton,
2010). No obstante, Leone
(2022) propone ampliar el concepto con el fin de reconocer el “elemento
indigenista que pueden contener ciertos discursos, prácticas e iniciativas
estatales no explícitamente dirigidas a estos grupos” (p. 39). De este modo, la
política indigenista
No necesariamente se agota en una única
dependencia estatal ni se limita rígidamente a la jurisdicción gubernamental,
sino que puede extenderse por infinidad de puntos en el espacio social. La
política estatal indigenista puede asentarse sobre prácticas llevadas a cabo
por sujetos e instituciones que no se hallan integradas en la estructura
estatal (Leone,
2022, p. 39).
A
raíz de estos aportes, en este trabajo se opta por utilizar política indigenista estatal para hacer referencia a las
acciones promovidas por el Estado a través de sus agencias especializadas,
especialmente la DA. Mientras que política indigenista
incluye las acciones de otros actores sociales que no necesariamente
constituían la esfera estatal.
Se
utiliza el término actores indigenistas
para aludir a la intervención de asociaciones civiles o grupos religiosos que
trabajaron en territorio con distintos grupos indígenas, atendiendo espacios o
áreas desatendidas por la esfera estatal. El indigenismo,
según Bengoa (1994), refiere a un movimiento de denuncia y defensa de las
poblaciones indígenas que se define en función de tres elementos centrales:
la denuncia de la opresión del indio, la
búsqueda de políticas de superación de la situación indígena por el camino de
su integración al conjunto de la sociedad y de la manifestación, como
consecuencia de lo anterior, del carácter mestizo, indoamericano, del
continente
(p. 167).
Aunque
el concepto más difundido sugiere que el indigenismo comprende la política de
individuos o grupos no-indígenas dirigidas a las poblaciones autóctonas
(Aguirre Beltrán citado en Díaz Polanco, 1979), distintos/as autores/as
insisten en no invisibilizar la agencia de estos grupos étnicos (Giraudo, 2021; Parraguez, 2021). En sus investigaciones, muestran distintas formas de intervención
indígena, ya sea participando en instituciones, apoyando denuncias y demandas o
involucrándose en actividades de actores indigenistas.
En este trabajo se entiende a la agencia indígena como la capacidad de acción de estos grupos
étnicos que se evidencia de diversas maneras, entre ellas, las formas
cotidianas de resistencia, impugnación, disputas por el poder y la
representatividad, divergencia de agendas, objetivos y propósitos (Guiñazú, Trentini y Ameghino,
2019); incluso la aceptación compleja y ambivalente de categorías y prácticas
dominantes (Scott, 1985 en Ortner, 2016). En el
artículo se busca atender dicha agencia, focalizando en la recepción de las
políticas por parte de los pueblos indígenas, sus demandas y cuestionamientos y
las estrategias que esgrimieron para intervenir en la política indigenista
estatal.
Finalmente, se utiliza el término indígenas ya que se trata de la denominación
más difundida en los tratados internacionales, las normativas nacionales y
provinciales; mientras que aborigen
constituye una categoría nativa, no reemplazable, que se utiliza para
referenciar el contenido de las fuentes.
En lo metodológico, se recurre al análisis del
diario local El Territorio[3],
principal medio de prensa escrita y de mayor tirada de la provincia hasta fines
de los años ‘60. La prensa ha sido una de las fuentes principales para la
reconstrucción histórica a raíz de la información que provee sobre los
acontecimientos en el mismo momento en que estaban ocurriendo (Lanzillotta,
2019, p. 309).
Específicamente,
se han seleccionado notas periodísticas alusivas a la DA, las poblaciones
indígenas de la provincia y el accionar de los actores indigenistas del medio.
Se entiende que la prensa escrita canaliza los “posicionamientos
ideológicos y de los imaginarios de una sociedad dada” (Hernández
Ramos, 2017, p. 472) y que, por lo tanto, ofrece evidencias sobre las
propuestas que el estado provincial y otros agentes pensaron para la población autóctona
provincial. No obstante, entre sus limitaciones, supone una construcción social
que representa ciertos intereses, por ello, la importancia de cotejar la
información con otras fuentes (Solís Carnicer y Maggio, 2019).
Se trata de
una primera aproximación al tema[4],
que busca describir y sistematizar las fuentes consultadas y proponer algunas
líneas de análisis preliminares. Para ello se han consultado ediciones
comprendidas entre 1956 y 1971, que coinciden con la fecha de creación de la DA
hasta principios de la década del 70. Se entiende que a partir de 1971 inicia
un periodo de mayor estabilidad en la gestión de la DA, a raíz de la
designación de una nueva autoridad que, a diferencia de las anteriores, perduró
en el cargo a lo largo de una década. De acuerdo a lo expuesto, el criterio de
recorte temporal se focaliza en la historia de la institución y su relación con
la historia política provincial.
La
historia institucional de la Dirección del Aborigen
En diciembre de 1956,
el interventor federal de la provincia, coronel Pedro Avalía[5],
creó la DA y procedió a la
toma de posesión del patrimonio existente en Colonia Aborigen Chaco y en el
Ingenio “Las Palmas” (Guarino, 2010). El decreto-Ley ordenó que la
institución quede bajo la órbita del Ministerio de Agricultura y Ganadería de
la provincia y estableció un presupuesto anual de dos millones quinientos mil
pesos. No obstante, la Dirección debía amortizar el 60% de este monto. La DA
estaba a cargo de la planificación laboral, focalizada en la actividad
agrícola, la comercialización de la producción y el pago a los/as
trabajadores/as indígenas. Del mismo modo, tenía la potestad de otorgar
préstamos para la obtención de herramientas, semillas, mercaderías, entre otros
recursos.
En el plano pedagógico, se estipulaba una “acción educativa permanente en todas las actividades que se practiquen
en colonias, talleres y explotaciones de la índole que fueran” y “estimular asiduamente todo acto que tienda a la formación de hábitos
morales”[6].
Este tópico se encontraba menos desagregado a diferencia del área
económico-productiva en la que concentró la gestión de la DA, a lo largo del
periodo analizado. Según informaba El Territorio:
El mejoramiento económico es la finalidad
primordial para lograr consecuentemente la readaptación indígena y a tal fin
queda establecida la obligatoriedad de suministrar herramientas, animales,
implementos, tierras, árboles, préstamos de dinero para cubrir las necesidades
de las distintas etapas de cultivo y contribuir a facilitar toda gestión
tendiente a resolver situaciones personales vinculadas con el trabajo y la
producción. Además, el Estado dirigirá, vigilará y prestará toda la
colaboración técnica necesaria[7].
A través de las páginas del diario se puede reconocer que la
principal actividad productiva consistió en el cultivo del algodón, para lo
cual se entregaron semillas, herramientas de labranza y créditos. También se
instalaron proveedurías para el abastecimiento de alimentos. Con el tiempo, se
diversificaron los cultivos[8] por
medio de la fruticultura y la incorporación de hortalizas, forrajes y
oleaginosas, aunque la actividad primordial continuó siendo el algodón.
Asimismo, se incluyó el fomento de la producción avícola y de la pequeña
industria a través de la instalación de carpinterías, talleres mecánicos,
carbonería, ladrillerías, entre otras, cuyas sedes
principales se encontraban en Colonia Aborigen Chaco[9].
La Dirección compraba
la producción a los indígenas y se ocupaba de su comercialización externa, sin
que los mismos tuvieran
participación en las decisiones administrativas y comerciales. Así se explica
en las fuentes:
El
organismo estatal en oportunidad de las cosechas procede a la adquisición del
algodón a los colonos indígenas abonando por el producto los precios que rigen
en plaza los que son determinados, como en la generalidad de las zonas (...) El
algodón en bruto adquirido es desmontado o vendido por licitación pública,
operación esta última a la que obliga la carencia de recursos económicos[10].
A lo largo
del periodo, el objetivo explícito de la política indigenista estatal consistió
en la “integración”, “adaptación”
o “asimilación” de las poblaciones
indígenas a la sociedad “nacional” y “chaqueña” que, según la mirada hegemónica
de la época, se daría a través de su transformación como trabajadores rurales[11].
La DA se configuró en una institución tuteladora cuya
responsabilidad implicaba proveer a los indígenas de “todos los
medios necesarios para que ocupen dentro del concierto provincial el lugar que dignamente
le corresponde”[12].
En definitiva, como plantea Díaz Polanco (1979), toda acción integradora
remitió al sistema capitalista en el que los/as indígenas ocuparían un lugar
como trabajadores subordinados.
Cabe señalar que en torno a la “integración
indígena” existió un consenso generalizado entre el Estado y otros
actores indigenistas que se describen en el próximo apartado. Incluso, este
principio quedó establecido en la Constitución Provincial de 1957, que
responsabilizó al Estado de la “protección” e “integración”
indígena, para lo cual se requería la radicación en la tierra, la mejora
económica y educativa, y el efectivo ejercicio de los derechos ciudadanos. Se
trata de un principio heredero del indigenismo mexicano que fortaleció el
paternalismo estatal que ya caracterizaba a la política indigenista desde
principios del siglo XX (Giordano, 2008). Pese a la trascendencia de esta
postura, también hubo sectores que sostuvieron que la solución consistía
en poner “a los aborígenes contra la pared y con unas
cuantas decenas de disparos ‘liquidar el problema’”[13].
Más allá de la
explicitación de este propósito, la DA denunció de forma recurrente la falta de
recursos para atender a las comunidades indígenas de la provincia. Esta
cuestión fue expuesta tanto por los colonos indígenas y, sobre todo, por los
directores que en más de una ocasión usaron las páginas de El
Territorio para defender sus gestiones y exponer la precaria
situación económica que atravesaba la institución. Entre los ejemplos, se puede
mencionar dos casos en los que delegaciones indígenas denunciaron las
irregularidades de la DA y los directores respondieron argumentando sobre la
precaria situación económica institucional y acusando a los indígenas de no
cumplir con sus obligaciones [14].
La estructura organizativa
de la Dirección contaba con la figura del director, designado por el Poder
Ejecutivo provincial al igual que el administrador de Colonia Aborigen Chaco;
en esta localidad se concentraba gran parte del mobiliario e inmuebles
transferidos tras la disolución de la Dirección Nacional. En cuanto al perfil
de los directores, las fuentes dan cuenta de la designación de religiosos o
militares, aunque la información proporcionada no permite reconstruir sus
trayectorias y vinculación previa con la política indigenista provincial.
Además de Colonia
Aborigen, de forma expansiva se crearon “colonias” en distintos puntos de la provincia y se
designaron delegados a cargo de “controlar” y “supervisar” los trabajos que se realizaban[15].
El Territorio permite identificar la
creación de las primeras “colonias” en J.
J. Castelli, Pampa del Indio y Tres Isletas (Ver Figura 1).
Figura
1. Localización de áreas atendidas por la
Dirección del Aborigen.
Referencias. Verde: región central del Chaco
(Colonia Aborigen Chaco); naranja: punto de confluencia entre el noroeste y
noreste (zona de J. J. Castelli, Tres Isletas y Pampa del Indio); rojo:
sudoeste (zona de Charata y Las Tolderías); lila: noroeste (zona de Misión
Nueva Pompeya).
Fuente: elaboración propia
Posteriormente, se
sumaron otras en zonas aledañas como Fortín Lavalle o Pampa Chica. De manera
que, inicialmente, la acción se focalizó en la zona geográfica habitada
especialmente por la población qom, mayoritaria en la
provincia[16].
En 1959 se creó una colonia en Las Tolderías y posteriormente en Charata,
constituyendo las primeras referencias en el sudoeste chaqueño, área moqoit[17].
Recién a fines de los ‘60, se habría ampliado al noroeste, más allá de J. J.
Castelli, abarcando el área circundante a Misión Nueva Pompeya, con
predominancia de población wichí (Almirón, 2019;
Leone, 2022).
Aunque las fuentes
consultadas dan cuenta de esta expansión territorial de la política indigenista
estatal que apuntaba a la radicación de la población indígena y la producción
algodonera, Colonia Aborigen Chaco recibió mayor atención presupuestaria y supervisiva. Se conjetura que esto se debió a sus
instalaciones, la amplia extensión geográfica, la concentración de la población
indígena y la historia del lugar[18].
Al poco tiempo de su funcionamiento, se produjeron
los primeros cuestionamientos a la DA y se expuso una contrapropuesta. En 1958
se celebró en Resistencia la Primera Asamblea Indigenista[19],
un evento clave en la visibilización de la situación
indígena en la región, en la que participaron funcionarios públicos,
legisladores, representantes del Obispado de Resistencia, intelectuales,
docentes y 35 dirigentes indígenas. Durante los días que duró el evento se
trataron los aspectos sociales, económicos, sanitarios, culturales y educativos
de estos grupos étnicos en la región (Giordano, 2008; Guarino, 2010; Almirón,
2019; Leone, 2022).
En las comisiones se cuestionó la DA por la estructura
burocrática “centralista e inoperante” y se
plantearon una serie de cambios políticos y organizativos. La propuesta
principal consistió en el reemplazo de la DA por el Instituto del Aborigen,
cuya estructura organizativa contemplaba la figura de un Consejo Directivo
integrado por “un miembro designado por el Poder Ejecutivo
y un representante aborigen elegido por los miembros de las comunidades
indígenas que debía replicarse a nivel local”[20].
Dicha Comisión sería la encargada de definir la orientación de la política
indigenista provincial. A la par del Consejo Directivo, actuaría un Consejo Técnico
Asesor, integrado por especialistas en la solución de diversas problemáticas
vinculadas a cuestiones de sanidad, economía, educación, administración, entre
otras.
Además, se consideró la importancia de designar a delegados
indígenas dependientes de la DA, en concurrencia con un reciente nombramiento
efectuado en la colonia Castelli. Con este antecedente, la Asamblea solicitó al
gobierno provincial extender este tipo de designaciones en todas aquellas
localidades donde existieran “poblaciones numerosas de
aborígenes”. Los nombramientos debían realizarse en torno a una
terna de candidatos elegidos por los indígenas reunidos en asambleas.
Conjuntamente con esto, se estipuló el autofinanciamiento a
partir de la explotación de los establecimientos dependientes del Instituto y
la vinculación con el Poder Ejecutivo Provincial para proveer los “recursos indispensables a efectos de asegurar un presupuesto suficiente”
a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería[21].
La propuesta
efectivizó algunos de sus puntos en junio de 1963, cuando la intervención
militar[22]
reemplazó la DA por el Instituto del Aborigen de la Provincia. Por entonces, se
argumentó que la DA no había cumplido con sus funciones por una “monotonía económica y simples tareas administrativas”[23], y
que la propuesta contaba con un respaldo jurídico internacional a partir de la
incorporación del país a la convención internacional del Instituto Indigenista
Interamericano.
Según el Decreto Ley de creación
Nº1216/1963[24], a
diferencia de la Dirección, el Instituto debía contar con autarquía financiera
y capacidad para actuar de acuerdo con las disposiciones legales. Entre sus
fines sobresale la “elevación social, cultural
y económica hasta conseguir su plena integración a la comunidad nacional”
y gestionar los medios para alcanzar dicho propósito[25].
Además, se circunscribió el
domicilio de la institución en Colonia Aborigen Chaco, lo que guarda relación
con la atención recibida anteriormente por la DA. El instituto estuvo conducido
por el Consejo Directivo con el apoyo del Consejo Asesor. El primero, integrado
por un presidente y dos vocales, a cargo de la toma de decisiones. El segundo,
por un representante del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), y hasta
tres miembros de instituciones especializadas en asuntos indigenistas. A
diferencia de la composición de la DA, se incluyó a un representante indígena[26].
A partir de entonces se
advierte en la política indigenista estatal una triple intención: por un lado,
un interés por dar autonomía y asegurar cierta continuidad de los lineamientos
políticos en un contexto de creciente inestabilidad política, que había tenido
como corolario la intervención provincial tras las elecciones que dejaron bien
posicionados a los representantes del peronismo local (Novaro,
2021) y la posterior renuncia de Frondizi. Por otro, una valoración de la
experiencia de los actores indigenistas del medio, sobre lo cual se profundiza
más adelante, y, finalmente, el intento por tratar la problemática
indígena desde una perspectiva integral que no se redujera a la
dimensión económica.
Sin embargo, meses
después con el retorno de la democracia, el gobernador electo Deolindo Felipe Bittel[27]
estableció la intervención del Instituto fundamentado en críticas a las
condiciones de su creación e implementación, es decir, que la misma fue “resuelta apresuradamente en las postrimerías del gobierno de la
Intervención Federal, no realizándose estudios previos exhaustivos (...)”
y evidenciaba irregularidades en su funcionamiento[28].
Se cuestionó además el establecimiento de la sede en Colonia Aborigen Chaco por
hallarse lejos de la capital provincial donde estaba centralizada la
administración pública, además de señalar que la DA había cumplido con mayor “eficiencia” sus objetivos.
Se designó como
Director interventor al militar José I. Ferrer[29],
quien ya había participado durante la transferencia del patrimonio de la DNPA a
la provincia y la posterior creación de la DA en 1956. A los pocos días, se
resolvió el reemplazo del Instituto por la DA bajo la dependencia del
Ministerio de Agricultura y Ganadería[30]
y se conservó a Ferrer a cargo de la intervención institucional[31].
Si bien esto dejó sin
efecto la representación de otros funcionarios públicos, actores indigenistas e
indígenas en el organismo especializado, según lo mencionado previamente, en
1964 el gobierno convocó a dichos actores para discutir el rumbo de la política
indigenista provincial en el Primer Congreso Indigenista organizado por el
Ministerio de Agricultura y Ganadería. El evento contó con la participación de
funcionarios públicos provinciales y nacionales, intelectuales, religiosos, docentes, militares,
autoridades de UNNE y la prensa local y nacional. Se discutieron ponencias y se
aprobaron recomendaciones que fueron elevadas al Estado[32].
Dentro de los objetivos
principales se planteó el interés de evaluar las distintas aristas involucradas
en la integración indígena, intercambiar ideas
y coordinar acciones.
En cuanto a las resoluciones finales, sobresale la propuesta de conformación de un Consejo Asesor de la DA[33] y la realización de un censo indígena para la definición de políticas, una demanda largamente sostenida por diversos actores indigenistas, incluso expuesta en la Asamblea Indigenista Chaqueña de 1958.
Acerca de la
primera resolución, a los pocos meses el gobierno provincial creó y reglamentó
dicho Consejo, constituido por diversos sectores sociales intervinientes en la
política indigenista chaqueña[34].
Respecto a la segunda, en 1965, durante la presidencia de Arturo Illia, se
impulsó el primer Censo Indígena Nacional. Su implementación fue anunciada en Resistencia por
el Director Nacional de Asuntos Indígenas, Reverendo Emilio Martínez, durante
la clausura de la Primera Convención Nacional de Antropología.
El censo constituyó
un punto de unión entre la agencia estatal y el campo académico, ya que para su
ejecución se convocó a profesionales, especialmente antropólogos (Lenton, 2005). En el caso de Chaco, las fuentes consultadas
muestran disparidades entre la programación y su implementación, esta situación
podría radicar en la instalación de una nueva dictadura militar a partir de
1966[35].
En principio, se alude a la proyección de una capacitación
de estudiantes de la UNNE y otros interesados que aplicarían el relevamiento en
cuatro áreas[36];
la información relevada sería luego enviada a Buenos Aires para su análisis y
comunicación de los resultados[37].
Finalmente, la conducción del censo a nivel provincial
estuvo a cargo de la UNNE y fueron enviados “estudiosos de Buenos
Aires” que oficiaron como “jefes” de los
equipos censales conformados en las ciudades cabeceras. Al igual que pasó con
otras jurisdicciones (Lenton, 2005), el gobierno
provincial tuvo una escasa participación que se basó, en algunos casos, en
facilitar el medio de transporte. El Territorio
cuestionó la “intrascendente” intervención de
la DA que “resultó convidada de piedra” y la falta de consideración al trabajo de actores
indigenistas que se encontraban trabajando con poblaciones incluidas en el
censo. Con base en esto, tituló sobre el “fracaso” del
censo en la provincia y le adjudicó este resultado a la “sensibilidad
centralista” y “la enmarañada burocracia
de las dependencias estatales”[38].
A
nivel nacional, el censo tampoco tuvo el cierre previsto. Tras el Golpe de
Estado, se disminuyó el presupuesto y quedaron datos sin procesar. No obstante,
contribuyó a la visibilización de las poblaciones
indígenas que habitaban el país, así como la marginalidad en la que vivían y
los datos publicados fueron una referencia tanto para legitimar la acción
estatal proteccionista e integradora como los reclamos indígenas.
En 1966, se presentó la propuesta de transferir la DA del
Ministerio de Agricultura y Ganadería al Consejo General de Educación (en
adelante CGE), argumentando que el problema indígena constituía una cuestión
educativa y no sólo económica[39].
Sin embargo, las fuentes consultadas permiten reconocer que la iniciativa quedó
en el plano propositivo y que la actividad productiva continuó siendo la línea
prioritaria de la institución.
Años más
tarde, en 1969, el interventor de la provincia, conforme a la autorización del
Poder Ejecutivo Nacional y las atribuciones legislativas reconocidas en el
Estatuto de la Revolución Argentina, incorporó a la Dirección del Aborigen bajo
la dependencia del Ministerio de Bienestar Social. La Ley N° 970/1969 le otorgó
a esta Dirección una mayor intervención en las transacciones económicas, ya sea
con los colonos indígenas que dependían del organismo para comercializar sus
producciones; como con los compradores externos. Tal vez por ello, Tissera (1977) indica que la Dirección se organizó como una
empresa estatal autónoma.
También estipuló la
contratación de personal jornalizado “preferentemente aborigen”
para la realización de las actividades, reconociendo las disposiciones
previsionales nacionales[40].
En términos de Muñoz (2023), esta medida buscó garantizar el “pleno empleo” indígena en un contexto en el que la crisis
algodonera de la década del ‘60 había afectado considerablemente las áreas
sembradas y la demanda de fuerza de trabajo. No obstante,
el Estado tenía la atribución de fijar los precios de la producción relegando a
los indígenas a un lugar subordinado ante la DA. Tomamos como ejemplo de ello:
Artículo
13: (…) la Dirección del Aborigen podrá, en forma directa y cualquiera fuere su
monto: a) comprar a los aborígenes bajo su jurisdicción su propia producción en
las condiciones y formas que determine la reglamentación, previa fijación por
el Poder Ejecutivo en forma general o particular del precio máximo a abonar[41].
Como
mencionamos anteriormente, la Ley también implicó el pasaje de la DA al Ministerio
de Bienestar Social, que siguió los lineamientos de la política nacional
asumiendo para los sectores populares, entre ellos los grupos indígenas, el
enfoque del Desarrollo de la Comunidad (en adelante DC). El mismo le aportó al
gobierno ciertos argumentos, por un lado, para canalizar la participación
social a través de la organización comunitaria, en detrimento de los partidos
políticos tradicionales. Por el otro, delegó en las propias comunidades la
resolución de sus problemas mientras que el Estado asumió un rol subsidiario (Golbert y Roca, 2010; Gomes, 2011, 2016).
El
DC se institucionalizó a nivel nacional a través de la estructura de la
Secretaría de Estado de Promoción y Asistencia a la Comunidad (en adelante
SEPAC), dependiente del Ministerio de Bienestar Social. Esta Secretaría “fue pensada como una institución que se abocaría a la promoción social
de sectores y regiones postergados, trabajando en forma conjunta con la
comunidad y los organismos públicos o privados” (Gomes, 2011, p.
290). La SEPAC se dividió en dos Direcciones Generales: Asistencia Comunitaria
y Promoción Comunitaria, esta última incluyó el Servicio Nacional de Asuntos
Indígenas (SNAI).
Bajo
esta órbita fueron desarrollados los "Programas Integrados de
Desarrollo Comunitario Aborigen" (Martínez Sarasola, 1992).
Según Leone (2022), las políticas indigenistas provinciales tendieron a
alinearse al DC y aquellas consideradas menos desarrolladas recibieron una
atención especial, entre ellas, el Chaco. En la provincia, dichos Programas se
ejecutaron a partir de la década del ’70. El Territorio
registró la transferencia de dinero de la SEPAC para proyectos de desarrollo
comunitario en Misión Nueva Pompeya, Cabá Ñaró y Colonia Aborigen Chaco[42].
La Dirección del Aborigen en el escenario indigenista local
Como plantea Almirón (2019), “el Estado provincial, a través de sus organismos competentes y líneas
de acción, fue un agente partícipe, aunque no hegemónico, en la delimitación de
los sentidos e itinerarios que asumió la política indigenista chaqueña”
(p. 163).
Distintos actores indigenistas, de
adscripciones diversas, se involucraron con poblaciones indígenas en distintos
puntos de la provincia, entre ellos: la filial de la Cruz Roja para aborígenes;
el Obispado; la Asociación Amigos del Aborigen (en adelante AADA); la Junta
Unidas de Misiones (en adelante JUM) y un grupo de católicos/as
tercermundistas.
Ante
las condiciones de subsistencia, esto es la extrema pobreza, la falta de oportunidades o
explotación laboral y el impacto de la crisis algodonera (Beck, 1996; Muñoz,
2023), individuos y familias indígenas emigraron a las grandes ciudades de la
provincia. Allí, se asentaron en áreas periféricas y marginales que no contaban
con servicios básicos de infraestructura (caminos, red eléctrica y cloacas),
agua potable, instituciones escolares y sanitarias.
En dicho contexto, mientras la DA
priorizaba las áreas rurales en línea con discursos que pregonaban que la “solución al problema indígena requería su absorción a la masa común de
trabajadores rurales”, otros actores indigenistas se ocuparon de la
situación de estos asentamientos indígenas[43].
Entre ellos, en 1961 fue constituida la
Comisión de la Cruz Roja para Aborígenes. Esta implementó un
programa asistencial destinado al “núcleo aborigen”
qom ubicado en las “afueras de
Resistencia”[44],
que posteriormente derivó en la creación del Barrio Toba. Sus acciones
incluyeron la distribución
de alimentos, ropas y medicamentos; colaboraron con la creación de escuelas,
puestos sanitarios y caminos; donaron bombas de agua y propiciaron la
generación de empleos[45].
La comunidad indígena
acompañó las acciones mediante la cooperadora Cacique Taygoyic,
asesorada por el personal de la Cruz Roja[46].
Aunque se pretendía transformar de manera
rotunda las formas de vida indígena, también se valoraron algunas expresiones
culturales, como la música, a través de la creación del coro qom Chelaalapí[47];
o el taller de artesanía. A fines de los ‘60, se conformó la cooperativa
indígena Abalopí que se encargaba de la
comercialización de la producción artesanal[48].
También por entonces, en una escuela primaria gestionada por la entidad, se
dictaron cursos de “lengua Toba” a
cargo de Juan Vera, maestro qom que propiciaba la
conservación de la lengua indígena[49].
Otros
actores indigenistas crearon el barrio Nam Qom,
promediando los años ‘60, en las afueras de P. R. Sáenz Peña, la segunda ciudad
más poblada de la provincia. En este caso intervino el Obispado[50],
por entonces a cargo de monseñor
Ítalo Di Stefano, quien había acompañado actividades de la Cruz Roja en
Resistencia[51].
Particularmente, se desarrolló un programa asistencial destinado a la población
qom a través de la filial regional de la Comisión
Católica Argentina (en adelante CCA), para la Campaña Mundial contra el Hambre
impulsada en 1960 por la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación.
Con el objetivo de alcanzar la
integración indígena a la “vida sedentaria”,
el equipo diocesano acompañó la radicación de las familias y la producción
agrícola en pequeñas parcelas. Al igual que en el caso anterior, también se
formó un coro qom y una cooperativa artesanal. Con el
tiempo, se constituyó una comisión vecinal que articuló y recibió el apoyo de
distintas instituciones locales[52].
La CCA tuvo una participación destacada en aspectos educativos, sosteniendo
centros de alfabetización de adultos[53],
colaborando en la creación de escuelas primarias[54]
y promoviendo la apertura de una escuela de enfermería en conjunto con la Cruz
Roja[55].
Por
su parte, la población qom y moqoit
de Colonia Aborigen Chaco, recibió la atención de la Asociación Amigos del
Aborigen, fundada en Quitilipi en 1963, a raíz de la
preocupación de un grupo de pobladores/as por la situación de marginación de
las poblaciones indígenas. Si bien la Colonia constituía la sede principal de
la DA, la AADA cuestionó la política indigenista aplicada hasta el momento por
ocuparse sólo de la cuestión económica y planteó que la educación unida a otros
campos resultaba indispensable para lograr la integración del
indígena a la sociedad nacional y chaqueña[56].
De
la misma manera que sucedió en los casos anteriores, en la Colonia fue
desplegado un programa que tuvo como eje la alfabetización de adultos/as a
partir de la cual se canalizaron actividades sanitarias, recreativas,
vinculadas a la producción y el hogar[57].
La Asociación pretendía que los indígenas adoptaran ciertos patrones
occidentales que, según su posicionamiento, facilitarían la integración. Entre
ellos: el castellano, la medicina occidental, formas de cuidado e higiene,
prácticas culinarias y productivas, herramientas para el manejo económico.
Promovió además la organización comunitaria mediante la conformación de
comisiones vecinales, cuyo objetivo consistía en identificar problemáticas
comunes y gestionar las soluciones[58].
Hacia
el final de la década, organizaron la primera feria de artesanía indígena en Quitilipi con el fin de valorizar las producciones
artesanales y propiciar un ingreso extra para las familias indígenas[59]. Además,
se premiaron los trabajos de acuerdo a distintos rubros tales como tejido,
cestería, alfarería. También se incluyó la realización de un foro en el que los
indígenas pusieron en común sus problemáticas, demandas y propuestas. En
algunos casos, ante la presencia de las autoridades[60].
A
su vez, en el noroeste provincial se instaló en 1964 la Junta Unida de
Misiones, integrada por un grupo de religiosos protestantes, para desarrollar
un programa asistencial entre los qom de la zona de
J. J. Castelli. En sus comienzos el
equipo pastoral estuvo integrado por el médico Humberto Cichetti,
las enfermeras Elizabeth Stauffer y Janet Stahl, la
maestra Virginia Bunn de Cichetti,
entre otros agentes pastorales[61].
Ante
la proliferación de la tuberculosis, según un censo de la JUM el 80% de la
población tenía la enfermedad y el 20% necesitaba internación, la Misión se
focalizó en la atención sanitaria, ampliando luego hacia acciones educativas y
religiosas. Las consultas médicas, los servicios de internación y la entrega de
medicamentos se dieron “sin costo para el toba”[62].
En materia educativa, colaboraron en las gestiones para la creación de escuelas
primarias y promovieron una experiencia de alfabetización bilingüe, valorizando
la lengua en el trabajo educativo y pastoral (Almirón, 2019). Asistieron en la
creación de un club de artesanos que contó con más de 100 socios para la
comercialización de las piezas. Además, varios/as artesanos/as participaron de
la feria de artesanía indígena de Quitilipi,
obteniendo premios[63].
También
un grupo estudiantes universitarios se propusieron trabajar con poblaciones moqoit del sudoeste chaqueño, nucleados en la Juventud pro
Naciones Unidas, en adelante JNU[64].
Dichas comunidades indígenas se encontraban afectadas por la pobreza, las
enfermedades venéreas y la tuberculosis, la desnutrición y la falta de acceso
al agua potable. Los jóvenes emprendieron acciones de alfabetización y
educación sanitaria[65].
En
lo que respecta a los/as católicos/as tercermundistas, en 1969 fueron
convocados/as por el mencionado monseñor Ítalo Di Stefano para iniciar un
programa de atención a los/as indígenas wichí que
habitaban la región conocida como El Impenetrable Chaqueño.
El grupo se localizó inicialmente en la Misión Nueva Pompeya y estuvo a cargo
de la religiosa Guillermina Hagen. En el marco del Programa Nacional de
Desarrollo Comunitario Aborigen, del que referimos, fue desarrollado el
proyecto de Nueva Pompeya que incluyó la apertura de una sala de primeros
auxilios y un hospital; la construcción de caminos, puentes y reparación de un
campo de aterrizaje para situaciones de emergencia; la creación de una escuela
y un centro de alfabetización para adultos/as, además de alfabetizar en obrajes
ubicados en el monte (Almirón, 2019).
Los
religiosos promovieron el funcionamiento de una cooperativa indígena para la
producción y comercialización del trabajo agrícola, forestal y artesanal
(Almirón, 2019; Leone, 2022). El Territorio
destacó su acción sanitaria en la lucha contra el mal de Chagas[66] y la promoción artesanal en
ámbitos escolares[67].
En
síntesis, la descripción nos permite reconstruir la imagen de política
indigenista multisectorial cuyo alcance incluyó a diferentes grupos étnicos en
una amplia zona de influencia geográfica (Ver Figura 2):
Figura 2. Ubicación de los actores indigenistas en el Chaco.
Referencias: Punto amarillo:
Cruz Roja; lila: AADA; verde: Obispado de Sáenz Peña; naranja: JUM; celeste:
católicos tercermundistas; azul: estudiantes universitarios; triángulo rojo:
sede de la DA.
Fuente: elaboración propia.
Con
respecto a la vinculación con la DA, el organismo aportó a los programas desarrollados de manera aislada, a
través de acciones específicas o brindando elementos para el trabajo
agrícola; salvo excepción de los católicos tercermundistas que algunos de sus
integrantes actuaron como empleados de dicho organismo.
Otro
aspecto para destacar es la distinción en el enfoque asumido por la DA, que se
concentró en la cuestión económica, mientras que los demás actores indigenistas
sostuvieron programas de carácter integral en salud, educación, producción
(artesanal, agrícola y de explotación forestal), así como la formación de
cooperativas y organizaciones indígenas. De este modo, se ocuparon de campos de
acción y zonas geográficas escasamente atendidas por la DA.
Los
actores indigenistas buscaron fuentes externas para el financiamiento de sus
programas con el fin de mantener cierta autonomía de acción. No obstante, tanto
la escasez de recursos como el reconocimiento oficial de algunas de sus
acciones los llevó a recurrir al Estado provincial, a pesar de la posición
subsidiaria de la DA. Por ejemplo, articulando con municipios o con la
Gobernación para la construcción de edificios escolares o sanitarios, o
participando en la implementación de políticas públicas como la alfabetización
de adultos/as o campañas sanitarias. Por ello, consideramos importante no
reducir la política indigenista a las agencias especializadas o a la esfera
gubernamental, puesto que en su gestión intervinieron distintos actores
indigenistas que, como plantea Leone (2022), ocuparon un lugar intersticial
entre el Estado y los pueblos indígenas. Esta posición les permitió hablar “en nombre”
de los/as indígenas sin asumirse como tales y articular con el Estado sin
identificarse enteramente con él.
En este marco, se plantea como hipótesis
que la apuesta más importante de estos actores consistió en institucionalizar
su participación en la política indigenista oficial. De allí que, desde el año
1961, El Territorio registró la conformación
de una Comisión de carácter multisectorial presidida por el Ministro de
Agricultura y Ganadería, integrada por funcionarios públicos y, en la vocalía,
la presencia de Ítalo Di Stefano, entonces vicario en Resistencia, e Inés de
Márquez, presidenta de la Cruz Roja. En 1963, y tal como se mencionó
anteriormente, se incorporó la figura del Consejo Asesor en el organigrama del
Instituto del Aborigen de la Provincia. Al año siguiente, durante el Primer
Congreso Indigenista, también se aprobó la propuesta de la AADA que consistía
en crear un “organismo coordinador” de las
agencias e instituciones preocupadas por la situación indígena[68].
Finalmente, hacía el final de la década
se incorporaron algunos actores indigenistas a la estructura oficial, mediante
la designación como delegados de miembros de la AADA[69]
y de integrantes del grupo de católicos tercermundistas (Almirón, 2019).
Asimismo, se registraron nuevas demandas de creación de un Consejo Asesor que
incluyera la participación de la AADA, la Asociación de Docentes de Quitilipi y la Asociación Amigos de Quitilipi,
es decir, las instituciones cercanas o que se encontraban trabajando en Colonia
Aborigen Chaco[70].
La Dirección del Aborigen y la
agencia indígena
Los indígenas de las etnias Qom, Moqoit y Wichí no se
constituyeron en meros receptores de la política indigenista estatal. Al
contrario, dejaron evidencia de distintas formas de agencia exponiendo sus
condiciones de vida y principales demandas en eventos indigenistas o en
entrevistas publicadas por El Territorio.
Así también, a través de la formación de organizaciones comunitarias o
cooperativas vinculadas con los proyectos de los actores indigenistas
mencionados previamente.
Así, por ejemplo, en una entrevista a
colonos indígenas de Colonia Aborigen, dejaron constancia de sus críticas al
sesgo económico de la política indigenista estatal reducida a acciones tales
como la entrega de semillas, el préstamo de herramientas agrícolas y la compra
y venta del algodón. Del mismo modo, denunciaron que los “blancos”
tenía prioridad en el acceso a las herramientas, la demora en la entrega de las
semillas y los venenos, y la falta de suministros para mejorar sus viviendas que
se direccionaban a otros fines: “para las gallinas y los
chanchos hay chapas y para los ‘paisanos’, no” [71].
En otros términos, mientras los/as indígenas expresaban que vivían sin el “mínimo de decencia que toda persona merece”, la DA celebraba
como un logro de gestión la “multiplicación de los
animales de corral”[72].
También fueron constantes las expresiones
de desconfianza sobre la transparencia del pago del algodón y la compra de
herramientas, la falta de información sobre el estado de sus cuentas, la lentitud
de las gestiones y la dificultad para acceder a las autoridades a raíz de las
grandes distancias o el destrato de algunos delegados[73].
La Asamblea Indigenista de 1958
constituyó uno de los espacios más importantes en el que los indígenas
denunciaron públicamente la falta de acceso a derechos fundamentales y los
vacíos de la política indigenista estatal. Se destacó el reclamo por la falta
de acceso a la tierra o la precariedad de la tenencia de las pequeñas parcelas
que cultivaban; asimismo, las irregularidades en la entrega de semillas y
herramientas de labranza. De manera reiterada, denunciaron la discriminación y
los abusos contantes que sufrían por parte de los patrones; la desatención de
los sindicatos; la precariedad de las viviendas; la exclusión de los/as
niños/as indígenas de la escolarización; la negación a la atención médica en
centros de salud; la falta de pagos, los engaños y la imposibilidad de acceder
a créditos que les permitieran mejorar la producción.
Además, como se describió anteriormente,
la Asamblea constituyó uno de los primeros espacios donde reclamaron la
participación legítima a través de la designación de un
representante indígena en el órgano de gobierno indigenista y un mayor número
de delegados indígenas en las colonias. El
fin de la propuesta indígena consistía en la disolución de la Dirección u
organismos encargado de la cuestión indígena, que resultaría posible cuando “las comunidades indígenas y similares subdesarrolladas, han equiparado
sus niveles educativos, sanitarios, económicos- sociales a los de la gran masa
de la población laboriosa”[74].
Varios años después, en 1963, la
propuesta pasó al plano normativo a través de la incorporación de la
representación indígena en el Instituto del Aborigen de la provincia.
Sin embargo, la intervención del representante indígena sería “con voz pero sin voto”[75],
y no se encontraron evidencias sobre su efectiva participación. Del mismo modo,
fueron esporádicos los casos de designación de nuevos delegados indígenas.
Por
su parte, también el Primer Congreso Indigenista de 1964 contó con
participación indígena, aunque fue mínima. Los dos representantes indígenas
pertenecían al pueblo qom, Juan Vera y Nieves
Ramírez, y figuraban en el lote 215 de Resistencia (Barrio Toba); cuando en realidad
Nieves Ramírez ya era un reconocido referente de Pampa del Indio (Almirón,
2019). Se podría pensar que esta desatención no es casual, sino que más bien
responde a un desinterés estatal por validar las voces indígenas en la gestión
de las políticas que, paradójicamente, incidían de forma directa en sus vidas.
Más
allá de esto, los indígenas continuaron interpelando al Estado elevando sus
reclamos y demandas, incluso por encima de la DA, recurriendo a los
gobernadores provinciales. En varios casos, denunciaron irregularidades en la
gestión, la inacción de la Dirección o el maltrato de sus funcionarios[76].
La conexión entre las fuentes permite notar una vinculación entre dichas quejas
y cambios en la conducción de la DA.
Así,
por ejemplo, en 1963 una delegación indígena de Pampa del Indio se reunió con
el Interventor provincial para comunicar su disconformidad con la DA y al poco
tiempo se registró un cambio de director. De igual manera, a fines del periodo
analizado pobladores de Colonia Aborigen Chaco elevaron una crítica sobre la
gestión del padre Augusto Cervera[77] y
al poco tiempo se designó a otro director. Estos registros podrían indicar el
peso de las presiones indígenas en las decisiones políticas sobre la DA.
También
los/as indígenas utilizaron a la prensa para exponer sus problemáticas, así
ocurrió con una delegación qom del noroeste chaqueño
que se acercaron a la redacción de El Territorio
exponiendo “la carencia de lo más indispensable para vivir”,
el problema sanitario agudo y la exclusión de la infancia indígena de las
escuelas primarias por la falta de útiles, ropa y alimento (ver Figura 3)[78].
Nuevamente reiteraron las dificultades para acceder a la tierra, los elementos
de trabajo y semillas. A la vez, comprometieron a los funcionarios públicos a
dejar constancia de las gestiones realizadas ante el gobernador, el director de
la Dirección del Aborigen, la Cámara de Diputados provincial y partidos
políticos locales.
Figura 3. La delegación de indígenas visitó las oficinas del diario El Territorio
Fuente: El Territorio, 4/7/1965, p. 4.
Como
fue anticipado, la agencia indígena además se canalizó a través de
organizaciones comunitarias o cooperativas que recibieron el acompañamiento de
los actores indigenistas. Se puede mencionar la conformación de comisiones
vecinales promovidas en Colonia Aborigen Chaco a raíz de la intervención de la
AADA, las cuáles elevaron petitorios y se reunieron en varias ocasiones con
autoridades provinciales. También la participación en las cooperativas productivas
o artesanales que se ocuparon de la comercialización de los productos con el
acompañamiento de los religiosos católicos, la JUM o la Cruz Roja.
En
definitiva, ninguna de las acciones de los actores indigenistas hubiese sido
posible sin la intervención de los/as indígenas que aportaron la mano de obra
para la creación de escuelas, caminos y centros sanitarios; asistieron a los
centros de alfabetización de adultos/as o acompañaron a sus hijos/as a las
escuelas primarias; participaron de las ferias de artesanías, los coros
indígenas o las celebraciones religiosas; cultivaron la tierra o recurrieron a
la asistencia médica; compartieron sus saberes culturales.
Conclusiones
A
partir de la lectura de las páginas de El Territorio
se alcanzó una reconstrucción histórica del escenario indigenista local en el
periodo analizado, constituido por el Estado mediante la DA, diversos actores
indigenistas y la agencia indígena.
En
términos generales, acerca de la política indigenista, tanto la DA como los
agentes indigenistas compartieron el propósito de la integración
indígena a la sociedad nacional y chaqueña. No obstante, mostraron
distinciones en la orientación de sus acciones. En el caso de la DA dicha
integración suponía la proletarización indígena arraigada al campo y
subordinada a la administración. Esto conllevó la priorización de la dimensión
económica a través de la explotación agrícola, especialmente el cultivo del
algodón. El foco de la acción se sostuvo en Colonia Aborigen Chaco y,
progresivamente, en la creación de colonias rurales en otros puntos de la
provincia. En primer lugar, en área qom, luego en
área moqoit y finalmente se atendió a la población wichí en articulación con otros actores indigenistas.
Además, en el trabajo se reconocieron cambios institucionales vinculados a la
historia provincial atravesada por un contexto de inestabilidad política y
económica.
En
cambio, los actores indigenistas sostuvieron programas integrales en áreas
geográficas (urbanas y rurales) que no estaban siendo alcanzadas por la
intervención oficial. Como rasgo común, abarcaron la atención sanitaria y
educativa, la producción económica, la formación de cooperativas y de
organizaciones indígenas. Desde los años ‘60 los actores indigenistas pujaron
por la institucionalización de su participación en la política indigenista
oficial. Aunque se registraron algunos precedentes, inclusive la incorporación
de la figura del Consejo Asesor en el organigrama del Instituto del Aborigen en
1963, la propuesta no tuvo una implementación sistemática. Al punto que fue
presentada de forma constante a lo largo del periodo.
Finalmente, también se dio cuenta de la
participación de los propios actores indígenas, quienes no
permanecieron como simples receptores de la política indigenista provincial,
sino que intervinieron a través de sus reclamos, denuncias o involucramientos
en los programas implementados. Las expresiones de los indígenas en el diario
El Territorio permitieron reconocer los límites
de la dimensión económica, al señalar las dificultades en el acceso a la
tierra, las irregularidades en la entrega de semillas y herramientas, la falta
de créditos, el destrato de las autoridades y la desconfianza en cuanto a las
ventas y pagos de la producción, ya que no recibían información ni intervenían
en las decisiones. Las demandas de tierra, educación y salud fueron constantes
a lo largo del período, mostrando la relevancia de la dimensión económica, pero
también la desatención en otros aspectos. Asimismo, fue recurrente el reclamo
por la legitimación de su participación en la política indigenista oficial que,
aunque tuvo algunos avances, no se hallaron indicios sobre su efectiva
implementación.
La
lucha de los pueblos indígenas por la autonomía y la autodeterminación que
trascendió tiempo después, planteó severas críticas al indigenismo, pero
también se valió de herramientas aprehendidas a partir de su intervención que
marcan un camino para continuar pensando al respecto. No obstante, aún resta
una reconstrucción más profunda y minuciosa a partir de las fuentes y las
memorias indígenas, que seguramente tienen mucho que aportar sobre las
políticas que el Estado y la sociedad civil pensaron para estas poblaciones.
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