ESTADO,
ECONOMÍA Y EMPRESAS DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR (1976-1983). PROBLEMAS
DE INVESTIGACIÓN DESDE LA PROVINCIA DE SALTA
STATE,
ECONOMY AND BUSINESSES DURING THE LAST MILITARY DICTATORSHIP (1976-1983):
RESEARCH PROBLEMS FROM THE PROVINCE OF SALTA
Hugo Ariel Rossi
Instituto de Investigaciones en
Ciencias Sociales y Humanidades, Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de Salta
https://orcid.org/0000-0002-7079-8607
ARK: https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s16688090/bkk7q20eb
FECHA DE INGRESO: 27/03/2026
FECHA DE ACEPTACIÓN: 04/05/2026
Resumen
Este artículo tiene como objetivo
general presentar algunos problemas de investigación vinculados a la historia
económica de la provincia de Salta en el periodo de gobierno de la última
dictadura militar. Se presentan breves avances de una investigación en curso en
donde específicamente se busca analizar cuestiones generales como el rol del
estado en la economía e identificar sectores de burguesía que pudieron resultar
beneficiados a partir de ciertas políticas. Para esto se exponen dos casos
relacionados entre sí, una empresa privada integrada por productores ganaderos
salteños -estatizada y luego nuevamente privatizada- y el del Banco de la
Provincia de Salta.
Palabras Claves: Estado, empresas, banca pública,
dictadura militar, economía regional
Abstract
The general aim of this article is
to present a few research problems related to the economic history of the province of Salta during the period
of the last military dictatorship. It offers preliminary
findings from an ongoing research
project that specifically seeks to analyse broad issues
such as the role of the state in the
economy and to identify sectors of the bourgeoisie that may have benefited
from particular policies.
To this end, the article examines two interrelated cases: a private company composed of cattle producers from Salta—which was nationalized
and subsequently reprivatized—and
the Bank of the Province of Salta.
Keywords: State, businesses, public
banking, military dictatorship, regional economy
Introducción
En este breve artículo vamos a
plantear un conjunto de problemas de investigación -algunos en desarrollo- que
tienen como objetivo general analizar características de la economía salteña en
el nuevo patrón de acumulación del capitalismo argentino que inició con la
última dictadura militar. Para ello vamos a presentar
dos casos de estudio de empresas locales relacionadas entre sí, Frigorífico
Arenales[1]
-privada, luego estatizada y nuevamente privatizada- y el Banco de la Provincia
de Salta -pública-. Como objetivos específicos nos proponemos reconstruir parte
de operatoria financiera que se tejió alrededor de ellas y plantear futuras
líneas de trabajo sobre el rol de sectores de la burguesía provincial en esta
etapa.
Esta selección se fundamenta en que
fueron empresas en las que se pueden observar dos cuestiones en común y que
entendemos fundamentales para analizar el periodo. En primer lugar, la importancia
del Estado como garante de la ganancia privada. En el marco de un gobierno
nacional que se mostraba a favor del libre comercio y una menor intervención
estatal en la economía, lo que muestra nuestro trabajo es el uso relevante que
se le siguió dando a los fondos públicos. La segunda cuestión, es que
consideramos que la historia de estas empresas nos brinda la oportunidad de
indagar y reconstruir parte de las formas de vinculación de intereses entre
empresarios y el gobierno provincial de Roberto Ulloa[2],
así como también de ayudarnos a identificar a ciertos sectores sociales
beneficiados por las políticas del periodo.
Problemas generales para estudios
particulares y un breve estado de la cuestión
Numerosas investigaciones desde
perspectivas multidisciplinares analizaron a la economía argentina durante el
último gobierno militar. Podemos mencionar los trabajos de Eduardo Basualdo (2013) y Basualdo et.
al. (2016) que definen y caracterizan al nuevo patrón de acumulación del
capitalismo argentino como de valorización financiera[3].
Estas publicaciones, a la vez que aportan una mirada general de la dinámica
económica del país en esos años, también presentan problemas sobre aspectos más
concretos, entre los que podemos mencionar los cambios en rol de Estado y la
relación empresas/empresarios con el gobierno.
Parte de estas problemáticas fueron
retomadas en otras pesquisas de las que a los fines de este artículo deseamos
retomar los siguientes planteos. El primero de ellos es que entre los efectos
más destacados del plan económico implementado por Martínez de Hoz estuvo el
fin del proceso de industrialización que se venía desarrollando en la economía
Argentina desde décadas previas (Rougier e Iramain, 2023). El segundo, es la utilización del Estado
por medio de diversos mecanismos que van desde herramientas o instrumentos de
gestión económica tales como líneas de crédito, beneficios fiscales, etc.,
hasta la modulación de políticas específicas a favor de determinados sectores a
partir de la capacidad de lobby ya sea personal o bien a través de las
corporaciones representantes del sector (Sanz Cerbino,
2010).
Sobre el primer aspecto debemos
mencionar que si observamos por sector económico, el financiero y
agroexportador se cuentan entre los grandes ganadores del periodo, mientras que
el cierre de fábricas y empresas fue más acentuado en pequeñas y medianas
empresas cuyo negocio principal estaba estructurado a partir del mercado y
consumo interno (Wainer y Schorr,
2022). Por el contrario, fueron las empresas que tenían mayor respaldo
financiero y capacidad de influir en el gobierno las que se encontraron en
posición de sobrevivir al periodo y ganar más injerencia en la economía
argentina. De manera tal que el análisis de la desindustrialización debe ir de
la mano del de los procesos de concentración y centralización de capital que
reorganizaron a los grupos económicos presentes en el país. Estas cuestiones
están íntimamente relacionadas con la nueva conformación del poder económico
que sitúa entre los principales ganadores -si analizamos por fracciones de
burguesía- a los sectores económicos locales, quienes en diversos casos
estuvieron además asociados a capitales extranjeros mediante financiamiento
corporativo por emisión de deuda privada y préstamos bancarios o bien porque
directamente operaban como apéndices de empresas multinacionales (Schorr, 2021). Esto último es una de las explicaciones del
apoyo político que la dictadura militar recibió de sectores de la sociedad
civil entre las que se pueden contar a determinadas asociaciones empresariales.
Los beneficios recibidos por una
parte significativa de los grupos económicos locales nos permiten problematizar
el uso del Estado, o mejor dicho del entramado institucional y todas sus
capacidades de intervenciones y gestión, para ponerlas a favor del interés
privado. En efecto, lejos de suponer un programa económico liberal que en lo
discursivo renegaba del intervencionismo estatal, lo que habilitó el gobierno
militar fue la creación de ámbitos privilegiados de negocios a partir de
decisiones como reorganización de la obra pública con contratos que otorgaban
amplios beneficios a empresas constructoras, privatizaciones o concesiones de
determinadas empresas y servicios públicos, líneas de crédito flexibles por
intermedio de la banca pública y finalmente la estatización de la deuda privada
sobre el final del gobierno[4].
Alrededor de estos ámbitos privilegiados se consolidó un sector de empresarios
que parte de la literatura especializada en la temática calificó como “la patria
contratista” (Basualdo, 2013). Una de sus
características principales estaba justamente en que una porción significativa
de sus ganancias provenían de negocios hechos con el Estado o con garantía
pública y que se sustentaban en los vínculos políticos -y en algunos casos
hasta personales- que lograban establecer con los funcionarios de
gobierno.
En lo que refiere a Salta no
disponemos de investigaciones que nos posibiliten un conocimiento de conjunto
de la economía provincial durante el periodo de gobierno militar. Es
precisamente en este punto donde destacamos nuestra investigación y los avances
aquí publicados, ya que la reconstrucción de la historia de Frigorífico
Arenales y el Banco de la Provincia de Salta nos permite encontrar elementos
para continuar el análisis sobre el accionar de los actores económicos a escala
local -aunque también a nivel nacional- en la nueva configuración del
capitalismo argentino inaugurado por la dictadura militar.
Otro caso similar a los que
expondremos aquí es el de Cementos NOA, fundada en 1978 con el objetivo de
producir cementos a partir de la explotación de los yacimientos de piedra
caliza de los valles centrales salteños. Entre sus accionistas estaban empresas
pertenecientes a grupos nacionales como Wagner y Pérez Companc,
ambos vinculados a la obra pública y contratos con el estado. Por cuestiones de
extensión no profundizaremos en lo sucedido con esta compañía, pero si diremos
que investigaciones posteriores sobre la estatización de la deuda privada
determinaron que Cementos NOA había obtenido préstamos en el exterior con
garantías y avales de bancos públicos nacionales, pero que sin embargo más de
la mitad de la divisas no ingresaron al país y por lo tanto no se destinaron a
la compra de maquinaria y funcionamiento de la empresa. Un ejemplo de negocio
financiero hecho con deuda, fuga y desguace de una empresa[5].
Algunas características de la
economía salteña en los años de gobierno de la última dictadura militar
En el gráfico Nº 1 se puede observar
la participación por sector económico en el PBG entre 1973 a 1979. Los años de
gobierno de la última dictadura militar consolidaron dos tendencias, una la
preponderancia de la actividad agropecuaria y la otra el declive de la
industria. Si al rubro servicio se lo desglosa, la intermediación financiera es
el principal motivo de su crecimiento.
Grafico 1. Evolución
estimada de la participación por sector en el PBG de la provincia de Salta de
1973 a 1979
Fuente: Elaboración propio en base a datos
de Consejo Federal de Inversiones y Dirección Estadística de la Provincia de
Salta.
Si tomamos con referencia el sector
bancario y específicamente el crédito -dado su importante rol como estimulador
de la actividad económica- podemos observar -Gráfico Nº2- que las carteras
crediticias de todos los bancos con operaciones en la provincia de Salta
guardan un cierto grado de correlación con los números del PBG. Durante los
primeros años del gobierno militar crecen los créditos al sector primario y
decrecen a la industria. Otros sectores que incrementan su participación son al
sector de la construcción y servicios.
Gráfico Nº2.
Participación por sector en los préstamos bancarios otorgados en la provincia
de Salta de 1976 a 1981 (todos los bancos con operaciones en la provincia).
Fuente: Elaboración propia en base a datos
del Boletín Estadístico del Banco Central de la República Argentina años 1976 a
1981.
Aunque estos datos constituyen una
primera exploración general de la economía salteña, nos muestran que en la
provincia se replicaron las tendencias nacionales en cuanto a reprimarización y crecimiento del sector servicios. También
nos abre el interrogante sobre quiénes fueron los beneficiarios del sector de
la construcción. En lo que respecta al sector industrial, también se dio la
situación que su decrecimiento en el PGB y en la receptividad de los créditos
no implicó necesariamente su desaparición. Por el contrario, lo que exhiben los
casos que desarrollaremos a continuación muestran una focalización en
determinadas empresas cuyos negocios dependieron de la ayuda estatal.
Frigorífico Arenales y el Banco de
la Provincia de Salta en la historia salteña
La producción y comercio vacuno
fueron desde finales del siglo XIX las principales actividades económicas de
las familias tradicionales salteñas. Eran la base no solo de sus riquezas sino
también símbolo de poder y prestigio, lo que tenía un correlato en el control
político que ejercían sobre Estado provincial. Los principales mercados eran el
provincial y los centros urbanos de la costa del pacífico chileno -el comercio
consistía en el traslado de animales vivos a través de los pasos ubicados en la
Cordillera de los Andes-.
A partir de la segunda mitad del
siglo XX, por diversos motivos que van desde cambios en el consumo hasta
factores medioambientales, el volumen comercializado entró en declive respecto
de las décadas previas. La dirigencia ganadera salteña impulsó entonces la
creación de un frigorífico con los objetivos de agregar valor a la ganadería
local y mantener la participación en sus mercados. En 1967 el gobierno
provincial como parte de su estrategia industrial pero también de construcción
de alianzas políticas -era un gobierno de Intervención Federal recién asumido[6]-
creó Frigorífico Arenales[7] como una sociedad mixta con 20% de participación
estatal, 40% de Frigorífico San José -radicado en la provincia de Entre Ríos- y
40% de los ganaderos salteños (Rossi, 2020).
Seis años después de su fundación,
el frigorífico presentaba un pasivo elevado que motivó una intervención y
posterior rescate accionario por parte del gobierno provincial de Miguel Ragone en 1973 (Soler y Correa, 2012). La otra razón de
estas decisiones era el peso político que seguía teniendo el sector ganadero en
la provincia de Salta tanto por la relevancia económica como también por tener
a algunos de sus representantes ocupando cargos de gestión gubernamental y
bancas legislativas. Con esta operación, el 60% de la empresa pasó a ser
propiedad del estado provincial que fue quien asumió el pago de las deudas
-entre ellas la de los trabajadores- mientras que el 40% lo mantuvieron los
productores salteños. A pesar del rescate, al inicio del gobierno militar en
1976 los balances contables seguían presentando pérdidas.
En lo que respecta a la historia del
Banco de la Provincia de Salta durante el siglo XX, podemos decir que es una
suerte de reflejo de los cambios en la economía provincial. Creado en 1941 -en
realidad es una segunda fundación- como institución pública, entre sus
funciones estaban además de las propias a cualquier banco comercial, la de ser
agente financiero de la provincia en un contexto de renegociación de la deuda
pública en gran medida originada en la depresión de 1930. En los años sesenta,
durante la etapa desarrollista, los gobiernos provinciales intentaron sin éxito
transformarlo en un banco para la promoción industrial. El fracaso se debió
principalmente a que en numerosas ocasiones debió salir a cubrir las
necesidades financieras de la provincia, lo que imposibilitaba otorgar
préstamos a largo plazo por el riesgo de descalce entre depósitos y préstamos
que muchas veces obligaron a su capitalización con préstamos del Banco Central
de la República Argentina bajo garantía de fondos de la coparticipación federal
de impuestos.
La llegada de Héctor Damián Gadea[8] al
gobierno de Salta fue posterior a uno de esos procesos de capitalización
realizados durante el peronismo entre 1973 y 1975, lo que implicaba que para
entonces existían fondos disponibles para la reactivación del crédito a nivel
provincial.
La importancia del Estado y los
fondos públicos en el liberalismo económico del gobierno provincial
Al iniciar el gobierno militar
provincial en 1976, la situación económica de Frigorífico Arenales no había
cambiado a pesar del rescate realizado durante el gobierno peronista. Ese mismo
año, en el mes de abril por Decreto Ley N° 21/76 se lo declaró empresa del
Estado, con ello el gobierno estatizó una empresa que en términos estrictamente
económicos hasta el momento no se había mostrado eficiente.
En este punto es en donde la
historia del frigorífico se entrelaza con la del Banco de la Provincia de
Salta. Lo primero a considerar para comprender dicha relación es la relevancia
que seguía teniendo el banco público salteño en el crédito a nivel local
-Gráfico Nº3-.
Gráfico Nº3.
Participación del Banco de la Provincia de Salta en el total de préstamos
otorgados en Salta entre 1975 a 1981.
Fuente: Elaboración propia en base a datos
del Boletín Estadístico del Banco Central de la República Argentina años 1975 a
1981.
Lo segundo a tener en cuenta es la
contabilidad de Frigorífico Arenales. Del análisis del activo y pasivo en el
balance general deseamos detenernos en lo siguiente. Para 1982 la empresa había
logrado estabilizar sus cuentas y ese año el ejercicio arrojó una ganancia de $
977089147, activos por aproximadamente $ 8500000000 y pasivos por $3000000000[9]. Del
lado de la composición del pasivo es donde consideramos que están algunos de
los aspectos más llamativos y que nos plantean los interrogantes a seguir explorando
en el futuro. La deuda por venta de mercadería representaba el 60% del total de
la deuda a cobrar. Entre los clientes, CIAC SA[10]
figura como uno de los principales deudores por un monto aproximado $
400000000, y si a eso le sumamos la venta de un inmueble por $ 3496422235, el
frigorífico salteño tenía en CIAC SA a un deudor que representaba más o menos
el 33% de la deuda total.
Dos preguntas
que nos surgen hasta aquí son: cómo pagó el gobierno la estatización de 1976 y
cómo continuó funcionado el frigorífico siendo que hasta 1981 operaba a pérdida
y que parte de sus clientes le debían dinero. Es aquí en donde entra el banco
provincial, ya que del lado de los créditos a pagar, es quien figura como
principal prestamista. Si cruzamos los datos del balance de ambas empresas
obtenemos la siguiente información:
Gráfico Nº4. Cartera de préstamos del Banco de la Provincia de Salta al
año 1982
Fuente: Elaboración propia en base a Libro
Copiador de Inventario Nº 2 de Frigorífico Arenales. Balance General año 1982 y
Boletín Estadístico del Banco Central de la República Argentina
Es decir que la estatización hecha
con fondos públicos, por un lado liberó a los ganaderos de hacerse cargo de las
pérdidas del frigorífico ya que el riesgo del negocio pasó a la administración
pública, y por otro, concentró el crédito público provincial prácticamente en
una sola empresa salteña -Gráfico Nº4-.
En 1980 mediante la ley Nº 5597[11] el
gobierno provincial declaró sujetos a venta los bienes muebles e inmuebles de
Frigorífico Arenales, primero con la prioridad de que pasen a manos de
cooperativas ganaderas salteñas y posteriormente en 1982 se convocó a una nueva
licitación -bajo la misma ley- esta vez de carácter nacional e internacional.
Ese año se resolvió la venta por $3100000000 -menos de la mitad de la valuación
del total del activo a 1982-. Quien compró la empresa fue el grupo CIAC SA.
Cabe aclarar que ni la ley Nº 5597 ni el decreto Nº 422/82 -que adjudica el
frigorífico a su nuevo dueño- mencionan que el adquiriente se hacía cargo
también del pasivo y solo se fija como obligación mantener como actividad la
faena de ganado en la provincia por al menos 7 años con un mínimo de cabezas
anuales. Como compromisos a futuro se mencionan un plan de nuevas inversiones
por aproximadamente $ 7000000000 y la posibilidad de apertura de participación
en la empresa de productores ganaderos salteños[12].
A partir de 1983 Frigorífico Arenales dejó de funcionar como empresa pública.
Por su parte, el banco provincial al
regreso de los gobiernos democráticos tuvo que ser capitalizado con fondos
coparticipables debido al peligro de descalce en sus operaciones, entre otras
cuestiones, a causa de la morosidad en la devolución de los créditos otorgados
en los años de la dictadura.
Conclusiones e interrogantes para
continuar investigando
De la investigación realizada sobre
dos empresas salteñas podemos extraer como primeras conclusiones lo siguiente.
Desde una perspectiva más general, los planteos discursivos del gobierno
militar en torno a promover una menor intervención del estado en la economía
tuvieron límites en la realidad cotidiana. El uso de bancos públicos para
apuntalar empresas privadas es una muestra de la importancia que siguió
teniendo lo estatal en el esquema económico y de construcción de poder de la
última dictadura militar.
Lo que sucedió con Frigorífico
Arenales y el Banco de la Provincia de Salta refleja ambas cuestiones. Por tratarse
el frigorífico de una empresa vinculada a una parte de los históricos sectores
de poder provincial, sumada a la relevancia económica que tenía por ser el
principal en su rubro en el territorio salteño, hacía de su sostenimiento un
factor de estabilidad económica pero también política. En el caso del banco
provincial, fue la herramienta que permitió canalizar una porción de los fondos
necesarios para mantener las actividades de la empresa de carnes, aun a riesgo
de incurrir en problemas de liquidez a largo plazo -cosa que finalmente sucedió
al retorno de la democracia-. Debemos agregar que la concentración del crédito
en una sola empresa restringía las chances del banco de oficiar de promotor de
otras actividades económicas.
Por último, la operatoria con el
frigorífico también llama la atención por determinados aspectos que merecen una
mayor ampliación en futuros trabajos. Primero, es una empresa que
económicamente no era rentable pero que, sin embargo, fue estatizada. Entre las
razones, entendemos que por el peso económico y político de los ganaderos,
pudieron beneficiarse de un segundo rescate financiero, en el sentido de que el
estado al hacerse cargo los eximia de seguir cubriendo las pérdidas. Segundo,
la administración pública cuando logra volver rentable el negocio es justamente
cuando lo vende, además de la pregunta de por qué desprenderse cuando volvía a
dar ganancia, lo llamativo es que se venden los bienes muebles e inmuebles pero
nada se dice sobre la responsabilidad del pasivo. De hecho el precio de
adjudicación es incluso por un valor menor que el total del activo, lo que
levanta sospechas sobre si la venta pudo haberse tratado de un desmantelamiento
del patrimonio público en beneficio de privados. Finalmente, que el
adjudicatario de los bienes es también un deudor de la propia empresa -tenía
sin pagar mercadería y un inmueble- es un hecho como mínimo intrigante. Sumado
a que nos muestra que la economía salteña no estuvo exenta de los procesos de
concentración y centralización de capital sucedidos a nivel nacional, dado que
el comprador era un grupo económico nacional relacionado con la agroindustria
desde hacía décadas.
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