GOLPE
DE ESTADO DE 1976 Y CONTRARREVOLUCIÓN EN SALTA. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y
PROBLEMAS
THE
1976 COUP D'ÉTAT AND COUNTERREVOLUTION IN SALTA: STATE OF THE QUESTION AND
RESEARCH PROBLEMS
Alejandra
Soler
Facultad
de Humanidades,
Universidad
Nacional de Salta, Argentina
https://orcid.org/0009-0003-4058-4418
ARK:
https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s16688090/9d7vxy8mp
FECHA DE INGRESO: 07/04/2026
FECHA DE ACEPTACIÓN: 04/05/2026
Resumen
Salvo
excepciones, los/as historiadores salteños ocupados de la historia reciente, no
hemos ido más allá de 1976. En la mayoría de los casos nos abocamos al período
anterior, y hemos dejado la última dictadura como tema de desarrollo para
quienes escriben memorias y para abogados. El presente ensayo tiene el objetivo
de presentar un estado de la cuestión sobre dictadura militar en Argentina y la
provincia de Salta en particular, así como del período inmediatamente anterior.
Se analiza la totalidad de publicaciones y trabajos inéditos conocidos,
teniendo en cuenta la conceptualización y la periodización que realizan.
Posteriormente, se plantean una serie de problemas y preguntas que se derivan
del análisis de esas producciones y de la introducción de otras fuentes de
época. En conjunto, se pone en tensión las ideas de cambio y continuidad y de
democracia y dictadura.
Palabras
claves: dictadura, contrarrevolución,
democracia
Abstract
With few
exceptions, historians from Salta working on recent history have not gone
beyond 1976. In most cases, we have focused on the preceding period and have
left the last military dictatorship as a subject primarily addressed by those
who write memoirs and by legal scholars. This essay aims to present a state of
the question regarding the military dictatorship in Argentina, and in the
province of Salta in particular, as well as the immediately preceding period.
It examines all known published and unpublished works, taking into account the
conceptualizations and periodizations they propose. Subsequently, it raises a
series of problems and questions that emerge from the analysis of these studies
and from the incorporation of additional contemporary sources. Taken together,
these reflections call into question the notions of change and continuity, as
well as those of democracy and dictatorship.
Keywords: dictatorship, counterrevolution, democracy
Introducción
¿Cómo se explica que teniendo tanto
poder en sus manos, la Junta militar avanzara tan
poco en las privatizaciones?
Contesta Juan Aleman: “nosotros liquidamos la subversión, derrotamos al
movimiento sindical y desarticulamos a la clase obrera.
Todo lo que vino después fue posible
por nuestra labor”.
Diario La nación, 9/4/1987 (Balvé,
2009)
En
investigaciones anteriores sobre la lucha de clases durante el período
revolucionario de 1969-1976 (Soler y Abrahan, 2022), contribuimos a
desarticular imágenes parciales sobre la historia de la provincia de Salta de
los años setenta, en particular las que ponen acento en las acciones armadas de
organizaciones político militares, soslayando las luchas de las masas y la
clase obrera, y la existencia de una fuerza social revolucionaria en formación
en la provincia. Fuerza compuesta por una alianza entre fracciones de la clase
obrera y de la pequeña burguesía, que desplegó la lucha callejera, la huelga
económica y política, y se articuló a la lucha armada. A la vez, las organizaciones
político militares intervinieron en los enfrentamientos, en las organizaciones
sindicales, y se constituyeron en los partidos que disputaron la dirección
política de la fuerza social (Soler y Abrahan, 2022).
A
partir del estudio de los enfrentamientos sociales concretos en Salta,
propusimos una periodización que desarma otras representaciones. Afirmamos que
por lo menos desde 1968 hasta 1972/1973 crecía una “fuerza social de protesta”,
heterogénea social, política y estratégicamente. Al contrario de lo que
aparece, el triunfo del peronismo en la provincia y a escala nacional
(gobernador Miguel Ragone, presidente Héctor Cámpora) en las elecciones del 11
de marzo de 1973 establecidas por el plan de institucionalización del gobierno
militar del General Agustín Lanusse en 1971/1972, no fue la consumación de esa
fuerza social de protesta, sino de una fracción de ella: la que sólo luchaba
por el regreso de Perón y contra el gobierno de la dictadura. La otra fracción
no dio por terminadas sus luchas por la liberación social y nacional y/o por el
socialismo, y continuó su militancia para la formación de una “fuerza
revolucionaria” en un contexto muy desfavorable de avance de la derecha
peronista y la intervención militar y paramilitar. La clase obrera, formando
parte de una u otra fuerza, declaró y adhirió a huelgas desde 1974 a 1976,
aunque de forma aislada socialmente hablando.
Por
lo tanto, 1973/1974 en adelante marca el descenso del proceso de lucha de
clases. 1973 - 1976 en Salta, no fue entonces el período de alianza entre “las
clases subalternas y el gobierno popular contra las clases dominantes”
(Escotorín, 2007, 19-51), sino de una fuerza de gobierno que viró de la reforma
a la reacción conducida por la burguesía local y cuadros políticos del peronismo.
Reacción que como se expuso oportunamente (Soler, 2012; 2019) estuvo
personificada en Juan Carlos Cornejo Linares, principal organizador de las
listas del Partido Justicialista que triunfaron en Salta en 1973 y del proceso
político que le sucedió. Esta situación abriría el camino a la reconstrucción
de una fuerza contrarrevolucionaria desde 1974/1975 que impulsó la eliminación
del denominado “terrorismo”[1], y
efectivizó el golpe de estado de 1976.
En
general, los historiadores salteños ocupados de la historia reciente, no hemos
ido más allá de 1976, salvo dos excepciones que se mencionarán. En la mayoría
de los casos nos abocamos al período anterior, y hemos dejado la última
dictadura como tema de desarrollo para quienes escriben memorias y para abogados.
Esta breve exposición tiene el propósito de
elaborar un balance que ordene las contribuciones alrededor del golpe de estado
de 1976 en Salta, y lo elaborado sobre el período de la dictadura en sí misma.
Por otro lado, propongo una serie de problemas y preguntas que se derivan del
análisis de esas producciones.
Memorias
e Historias sobre el golpe de estado de 1976 y la dictadura en Salta. Conceptos
y periodizaciones
Las
obras publicadas alrededor del tema se iniciaron en 2004. La primera fue la invaluable
recopilación de fuentes y testimonios realizada por Lucrecia Barquet y Raquel
Adet (2004). Es el resultado de décadas de trabajo, y contiene variada
documentación organizada según el momento en que se produjo la represión (antes
y después del golpe de estado), y a la vez en secciones dedicadas a cada caso
de desaparecido y/o preso político, y ámbito/hecho paradigmático (Masacre de
Palomitas[2],
Universidad Nacional). Como la mayoría de los escritos sobre el tema, ubican el
inicio de la represión antes del golpe de estado de 1976, pero denominan “terrorismo
de estado de un Estado totalitario” al régimen posterior a marzo de 1976
(Barquet y Adet, 2004, 1).
Los
relatos contenidos en la publicación, además del contexto de inicio de los
Juicios por la Verdad y la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto
Final en el 2004, fueron el impulso para la investigación desde el ámbito
académico y no académico.
En
la mayoría de los casos, el tema recurrente de las producciones escritas sobre
la dictadura es la Masacre de Palomitas, reconstruida a partir del acceso a
expedientes judiciales y prensa escrita (Sánchez y Carrizo 2005; Leiva 2006;
Abrahan 2007; Ávila 2010; Ávila Ricci, 2017). De aquellos trabajos pueden
destacarse algunas conceptualizaciones como la elaborada por Sánchez y Carrizo,
que definen a los perpetradores de la Masacre como una “asociación ilícita”,
y a los asesinados como a “once ciudadanos presos” (pp. 15 y 11,cursiva
propia), sin indicar más que su profesión. En el caso de Abrahan el objeto de
la investigación son los posicionamientos políticos con motivo de los actos de
conmemoración del 2006 al 2008 por los asesinados en la Masacre, de quienes se
registra su militancia (seis del PRT-ERP, cuatro de Montoneros y un radical).
En coincidencia con planteos a escala nacional, el autor extiende el concepto
de “Masacre” para todo el período 1976-1983, prefiriéndolo al de “genocidio”,
punto sobre el que se volverá más adelante.
Las
únicas dos investigaciones (tesis de grado y posgrado) procedentes de la
universidad que trabajan sobre algún aspecto de la dictadura en sí, que no sea
la reconstrucción judicial de la Masacre, son las de Carlos Abrahan (2014) y
Luis Sajama (2022). En el caso de Abrahan, se adentró en el período de la
dictadura y con un tema inédito: las luchas obreras en Salta. Reconstruye el
panorama sindical nacional y local de finales de los setenta, y repasa las
huelgas y manifestaciones contra el golpe de estado que estallaron en
provincias centrales el mismo mes de marzo de 1976. Se registran las
negociaciones y plenarios entre el gobierno militar de Salta y delegados
gremiales, los reclamos, denuncias y petitorios entre 1977 y 1978. A partir de
la información de la prensa escrita, se reconstruye el desarrollo de las
huelgas generales nacionales de abril de 1979, julio de 1981, de noviembre y
diciembre de 1982 y de marzo y octubre de 1983 en Salta. Muestra el ascenso en
la organización, la adhesión y la movilización, hasta producir manifestaciones
de relativo apoyo por parte de organizaciones de la burguesía salteña.
En
el caso de la tesis de Sajama (2022), también contiene un problema original de
investigación. Expone las medidas de disciplinamiento durante la “dictadura” o
“estado dictatorial” (por ejemplo, resoluciones relativas a las normas en el
trabajo, tipos de apercibimiento) en distintos ámbitos públicos y privados de
la localidad de Rosario de Lerma, y conductas/casos que el autor entiende como
formas “micro” de resistencia adoptadas por los trabajadores. Además, realiza
aportes sobre la vida de las organizaciones políticas de izquierda y peronista
en aquella localidad antes de 1976.
Algunas de las publicaciones citadas, en
particular las de abogados, aportan datos sobre la organización militar de la
que Salta formó parte y los responsables directos (Leiva, 2006; Ávila,
2010; Ávila Ricci, 2017). Finalmente,
una publicación que corresponde a memorias personales, es Huellas de la
memoria de Gerardo Bavio (2010)[3],
contiene anécdotas y reflexiones de un largo período de la historia de Salta
que abarca la dictadura.
Hasta
aquí las investigaciones propiamente dichas sobre la dictadura. En adelante las
volvemos a citar junto a otras que refieren al período inmediatamente anterior
al golpe de estado, pero esta vez para rastrear en conjunto la forma en que
denominan el período 1976 en adelante y su caracterización general.
Tanto
Sánchez y Carrizo (2005) como Escotorín (2007) comparten la idea de una “crisis
de hegemonía” que se resolvió en 1976 por vía autoritaria, y que según
Escotorín “significó el ocaso definitivo de la burguesía nacional y la
desarticulación del movimiento popular” (Escotorín, 2007, 304). Sánchez y
Carrizo utilizan y se explayan en el concepto de “terrorismo de estado”,
definido como aquel que impone la coerción como elemento dominante y como “la
estructura de poder de un proyecto de clase en respuesta al ascenso de las
luchas políticas y “reivindicaciones de las masas populares” (Sánchez y
Carrizo, 2005, 5).
También
Correa, Maiza y Maita (2007), que escribieron sobre la prensa escrita en 1975 a
propósito del asesinato del periodista Luciano Jaime, utilizaron “terrorismo de
estado” para definir el período posterior al golpe de 1976, pero aseguran que
éste “no implicó una ruptura, sino que fue el corolario de un
conjunto de políticas previas de disciplinamiento y consenso” (Correa,
Maiza y Maita, 2007, 1). Entre ellas señalan: Ley de Seguridad del Estado de
1974[4], la
declaración del estado de sitio en el mes de noviembre, entre otras.
La
tesis de Pablo Ávila (2010) sobre la Masacre de Palomitas también es una
investigación que sitúa el inicio del “terrorismo de estado” en 1976, dada la
diferencia de escala en relación a represiones anteriores, pero a la vez
inscribe la masacre en un contexto de violencia y “militarismo” en Argentina
desde 1930, “que inhibió en gran medida el desarrollo natural de la
democracia” (Ávila, 2010, 7).
Otros
trabajos que no provienen de la investigación académica, pero que significan
una gran fuente de datos sobre el período anterior, también han utilizado el
concepto de “terrorismo de estado”, y encuentran su origen en épocas remotas.
Por ejemplo, el abogado Carlos Saravia (2010) asegura que las raíces del mismo
se remontan a 1930, porque ese golpe de estado “no podía cimentar en su
sociedad más que autoritarismo” (Saravia, 2010, 17). Para el autor, el
Operativo Independencia[5] significó el quiebre del gobierno frente a
las presiones del poder castrense y la derrota de la guerrilla. Utiliza el
término genocidio, y afirma que “nunca hubo simetría entre militares
y revolucionarios” (p. 24).
En
cambio, para David Leiva (2006), también abogado, el “terrorismo estatal” se
habría iniciado claramente después de la muerte de Perón ocurrida en julio de
1974 y a lo largo de 1975. Además, incorpora el concepto genocidio, y
vincula el proceso histórico con un elemento de escala mundial: la doctrina de
la guerra contrarrevolucionaria francesa, y a escala de la Argentina, con la
situación de agudización de la movilización revolucionaria de los trabajadores
contra el Pacto Social[6] de
1973/1974 y con el Operativo Independencia. Sobre la dictadura en sí, plantea
en términos generales que posibilitó las condiciones para aplicar “las
políticas de grandes consorcios asociados al capital norteamericano, la
división del movimiento obrero y liquidación de sus cuadros sindicales más
combativos, y la pequeña burguesía revolucionaria (Leiva, 2006, 81). Sólo
en relación a algunos ejes, puede trazarse cierta coincidencia con el planteo
de Carlos Abrahan (2007) que en términos generales adhiere al planteo sobre la
formación de una alianza contrarrevolucionaria que impuso por la fuerza las
condiciones de desarrollo del capitalismo bajo el dominio del imperialismo
norteamericano en 1976, año en que se cierra una etapa y se abre otra de
características contrarrevolucionaria.
Estudios
propios sobre el período anterior al golpe de estado (Soler, 2009, 2012; 2019),
comparten esa caracterización. Además de complejizar el uso de las categorías
izquierda y derecha para explicar los conflictos del período 1972-1976, expusimos
que una tendencia reaccionaria reactiva dentro del peronismo ya dominaba, en
coalición con tendencias reformistas, el escenario político local desde 1972.
La crisis general desde 1974 (económica y política) llevó a la mayoría de
fracciones burguesas locales a la acción directa y corporativa contra el
gobierno hasta formar la fuerza social que efectuó el golpe.
A
partir de planteos de Eduardo Luis Duhalde y amplia teoría jurídica Ávila Ricci
(2017), abogado, también conceptualiza como “terrorismo de estado” el período
1974/1975[7] a
1983, pero con antecedentes en el bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955, el
asesinato de Luis Ortega Peña en julio de 1974, y en el caso de Salta, el
asesinato de Eduardo Fronda en enero de 1975. Define terrorismo de estado como
uno que utiliza las instituciones “no para servir a la comunidad, sino a grupos de actuación estatal, policial o paraestatal” (Ávila Ricci, 2017, 23) contra
disidentes y la sociedad entera. Al mismo tiempo, define Estado Terrorista como
“el Estado en sí mismo delinquiendo, negándolo como tal y reduciéndolo a un
espacio de terror en que las libertades individuales se encuentran borradas”,
y que operó en diferentes etapas de la historia universal (Ávila Ricci, 2017,
28). El 24 de marzo de 1976 se iniciaría el genocidio.
Andrés
Gauffín (2014) ensayó caracterizar el período 1973-1975, que conceptualiza como
“estado de excepción” a partir de la formulación de Giorgio Agamben: un estado
que, “amparándose en la defensa de la constitución, pone en suspenso
derechos básicos” (Gauffín, 2014, 11). Como otras producciones históricas
ya citadas, el autor coloca noviembre de 1974 (decreto de estado de sitio) como
la fecha clave, aunque destaca muy oportunamente que el camino estaba ya
marcado por el mismo Gral. Perón desde la Masacre de Ezeiza en junio de 1973[8]. A
lo largo del libro, el autor ordena y repasa los hitos de ese estado de
excepción en pleno período constitucional.
Las
memorias de José Armando Caro Figueroa (2016), abogado y ex funcionario de
Miguel Ragone, vuelven al período anterior a 1976 definidos como una “tragedia”
y “signado por la acción del terrorismo en sus manifestaciones antagónicas”
(Caro Figueroa, 2016, 354, 37). También sitúa en noviembre de 1974, el momento
“que quebró las últimas barreras que frenaban la barbarie absoluta,
derrumbando el ya precario Estado democrático de derecho” (p. 349). Sobre
el golpe de estado cívico-militar, evalúa que inauguró un “Estado de
no-derecho”, “una política económica y social encaminada a favorecer a
los dueños del capital y a reprimir la acción sindical”, y que utilizó las
acciones guerrilleras para justificarse (Caro Figueroa, 2016, 396).
¿Qué
balance puede hacerse en función de lo publicado y conocido? En la historia de
la investigación histórica de la Universidad Nacional de Salta, la historia
reciente en general y de la dictadura de 1976 en particular, no causa interés.
No hemos promovido esos debates, y los que se iniciaron en algún momento no
tuvieron un efecto multiplicador. Las razones de este abandono deberían
debatirse: ¿compromisos políticos de los investigadores? ¿autocensura?
¿dificultades en acceso a las fuentes? ¿escaso financiamiento para estos temas?
Entre
los que sí han escrito sobre el período, en su mayoría abogados involucrados en
los juicios a represores, el caso de la Masacre de Palomitas ha causado
especial interés, y las fuentes y publicaciones procedentes del ámbito del
Derecho, abundan.
Todos
coinciden en que la represión se inició mucho antes de marzo de 1976, y en el uso
del concepto “terrorismo de estado”, aunque con definiciones diversas y
ubicando sus antecedentes o inicio en fechas de lo más variadas: 1930, 1955,
noviembre de 1974, febrero de 1975, marzo de 1976. Además hay que advertir que
no se usa el concepto “Estado Terrorista”, y cuando se lo usa a veces se lo
confunde con “terrorismo de estado” que a la vez se lo utiliza para referirse a
“represión”, y ninguno de los tres son equivalentes[9]. Los tres
provienen de la teorización de Duhalde (1983) sobre una forma específica de
Estado de excepción “en el que el terrorismo de estado (forma específica
de represión) adquiere formas clandestinas estructurales (Estado
Terrorista)” (p. 29). Concepto este último que por otro lado genera preguntas:
si el terrorismo es una forma de infundir miedo, o sea que tiene que hacerse
manifiesto, y la característica específica del tipo de estado surgido en 1976,
según Duhalde, es la “clandestinidad”, ¿no es problemático hablar de Estado
Terrorista? Por otro lado, hablar de terrorismo de estado, ¿implica que
había uno de otro tipo?
Hay
ausencia de debates conceptuales, excepto en lo que se refiere a la mención de
Abrahan sobre el concepto de genocidio/masacre, o de Sajama, al problematizar
los de “represión, disciplinamiento y resistencia”.
En
general, la preocupación de quienes escriben se circunscribe a lo
político-institucional, y sólo en algunos casos se menciona que el golpe de
estado fue promovido por y para “un proyecto de clase”, o “el capital” o
“políticas de grandes consorcios asociados al capital norteamericano”, pero sin
identificar intereses concretos para el caso de Salta.
Todos
los trabajos citados constituyen importantes aportes para seguir investigando.
A continuación, se proponen algunos ejes y problemas que podrían ser
desarrollados en investigaciones sobre el período. En particular (a propósito
de las referencias a proyectos de clase o de grandes consorcios que realizan
distintos autores), el de la formación y composición de la fuerza social que
alentó el golpe en Salta (puntualmente el componente burgués corporativo de esa
fuerza), el de las fechas/hechos que dan inicio a un cambio de régimen y el
carácter del mismo antes y después de 1976, y el de la masacre o genocidio.
Problemas
y debates
La
fuerza contrarrevolucionaria
En
1982, una revista salteña publicó una entrevista a un empresario de la
provincia, quien afirmaba:
De lo dicho surge que la política económica aplicada en el
período al que nos referimos, es la política más antiargentina que pueda
existir, y significa la entrega del mercado interno y atar las futuras medidas
económicas a decisiones extranacionales (…) No hubo una política económica más
desastrosa para la Argentina en toda su historia[10].
Tal
evaluación se refiere al período 1976-1982, y quien la realiza es Alberto Gir.
Algo similar, con fuertes críticas teóricas al Monetarismo y a los Chicago
Boys, expone José Humberto Dakak en la misma revista. Ambos empresarios habían
pertenecido a la Cámara de Comercio e Industria de Salta (CCIS) y la Unión de
Entidades Empresarias Salteñas (UDEES) durante los años setenta.
Seis
años antes, la UDESS[11],
con la firma del mismo Alberto Gir, había adherido al golpe de estado en un
documento avalado por la Sociedad Rural, Cámara de Comercio e Industria, Cámara
de Minería, Cámara del Tabaco, Cámara Hotelera, Cámara de la construcción,
Cámara de Comercio Exterior, Cooperativa Agrícola de Rosario de la Frontera,
Asociación de productores de frutas y hortalizas de Salta y Cámara de
Autotransporte de cargas. Allí afirmaban:
El orden, la paz y la tranquilidad que se viven a pocas
horas de este hecho reafirman la voluntad de continuar aportando su esfuerzo
productivo, consientes que es responsabilidad de todos buscar las soluciones
que el país necesita. La presencia de las fuerzas armadas en el gobierno
garantiza el mantenimiento de esas condiciones de vida, fundamentales para
poder desarrollar al máximo la capacidad productiva del empresario salteño, que
desde ya asume el compromiso de ponerse al servicio de los intereses de Salta y
del país[12].
Por
su parte, el diario “El Intransigente”, calificaba a Videla como “jefe de
los centuriones de la república”, “el militar democrático, humano y
comprensivo”, que había logrado hacer “resurgir la nacionalidad e interpretar
los intereses del agro” [13].
Ese diario era editado por la empresa NOA S.A.[14] propiedad
de un grupo empresario diversificado en negocios industriales, tabacaleros y
poroteros.
Estos
y otros sectores de la burguesía salteña habían formado parte de la fuerza
social contrarrevolucionaria con fuerte presencia en el escenario local en
1975. Al contrario de lo que había ocurrido durante el gobierno de Miguel
Ragone (1973 a 1974), los enfrentamientos entre las intervenciones federales
peronistas[15] y
las corporaciones empresarias se hicieron cada vez más agudos en 1975: los
comerciantes minoristas de Salta reclamaban por la derogación de la ley de
abastecimiento y la imposibilidad de remarcar precios en el contexto de
inflación[16], los productores de poroto y garbanzo
reclamaban por saldos invendibles y por falta de un dólar preferencial para sus
exportaciones[17],
los tamberos protestaban por el freno al aumento del precio de la leche[18]. Cada fracción con su reclamo, hasta
que pudieron unificarse tras el rechazo a la reforma impositiva impulsada por
el interventor federal Alejandro Mosquera en marzo de 1975 (Soler, 2019).
Una
segunda crisis se desarrolló por iniciativa de los productores de poroto contra
el gobierno por el precio del dólar y la caída de sus exportaciones. Y esta vez
avanzaron en la movilización. El 12 de agosto de 1975 realizaron una caravana
de 22 kilómetros, 350 máquinas, 1000 personas y apoyo político de los partidos
de la burguesía (Soler, 2019). Además, la Sociedad Rural salteña advertía sobre
la necesidad de terminar con “la política dirigista, estatizante y
confiscatoria” ya que “el país no resiste más experimentos”[19].
Los reclamos de la burguesía comenzaban a enlazarse con reivindicaciones
políticas de fondo. Mientras el gobierno peronista local y nacional se
desintegraba en fracciones, como inmerso en un proceso centrífugo cada vez más
intenso a medida que avanzaba 1975, la burguesía organizada corporativamente
vivía el proceso inverso.
En
una solicitada publicada el 13 de diciembre de 1975, empresarios de la
Confederación General Económica de Salta (CGE), balancearon el período abierto
en mayo de 1973, y advertían que “los plazos estaban definitivamente
vencidos”. Llamaban a todos los empresarios del país a “tomar
participación activa y militante (…) será necesario que cada hombre asuma en la
hora crítica, la responsabilidad constructora, así como lo están haciendo las
Fuerzas Armadas frente a la subversión. PORQUE EL FUSIL POR SI SÓLO NO SERÁ
SUFICIENTE” (las mayúsculas son del original)[20].
La
CCIS fue una de las organizadoras de la Asamblea Permanente de Entidades
Gremiales Empresarias-Salta (APEGE), gran protagonista de los movimientos
previos al golpe de estado de 1976. La asociación, en coincidencia con la CGE
local, adhirió al lock out del 16 de febrero de 1976 declarado por la entidad
nacional, a partir de un programa consistente en: supresión de todo impuesto al
patrimonio, a las actividades lucrativas, modificación del tipo de cambio, y
seguridad de los bienes y personas.
Ante
la crisis, el ministro de economía Antonio Cafiero renunció y fue reemplazado
por Emilio Mondelli. Según Bavio (2010),
La decisión de Isabel se vincula a su táctica absurda de
“frenar el golpe” siguiendo al pie de la letra el plan de los militares y los
grupos económicos más concentrados. Se lo confesó al intendente de Avellaneda
Herminio Iglesias: “Vea Iglesias, yo se las cosas que andan diciendo por allí,
y leo los diarios. Pero no se preocupe, aquí no hay golpe que valga. A los
militares los vamos a dejar sin verso. Con el Plan económico de Mondelli no van
a tener nada que decir. Es el mismo que quieren aplicar ellos. Como van a ser
medidas muy impopulares, les conviene que al deterioro lo suframos nosotros.
Mientras tanto pasará el tiempo, y llegarán las elecciones (p. 354).
La
“táctica” no caló en el estado de ánimo de los militares ni de la burguesía,
que quedó expresada en la arenga política pronunciada por Raúl de la Torre
(Asociación de Agentes Salteños de Viajes) en una asamblea de la CCIS. El
dirigente afirmó “Es hora de decir ¡Basta! Y poner en la cruz a los ladrones y
dar su sitio a los honestos. Ha llegado la hora viril de las decisiones: cuando
ladrones y marxistas se ubiquen en una vereda, y los hombres honestos en la
otra[21].
La
medida empresaria obtuvo el apoyo de las principales fuerzas liberal -
conservadoras de la provincia que calificaron la actitud del “genuino
empresariado nacional” de “valiente y patriótica”. Según las fuentes, el lock
out fue total en la provincia, tanto en el campo como en la ciudad. Un mes
después, el golpe de estado.
En
abril de 1976, la derogación de las disposiciones de la ley 20.680 sobre
precios máximos se interpretó como una medida promisoria para el sector
tabacalero y agrario en general. Otro indicio favorable para el sector fue una
resolución del Banco Nación por la que de forma inédita, se otorgaba un crédito
de 80 mil millones de pesos a la Cooperativa Agrícola de Rosario de la
Frontera, que concentraba la producción de tabaco y poroto de esta localidad[22].
Ese mes, Ernesto Azurmendi, dirigente radical de la Cooperativa y miembro de la
Sociedad Rural fue designado intendente de Rosario. Por otro lado, la
Asociación de productores de legumbres de Rosario de la Frontera, también había
logrado la ampliación de créditos del Banco de la Provincia para la cosecha de
porotos, y la eliminación del 10 % de retención a sus exportaciones[23].
Aunque
en conjunto el sector primario de la provincia cayó en participación del
producto bruto geográfico frente al terciario (servicios, comercio), que
adquirió un peso notable en la década del setenta al ochenta, el desagregado
muestra que hubo una actividad primaria que creció en generación de valor
agregado entre 1975 y 1985: la agricultura[24]. Entre
1973 y 1978 las hectáreas dedicadas al cultivo de poroto, cuya producción se
exportaba en un 97%, se duplicaron por lo que podríamos pensar en ciertos
incentivos para el sector, lo mismo para la soja que pasó de 18.098 ha. en 1979
(año en que comienza a contabilizarse) a 96.715 en 1988[25]. Este es
sólo un indicio para seguir indagando en qué tipo de incentivos y
compromisos/alianza involucró a la burguesía agraria de la provincia, difícil
de escindir de la industrial dada la diversificación de los negocios.
Estas
son algunas referencias sobre la composición de la fuerza social que impulsó el
golpe de estado y la dictadura, y las primeras medidas económicas que
beneficiaron en particular a la burguesía agraria de Salta. Interesa investigar
su continuidad, su impacto a más largo plazo y en profundidad, y la dinámica de
los negocios industriales de la burguesía de la provincia. Y volviendo a la
declaración del empresario en 1982 citada al principio, una pregunta: ¿la
burguesía de la fuerza social contrarrevolucionaria golpista se
transfiguró en democrática en 1983?, ¿qué alineamientos y realineamiento
sufrió esa fuerza social durante la dictadura?, ¿qué contenido de clase
concreto tiene la legalidad de 1983 para el caso de la provincia de Salta?
Golpe
de estado, represión, terrorismo de estado, dictadura y democracia. El cambio y
la continuidad
Vimos
que muchos escritores salteños coinciden en situar el inicio de la represión
y/o terrorismo de estado, durante el gobierno peronista y aún antes. El hecho
sobre el que existe mayor acuerdo es noviembre de 1974 cuando se decreta el
Estado de sitio, y coincide con la intervención federal al gobierno de Miguel
Ragone en Salta. Otros mencionan un hecho legislativo-militar: el Operativo
Independencia y los sucesivos decretos de “aniquilamiento de la subversión”.
¿Por qué no agregar el golpe contra Héctor Cámpora, a quien se obliga a
renunciar en junio de 1973?[26].
Teniendo
en cuenta ese criterio institucional, hay que insistir en que el Estado de
sitio está contemplado en la Constitución Nacional, y la militarización de la
sociedad junto al otorgamiento al Poder Ejecutivo de instrumentos excepcionales
en orden a la “seguridad nacional”, está prevista en la ley 13.234 “Normas para
la organización de la nación para tiempo de guerra”, sancionada por el gobierno
peronista en septiembre de 1948, y aplicada contra las huelgas ferroviarias de
1950-1951 (Pontoriero, 2022, 72).
Entonces
cabe la pregunta, ¿la inquietud (legítima y necesaria) de denunciar los
aspectos represivos antes de marzo de 1976, puede tener que ver en el fondo con
creer que eran anomalías de la democracia o deslices militaristas
anticipatorios de una dictadura, y no, como aquí se propone, los rasgos de una
situación de agudo enfrentamiento social que había llegado al estadio de la lucha
armada?[27].
Lo
cierto es que los mecanismos de represión y persecución legales e ilegales no
son una excepción ni una anomalía, son propios de regímenes democráticos, y no
se restringen a los establecidos después de la muerte de Perón (julio de 1974),
ni a la situación de Estado de sitio post noviembre de 1974. Es suficientemente
conocido el documento reservado del Consejo Superior Justicialista de octubre
de 1973 en el que se caracterizó la situación como un “estado de guerra”
desencadenada por “grupos marxistas contra el partido y los dirigentes
peronistas”. Para emprender esa lucha contra el marxismo, se proponía
utilizar “todos los medios que se consideren eficientes en cada lugar y
oportunidad” (Baschetti, 1999). Se parece demasiado a la doctrina contrarrevolucionaria
enseñada por franceses y estadounidenses, y en Salta, la orden fue traducida en
una seguidilla de cambio de funcionarios por parte de Miguel Ragone.
Otros
datos. De los primeros meses del gobierno peronista (puntualmente 13 de agosto
de 1973) data una resolución interna de la Secretaría de Inteligencia del
Estado (SIDE) recientemente desclasificada, que crea una “Comisión asesora
para el estudio de los antecedentes ideológicos marxistas de personas,
entidades, organizaciones, físicas o de existencia ideal, publicaciones y
medios de difusión” [28]. El
anexo 2 de esta resolución 72/82 de la SIDE, explica que luego de mayo de 1973
se había derogado la ley 17401 de represión al comunismo, pero no era más que
una fachada. A causa de esto, aseguraban, los organismos de seguridad del
estado “se vieron en la necesidad de contar con instrumentos legales que le
permitieran anular, neutralizar y restringir la intensa movilización
propagandística de la subversión”[29]. Para eso
se sancionaron los decretos 1774/73 y 1477/75 que dio a la Aduana la
responsabilidad de controlar literatura considerada peligrosa, y a la SIDE la
tarea de asesorar técnicamente sobre el tema. Otro documento secreto, en este
caso del Departamento de Estado de Estados Unidos de octubre de 1976 afirma que
“en los tres años del gobierno peronista (1973-76), más de 2.000 argentinos
murieron como resultado del terrorismo de la AAA”[30].
Sólo
estos datos, para no profundizar en la ya citada Masacre de Ezeiza, podrían
hacer pensar a cualquiera que tanto el gobierno del General Perón, de María
Estela Martínez de Perón y el de General Rafael Videla tenían el mismo
objetivo: “eliminar a la subversión”, o en nuestros términos a una fuerza
social revolucionaria y sus aliados.
Pero
que la trama legal o ilegal/clandestina de represión fuera anterior al golpe de
estado, no significa que no haya habido una ruptura en marzo de 1976. Pero
¿dónde está la ruptura?, ¿está en quién llevó adelante esa represión, a que
escala y en el marco de qué régimen?, ¿es el elemento predominantemente
clandestino de la forma de ejercer la violencia y la represión, como afirma
Duhalde (1983) el factor de ruptura?, ¿es el tipo/escala de represión un
criterio para definir un régimen?
Entendiendo
“régimen político” como conjunto de instituciones que regulan la lucha por el
poder y el ejercicio del poder, “dictadura” como un tipo de régimen no
democrático (Bobbio. P. 1362, 494), y “contrarrevolucionario” como
teoría/proceso procedente de los postulados de la contrainsurgencia francesa y
estadounidense, se puede afirmar que el 24 de marzo de 1976 una junta militar
tomó por la fuerza el gobierno del estado estableciendo un régimen
dictatorial contrarrevolucionario, y desplegó una masacre organizada de
disidentes, militantes revolucionarios, reformistas y aliados. Fue un sistema
enlazado a fuerzas internacionales, aprendido, preparado y desplegado por la
totalidad del territorio argentino, “porque así lo establecía la Ecole
Superieure de Guerre de Paris donde se habían preparado estos militares”
(Mazei, 2013: 115)[31].
Debería
plantearse también que 1976 es, a la vez que la derrota de la fuerza
revolucionaria, el fracaso del experimento político de los militares de la
Revolución Argentina de 1966 encabezada por el General Onganía. Balvé (s/f)
señala que según los términos del plan de institucionalización del país
contenido en el Gran Acuerdo Nacional (1971/1972) de la dictadura militar
encabezada por el General Agustín Lanusse, el gobierno que asumiría luego de
las elecciones del 11 de marzo de 1973 sería provisional y duraría cuatro
años. El mismo Lanusse entendía a la experiencia democrática de 1973 como
orientada a cumplir con el “tiempo político” propuesto por Onganía en 1966[32].
Es
decir, el régimen democrático de 1973 era un experimento de transición de los
propios militares. Fue pensado, planificado y ejecutado por la dictadura para
que el gobierno que habilitaban, se desarrollara bajo su control para “pacificar
espíritus y disminuir tensiones[33],
nuevamente en nuestros términos, un tiempo democrático para desarticular la
fuerza social revolucionaria en desarrollo.
Desde
este punto de vista, el período 1966-1976/1983, es decir, del golpe de estado
Onganía a la democracia de mercado y del capital financiero de 1983 en
adelante, podrían verse como un continuo con un quiebre: las huelgas de masas
de 1969. Este proceso reorientó los planes militares que “apuraron” la llegada
del “tiempo político” democrático, pero cuyo fracaso, los recondujo con
iniciativa y determinación en 1976. En 1983, la tarea estaba realizada.
De
una democracia a la dictadura, y de la dictadura a otra democracia
Así
como planteamos la necesidad de un estudio sobre la composición y
realineamientos de las corporaciones de la burguesía salteña en la fuerza
social contrarrevolucionaria de 1973/1976 a 1983 en adelante, podríamos
proponer lo mismo para el caso del componente político militar, y hasta el
sindical.
No
está de más recordar que muchos militares, por ejemplo el Capitán Espeche,
participaron en la Masacre de Palomitas de 1976 y ya se habían desempeñado en
el Operativo Independencia. A nivel nacional, Albano Harguindeguy fue designado
el 30 de enero de 1975 jefe de la Policía Federal Argentina por la entonces
presidenta María Estela Martínez de Perón. Poco más de un año después, Videla
lo nombró Ministro del Interior y tuvo bajo su control los centros clandestinos
de detención dependientes de la policía federal.
Tampoco
se ha repetido suficientemente la participación no sólo civil sino de
dirigentes políticos de partidos políticos de la democracia. El 25 de marzo de
1979, a partir de datos de los Servicios de Inteligencia, el diario La Nación
constataba que el gobierno de la dictadura de 1976 contaba con numerosa
participación civil: el 35,3% de los intendentes eran radicales, 19,3%
peronistas, 12,4 demócratas progresistas, 10% del MID, 2,7% neoperonistas,
entre otros. Sobre 1607 municipios, solo 170 eran militares.
El
ex gobernador Roberto Romero (1983-1987), al que se había rechazado la
afiliación al Partido Justicialista, la obtuvo en 1983.Todas las fuentes
reiteran que fue por lo menos un aval trascendental para la intervención a
Miguel Ragone y más tarde para el golpe de estado[34]. Horacio
Bravo Herrera, senador Nacional que respondía a Romero, votó a favor de las
leyes de impunidad durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El Coronel Héctor Luis
Ríos Ereñú, jefe del ejército con Alfonsín, era jefe de la subzona norte de la
provincia durante la dictadura (Leiva, 2006). Por no hablar de Roberto Ulloa,
militar designado gobernador durante la dictadura y luego elegido gobernador en
democracia (1991-1995).
El
Capitán Félix Valenti Figueroa, jefe de la sub área sur entre las
jurisdicciones militares en la que se dividió la provincia, fue Director del
Fondo de Administración y Disposición de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado
Provincial durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey (2007-2019) y luego
funcionario del gobernador Juan Carlos Romero (1995-2007). El Oficial de
Gendarmería Sergio Raúl Nazario, quien había actuado en los Campos de
Concentración “El Olimpo” y “El Vesubio” (reconocido por un testigo torturado),
fue reclutado -junto a otros represores de la dictadura- para formar parte de
la empresa de seguridad “Brides”, siendo recomendado por el empresario Alfredo
Yabrán como personal de “seguridad” y fue destinado a trabajar en el Diario El
Tribuno (propiedad de la familia Romero). Durante la gestión de Juan Carlos Romero
como gobernador de Salta, Sergio Raúl Nazario, fue nombrado Secretario de
Seguridad de la Provincia (Leiva, 2006, 208).
¿Cómo
se articularon entre democracia y dictadura estos y otros “cuadros”
político-militares con actuación en ambos regímenes? Y repasando la
investigación ya citada de Carlos Abrahan sobre las huelgas, ¿con qué
herramientas y marco conceptual analizar la vida que tuvo el ámbito sindical en
Salta? ¿Cómo se reconstituyó después de 1976 y 1983?
Militarismo,
Masacre o Genocidio
Descartemos
que los enfrentamientos sociales de los años sesenta y setenta, y la dictadura
militar de 1976 tengan relación con alguna tradición militarista o violenta en
Argentina como afirma Pablo Ávila (2010).
El
siglo XX es el siglo de las revoluciones y los enfrentamientos en sociedades
capitalistas integradas y dominantes a nivel mundial: guerras propiciadas por
países desarrollados entre ellos y llevadas a territorios lejanos, golpes de
estado en países atrasados, guerras civiles y revoluciones en todas las
latitudes.
Una
mirada de largo plazo y una larga enumeración de represiones, golpes de estado
e insurrecciones de la clase obrera en Argentina empezando por la Semana
Trágica de 1919, ayuda a entender que el surgimiento de organizaciones político
militares (guerrillas) de izquierda revolucionaria es el resultado de décadas
de experiencias políticas y enfrentamientos sociales, y no de la “violencia
política” como si se tratara de una idea o espíritu encarnado en los pueblos,
usando una imagen hegeliana.
La
lucha armada de la segunda mitad del siglo XX constituye un quiebre en la
historia argentina, y también una señal de la mundialización de ciertas
condiciones objetivas y subjetivas. Recordemos que son los años de “nuevas
formas de guerra no tradicionales surgidas en el marco de la Guerra
Fría: la Guerra Nuclear o Atómica y la guerra revolucionaria” (Mazei,
2013), de las guerrillas en Argelia contra la dominación francesa, las de los
vietnamitas y centroamericanos contra la dominación estadounidense, las de los
negros contra el Apartheid y la guerrilla Lanza de la Nación (a la que
perteneció Mandela). En ciertas condiciones locales y mundiales, en espacios
tan diferentes, explotación/opresión equivalen a surgimiento de organizaciones
revolucionarias armadas. Sólo la agudeza de las luchas explica lo ocurrido.
La
mayoría de los autores mencionados, afirman la existencia de masacres y en
general de un genocidio, o utilizan uno y otro concepto de forma
indiferenciada.
Masacre
o Genocidio no es un debate nuevo. Se enlazada a la de varios historiadores
marxistas que argumentan que el concepto de genocidio[35] no
puede aplicarse al caso argentino, “donde lo que sucede es un aniquilamiento
de los cuadros de una fuerza social de matriz clasista. No hubo “pueblo” ni
“exterminio”. Hubo alianza de clases revolucionaria sin partido dirigente y
aniquilamiento de los cuadros dispersos de esa fuerza” (Abrahan, 2007,
citando a Sartelli, 2004).
Esta
es una línea de explicación compartida también por Emilio Crenzel (2016) quien
defiende la perspectiva que se trató de una masacre a militantes políticos, en
su mayoría de izquierda. En la conceptualización de genocidio, radicaría la
principal derrota: “Así, pese a la aparente radicalidad de hablar de
genocidio, este planteo reproduce la despolitización de los desaparecidos y
tergiversa la historia argentina reciente, la del genocidio nazi y la identidad
de las víctimas de ambos procesos (Crenzel, 2016, 63).
Despolitización que se reproduce,
por ejemplo, al denominar “ciudadanos” a los masacrados en Palomitas, y
“asociación ilícita” a las fuerzas estatales que cometieron la masacre.
Lo cierto es que la represión
ampliada se desató con fines ideológicos y se aplicó con los métodos que se
conocen y que los mismos militares admitieron, según surge de los informes que
Patricia Derian[36]
enviaba al Departamento de Estado a la Argentina a fines de los años setenta.
Tanto que entre muchos informes, uno del 3 de agosto de 1979, además de
explicar que el general Suárez Mason y el general Menéndez reconocían derrotada
a la “subversión terrorista” pero impulsaban una ofensiva contra la “subversión
ideológica”, revela que fue la propia dictadura quien propuso otorgar
indemnizaciones a familiares de desaparecidos:
El Ministro de Relaciones Exteriores, Pastor[37],
informó que los familiares podrán solicitar asistencia e información al
Gobierno tres meses después de la desaparición. El Gobierno tendrá tres meses
para determinar el paradero de la persona desaparecida y, si no se obtiene información,
los familiares podrán reclamar prestaciones para sobrevivientes y regularizar
su situación legal. Aunque no proporcionó detalles, Pastor indicó que los
familiares podrán solicitar una indemnización [38].
Palabras
finales
La
producción historiográfica sobre la dictadura en Salta es sumamente escasa. Del
repaso de publicaciones, subrayamos el aporte que significan aquellas que
destacan o por lo menos mencionan la militancia de los reprimidos, la
legislación y procesos represivos que anteceden al golpe de estado, los nombres
propios de los involucrados y las luchas contra la dictadura.
El
recorrido realizado no carece de tensiones y preguntas: el cambio y la
continuidad, la democracia y la dictadura. Tampoco pretenden ser resueltas, ni
borrar diferencias entre las dos últimas, sino revisar con mayor precisión el
criterio que constituye una ruptura en el proceso histórico. Es necesario
desarmar periodizaciones que oscurecen procesos de lucha, de alineamiento y
realineamientos, de adaptación y reconversión ideológica y política.
Nuestros
avances de investigación sobre la fuerza social revolucionaria y
contrarrevolucionaria llegan a 1976. Es necesario continuar el estudio sobre el
desarrollo, disolución y/o realineamiento de los componentes de esas fuerzas de
1976 en adelante. Habría que preguntarse qué características tuvo en su origen
la fuerza social ¿democrática? de 1983 y compararla, si cabe, con la de 1973.
Paralelamente, ¿qué quedó de los destacamentos revolucionarios de 1983 en
adelante?
1976-1983
constituye una ruptura, es el inicio formal de un período
contrarrevolucionario, definido como momento de disgregación social,
fragmentación, segregación, pérdida de la solidaridad. ¿He aquí la explicación
general de la ausencia de investigaciones universitarias sobre el período? Un
período contrarrevolucionario comporta el abandono de intelectuales y cuadros
políticos del propósito de la transformación social y su pasaje al reformismo y
el liberalismo (y a la democracia de mercado) como formaciones ideológicas
(Balvé, 2009). Es decir, no constituye una ruptura en cuanto a la represión
(como vimos la llamada “lucha contra la subversión” caracteriza el período
anterior incluso a 1973) sino en cuanto a la iniciativa clara, definitiva y
unificada de la fuerza del capital.
Referencias
bibliográficas
Abrahan, C. (2007). Pasado y
Presente: masacre de palomitas (1976-2008). Inédito. https://www.academia.edu/28856842/Pasado_y_Presente_MASACRE_DE_PALOMITAS_1976_2008_2010_ (pp. 1-15)
Abrahan, C. (2014). Las huelgas
generales en Salta durante la dictadura militar (1979-1983). Tesis de
Especialidad en Historia Argentina. Facultad de Humanidades. Universidad
Nacional de Salta. Inédita.
Ávila Ricci, M. (2017). Terrorismo
de Estado en Salta: 1975-1983. Bibliotex.
Ávila, P. (2010). La Masacre de
Palomitas. Tesis de Maestría. Universitas Bergensis. Noruega. Inédita.
Balvé, B. (s/f). Golpe de estado y
clase obrera. La noción de crisis y transición en un análisis de situación. https://cicso.org/2016/07/12/golpe-estado-clase-obrera-la-nocion-crisis-transicion-analisis-situacion-beba-c-balve/ (pp. 1-6)
Balvé, B. (2009). Poder y Guerra.
Argentina. Acerca de la cuestión nacional. CICSO.
Barquet, L. y Adet, R. (2004). La
Represión en Salta, 1970-1983. Testimonios y Documentos. EUNSA.
Baschetti, R. (1999). Documentos,
1973-1976. De la Ruptura al Golpe. Vol. II,. Campana de Palo.
Bavio, G. (2010). Huellas de la
memoria. Universidad Nacional de Salta.
Bobbio, N, Matteucci, N. (dir)
(1992). Diccionario de política. Siglo XXI.
Bonavena, P., Maañón, M., Morelli,
G., Nievas, F., Paiva, R. y Pascual, M. (1998). Orígenes y desarrollo de la
guerra civil en la Argentina. 1966-1976. Eudeba.
Caro Figueroa, J. A. (2016). Política
y Violencia en la Salta de los años setenta. Memorias de una década trágica.
Cosmosalta.
Correa, R, Maiza, R., Maita, D.
(2007). Memorias y Desmemorias del pasado reciente: La prensa gráfica
salteña y la violencia política durante el año 1975. Ponencia. VI Jornadas
de Periodismo y Comunicación, Jujuy.
Crenzel, E. (2008). La historia
política del Nunca Más. La memoria de las desapariciones en la Argentina.
Siglo XXI.
Crenzel, E. (2016). Entre la
historia y la memoria. A 40 años del golpe de estado en la Argentina. História:
Questões & Debates, Vol. 64, (Nº 2). (pp. 39-69).
Duhalde, E. L. (1983). El Estado
Terrorista argentino. Argos Vergara.
Gauffín, A. (2014). Noticia
urgente sobre Ragone: estado de excepción en Salta, 1973-1975. Prohistoria.
Gonzáles Calleja, E. (1999). En las
tinieblas de Brumario: cuatro siglos de reflexión política sobre el golpe de
Estado. En Historia y Política. Ideas, procesos y movimientos sociales.
Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Historia del Pensamiento y
de los Movimientos Sociales y Políticos. (pp. 89-119).
Hermant, D. (2005). Guerre et
Terrorisme, 1986. Cultures & Conflits. http://journals.openedition.org/conflits/1146, DOI: https://doi.org/10.4000/conflits.1146.
(p. 1-7).
Izaguirre, I. (2009) (COMP). Lucha
de clases, guerra civil y genocidio en Argentina, 1973-1983: antecedentes,
desarrollo y complicidades. (pp. 45-70). Eudeba.
Leiva, D. (2006). Tropiezos de la
memoria. Silencios y Complicidades en Salta. Imprenta Gráfico.
Marín, J.C. (2007). Los hechos
armados. La Rosa Blindada/PICASO.
Mazei, D. (2013). La misión militar
francesa en la escuela superior de Guerra y los orígenes de la Guerra Sucia,
1957-1962. Revista de Ciencias Sociales, (Nº 13). (p. 105-137).
Pontoriero, E. (2022). La
represión militar en la Argentina (1955-1976). Universidad Nacional de
General Sarmiento, Universidad Nacional de Misiones, Universidad Nacional de La
Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Sajama, L. A. (2022). Disciplinamiento
y resistencia de los sectores populares en los espacios de sociabilidad.
Rosario de Lerma, provincia de Salta. 1975-1983. Tesis de licenciatura en
Historia. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Salta.
Sánchez, G. y Carrizo, F. (2005). Haciendo
memoria, el golpe militar de 1976 en Salta. Ponencia. X Jornadas
Interescuelas/Departamentos de Historia. Escuela de Historia de la Facultad de
Humanidades y Artes. Universidad Nacional del Rosario.
Saravia, C. H. (2010). Pedazos de
infierno. Ediciones Funda voz.
Soler, A., Correa, R. (2009). Prensa
escrita, empresarios y dictadura. El Intransigente y la reorganización de las
entidades empresarias. Salta, 1976 - 1977. Revista Escuela de Historia,
(Nº 8). (pp. 323-340)
Soler, A. (2012). Izquierda y Derecha
peronista en Salta. 1972 – 1974. Revista Razón y Revolución, (Nº 23),
(pp. 157-176).
Soler, A. (2019). Alianzas
sociales y tendencias políticas en tiempos de agudización de las luchas
sociales. Salta entre 1972 y 1976. Tesis de doctorado en Historia.
Universidad Nacional de Córdoba. Inédita.
Soler, A. y Abrahan, C. (2022). El
proceso de ascenso y descenso de la lucha de clases en Salta. 1968 – 1976. En Soplando
la potente fragua. Estudios sobre clase y lucha de clases en el capitalismo
contemporáneo. Cuadernos GEACH – Ediciones Extramuros, (pp. 283-314).
Soler, A. (2023). Alianzas sociales
y tendencias políticas en Salta entre 1972 y 1976 en el marco de las tendencias
de cambio en su estructura económico social (1960-1980). Revista de Historia.
Vol 1. (Nº 22). S/p.
Fuentes
Revista La
Provincia. Año 1. Nº 10. Salta: La Provincia S.A. 1982. Archivo Personal.
Diario El
Intransigente. 19 de marzo de 1975. Archivo y Biblioteca Histórica de Salta.
Hemeroteca (AyBHS-H).
Diario El
Tribuno. 28 de enero de 1975. AyBHS-H.
Diario El
Intransigente. 19 de Marzo de 1975. AyBHS-H.
Diario El
Tribuno. 18 de abril de 1975. AyBHS-H.
Diario El
Tribuno, 19 de agosto de 1975. AyBHS-H.
Diario El
Tribuno, 13 de diciembre de 1975. AyBHS-H.
Diario El
Tribuno, 10 de febrero de 1976. AyBHS-H.
Diario El
Tribuno, 11 de febrero de 1976. AyBHS-H.
Diario El
Intransigente, 8 de mayo de 1976. AyBHS-H.
Diario El
Intransigente, 8 mayo de 1976. AyBHS-H.
Diario El
Intransigente del 8 de junio de 1976. AyBHS-H.
Diario El
Intransigente, 3 de julio de 1976. AyBHS-H.
Diario El
Tribuno, 24 de marzo de 1996. Salta. AyBHS-H.
Boletín
Oficial de la provincia de Salta. 28 de Agosto de 1975. Biblioteca de la
Legislatura de Salta.
Dirección
General de Estadísticas. Secretaría de Estado de Planeamiento de la provincia.
“Análisis de la estructura económica de Salta”. 1990.
Dirección
General de Estadísticas. Secretaría de Estado de Planeamiento de la provincia.
“Informe sobre la estructura económica de Salta”. 1990
“Normas para la ejecución de asesoramiento
ideológico literario”. Resolución 72/1982. Servicio de Inteligencia del Estado.
Documentos desclasificados.
“Memorandum
al Departamento de Estado sobre derechos humanos en Argentina y Perú”. Centro
de Estudios Legales y Sociales. Documentos desclasificados.
“Directiva
de la junta de comandantes en jefe para el ministro del interior. Bases del
plan político”. Presidencia de la Nación. Ministerio de Defensa Actas de la
Dictadura: documentos de la Junta Militar. Tomo 1.
“Memorandos
de Carter”. Embajada de Estados Unidos en Argentina. Proyecto de
Desclasificación de Argentina-2016.
[1] Los alemanes usaban el término «terrorista»
para designar a los combatientes de la resistencia francesa durante la Segunda
Guerra Mundial contra los nazis (Hermant, 2005).
[2] Fue el asesinato premeditado de 11 presos
políticos el 6 de julio de 1976 por parte de militares en la localidad de
Palomitas Salta. Durante años quiso hacerse pasar por un enfrentamiento causado
por el intento de fuga.
[3] Ex militante de Montoneros e intendente de la
ciudad de Salta en 1973.
[4] La ley imponía prisión de dos a seis años a
quien difundiera noticias que alteren el orden institucional y penaba a
cualquiera que propusiera la realización de un paro declarado ilegal, que
tuviera o usara emblemas, insignias o distintivos de las organizaciones
subversivas, o que mencionara a las organizaciones guerrilleras.
[5] El Operativo independencia (decretado por
Isabel Martínez de Perón en enero de 1975) fue un plan militar de
“aniquilamiento” de la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo-Partido
Revolucionario de los Trabajadores (ERP-PRT) y de su apoyo popular, desplegado en Tucumán desde febrero de 1975, pero
involucró a varias provincias del norte argentino.
[6] El Pacto Social fue un acuerdo firmado en 1973
entre el gobierno peronista, empresarios y dirigencias sindicales que
establecía que durante dos años no se producirían aumentos de salario, ni de
precios.
[7] 1974 corresponde al año de aprobación de la
Reforma del Código penal (20.840) que ya tipifica delitos de carácter
“subversivo”, y que el autor señala como iniciación de la persecución. 1975,
por la publicación del decreto de iniciación del Operativo Independencia.
[8] La Masacre de Ezeiza ocurrió el 20 de junio de
1973, en el acto por el retorno de Perón a Argentina. La derecha peronista
emboscó y masacró a tiros a militantes de izquierda y población que esperaba un
acto político. Al día siguiente Perón avaló la masacre y responsabilizó a los
sectores de izquierda.
[9] Aunque no se extiendan en la explicación, el
único caso en el que parece distinguirse entre uno y otro es en Barquet y Adet
(2004).
[10] Archivo personal. Revista La Provincia. Año 1,
Nº 10. Salta. 1982, p.40.
[11] En junio de 1976, las autoridades de la UDEES
eran: Alberto Gir (Cámara de Comercio Exterior) presidente y Arturo Figueroa y
Miguel Ángel Martínez Saravia (de la Sociedad Rural y la Cámara del Tabaco
respectivamente) en otros cargos directivos. Archivo y Biblioteca Histórica de
Salta. Hemeroteca. Diario El Intransigente del 8 de junio de 1976.
[12] Archivo y Biblioteca Histórica de Salta.
Hemeroteca (AyBHS-H). “Algunas adhesiones al golpe”. Diario El Tribuno (DET),
24 de marzo de 1996.
[13] AyBHS-H. Diario El Intransigente (DEI), 8 de
mayo de 1976.
[14] El directorio de NOA S.A. estaba constituido
por Alberto Gir y Elias Luque, Miguel Ángel Martínez Saravia, Humberto
D`Andrea, Daniel Patrón y otros. Biblioteca de la Legislatura. Boletín Oficial
de la provincia de Salta. 28 de Agosto de 1975.
[15] El gobierno de Miguel Ragone fue intervenido en
noviembre de 1974, y le sucedieron 4 interventores federales peronistas hasta
de marzo de 1976.
[16] AyBHS-H. “Almaceneros salteños pararán el 6 y 7
de abril”. DEI. 19 de marzo de 1975.
[17] AyBHS-H. “El aumento de las exportaciones”.
DET. 28 de enero de 1975.
[18] AyBHS-H. “No hay leche: los empresarios piden
aumentos de precios”. DET. 18 de abril de 1975.
[19].AyBHS-H. “Solicitada. Sociedad Rural Salteña”.
DET, 19 de agosto de 1975.
[20] AyBHS- H. “Solicitada. Una política económica
que frustró a los argentinos”. DET, 13 de diciembre de 1975.
[21] AyBHS-H. “Una arenga política obligó al
presidente de la asamblea a pedir mesura”. DET, 11 de febrero de 1976.
[22] AyBHS-H. DEI, 3 de julio de 1976.
[23] AyBHS-H. DET, mayo de 1976.
[24] Dirección General de Estadísticas. Secretaría
de Estado de Planeamiento de la provincia. “Informe sobre la estructura
económica de Salta”. 1990
[25] Dirección General de Estadísticas. Secretaría
de Estado de Planeamiento de la provincia. “Análisis de la estructura económica
de Salta”. 1990.
[26] Para Bobbio (1992), “el golpe de estado por
antonomasia es el concretado por Luis Bonaparte, en 1851, cuando dio el golpe
de gracia a la II República, de la que él mismo era presidente” (p. 724). Según
una variedad de definiciones que comenta Gonzáles Calleja “el golpe es siempre
un ataque fulminante y expeditivo a las instancias de gobierno que se ejecuta
desde dentro del entramado del poder”, o “desplazamiento de los miembros de la
élite dirigente, o “un cambio en la titularidad del poder ejecutivo”, o “un
modo determinado de acción subversiva” (Gonzáles Calleja, 1999, 91).
[27] Para leer sobre la agudización de la lucha de
clases desde 1968 en Salta, ver Soler, Abrahan, 2022.
[28] Servicio de Inteligencia del Estado. Documentos
desclasificados. Resolución 72/1982. “Normas para la ejecución de asesoramiento
ideológico literario”. Firmada por el General Carlos Alberto Martínez.
[29] “Normas para la ejecución de asesoramiento
ideológico literario”. Firmada por el General Carlos Alberto Martínez.
[30] Centro de Estudios Legales y Sociales.
Documentos desclasificados. Memorandum al Departamento de Estado sobre derechos
humanos en Argentina y Perú. 20 de octubre de 1976. DOCID-33064608
[31] Para un estudio sobre la organización
territorial y la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria francesa, ver
Mazei, (2013). Según esa doctrina de la escuela militar francesa y
norteamericana, la totalidad de la población se transforma en sospechosa,
porque el enemigo “subversivo” se oculta y mimetiza entre ella, además de
recibir su colaboración. Se divide a la sociedad de forma maniquea: todo
opositor es un “subversivo” del que se obtiene información bajo la práctica
normal de la tortura.
[32] El General Onganía que asumió la presidencia
del golpe de estado de 1966, proponía reorganizar la Argentina guiándose por
tres objetivos en “tres tiempos” sin plazos: el económico (desarrollo
industrial), el social (distribución de riqueza), y a más largo plazo el
político (democracia).
[33] Ministerio de Defensa Actas de la Dictadura:
documentos de la Junta Militar. Tomo 1. Directiva de la junta de comandantes en
jefe para el ministro del interior. Bases del plan político. Presidencia de la
Nación. 2 de Abril. 1971.
[34] Leiva, D. (2006/2016)
[35] Para leer un planteo marxista que argumenta,
investiga y defiende el concepto de Genocidio para los años setenta en
Argentina, ver: Marín, 1996, Bonavena,1998, Izaguirre, 2009,
[36] Subsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos
Humanitarios de Estados Unidos durante el gobierno de Carter.
[37] Se refiere al Brigadier Carlos Pastor, Ministro
de relaciones exteriores de la dictadura argentina.
[38] Embajada de Estados Unidos en Argentina.
Proyecto de Desclasificación de Argentina-2016. Memorandos de Carter.