AUTONOMÍAS
INDÍGENAS Y ESTADO PLURINACIONAL: UNA COMPARACIÓN SOCIOHISTÓRICA ENTRE ECUADOR
Y BOLIVIA
(1825–2017)
INDIGENOUS AUTONOMIES AND THE PLURINATIONAL STATE: A
SOCIOHISTORICAL COMPARISON BETWEEN ECUADOR AND BOLIVIA (1825–2017)
Diana
Cristina Massa Manzanillas
Miembro del Programa Universitario Amazónico
(PUAM).
Miembro del Grupo de Investigación “Cultura,
Territorio y Salud” del Instituto de Salud Pública del Pontificia Universidad
Católica del Ecuador (PUCE).
https://orcid.org/0009-0009-6657-4852
ARK:
https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s16688090/iuplec1r2
FECHA DE INGRESO: 01/12/2024
FECHA DE ACEPTACIÓN: 23/10/2025
Resumen
Las
autonomías indígenas y el Estado plurinacional, en general, se relacionan con
vivencias colectivas expresadas en momentos de rebelión, integración,
asociatividad y propuestas de autonomías puntuales que hacen referencia al
control del territorio, el aprovechamiento de los recursos naturales, la
continuidad de la cultura y la relación con el Estado. Al mismo tiempo, la creación de autonomías
indígenas en Ecuador y Bolivia interpela la planificación y ordenamiento territorial
republicano, las relaciones de poder, y los
intereses económicos, políticos y partidarios que, a su vez, complejizan la
comprensión del mundo andino y la plurinacionalidad. El propósito de este
artículo es analizar los procesos de construcción de
las autonomías indígenas en Ecuador y Bolivia en el marco del Estado
Plurinacional desde
1825 hasta 2017, en situaciones concretas, desplegadas en ambos países y en
tiempos no siempre sincrónicos. La investigación
utiliza el método cualitativo con enfoque comparativo a partir de la revisión
documental para identificar las similitudes y las diferencias con el fin de dar
explicaciones de los procesos de autonomía. A
partir de cuatro cortes socio-históricos, se realiza una narrativa que no
pretende abarcar la totalidad de acontecimientos y hechos propios de los
periodos elegidos de la historia de los países, por ello se da saltos entre
tiempos y lugares como medios para concretar
las comparaciones relevantes que den cuenta de los esfuerzos de
organización y las demandas históricas de reconocimiento de los pueblos
indígenas en ambos territorios nacionales.
Palabras clave: Estado, autonomía,
plurinacionalidad, sociohistórico,
autodeterminación.
Abstract
The
concepts of Indigenous autonomies and the Plurinational State are generally
associated with collective experiences expressed through episodes of rebellion,
integration, association, and specific autonomy initiatives related to
territorial control, the use of natural resources, the preservation of cultural
practices, and relations with the State. At the same time, the establishment of
Indigenous autonomies in Ecuador and Bolivia challenges the republican models
of territorial planning and organization, existing power relations, and the
economic, political, and partisan interests that further complicate
understandings of the Andean world and plurinationality. The aim of this
article is to analyze the processes through which Indigenous autonomies were
constructed in Ecuador and Bolivia within the framework of the Plurinational
State from 1825 to 2017, focusing on specific situations that unfolded in both
countries and at times that were not always synchronous. The study employs a
qualitative comparative approach based on documentary review to identify
similarities and differences and thereby explain the processes of
autonomy-building. Drawing on four sociohistorical periods, the article
develops a narrative that does not seek to encompass the entirety of events and
developments that characterized the selected historical periods in each
country. Instead, it moves across different times and places in order to
establish relevant comparisons that illuminate the organizational efforts and
historical demands for recognition advanced by Indigenous peoples within both
national territories.
Keywords: State, autonomy,
plurinationality, sociohistorical, self-determination.
Introducción
En la realización y entendimiento de este artículo es
pertinente establecer un conjunto de parámetros teóricos y conceptuales sobre los que se elabora una
lectura interpretativa. Es sustancial referenciar este análisis a partir
de diferentes autores y lecturas que, en el contexto latinoamericano, han
marcado la última década por la producción de conocimiento enfocado en las
autonomías indígenas y en los desafíos que demandan su constitución. Si bien no
son muy numerosas las investigaciones que utilizan una aproximación
comparativa, este estudio se basa en algunas fuentes que se han posicionado desde
un enfoque metodológico pluralista para enriquecer el contenido.
En primer lugar, López Bárcenas (2011) precisa que las
luchas actuales de los movimientos indígenas se entienden como búsquedas de
resistencia y emancipación que se articulan en la demanda por autonomías. Asimismo,
Natividad Gutiérrez (2010) en su estudio sobre México, Ecuador y Bolivia,
encuentra que:
Las experiencias de construcción de autonomía incluyen
poblaciones que tienen en común vivencias históricas de sometimiento y opresión
colonial, condiciones de pobreza, exclusión social y marginación, todos estos
pueblos y nacionalidades enfrentan el mismo reto de lograr su inclusión y
representación por la vía autonómica en el seno del Estado (Gutiérrez citado en Cordero, 2017, p. 50).
Por su parte, Araceli Burguete Cal y Mayor (2010) enfatiza
que las demandas autonómicas de los pueblos indígenas han sido incorporadas por
las élites gubernamentales con mucha dificultad y reticencia, debido al temor
de un supuesto separatismo de la integridad de los territorios nacionales. A
pesar de ello, y enfrentándose con una serie de limitaciones, se han logrado
ciertos avances regionales en mayor o menor grado, lo que ha conducido a
procesos de territorialización, rediseños jurisdiccionales y definición de
competencias. En esa misma línea, para Margarita Gómez-Reino y Salvador Martí
Puig (2010), los casos de Bolivia y Ecuador representan avances significativos
hacia cambios más allá de la descentralización, tal es la cuestión de intentar
la desconcentración del poder público centralizado, pues, los Estados
plurinacionales en ambos países marcan nuevos estándares en lo que respecta a
regímenes de autonomía, empezando por repensar el lugar en el que se toman las
decisiones y acciones gubernamentales, tanto desde los gobiernos locales
(descentralización) como desde el gobierno nacional (desconcentración).
Por tanto, Ecuador y Bolivia dan cuenta de dos experiencias
de reforma estatal en clave plurinacional, en las que aparecen desafíos y
contradicciones tras impulsar la autodeterminación de los pueblos indígenas
mediante la descentralización, por un lado; y llevar adelante proyectos de
gobierno que tiendan al fortalecimiento estatal a
través de la desconcentración del poder, por otro. En contextos marcados
por una constante centralización y concentración a nivel socio-histórico. No
obstante, hay una clara diferencia en la forma que ambos gobiernos
construyeron su relación con los pueblos indígenas y campesinos, así también la
formación de liderazgos locales, siendo en Bolivia un proceso más
campesino-indígena, y en Ecuador, más bien, urbano y heterogéneo.
De igual manera, al analizar comparativamente
los artículos de las Constituciones de Ecuador y Bolivia que versan
sobre la autonomía indígena, entendidos en el marco de sus propios escenarios
sociales e históricos, dan cuenta de una hipótesis con la que se inició este
trabajo: la autonomía indígena es una noción construida desde el entendimiento
estructurado de los actores que ostentan el poder o que lo influyen. Por tal
motivo, la autonomía indígena en ambos países tiene coincidencias en su origen,
pero discrepancias en sus enunciados.
Para comprender los procesos de autonomías indígenas se
partió de la profundización de los contextos socio-históricos que han configurado
a Ecuador y Bolivia como Estados-Nación, con una contradicción intrínseca entre
la diversidad de su población y el ideal de una homogénea ciudadanía nacional,
cuyo principio se fundamenta en una imagen centrada y adecuada a los intereses
de las élites nacionales. Se exhibe que, si bien, en los diversos momentos
históricos los Estados han implementado políticas hacia los pueblos y
nacionalidades indígenas, éstas han oscilado entre efectivizar mejores
condiciones de vida para las comunidades y, además, absorberlas en el proyecto
modernizador estatal.
El desarrollo de este artículo se enmarca en cuatro
momentos, procesos o etapas de la historia: crisis de las oligarquías, arribo
de los regímenes dictatoriales, reanudación democrática y los gobiernos progresistas.
Estos momentos se han logrado identificar y caracterizar desde el énfasis de un
contexto socio-histórico de opresiones de los pueblos indígenas en los
Estados-Nación de Ecuador y Bolivia, encuadrados en una realidad nacional que
comparte atributos de orden regional, a través de eventos y posturas asociadas
a las instituciones y políticas del Estado, así como de las respuestas que han
obtenido los pueblos ante sus exigencias o demandas por sus derechos. De manera
específica, las características principales de estos contextos son las
siguientes:
En el primer corte socio-histórico, el Estado oligárquico
pasó de restringir la ciudadanía a promover un discurso modernizador que
integraba a la población como fuerza laboral en un contexto liberal y
exportador. En Bolivia, el Estado impulsó una identidad campesina nacional
homogeneizadora. En Ecuador, surgieron las primeras organizaciones indígenas
que asumieron un papel político para exigir derechos y reconocimiento.
En el segundo corte socio-histórico, el liderazgo liberal se
debilitó y las Fuerzas Armadas asumieron un papel político y autoritario bajo
influencia estadounidense. Se consolidó un Estado paternalista y extractivista,
mientras hubo represión en contra de los movimientos de izquierda. Las élites
locales reconfiguraron sus alianzas. Los pueblos indígenas continuaron su
organización por tierra e identidad, aunque se distanciaron de otros
movimientos sociales.
En el tercer corte socio-histórico, las Fuerzas Armadas
facilitaron el retorno a la democracia y la reducción del aparato estatal.
Aunque los movimientos populares estaban fragmentados, surgieron nuevas formas
organizativas más allá de la lógica de clase. Por un lado, en Bolivia, desde
los años noventa, el movimiento indígena-campesino creó partidos políticos que
accedieron al poder y promovieron el reconocimiento de la diversidad cultural y
el Estado Plurinacional. Por otro lado, en Ecuador, con el impulso de la
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el partido
político Pachakutik, se reconoció el Estado pluricultural y multiétnico en la
Constitución de 1998.
En el último corte socio-histórico, el neoliberalismo
impulsado por las élites generó crisis estatal y descontento popular, lo que
dio paso a nuevos liderazgos democráticos. En Bolivia, el proceso encabezado
por Evo Morales fortaleció la representación indígena y la construcción del
Estado Plurinacional, aunque con limitaciones en la autodeterminación. Sin
embargo, en Ecuador, el gobierno de Rafael Correa fortaleció al Estado, pero
redujo la participación de los movimientos sociales e indígenas, debilitando a
la CONAIE.
En
consecuencia, las propuestas de autonomía, en las acciones y pensamientos
participativos de los pueblos indígenas y campesinos, han creado formas de
interacción entre pueblos, en el sentido poblacional e identitario, a la par de
interrelaciones con el Estado-Nación, por esta razón, el artículo está
orientado hacia aquellos puntos controversiales que llevaron a acuerdos e
incluso a distanciamientos, que en pleno siglo XXI son muy difíciles de conciliar,
al menos en términos positivos, “en blanco y negro”, por lo cual se observa en
este documento la posibilidad de reflexionar sobre dinámicas en constante
proceso de construcción.
Contexto
socio-histórico de Ecuador y Bolivia en clave comparada
La mayoría de Estados de América Latina se constituyeron
formalmente durante el siglo XIX, tras los procesos de independencia y han sido
erigidos por los efectos y secuelas de la conquista y colonialismo de Europa,
puesto que han marcado sus sistemas políticos, sociales y culturales hasta la
actualidad. Se encuadra, por esta misma condición, como un espacio privilegiado
para atestiguar las formas en que “el ejercicio del poder resulta en la
colonialidad del poder”, recogiendo el término de Quijano (2014), ya que el
gobierno se ha organizado para beneficiar el dominio de élites locales y
extranjeras (Quintero y Silva, 1991, p. 3). Al mismo tiempo, los
procesos emancipadores en el continente se inspiraron en las revoluciones
francesa y estadounidense, las cuales contribuyeron a la fundamentación del
Estado-nación, pensado como espacio de cobijo de la expresión del hombre en la
modernidad, esto es, el individuo como ciudadano. En dichos procesos, los
pueblos y culturas indígenas fueron subalternizados, silenciados y negados.
En tal contexto, se consolidaron el Estado boliviano,
declarado como tal en 1825 y el ecuatoriano, cinco años después, en 1830. A la
vez, el surgimiento de estos dos Estados-nación, implicó la marginación en la
sombra político-jurídica de la nueva figura estatal, de los pueblos que
previamente habitaban estos territorios, así como la negación de su identidad y
de sus derechos colectivos como población indígena.
De este modo, en su mismo origen, ambos países marcaron el sentido de sus
conflictos internos como Estados nacientes, expresados en la contradicción
entre la diversidad de su población y el ideal de una homogénea ciudadanía
nacional, proyectada desde una imagen eurocéntrica y adecuada a los intereses
de las élites locales.
Por
ello, se recurre a un análisis histórico-contextual en clave comparada que
permita visibilizar las condiciones sociales, políticas y conflictivas que han
influido en la construcción de la historia de América Latina en general, y de
los casos de Ecuador y Bolivia en particular. En este marco, se destaca el
papel de la organización sociopolítica e institucional de los pueblos indígenas
y campesinos en sus procesos de autonomía y autodeterminación, en el contexto
de la construcción de Estados plurinacionales. Cabe señalar que no se busca
presentar una secuencia lineal e ininterrumpida de acontecimientos o procesos
históricos de ambos países (Ansaldi y Giordano,
2016)
Así, este análisis histórico contextual se organizó en base
a cuatro cortes o procesos: el primero da cuenta del período de crisis de las
oligarquías que gobernaron Bolivia y Ecuador desde su origen hasta las primeras
décadas del siglo XX; el segundo aborda un período de inestabilidad
institucional en las aún tempranas democracias latinoamericanas, que se caracterizó
por el arribo de regímenes dictatoriales militares, tanto en Bolivia como en
Ecuador; el tercero describe los procesos de reanudación democrática en estos
países, el cual estuvo acompañado por el neoliberalismo como marco referencial
de la política gubernamental y, finalmente, el cuarto proceso describe la
entrada a la escena pública de los autodenominados gobiernos progresistas del
socialismo del siglo XXI.
En
cada uno de estos cuatro cortes se exponen una serie de acontecimientos que
involucran a los pueblos indígenas aymaras, kichwas y campesinos de ambos países. En
primer lugar, se describe el rol del Estado y, cuando corresponde, las
políticas específicas dirigidas hacia los pueblos y nacionalidades indígenas.
En segundo lugar, se expone brevemente la respuesta o postura adoptada por
estos colectivos frente a dichas políticas estatales. Finalmente, se
contextualiza esta dinámica entre Estado, pueblos y nacionalidades dentro de un
marco histórico y social más amplio, propio del escenario latinoamericano y
global, lo que permite establecer una relación lógica y causal más clara entre
los hechos analizados.
Primer
corte socio-histórico: crisis de la dominación oligárquica
Los cambios en la geopolítica mundial, a partir de la
independencia de las colonias americanas, el declive del imperio español que
fue superado por la Corona británica y el creciente ritmo de nuevas prácticas
comerciales, tuvieron un impacto dentro de las estructuras sociales de los
nacientes Estados de América del Sur. Desde la conformación de las nuevas
Repúblicas y hasta el primer cuarto del siglo XX, en los nacientes Estados
latinoamericanos, con especificidad en Ecuador y Bolivia, se consolidaron las
oligarquías[1]
locales, que gobernaron a partir de premisas de raigambre colonial, que,
básicamente, reprodujeron modelos de dominación sobre la mayoría de la
población.
Como resultado, numerosos grupos indígenas,
campesinos y populares de ambos países enfrentaron restricciones para el
ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos, así como para su
incorporación en condiciones de igualdad a la vida pública y a las
instituciones del Estado.
Estas dinámicas de inclusión diferenciada y
exclusión social estuvieron estrechamente vinculadas a las transformaciones
económicas que experimentaron ambos países durante el siglo XIX y las primeras
décadas del XX.
El contexto económico fue evolucionando paulatinamente desde
un modelo de producción centrado en la hacienda y la propiedad de la tierra,
que abastecía mercados internos y sostenía un intercambio comercial de menor
relevancia con el exterior, hasta uno dependiente basado en la exportación de
productos agrícolas y minerales, para el caso ecuatoriano, agrícolas como café,
cacao y banano; y para el caso boliviano, minerales como plata y estaño,
fundamentalmente. Esta suerte de liberalización económica fue de la mano de un
proceso político en paralelo, que significó un retroceso del poder de los
grupos más conservadores y con vínculos con la Iglesia Católica, que fueron
desplazados por una oligarquía de orientación más bien liberal, con mayor
concentración de poder en ámbitos exportadores y financieros. Empero, la grave
crisis económica de entreguerras tuvo repercusiones directas sobre las
condiciones de la demanda de las materias primas latinoamericanas, lo cual
condujo a la crisis de esta etapa oligárquica-liberal, con implicaciones
particulares para Bolivia y Ecuador.
En Bolivia, la Revolución de 1952 se inscribe en un ciclo de
crisis del Estado liberal-oligárquico, que comenzó en la década de 1930. Esta
crisis tuvo dos condiciones determinantes: internamente, la reforma legal para
ampliar la extensión del latifundio y su impacto sobre la propiedad colectiva
de la tierra; y, externamente, la derrota en la Guerra del Chaco frente a
Paraguay. En este contexto, tres militares de orientación “socialista” —Toro,
Busch y Villarroel —promovieron la reconstrucción del Estado bajo principios
nacionalistas y reformistas centrados en la cuestión social. Su objetivo era
crear un nuevo Estado basado en la nacionalización de la minería y la
redistribución de la tierra (Cordero, 2017).
La caída de los precios del estaño determinó el inicio de
este proceso de crisis de poder en el Estado altiplánico. El deterioro de las
condiciones económicas motivó una serie de reformas a escala interna, en la
que, sucesivos gobiernos reformaron las disposiciones jurídicas sobre la propiedad
de la tierra, ampliando la extensión territorial de los latifundios, en
perjuicio de la ocupación histórica comunal de las poblaciones indígenas. Desde
finales del siglo XIX hasta la década de 1940, a las puertas de la revolución
de 1952, el latifundio alcanzó una extensión del “95% de las tierras
cultivables del altiplano y los valles” (Cordero, 2017, p. 80).
Luego de la Guerra del Pacífico (1879-1884) Bolivia se
consolidó alrededor de dos zonas geográficas principales, el Altiplano y los
Valles orientales, en las cuales se asentaron numerosos grupos poblacionales de
aymaras y atacameños. Durante la Guerra del Chaco (1932-1935) los pueblos
originarios de ambas zonas se encontraron con un espacio inédito de
reconocimiento e intercambio. Ser parte del Ejército boliviano les brindó un
lugar distinto desde el cual demandar al Estado, amparándose en la defensa que,
con sus propios cuerpos, estaban haciendo de la nación boliviana (Mesa, De Mesa
y Gilbert, 2012, p. 483). Por primera vez se encumbraron como interlocutores de
un discurso político y contestatario de la dominación estatal.
Mientras un indigenismo cada vez más explícito se abría paso
entre la intelectualidad de clase media, tanto el movimiento de caciques de las
zonas comunitarias del Altiplano y valles como el movimiento sindical de los
colonos cochabambinos ampliaban su convocatoria, ganando para sus postulados la
solidaridad de las federaciones obreras, del movimiento estudiantil y del
magisterio (Rivera, 2003, p. 114).
Los gobiernos bolivianos de la década de 1930 y 1940
buscaron implementar políticas en favor de los pueblos indígenas, las cuales,
sin embargo, no lograron superar una ambigüedad que oscilaba entre efectivizar
mejores condiciones de vida para las comunidades y terminar por absorberlas
finalmente en el proyecto modernista, suprimiendo antiguas figuras de explotación[2],
pero sin llegar a reformas estructurales relacionadas con su identidad, su
autodeterminación y sus condiciones de vida.
La Revolución de 1952 o Revolución Nacional (RN) se
inscribió dentro del fin de la etapa liberal oligárquica boliviana, representando
un punto de quiebre en la construcción del Estado y la nación, puesto que se
dio inicio a “procesos de democratización y homogeneización cultural”
(García, 2001, p. 311). Este período, comprendido desde el 9 de abril de 1952 hasta el Golpe de
Estado del 4 de
noviembre de 1964,
implicó un proceso de modernización liderado por el Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR), que cambió el rumbo del
desarrollo político, económico y social del Estado. De manera específica se
llevó a cabo la ampliación de derechos civiles y políticos como la
universalización del voto, la reforma agraria que eliminó los sistemas de
servidumbre y se distribuyó la tierra a los campesinos.
Los gobiernos que fueron superando la configuración del
Estado oligárquico-liberal se circunscriben en lo que se conoce como
nacionalismo revolucionario, cuyo proyecto buscaba fundamentarse en el mestizo
como ideal de ciudadano, para lo cual se partió de un discurso reivindicativo
de lo indígena, pero que, en realidad, no modificó el plan homogeneizador del
Estado sobre la población, absorbiendo toda su diversidad bajo el ideario del
mestizaje. A pesar de ciertas reivindicaciones vinculadas con su identidad, sus
intereses y problemáticas, los pueblos indígenas fueron categorizados bajo la
denominación de campesinos, sin reconocer la complejidad cultural del
territorio, a partir de un proyecto que pretendía: “la inserción de Bolivia
en el capitalismo mundial a través de la industrialización, la apropiación de
los recursos mineros y el impulso a la productividad agrícola” (Cordero,
2017, p. 84).
En el caso ecuatoriano, la base original del Estado
oligárquico era el modelo de la hacienda, alrededor de la cual se mantenían
esquemas de explotación y control de la población indígena, aprovechando la
prestación de su fuerza de trabajo a cambio del uso de la tierra para su
autosustento. De ahí que, la Revolución Liberal, sucedida entre 1895 hasta
1925, desde su inicio se propuso como una alternativa diferencial al poder
conservador hacendatario, que había primado en el gobierno con mayoritaria
presencia en la Sierra ecuatoriana y un fuerte apoyo de la Iglesia Católica.
Aunque, no logró concretar un cambio real en el ejercicio del poder
oligárquico, que pasó del conservadurismo serrano a la plutocracia costeña,
para inicios de la década de 1920 (Paz y Miño, 2013)
Los gobiernos plutocráticos[3] de la
oligarquía liberal ecuatoriana fundamentaron su poder político y económico en
la exportación de productos agrícolas, con el cacao a la cabeza, y en una
bancocracia[4] que
tuvo una creciente influencia sobre ámbitos públicos, beneficiando sus
intereses particulares. El primer cuarto del siglo XX para el Ecuador se
caracterizó por una amplia implementación de medidas liberales en los ámbitos
económico y productivo, orientadas a mejorar las prestaciones de las
actividades agroexportadoras y financieras. Pero, disminuyendo, paralelamente,
las acciones públicas en beneficio de las clases obreras y de menor renta.
Estas condiciones generaron un clima social de impotencia y malestar que, con
antecedentes como la matanza de trabajadores en Guayaquil, en 1922, condujeron
a la Revolución Juliana de 1925 (Paz y Miño, 2013).
En este ciclo revolucionario (Paz y Miño, 2013, p.
27) que inició en julio de 1925, de ahí su nombre, hasta 1931 se sucedieron dos
juntas de Gobierno (1925-1926) y la presidencia de Isidro Ayora (1926-1931),
con la intención de dar un giro a las políticas del período oligárquico-plutocrático.
Precisamente, se rediseñó la estructura institucional y jurídica del Estado, a
través de la Constitución de Ecuador de 1929 -que reconocía por primera vez,
derechos de segunda generación (de carácter económico, social y cultural)- y de
una serie de medidas en el ámbito de la política económica y social,
fortaleciendo el rol estatal frente a las élites liberales y conservadoras.
Asimismo, en el caso de la Constitución de Bolivia de 1938, se promueven ideas
del constitucionalismo social es decir se reconoce y garantiza los derechos
humanos de segunda generación, Además, se estableció un sistema económico
basado en la justicia social y añadió normas que reconocían los ámbitos social,
familiar, cultural y campesino.
A partir de la Revolución Juliana, el bipartidismo clásico
entre liberales y conservadores que había dominado el escenario político
ecuatoriano fue perdiendo fuelle. De por medio, una clase obrera débil y con
poblaciones indígenas que se encontraban bajo un nivel de hacienda. Pero, el
contexto mundial, especialmente influenciado por la Revolución Bolchevique,
motivó en los países la formación de los partidos socialista y comunista.
En Bolivia, se
involucran con la clase obrera minera, con sindicatos y con las
reinvindicaciones campesinas. Apoyando
posteriormente, la Revolución Nacional de 1952. No obstante, en Ecuador
apoyan la fundación de la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) y la
organización y formación de la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI),
alrededor de la cual se agruparon líderes y lideresas comunales que habían sido
cabezas de una serie de protestas y luchas reivindicativas por la población
indígena, en los años de transición entre los gobiernos plutocráticos y el
movimiento promotor de la Revolución Juliana:
La FEI se constituye en una suerte de aparato
indigenista no estatal; preciso, en un organismo de mediación, de expresión y
traducción (una ventriloquía política) de sujetos sociales, los indios,
carentes de reconocimiento (legalidad y legitimidad) y, por ende, de discurso
reconocido y acceso directo al sistema político. Intentó desprivatizar y
deslocalizar los conflictos agrarios, expulsarlos fuera de lo regional y llegar
a los centros de decisión del estado nacional. Como una institución externa de
ciudadanos-blancos que asume la mediación de sujetos indios” (Guerrero, 1993, p. 95).
Al
respecto de la crisis del Estado oligárquico, se pueden destacar algunos
elementos comunes dentro de las condiciones particulares de las dos naciones en
estudio. Primero, el contexto mundial estaba marcado por la preeminencia del
imperio británico y la independencia de las colonias americanas, lo cual generó
un entorno con nuevas dinámicas de intercambio económico y dominación política.
En segundo lugar, de forma paulatina, el Estado oligárquico, tanto en Bolivia
como en Ecuador, que limitaba la ciudadanía y restringía el ejercicio de
derechos para las mayorías, evoluciona en una lógica modernizadora, bajo una
narrativa nacionalista que buscaba adaptar la población como fuerza de trabajo,
en un contexto de liberalismo económico con base en la exportación de recursos
naturales (mineros o agrícolas). Justamente, se implementa una política de
homogeneización cultural, bajo la noción de un campesinado nacional.
Finalmente, los pueblos y nacionalidades indígenas iniciaron sus experiencias
germinales de organización y autoidentificación como un actor político dentro
de los Estados latinoamericanos.
Segundo
corte socio-histórico: institucionalización de dictaduras en América Latina
Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el concierto
internacional se organizaba a partir del equilibrio de poder entre el bloque
soviético y la alianza estadounidense-europeo occidental, con sus respectivos
entornos de influencia. Los Estados Unidos de América (EE. UU.), bajo la
justificación del “destino manifiesto” motivaron sus intenciones de expansión
política y territorial hacia América Latina, la misma que posee una geografía
idónea en la que afirma su reciente categoría de potencia hegemónica mundial.
No obstante, el alto costo económico y el impacto social de las dos guerras de
la primera mitad del siglo XX habían desgastado al discurso bélico como
estrategia de expansión imperialista, por lo cual se optó por avanzar por
caminos menos controversiales, como la promoción del ideario del “desarrollo”.
En tal escenario, se avanzó con estrategias de intervención directa en los
Estados latinoamericanos, desde regímenes dictatoriales de origen militar, al
tiempo que se buscaba debilitar cualquier tipo de respuesta popular. Por ello,
la organización indígena continuó un proceso de maduración, aunque con un
distanciamiento con respecto a otras propuestas colectivas populares de la
región, lo cual será un elemento determinante en el futuro.
En estas circunstancias se implementaron mecanismos menos
directos en Latinoamérica, desplazando el dominio jurídico-político del
colonialismo decimonónico a una figura basada en aprovechar la dependencia en
el comercio de materias primas. Estas condiciones debieron además reformularse
a partir de la Revolución Cubana (1953-1959) y su nivel de influencia en
procesos organizativos políticos, formativos e insurgentes que fueron
demostrando actividad en el continente, por lo cual, a partir de mediados de la
década de 1940, los EE. UU. iniciaron un proceso de adoctrinamiento a militares
de la región, bajo la pantalla de una cooperación continental con base en la
Escuela de las Américas. Esta acción parte de la Doctrina de Seguridad Nacional
estadounidense, como elemento fundamental en la consolidación de una serie de
dictaduras, varias de composición militar, que gobernaron la región desde la
segunda mitad del siglo XX, con apoyo del país del norte.
En
Bolivia, la década de 1960 inició con un desgaste del gobierno del MNR, actor
político que encabezó la revolución nacionalista de 1952. El retiro del apoyo
por parte de la Central Obrera Boliviana (COB), fundamental en el proceso
nacionalista y la reorganización del Ejército desde prácticas reaccionarias y
contrainsurgentes que miraban con sospecha al campesinado y el sector obrero,
fueron los antecedentes para el golpe de Estado. Lo que se llevó a cabo con la
complicidad de EE. UU., por parte del
vicepresidente, General Barrientos (Cordero, 2017, pp. 88-89). A partir de
1964, el declive de los gobiernos del MNR y la ascensión al poder de las
dictaduras militares dio paso al Pacto Militar-Campesino (1965-1980), que
supuso el alejamiento entre los sectores obreros, mineros y la cooptación de
los sindicatos campesinos por parte del gobierno. Este pacto “sustituyó la
articulación entre el sindicato y el partido establecido durante el período del
MNR” (Rivera, 2003, p. 144).
Debido a los escasos logros reales relacionados con las
reivindicaciones de las poblaciones indígenas durante el período gobernante del
MRN, el gobierno profundizó una actitud asistencialista con la población
campesina, lo cual “permitió prolongar frente al campesinado la imagen de un
Estado paternal y suavizar así la institucionalización de la coacción encarnada
en el PMC (Pacto Militar-Campesino)” (Rivera, 2003, p. 144). Esta nueva
alianza promovió una visión estigmatizada y peyorativa en los sectores obreros
con respecto al campesinado[5],
quienes no lograron contar con el reconocimiento de sus demandas y
reivindicaciones sobre la tierra y autogobierno, pues, el Estado se desempeñaba
desde un rol ambiguo de negociador y autoridad con respecto a los conflictos
que se generen sobre la tierra, en reacción a la línea con la que se venía
implementando la reforma agraria (Stefanoni, 2016).
En el caso ecuatoriano, el ciclo que se había iniciado con
la Revolución Juliana de 1925 tuvo como hito de cierre un nuevo golpe militar,
en este caso para derrocar al gobierno constitucional de Isidro Ayora. La
avanzada de reformas de la Revolución Juliana, en especial durante sus primeros
años, había generado una reacción de la antigua oligarquía dominante, que
impidió que estas medidas alcancen una adecuada estabilidad económica y
exacerbó las disputas y negociaciones políticas. Además, como consecuencia de
la guerra con Perú en 1941, el Ecuador perdió alrededor de 278 mil kilómetros,
lo cual generó mayor malestar social y la consecuente Revolución de La Gloriosa
en 1944, en contra del presidente Arroyo del Río quien firmó el Protocolo de Río
de Janeiro y provocó la pérdida territorial.
De este modo, desde los primeros años de la década de 1930 y
hasta inicios de la década de 1970, el escenario político ecuatoriano tuvo una
inestabilidad constante. Esta etapa se enmarca en la figura dominante de José
María Velasco Ibarra (1893-1979), quien, como un buen ejemplo de las
fluctuaciones de este tiempo, fue presidente de la República en cinco
oportunidades, pero apenas terminó una y se declaró dictador en dos. Además, es
destacable que sus gobiernos, de forma indistinta, contaron con el apoyo de las
facciones liberales, conservadoras, socialistas y comunistas, lo cual demuestra
su amplia capacidad de negociación y su flexibilidad ideológica. Por fuera de
los períodos velasquistas, los regímenes de mayor estabilidad fueron los de los
conservadores Galo Plaza (1948-1952) y Camilo Ponce (1956-1960).
A pesar del caos económico y las distintas disputas
políticas, el contexto permitió generar una nueva alianza gobernante entre las
élites, que fueron aprovechando las rentas generadas por el Boom bananero, en
la década de 1950, y el petrolero, alrededor de dos décadas después. En 1972,
Velasco Ibarra fue derrocado en su último mandato por los militares, iniciando
una etapa dictatorial caracterizada por una visión aparentemente nacionalista,
en plena entrada del país al grupo de países exportadores de petróleo, que en
un segundo plano consolidó a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) como un actor
relevante y con poder económico y político en el país.
Durante estas décadas, se llevaron a cabo dos reformas
agrarias en el Ecuador, que, en definitiva, estaban orientadas a mejorar la
posición de los grupos terratenientes locales en el mercado nacional e
internacional, terminando con la figura del huasipungo y abriendo paso al
capitalismo hacendatario en la Sierra ecuatoriana (Conaghan y Espinal, 1990).
Sin olvidar que, en Bolivia, el primer gobierno del MNR impulsó la Reforma
Agraria de 1953 abolió los sistemas de servidumbre, redistribuyó la tierra
entre los campesinos y fomentó la propiedad privada (Rivera, 2003). Sin
embargo, esta nueva legislación agraria dejó fuera la propiedad comunal, base
tradicional de la organización del ayllu.
Pero, los gobiernos de esa época plantearon las reformas sin
la participación social activa de los indígenas y campesinos, pues prefirieron
acudir al apoyo de la Alianza para el Progreso propiciada por EE. UU. En este
contexto y a partir de las reivindicaciones relacionadas con la tierra y la
identidad, comienzan a reagruparse las distintas organizaciones campesinas e
indígenas en nuevas figuras institucionales.
La FEI tenía una estrategia de dos puntas: por un lado,
impulsar el cumplimiento de leyes laborales y, por otro, llevar los conflictos
huasipungueros al centro del Estado y la escena política nacional. Es decir,
provocó un cortocircuito en la delegación de la administración étnica local y
en su capacidad de amortiguar y retener los conflictos en el escalón regional,
lugar de control patronal incontrovertible, y abrió una brecha de expresión
política para sujetos-indios carentes de reconocimiento político-jurídico, por
lo cual se asumía la necesidad de un papel mediador entre indios y Estado. La táctica de la FEI que resultó exitosa para exigir las
demandas interpuestas en 1944 y concretar la Reforma Agraria a comienzos de
1960 y, sobre todo, impulsar que la letra se cumpla en la década siguiente, fue
totalmente descolocada por la modernización del Estado en 1970 y por el
surgimiento de las consiguientes organizaciones indígenas (Guerrero, 1993,
p. 96).
A diferencia de la FEI, que tuvo influencia directa de los
partidos socialista y comunista, en los años 70 fue la Teología de la
Liberación la que jugó un rol de apoyo determinante en estas organizaciones que
se agruparon bajo identidades regionales, como la Ecuarunari en la Sierra y la
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana
(CONFENIAE).
En definitiva, se puede acotar que desde la década de 1940
hasta 1970, en América Latina se consolidó la influencia estadounidense como
referencia hegemónica en el hemisferio occidental. Esta condición determinó una
línea de acciones para profundizar el modelo capitalista en la gestión
económica de los gobiernos, desde la ampliación del discurso “desarrollista” y
sus derivaciones, así como para mitigar y anticipar cualquier reivindicación de
carácter socialista. De todos modos, este período permitió que, desde la lucha
y reflexión sobre sus condiciones, sumado a la formación e interacción con
líneas de pensamiento influenciados por la izquierda, las organizaciones
indígenas pudieran profundizar, madurar y acoplar sus posturas políticas y
reivindicaciones, las cuales se harían públicas en las siguientes décadas.
Aunque, es importante mencionar que este crecimiento ocurrió de forma
paradójica, junto con un distanciamiento paulatino con respecto a otros
procesos organizativos populares.
Tercer corte socio histórico:
transición a la democracia y neoliberalismo
La crisis energética mundial que caracteriza la segunda
mitad de 1970 terminó por dar forma al declive paulatino del Estado de
bienestar, que había sido la salida de las grandes potencias para el tiempo de
posguerra. Las élites mundiales del capital se vieron ante la necesidad de
reorganizar la lógica de la producción y el consumo, evolucionando la
masificación de la mercancía, hacia la satisfacción individualizada de
necesidades que cada vez más dependían de una oferta sobredimensionada y
artificial. En el plano político-económico el correlato de este nuevo aire que
tomó el capital para extender su supervivencia fue repensar su relación con el
Estado, redefiniendo sus roles para reducir su presencia en el ámbito de la
prestación de servicios, a la vez que se aseguró su capacidad de control y
garantía del orden establecido. Estas condiciones dieron como resultado un
entorno ante el cual se posicionó con fuerza y claridad el movimiento indígena,
como un actor político organizado.
Bajo un discurso que recoge todos los defectos de aquel
Estado de bienestar para compararlos ficticiamente con las bondades y
efectividad de lo privado, se mostraron argumentos sobre su reducción a una
mínima expresión para que sea la iniciativa empresarial quien cubra la mayor
parte de ámbitos de la vida rutinaria, ampliando el alcance del liberalismo
económico y mercantilizando una serie de dimensiones de la cotidianidad. En
América Latina, el período de institucionalización de las dictaduras como parte
de una política estadounidense para legitimar su influencia, dejó como secuela,
entre otras, una izquierda tradicional bastante golpeada y debilitada, sin
capacidad de reacción frente a esta profundización de políticas neoliberales.
En tal contexto, en los distintos países latinoamericanos como Ecuador y
Bolivia, se inició un proceso de transición a regímenes democráticos, al menos
nominalmente, si bien esta transición se llevó a cabo a partir de una
institucionalidad jurídica y estructura estatal heredada de las dictaduras,
adecuada para garantizar las prerrogativas de los grupos militares y partidos
políticos de derecha que habían detentado el poder.
En cuanto a Bolivia, la democracia se reanudó en 1982. Con
anterioridad a los años 1980, se había
promovido una numerosa migración del campo a la ciudad, debido al empeoramiento
de las condiciones en la vida rural, a la pérdida de propiedad sobre la tierra
y a la profundización del trabajo asalariado. Ello fue, en efecto, en la mayor
parte de los países latinoamericanos, con la adopción de políticas neoliberales
durante las décadas de 1980 y 1990 (Kay y Vergara-Camus, 2018).
La migración a las ciudades fue clave para la formación de
nuevos líderes que empezaron a insertarse en espacios urbanos antes
‘clausurados’ para los indios. Para 1976 la cifra de aymaras en la capital
ascendía a 48%, teniendo en cuenta aquella población nacida en la ciudad y
alrededor de un 25% de migrantes (Albó 1979b,
p. 481 citado en Rivera, 2003, p. 177).
El retorno del régimen democrático boliviano no fue lineal
ni exento de intentos de retroceder a tiempos dictatoriales, sin embargo, el
ánimo político y las condiciones del capital internacional estaban ya
orientadas en otro sentido[6]. Además del proceso migratorio campo-ciudad, se
implementó una política de descentralización importante, que permitió el
fortalecimiento de ciertos liderazgos locales. Este contexto permitió el
nacimiento de las corrientes katarista e indianista, que tuvieron su “auge y
paulatino declive” durante el período de transición democrática (Rivera,
2003, p. 202). El katarismo fue una reacción y postura crítica al Pacto
Militar-Campesino, buscando una mayor autonomía sindical agraria, dejando atrás
la pasividad de los sindicatos rurales con los gobiernos militares. Además,
también recuperaba la inconformidad generada a partir de la falta de
cumplimientos con respecto a los ofrecimientos realizados durante la Revolución
de 1952. Por su parte, el indianismo tomaba una postura un poco más extrema, pues
incluso rechazaba la base analítica y crítica marxista del katarismo, al ser de
origen occidental.
Ambas posturas reivindicativas, junto con otras propuestas,
formaron parte del proceso y discusiones que en 1973: “culminaron en la
proclama del ‘Primer Manifiesto de Tiwanaku’[7]
al que se remontan algunas de sus orientaciones ideológicas básicas” (Calla
Ortega, 1993, p. 64). Se trata de un nuevo campesinado, que ve en el
sindicalismo del MRN y en el Pacto Militar-Campesino dos formas de alianza o de
relacionamiento servil hacia espacios de poder. Ante estas cuestiones,
reacciona el movimiento de reorganización sindical independiente que adopta la
figura de mártir aymara del siglo XVIII, con Tupac Katari como referencia. Este
movimiento se fundó en 1972 y llegó a tener cerca de 10.000 afiliados
voluntarios en varias zonas del Altiplano de la Paz y Oruro.
Para 1973, el katarismo se perfiló como un amplio movimiento
intelectual con premisas ideológicas propias. En el Manifiesto de Tiwanaku se
deja ver la asimilación de la larga historia de luchas anticoloniales del
campesinado indígena, la reafirmación de su identidad étnica, la interpretación
de la Revolución de 1952 y la propuesta de autonomía sindical y política del
campesinado indígena frente al Estado y los partidos tradicionales. La
influencia del movimiento se extendió por el Altiplano, primero en los
sindicatos de base, luego en las centrales y subcentrales. En 1974, la
persecución a los dirigentes kataristas, la cancelación de la personería
jurídica del centro cultural y la confiscación de sus bienes no hizo más que
generalizar el sentimiento de oposición en el campo, que se expresa en nuevos
congresos independientes y en la conquista de nuevos espacios dentro del
aparato sindical legal (Rivera, 2003, pp. 202-204).
Durante el proceso de transición democrática, en el que los
estratos populares mantuvieron un rol protagónico presionando a favor del
cambio de régimen, el katarismo “retomó el liderazgo de la CNTCB[8]
generando un giro e integrando en su seno la tradición del sindicalismo
heredada de la Revolución de 1952[9] y
las demandas por reconocimiento étnico-cultural. A partir de estas acciones, la
confederación cambió su denominación a Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), logrando congregar la
representación legítima de una serie de iniciativas de sindicalismo campesino,
surgidas entre 1973 y 1979, a partir de lo cual, se constituye como “el
único organismo sindical rural nacional reconocido como tal a nivel de bases y
por el Estado” (Calla Ortega, 2003, pp. 65-66).
El katarismo, con base en esta nueva agrupación, puso
nuevamente sobre la mesa, la temática indígena, reconociendo el sentido
mayoritario de la población aymara y quechua dentro del ideal de nación. Supo vincular
la identidad milenaria que unifica a los pueblos indígenas con la de aquellos
grupos marginados y explotados, de forma que se pudieron aproximar posiciones
que estaban alejadas entre sectores rurales y obreros (COB)[10] con el
propósito de enfrentarse con las dictaduras militares. De este modo, en el año
de 1983, el katarismo a través de la CSUTCB hace público su planteamiento sobre
la “existencia de varias naciones con derecho a ejercer la autodeterminación
dentro del Estado plurinacional” (Cordero, 2017, p. 95).
En Ecuador, a partir del fortalecimiento de las
organizaciones indígenas de la Sierra, como la CONAIE (1986) y de la Amazonía,
con la CONFENIAE (1980), el período de transición democrática ve surgir al
movimiento indígena como uno de los actores institucionales de relevancia para
el proceso político local. Desde una lógica similar a la boliviana, las
condiciones de pauperización de las zonas rurales y el declive de la hacienda
como unidad productiva, motivó una fuerte migración hacia las urbes, dónde la
discriminación y la dificultad de adaptación despertó una retrospección con
mirada étnica e identitaria:
Reunidos en el
Campamento Nueva Vida, en las afueras de Quito, en noviembre de 1986, los 500
delegados que participaron representando a nueve nacionalidades indígenas y 27
organizaciones formaron la CONAIE que reemplazó a la CONACNIE. Esta nueva
Confederación fue el resultado de la unión entre la CONFENIAE de la Amazonía,
la Ecuarunari de la Sierra y una organización de la Costa mucho más pequeña, la
Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Costa Ecuatoriana (COICE). La
intención de la CONAIE fue crear un movimiento panindígena para defender los
intereses indígenas y luchar por las reformas sociales, políticas y educativas.
Sus primeras demandas incluyeron la tenencia de la tierra, el financiamiento
para el desarrollo económico, el respeto a las lenguas indígenas, la educación
intercultural bilingüe, el reconocimiento de la medicina tradicional y el
restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el Gobierno revolucionario
sandinista de Nicaragua (CONAIE, 1989ª, pp.
269-72 citado en Becker, 2015, p. 11).
Luego de dos dictaduras, el período de retorno a la
democracia en Ecuador se inició con la celebración de elecciones para
presidente y vicepresidente en 1979, en medio de condiciones económicas
bastante difíciles para la mayoría de la población. Sin embargo, las
organizaciones sindicales no lograron posicionar un partido o agenda en la
discusión política, buscando capitalizarse a sí mismas más bien como un actor
opositor al gobierno de Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado. En este escenario, la
CONAIE fue paulatinamente consolidándose como un canal legítimo de difusión y
posicionamiento de la crítica social, agrupando no únicamente las
reivindicaciones propias al movimiento indígena, sino, además, recogiendo el
malestar de un sector de izquierda que no lograba fortalecerse a través de
discursos y actores tradicionales de su propio entorno. De este modo, se
identifican avances en “una nueva conciencia étnica que se diferencia
sustancialmente de la manera como antes se presentaban los indígenas como
‘indios buenos’ en los rituales de humildad” (Lentz, 2000, p. 229 citado en
Guerrero y Ospina, 2003, p. 15).
Esta maduración organizacional de la CONAIE penetró la
esfera pública ecuatoriana en la década de 1990[11], cuando
se realizaron dos levantamientos nacionales indígenas en 1990 y 1994. Estos
acontecimientos colocaron al movimiento indígena en el centro de la
atención mediática y política al movimiento indígena y decantó en la formación
de Pachakutik[12],
brazo político de la organización, para 1996:
Las acciones entre 1990
y 1994 permiten pensar en la constitución del Movimiento Unidad Plurinacional
Pachakutik. Se canaliza una fuerte crítica al modelo neoliberal y al carácter
de la democracia imperante en el Ecuador que no permitía la participación sino
únicamente desde el ejercicio electoral. A esto se suma una necesidad por
institucionalizar las demandas. El Movimiento por la Unidad Plurinacional
Pachakutik-Nuevo País se forma en la perspectiva de convertirse en una
plataforma política que reúna a los distintos movimientos sociales, actores y
sujetos del país. Participó en las elecciones de 1996 para presidente,
vicepresidente, alcaldes, prefectos, concejales, diputados provinciales y
nacionales (Santillana et al.,
2006, p. 218).
La CONAIE, a través de la puesta en marcha de los
levantamientos, demostró precisamente su capacidad de representación de un
conjunto de grupos de interés y organizaciones, como una alternativa no
partidista a las clases tradicionales que, a pesar del recientemente estrenado período
democrático, no lograban conectar -o no les interesaba- con las necesidades y
reivindicaciones propias de las clases populares. De la misma forma, la
experiencia de los levantamientos permitió que las distintas nacionalidades y
pueblos indígenas del Ecuador pudieran encontrarse y profundizar sobre los
puntos en común y demandas frente al Estado, que básicamente se agruparon bajo
las nociones de la plurinacionalidad y la autodeterminación (Cordero, 2017, p.
183). “El levantamiento indígena creó un hecho político: puso en causa el
modelo, el sistema jurídico-político, el proceso de formación y la propuesta de
la ciudadanía elaborados desde el Estado nacional y la sociedad civil
blanco-mestiza” (Guerrero, 1993, pp. 98-99).
Empero, el modelo neoliberal siguió su avance y tuvo su
mayor auge durante el gobierno de Sixto Durán-Ballén (1992-1996), en el que se
buscó, inclusive, legitimar este proceso a través de consultas populares que
tuvieron un resultado electoral ambiguo. Además, en estos años, -con cierto
paralelismo con el caso boliviano-, hubo un avance en la gestión de gobiernos
locales desde organizaciones indígenas, a partir de una política de fomento por
una descentralización que delegaba funciones y asignaba recursos propios al
territorio (Ospina, 2010).
Las organizaciones indias crecieron precisamente al amparo
de una transformación de las estructuras locales de poder, merced a las cuales
ocuparon el vacío y ganaron un espacio político propio. En esa lucha local se
entrenaron dirigentes y se estructuraron estrategias de crecimiento muy
precisas (Guerrero y Ospina, 2003, p. 155).
En
fin, el retorno a la democracia en América Latina no significó, necesariamente,
una mejora en las condiciones de vida de la mayoría de la población, pues, la
estructura estatal, cooptada por las dictaduras durante las décadas anteriores,
estaba limitada a garantizar un statu quo en beneficio de los grupos de
poder económico y político. La crisis energética internacional hizo tambalear
al Estado de bienestar o de compromiso social, lo cual a su vez permitió la
implementación de políticas neoliberales que apuntaron a reformarlo, hacia una
figura garante de la seguridad jurídica y del orden social, es decir, de
fortalecer su rol represivo, bajo la premisa de una reducción de su tamaño
limitado al ámbito social, afectando los servicios públicos y el ejercicio de
derechos. Esta política tuvo su contraparte “plural” en el reconocimiento de
nuevas concepciones, como la multiculturalidad y la interculturalidad, que
aparentaba un avance de las reivindicaciones de los pueblos y nacionalidades,
recogidas por parte del Estado, sin que esto conlleve mayores implicaciones
prácticas. En estas condiciones, las organizaciones indígenas, que habían
venido madurando su proceso formativo y político, emergieron como un nuevo
actor reivindicativo de sus intereses identitarios, con ciertas limitantes de
las clases populares, incluyendo, además, demandas relacionadas con la
plurinacionalidad y la autodeterminación como pueblos originarios.
Cuarto corte socio-histórico: crisis
política y progresismo latinoamericano
El período de transición democrática en América Latina
incluyó, a la vez, una entrada directa de la región al fenómeno de la
globalización, aplicando medidas internas que promovieron el laissez-faire
y limitando el alcance estatal en temáticas sociales, además de privatizar una
serie de activos, en especial aquellos relacionados con los sectores
estratégicos, bajo la premisa de la eficiencia y el favorecimiento de la
diplomacia en relación con EE. UU. Sin embargo, también surgieron voces de
resistencia.
Bolivia, durante la primera década del retorno de la democracia[13],
se organizó en un sistema representativo, donde profundizó un proceso de
descentralización del territorio, y a partir de estas condiciones permitió que
los pueblos indígenas conformen organizaciones políticas que fueron ganando
experiencia en la política formal. No abandonaron, sin embargo, la movilización
social como estrategia importante para visibilizar sus reivindicaciones, las cuales,
para este momento, ya se encontraban abanderadas por la autodeterminación y el
Estado plurinacional (Cordero, 2017, pp. 96-97).
Las condiciones económicas del país dieron paso a que el
gobierno adopte una serie de medidas, a las que agrupó bajo la denominación de
Nueva Política Económica (NPE), que, además de su propósito explícito, se la
entendió “como un proyecto cuyo alcance y profundidad dieron fin al Estado
de 1952 tanto en lo que tiene que ver con sus políticas desarrollistas y de
inclusión como con los actores que lo sustentaban” (Cordero, 2017, p. 97).
En este marco, desde la caída del precio del estaño en 1986, pasando por el
descubrimiento de yacimientos de gas y los proyectos de privatización del agua
en el 2000, hubo una serie de intentos y medidas sobre el aprovechamiento de
estos recursos en los que la población sintió sus intereses directamente
afectados. Lo cual contribuyó a que organizaciones sociales, con Evo Morales
como uno de sus líderes principales, marquen una agenda orientada a la
nacionalización de los hidrocarburos (Do Alto, 2011), pues:
El auge de la movilización en Cochabamba y el
altiplano paceño provocó un giro en el escenario político del país[14]
que se hizo visible en las elecciones de 2002, momento que puso fin a la
democracia pactada. Si bien en las elecciones generales de 2002 ganó la
presidencia Gonzalo Sánchez de Lozada como candidato del MNR, en el legislativo
la entrada de sectores campesinos e indígenas rompió con el trípode de los
partidos tradicionales MNR-ADN-MIR (Cordero, 2017, p. 101).
El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) pondría
su renuncia debido a la indignación social frente a la masacre ocasionada por
la represión gubernamental, que despertó una masiva movilización hacia La Paz,
desde El Alto, Oruro, Cochabamba, Sucre, Potosí y Santa Cruz (Mamani Ramírez, 2003). Después de dos gobiernos interinos,
se llamaron a elecciones anticipadas en 2005, en las cuales triunfó el
candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, que se había
desempeñado hasta ese entonces, como cabeza visible de la oposición. Morales
asumió el poder buscando dar un mensaje de lo que su triunfo representaba, a
partir del uso de simbología indígena; inició, además, su gobierno con el
llamado a una Asamblea Constituyente y la nacionalización de recursos
estratégicos (Stefanoni, 2016) en un claro ejemplo de un giro hacia la
izquierda del electorado boliviano (Do Alto, 2011).
En Ecuador, la inestabilidad política fue también una
característica desde la segunda mitad de la década de 1990. Luego de Sixto
Durán-Ballén se sucedieron diez gobernantes y dos juntas de gobierno
provisional, además de un proceso constituyente poco participativo, en un lapso
de diez años (1996-2006), hasta que la Revolución Ciudadana ganara las
elecciones. En ese periodo, hubo tres presidentes -Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad
y Lucio Gutiérrez- que salieron del Gobierno luego de protestas civiles de
distinta magnitud, las cuales reflejaron no solamente una profunda crisis de la
democracia liberal, sino un agotamiento también de las figuras de
reivindicación social y de su capacidad de organización, un vacío que supo
aprovechar el correísmo, en su momento (Unda, 2020).
El movimiento indígena, a través de su brazo político,
Pachakutik, participó en los procesos electorales desde 1996, ganando terreno
en el espacio de representatividad política. Esta reciente incorporación a la
escena pública nacional se evidenció para el proceso constituyente de 1998,
cuando se logró incluir ciertos avances relacionados con el reconocimiento de
la agenda indígena y los derechos de participación, en el marco de una carta
constitucional orientada aún al “mercado como eje de desarrollo” (Ortiz,
2014, p. 14). Además, Pachakutik pudo consolidarse también a escala
territorial, llegando a ser gobierno en una serie de circunscripciones locales.
El derrocamiento de Mahuad en el año 2000, originado a partir de una de las
crisis económicas más duras que ha vivido el Ecuador, contó con un importante
protagonismo del movimiento indígena, quienes se movilizaron hacia la capital
ecuatoriana y participaron como actores de primera línea en este levantamiento
popular. Sin embargo, el establishment político, unido ahora a los
grupos de poder económico de carácter monetarista y neoliberal, aprovechó la
acefalía en el poder ejecutivo para avanzar con su agenda de dolarización de la
economía ecuatoriana, lo cual afectó directamente a la capacidad de consumo de
la población.
Este antecedente influyó a la dirigencia indígena a
participar en el siguiente proceso electoral en una alianza con Lucio Gutiérrez
y otros frentes históricos de izquierda, quien fuera parte del proceso de
derrocamiento de Mahuad y quien, bajo una retórica crítica y lejana de la
política tradicional, terminó triunfando en el primer proceso electoral del
siglo XXI en Ecuador, en contra del empresario Álvaro Noboa. Si bien Gutiérrez
en un inicio gobernó con Pachakutik, marginó rápidamente a esta organización de
su gabinete, manteniendo una política ortodoxa en lo económico y cayendo en
nuevos casos de corrupción, lo que generó un nuevo levantamiento ciudadano,
ahora con mayor protagonismo de habitantes urbanos, con el lema de “que se
vayan todos”, esto motivó la huida de Gutiérrez y su reemplazo por el
vicepresidente Alfredo Palacio. En este proceso, el movimiento indígena y su
brazo político perdieron parte del capital político que habían acumulado como
alternativa al poder establecido, generando conflictos y divisiones internas
que golpearon la credibilidad del movimiento y lo dejaron con una reducida
capacidad electoral para el siguiente proceso (Ramírez, 2017).
Rafael Correa ganó las elecciones presidenciales en 2006 y
como parte de su oferta de campaña, organizó un nuevo proceso constituyente que
se llevó a cabo en 2007. A pesar de que se planteó construir un escenario
deliberativo que, en principio, buscaba ser más amplio y participativo que el
que se realizó para la Constitución de 1998. Mientras tanto, el movimiento
indígena, condenado por su frustrada experiencia en el gobierno de Gutiérrez,
no consiguió aportar con un número importante de asambleístas, quedando más
bien como un actor marginal de este espacio. Si bien en la nueva carta constitucional
se logró reconocer al Ecuador como un Estado plurinacional, aunque a la vez
unitario, el gobierno de Correa no contó con el movimiento indígena como un
aliado y esto llevó a que se configure como opositor durante los siguientes
años de su mandato (Ramírez, 2017).
La agenda de lucha de los movimientos indígenas[15]
incluyó, además de su oposición contra el repliegue del Estado y el
aseguramiento de los márgenes de autonomía organizativa y capacidades de
autogestión, un énfasis en la defensa de los derechos de los grupos en
condiciones de vulnerabilidad y en temas de medio ambiente, identidad y
soberanía. A partir de las reformas constitucionales llevadas a cabo en
asambleas constituyentes en los dos países, realizadas entre 2006 y 2009[16], se
pasó a reconocer el carácter plurinacional de estos Estados, el derecho al
territorio y a la autodeterminación.
A
partir de estos nuevos marcos constitucionales en ambos países andinos, se
consolidaron las bases de la democracia directa, se reconocieron formas
comunitarias de democracia, se otorgó el estatuto de sujetos de la
participación a colectivos, organizaciones, y pueblos (nacionalidades
indígenas), también se promovieron mecanismos deliberativos de toma de
decisiones, y se ampliaron las formas de control popular e incidencia ciudadana
en la política pública, en este aspecto, se abrió un mayor margen de
probabilidad para la afirmación del poder social (Cordero, 2012).
En el caso ecuatoriano, durante los últimos veinticinco años, el movimiento indígena se ha
consolidado como una de las expresiones más significativas del surgimiento de
nuevos actores políticos y sociales en la historia del país. De manera
particular, las principales organizaciones indígenas adoptaron estrategias
diversas, entre ellas la participación en procesos electorales locales,
logrando acceder a ciertos gobiernos seccionales. Así como también, las
organizaciones étnicas se convirtieron en un eje articulador de las demandas de
otros actores sociales territoriales por medio de los gobiernos locales, principalmente instaurados en los años 1990 y 2000, los mismos que impulsan procesos
de desarrollo local articulados en torno a instancias participativas, a planes
de desarrollo y a cambios en la institucionalidad de los gobiernos locales
(Ospina, 2006). En tal sentido, el movimiento indígena, al impulsar la
participación de sectores rurales históricamente marginados, generó un entorno
institucional y social propicio para mejorar las condiciones económicas de sus
territorios y fomentar un desarrollo más inclusivo.
Por otro lado, en el proceso de construcción del Estado
plurinacional ecuatoriano y del rediseño institucional y territorial, entre los
periodos 2010 y 2012, se plantearon sin éxito propuestas de conformación de las
CTI en los territorios kichwa de las provincias de Napo y Orellana y en los
territorios kichwa y achuar en la provincia de Pastaza (Ortiz, 2014). Aunque la
Constitución y el marco legal del país establecen las bases para promover los
gobiernos autónomos indígenas, la débil institucionalidad y la falta de
voluntad política han limitado su aplicación. La alta rotación de funcionarios,
la escasez de recursos y la ausencia de apoyo efectivo han frenado la formación
de las CTI. Como resultado, estos procesos se han estancado por la falta de
compromiso del Estado y los gobiernos locales, dejando de lado una verdadera
agenda plurinacional e inclusiva.
En esta misma línea, en Bolivia, hacia mediados de 2014,
quince nuevas unidades territoriales iniciaron los trámites para convertirse en
AIOC. Así, en el año 2016 se celebró el referéndum para la aprobación de
estatutos autonómicos y cartas orgánicas. En aquel año Charagua Iyambae se
convirtió en el primer Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino (GAIOC)
de la historia de Bolivia. En enero de 2017 se realizó la toma de posesión de
nuevas autoridades Charagua, lo que marcó el inicio del funcionamiento de las
autonomías indígenas en ese país. De la misma forma, en la conformación de
gobiernos indígenas mediante normas y procedimientos se encuentran el Gobierno
Autónomo de la Nación Originaria Uru Chipaya (2017) y el Gobierno Indígena
Originario Campesino de Raqaypampa (2017). Estos tres se convirtieron en los
territorios donde las naciones y pueblos indígenas finalizaron el proceso de
reconocimiento y conformación de su autonomía indígena (Rousseau y Manrique,
2019).
Es
importante mencionar que, las autonomías indígenas implican el ejercicio del
autogobierno y la libre determinación de los pueblos indígenas y campesinos, al
permitirles administrar sus territorios y gestionar sus asuntos internos
conforme a sus propias normas, estructuras sociopolíticas y valores culturales,
promoviendo así un desarrollo más sostenible y acorde con su cosmovisión. No
obstante, su implementación puede enfrentar diversos desafíos estructurales,
entre ellos la limitada coordinación con el Estado central y otros niveles de
gobierno, la insuficiencia de recursos económicos, la necesidad de fortalecer
una gobernanza inclusiva que incorpore a mujeres, jóvenes y nuevos liderazgos,
la excesiva burocracia administrativa, los conflictos de competencias sobre el
control de los recursos naturales y las tensiones persistentes entre los marcos
normativos indígenas y las disposiciones estatales (Cusi, 2025).
Durante la década de 2007-2017, tanto en Ecuador como en
Bolivia se reinstitucionalizó al Estado sobre
la base ciudadana, y se afirmaron las capacidades regulatorias estatales en la
economía. Se garantizaron los derechos más amplios a partir de la promulgación
de sus constituciones, se dio prioridad a las condiciones de vida y de trabajo
de la población por sobre los intereses del capital económico. Sin embargo, la
situación económica del Ecuador se complejizó a partir del año 2015, por la
caída de los precios del petróleo a nivel mundial. Lo que implicó un mayor
endeudamiento público y recorte en proyectos de inversión pública. Por otra parte,
en el campo político, se llevaron a cabo una serie de protestas lideradas por
la oposición, “en contra de proyectos de ley impulsados por el
oficialismo, como las reformas a los impuestos a la herencia y plusvalía y las
enmiendas constitucionales sobre la explotación del subsuelo sin procesos
claros de consulta previa” (Vera y Llanos-Escobar,
2016, p. 146). Este mecanismo de consulta está avalado por el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y, sobre todo, debe ser
libre e informada.
Por el lado de Bolivia, entre los años 2006 y 2009,
existieron varios enfrentamientos con la oligarquía agroindustrial de Santa
Cruz, la cual se oponía a varios cambios nacionalistas populares de Evo Morales
y el MAS, como convocatoria a la Asamblea Constituyente para “refundar” el país
y la nacionalización del gas y el petróleo. Tanto en el 2009 como el 2014 Evo Morales fue reelecto como presidente. Su plan de
gobierno se enfocó en “el control estatal de las riquezas estratégicas, y
gran parte de los servicios públicos, con un pacto de no agresión hacia la
economía informal y relaciones de beneficio mutuo con la banca y la
agroindustria” (Stefanoni, 2019, p. 3). A partir de 2016 emergió una mayor
resistencia por parte de los sectores medios urbanos y en el referéndum del 21
de febrero de 2016, no se logró habilitar la reelección indefinida de Evo
Morales, lo que evidenció la pérdida de los sectores que el MAS había
“conquistado”; el desgaste de la gestión del gobierno puede leerse como un “debilitamiento
intelectual y moral del llamado proceso de cambio” (Stefanoni, 2016, p.
11).
Frente a este panorama, el 27 de noviembre de 2017, el
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia habilitó a Evo Morales para la
reelección en el año 2019, con el argumento de que el Pacto de San José de
Costa Rica, que está por encima de la Constitución de Bolivia, garantizaba los
derechos políticos de los ciudadanos, entre esos el elegir y ser elegido. Dicho
fallo provocó movilizaciones sociales de oposición al gobierno, pactos entre la
derecha conservadora boliviana[17] y
el surgimiento de discursos e imágenes antirreeleccionistas. Ahora, después de
haberse desatado la convulsión política de 2019, el objetivo del electorado
indígena ha sido no perder de vista los elementos económicos productivos que
suelen ser abstraídos de los discursos y procesos estatales y antiestatales,
para enfocarse en los aspectos socioculturales del proyecto plurinacional. El
reto para las aspiraciones autonómicas es plantear postulados integrales y sostenibles,
que permitan incorporar los recursos que el Estado asigne a sus demandas
(Bautista, 2019).
Recapitulando,
Bolivia y Ecuador vivieron en primera persona el ascenso al poder de los
autodenominados gobiernos del Socialismo del siglo XXI, que supieron recoger y
reivindicar el descontento frente a las décadas de políticas neoliberales en la
región. A partir de las elecciones de Evo Morales y Rafael Correa se registró
un crecimiento económico relevante, con base en las buenas condiciones de
precios de las materias primas sobre las que se basan sus economías en el
mercado internacional. Estos ingresos ayudaron a sustentar una política que, en
principio, buscó garantizar mayor cobertura e inclusión en temáticas
relacionadas con derechos sociales y políticos de distinta índole. Empero,
estos procesos también estuvieron marcados por importantes falencias y
contradicciones, entre las que se destacan su vínculo bastante ambiguo con las
organizaciones indígenas locales y con la reivindicación efectiva por la plurinacionalidad
y la autodeterminación.
En ambos Estados, se pudo evidenciar la consolidación de
liderazgos ciudadanos, colectivos y populares que, a partir de abanderar la
reivindicación de demandas comunes, frente al ejercicio estatal, llegaron al
poder por vías democráticas luego de profundas crisis institucionales. En tal
aspecto, se diferenció la composición de estos liderazgos, siendo en Bolivia un
proceso más campesino-indígena, y en Ecuador, más bien, urbano y heterogéneo. A
partir de estas circunstancias, se convirtió en un reto la implementación de
las CTI en Ecuador, puesto que cuentan con el marco jurídico para su
conformación, pero que en la práctica no hubo avances en su concreción, debido
a las relaciones entre el Estado y el movimiento indígena. En Bolivia, los
pueblos indígenas continúan en su lucha histórica, esta vez valiéndose de
nuevas herramientas y vías para el ejercicio de su autodeterminación.
Reflexiones finales
Este artículo se define a partir de cuatro momentos
históricos (crisis de las oligarquías, arribo de los regímenes dictatoriales,
reanudación democrática y los gobiernos progresistas). Se ha logrado
identificar y caracterizar un contexto sociohistórico de opresiones de los
pueblos indígenas en los Estados-nación de Ecuador y Bolivia, encuadrados en
una realidad local, nacional y regional, a través de las posturas de las
instituciones y políticas del Estado, y las respuestas que han obtenido ante
sus exigencias o demandas por sus derechos.
En el primer corte socio histórico, el Estado oligárquico
que restringía el acceso a ciudadanía y derechos para las mayorías evoluciona
hacia un discurso modernizador, que buscó adaptar a la población como fuerza de
trabajo en un contexto de liberalismo económico, a partir de la exportación de
recursos naturales (mineros o agrícolas). Así como también, se evidencia el
plan homogeneizador del Estado sobre la población indígena bajo la denominación
de campesinos, sin que se reconociera la complejidad cultural presente en los
territorios (Bolivia). No obstante, se llevaron a cabo, las primeras
experiencias germinales de organización y autoidentificación de los pueblos
indígenas (Ecuador) como un actor político para la protesta y reivindicación de
sus derechos.
En
el segundo corte socio histórico existió un desgaste del liderazgo liberal,
pero se activa el rol “político-intervencionista-autoritario” de las FF. AA.
para ejercicio del gobierno bajo influencia de EE. UU. Es así como se consolida
un Estado paternalista frente al “campesinado” y, además, se profundiza un
modelo de “explotación de recursos y extractivismo” con la implementación de
una política continental para debilitar a la “izquierda”. Sin olvidar que, las
distintas disputas políticas y el caos económico fueron el escenario ideal para
generar nuevas alianzas entre las élites locales. Tanto en Bolivia como en
Ecuador, el papel del Estado fue determinante para definir las relaciones con
los sectores indígenas y campesinos. En ambos países, los gobiernos optaron por
estrategias que priorizaron el control y la cooptación antes que la inclusión
real de estos sectores en los procesos de toma de decisiones. En Bolivia, el
Estado utilizó el Pacto Militar-Campesino para controlar y fragmentar al
movimiento campesino, subordinando las demandas indígenas a una lógica
autoritaria y asistencialista que priorizó la estabilidad política sobre los
derechos territoriales y culturales. En cambio, en Ecuador, aunque también se
marginó a indígenas y campesinos de las reformas agrarias, el contexto
favoreció la organización autónoma de estos sectores, permitiendo el
surgimiento de un movimiento indígena más politizado y con proyección nacional.
En
el tercer corte socio histórico se observa la transición democrática en América
Latina, destacando en Bolivia la restauración de la democracia en 1982,
acompañada por transformaciones sociales como la migración rural-urbana, que
favoreció la aparición de nuevos liderazgos indígenas, especialmente aymaras.
Esta reorganización social y política permitió que, en la década de 1990, el
movimiento indígena-campesino fundara partidos como el MAS-IPSP y el MIP,
logrando representación electoral y rompiendo con la tradicional composición
del poder legislativo. A partir de 1994, la Ley de Participación Popular
fortaleció este proceso al descentralizar el poder y permitir una mayor
participación política local, sentando las bases para el reconocimiento de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos y la construcción del Estado
Plurinacional, orientado a garantizar su autodeterminación a través de un
régimen de autonomías.
En Ecuador desde
1979, con el retorno a la democracia, su lucha política tomó impulsó con la
creación de la CONAIE y Pachakutik. La década del noventa en Ecuador fue el
periodo de mayor convulsión social e inestabilidad política. Se produjeron dos
importantes levantamientos, en 1990 y 1994, que transformaron
significativamente la historia de los pueblos indígenas y el rumbo de la democracia
en Ecuador. Sin embargo, el movimiento indígena desde la CONAIE logró que en la
Asamblea Constituyente de 1998 se tome en cuenta el reconocimiento del Estado
pluricultural y multiétnico, así como también de las nacionalidades indígenas
con sus derechos colectivos.
En el último corte socio histórico, en Ecuador y Bolivia, se
implementaron medidas neoliberales desde los grupos de poder político nacional.
Apareció la crisis del Estado y el sistema de gobierno a partir de la respuesta
popular a estos procesos. Mientras se consolidaron liderazgos y organizaciones
populares que, a partir de abanderar la reivindicación de demandas populares
frente al ejercicio estatal, llegaron al poder por vías democráticas luego de
crisis institucionales en cada país. En Ecuador cuando gana Rafael Correa y se
instaura una Asamblea Constituyente, prevalece un fortalecimiento del Estado.
En el caso de Bolivia, a partir de la elección de Evo Morales y la aprobación
de la nueva Constitución en 2008, se inició la construcción de un nuevo Estado
Plurinacional, basado en las autonomías impulsadas por los pueblos indígenas y
campesinos. Aunque, en ambos países las dificultades en la consulta previa
sobre la extracción de recursos naturales también desmotivaron y entorpecieron
la generación del Estado plurinacional.
En el caso ecuatoriano, al concentrar el enfoque en los
derechos territoriales, se relega el problema de la identidad con el que estos
derechos se vinculan. Los regímenes especiales que se consideran como avance
por su innovación jurídica, se limitan al plantear una serie de características
particulares en torno a la identidad, a las formas organizativas y al
territorio; además de estar supeditados a la división política administrativa
existente sin facultar nuevas atribuciones con base en criterios de
ancestralidad o identidad. Así, el alcance de las autonomías indígenas es visto
como suplemento, se les otorga un rol secundario a los pueblos y el rol
protagónico es del Estado que debe velar por su inclusión.
En comparación con la constitución boliviana, se identifica
que las definiciones constitucionales respecto a la jurisdicción indígena en
Ecuador realizan una distinción y separación entre ésta y la justicia nacional.
Además, se le otorga a la Corte Constitucional la potestad de revisar las
decisiones de la justicia indígena, entidad que no prevé criterios inclusivos
del enfoque de plurinacionalidad. Nuevamente es el Estado, a través de la
función judicial, quien tiene en última instancia las potestades para velar por
la justicia por sobre las competencias de la justicia indígena.
Sobre la necesidad de fortalecer las autonomías indígenas,
como vínculo inseparable del Estado plurinacional, ésta se convierte en la
pieza clave, tanto para los procesos de la lucha de los movimientos indígenas,
como para el accionar de los Estados. La implementación de sus propias
instituciones y la demanda de gobiernos territoriales indígenas, requieren la
descolonización del aparato estatal en todos sus niveles, la construcción de
una sociedad intercultural que se apropie de estas demandas y la consolidación
y organicidad del movimiento indígena para recorrer un camino en construcción.
Coligiendo los avances, sobre todo en la constitución boliviana respecto a las
autonomías, no significa que los aparatos institucionales y los instrumentos
normativos se encuentren en la misma dirección, los límites evidenciados en
ambos textos constitucionales y en su ejercicio confirman la necesidad de
promover la consolidación de instituciones acordes a los preceptos
constitucionales.
En Bolivia, a pesar de las dificultades ya se han
configurado territorios autónomos, su lucha se encamina a la búsqueda de nuevas
herramientas y vías para el ejercicio de la autodeterminación. La
reestructuración de instituciones y la modificación de leyes serán necesarios
para sortear los problemas que se van presentando desde los aspectos de la
implementación. Así como el ejercicio de la autonomía desde la designación de
autoridades indígenas y sostenimiento de las costumbres, de lo contrario, las
siguientes generaciones reproducirán las aspiraciones políticas en el ámbito de
la justicia y política ordinaria. Es vital comprender el desinterés del Estado
para facilitar el proceso autonómico, no sólo en lo judicial, sino también en la
disputa sobre los recursos naturales en los territorios indígenas.
Es evidente que la implementación de las CTI en Ecuador
quedó truncada. La normativa específica cerró aún más el camino para lograr la
conformación de regímenes especiales. Por tanto, las organizaciones indígenas
tienen el reto de impulsar procesos que promuevan una real autonomía en el
marco del ejercicio de los derechos colectivos reconocidos en la constitución.
Resalta la importancia de promover dinámicas que aprovechen los vacíos constitucionales
sobre los pueblos y nacionalidades que no han logrado conformar estas
circunscripciones, pero cuentan con facultades legítimas para ejercer sus
derechos colectivos, propias formas de convivencia, organización social y
autoridad en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de
posesión ancestral. Será imprescindible retomar el debate sobre la concepción
original que apostaba por gobiernos comunitarios territoriales, que da cuenta
de un proyecto más amplio que implica una noción de plurinacionalidad.
En
conclusión, los procesos sociales de los pueblos y nacionalidades indígenas se
han definido en momentos históricos en los que no se pueden ocultar sus formas
de participación. Así, sus acciones, representaciones y pensamientos han tomado
matices reflexivos con el paso del tiempo, en medio de discrepancias y acuerdos
(internos y externos); una muestra de ello es su interpelación, pero en unidad,
no solo a nivel nacional sino sobre todo internacional; pues la senda de la
historia, nunca se cierra, creando brechas y giros inesperados. En este caso,
pese a la cooptación permanente del Estado nacional y del mercado
internacional, el movimiento asume ritmos cautelosos, pero
ininterrumpidos.
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[1] Se entiende la oligarquía “como
una forma histórica de ejercicio de la dominación política de clase,
caracterizada por la concentración del poder en una minoría y la exclusión de
la mayoría de la sociedad de los mecanismos de decisión política” (Ansaldi
y Giordano, 2016, pp. 465-466). Se trata,
entonces, de una forma de dominación en la que fueron importantes mecanismos de
ejercicio de poder tales como el parentesco y el clientelismo.
[2] Como lo señala Cordero (2017, p.
83), el gobierno de Villaroel
(1943-1946) “fue el primero en apoyar directamente las reivindicaciones de
los pueblos indígenas”, dando apoyo al Primer Congreso Indígena 1945, “que
trató el problema de la tierra y la eliminación de la servidumbre”, en sus
formas coloniales, que subsistieron hasta la época.
[3] En el contexto ecuatoriano, se refiere al poder ejercido
por los grandes hacendados y la burguesía comercial, especialmente en la región
de Guayaquil, durante las primeras décadas del siglo XX. Esta élite controlaba
la producción y exportación del cacao, conocido como la "pepa de
oro", y monopolizaba la economía del país. (Paz y Miño, 2013).
[4] En el contexto
ecuatoriano, la bancocracia responde a que el poder político estaba sometido a
los intereses de la banca privada, principalmente el Banco Comercial y
Agrícola. Los banqueros controlaban la emisión de moneda, los créditos al
gobierno y la financiación de la política, lo que les daba una influencia
decisiva en las decisiones de Estado (Paz y Miño, 2002).
[5] Cabe mencionar que para Marx (2004)
[1852] “el campesinado ocupaba un lugar ambiguo en el escenario de las
luchas de clases por cuanto en un mismo grupo social se combinaban las dos
categorías básicas de la sociedad capitalista, la burguesía y el proletariado,
ya que un campesino como propietario de los medios de producción, es un
capitalista, y, como trabajador, su propio asalariado”. Cristóbal Kay
(2001, p. 366) sostiene que “la variante marxista de dicho paradigma [de la
dependencia] evolucionó en América Latina propulsada por las revoluciones china
y, sobre todo, cubana, las cuales reconocían la importancia del campesinado y
de la alianza entre obreros y campesinos en el combate por el socialismo.
El mismo autor añade que “una de las razones de la supervivencia del
campesinado es su apoyo en el trabajo familiar no remunerado, complementado en
ocasiones por fuertes lazos comunitarios, particularmente en áreas indígenas”.
Una reflexión más amplia acerca de este debate marxista sobre el campesinado y
sus implicaciones para América Latina se encuentra en la obra citada (Kay,
2001, pp. 377-386).
[6] Entre julio de 1978 y julio de 1980
se realizaron otras dos elecciones generales; cinco presidentes subieron al
poder (ninguno de ellos como resultado del triunfo electoral y del conjunto de
Golpes de Estado en constante preparación, sólo cuatro llegaron a declararse
realmente, uno fracasó y tres prosperaron. Esta inestabilidad crónica reflejaba
tanto la incapacidad de los constitucionalistas para arrebatar la iniciativa de
manos de aquellos que querían mantener el “banzerazo” como la de las fuerzas de
la derecha para suprimir completamente la apertura. Si bien el golpe del 17 de
octubre de 1980, del general García Meza, en primera instancia, parecía haber
resuelto el problema claramente a favor de la Dictadura, ese régimen también
habría de desgastarse en el curso de un año (Dunkerley, 2003).
[7] “El Manifiesto de Tiwanaku,
elaborado en 1973, constituye la síntesis más lograda hasta ese momento de las
múltiples reivindicaciones que se articularon en el indianismo/katarismo y que
se consideran clave para el análisis de los desafíos respecto a las ideas de
nación, autodeterminación y Estado planteadas por los pueblos indígenas”
(Cordero, 2017, p. 92).
[8] Confederación Nacional de
Trabajadores Campesinos de Bolivia, “que durante el régimen del General Hugo
Banzer (1971-1978) fueron fuertemente reprimidos y empujados al exilio como
muchos otros grupos de izquierda. El clima de autoritarismo hizo que su
posición política se radicalice y encuentre eco en los sectores mineros y
obreros organizados que también sufrían los embates de la dictadura”
(Cordero, 2017, p. 92).
[9] “Después de la revolución de
1952 y, precisamente, como su reversión estructural, dieron lugar a una
economía de demandas ciudadanas (ciudadanía sindical y derechos sociales) y
concesiones políticas (legitimidad del Estado nacionalista e integración en sus
estructuras simbólicas de emisión) que atravesaron el temperamento de las formas
sindicales de movilización” (García, 2001, p. 87).
[10] “La Central Obrera Boliviana fue
creada por el gobierno del MNR en abril de 1952. Es una organización con gran
poder negociador y muy activa, que reivindicó la nacionalización de las minas y
ferrocarriles, demandas por mejoras salariales y la reforma agraria”
(Cordero, 2017, p. 85).
[11] Esta experiencia no se da de forma
aislada en América Latina, pues al menos la acompañan dos hitos similares: la
marcha histórica de pueblos indígenas del Beni y la marcha indígena de los
“neo” zapatistas en San Cristóbal de las Casas. Estas manifestaciones sirvieron
como preámbulo al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) de 1994, lo cual supuso el surgimiento de una identidad continental
“Abya-yalesca”, “construida en la solidaridad y por la decolonialidad”
(Núñez, Lizárraga y Concheiro, 2014, pp. 169-170).
[12] “Pachakutik representaba el
surgimiento de una tercera opción, además de la unión con coaliciones de
izquierda y la creación de partidos étnicos. Implicaba la formación de un nuevo
movimiento político en el que las organizaciones indígenas y otras de los
sectores populares del Ecuador se constituirían como iguales en un proyecto
conjunto para lograr objetivos comunes” (Lucas, 2000, p. 182). “La
creación de Pachakutik necesitó que la CONAIE revisara la política que había
aprobado en su tercer congreso, en 1990, en la que declaraba que no
participaría en elecciones debido a que el sistema político ni los partidos
funcionaban de tal manera que representaran al pueblo” (Punto de Vista
1992f, pp. 7-10 y Maldonado 1993, p. 305, citados en Becker, 2015, p. 49).
[13] “A partir de 1985, (se)
sustituyó el modelo de partido hegemónico por un sistema multipartidista (que
se constituyó) en el eje central para la formación de gobiernos de coalición. A
esta lógica de acuerdos y consensos se le dio el nombre de democracia pactada”
(Mayorga 2004, p. 29 citado en Cordero, 2017, p. 98).
[14] “El levantamiento
indígena-popular de la ciudad de El Alto en contra de la venta de gas por Chile
y por la renuncia de Sánchez de Lozada evidenció la construcción estatal y
social de un racismo histórico contra esta población” (Mamani Ramírez, 2003, p. 25). “La decisión presidencial
de oficializar la militarización de El Alto ocasionó la masacre
estatal-gubernamental el 2 de octubre de 2003, donde fallecieron 25 civiles y
un soldado” (Mamani Ramírez, 2003, p. 16).
[15]
“En los años 90 se vio la emergencia de demandas colectivas en el marco del
derecho a la diferencia y la necesidad de una nueva organización del poder
estatal que dé cabida a las formas tradicionales de gestión del poder colectivo y reconozca espacios
de autogobierno a las colectividades indígenas” (Barrera, 1999, pp. 218-222). En ese sentido, “las
demandas de pueblos indígenas en Colombia (1991), México (1996), Bolivia (2009)
y Ecuador (2008) entre otros, se han ampliado y consolidado abarcando
reivindicaciones de autonomía que implican la autodeterminación, autogobierno,
reconocimiento de identidades y particularidades culturales, reconocimiento de
sus territorios ancestrales y la gobernanza sobre sus recursos naturales.
Previa a la Asamblea de Montecristi en Ecuador, dos de las principales filiales
de la CONAIE, tanto la organización regional andina Ecuarunari, como la
amazónica CONFENIAE, impulsaron sendos procesos de debate interno para
articular una propuesta de cara a dicha Asamblea Constituyente” (Ospina,
2010, pp. 202-204; Ramírez, 2010, pp. 96-97).
[16] En Bolivia, en el año 2009, se
llevaron a cabo las elecciones nacionales, donde Evo Morales y el MAS (partido
de gobierno) quedaron como los
principales vencedores a nivel de la presidencia de la república, diputados y
senadores. A la par, se celebró el referéndum por la Autonomía Indígena
Originario Campesina (AIOC), donde los pueblos indígenas y campesinos de doce
municipios, de un total de 339 en el país, tuvieron que decidir si optar o no
por la AIOC. De ahí que, en once municipios se logró una victoria de la AIOC.
Como parte del proceso autonómico de los municipios en conversión a la
autonomía indígena, en el año 2010, mismo año de la promulgación de la LMAD, se
creó la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígenas Originario Campesinas
(CONAIOC), misma que se encarga de coordinar, apoyar a nivel técnico y entregar
fondos a varios pueblos indígenas que participan en el proceso de conversión a
la AIOC ante el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo
Electoral.
[17] “En Bolivia, la
derecha conservadora se encuentra arraigada principalmente en las clases medias
mestizas y en una visión de liberalización económica que promueve la apertura
del país a los intereses transnacionales. Sin embargo, esta postura coexiste
con un marcado autoritarismo político. Su discurso se caracteriza por un tono
antiprogresista en lo social, con componentes religiosos, racistas y
neocoloniales, al tiempo que expresa una admiración por lo extranjero y lo
moderno, en contraste con una desvalorización de lo autóctono y lo popular”
(Claros,L. y Díaz, Vladimir, 2022, p.190)