VECINDAD, PARADIGMAS DE DISCUSIÓN Y TRAMAS SOCIALES: UN
ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO DE LA CONTROVERSIA POR UNA ANTENA EN UN PEQUEÑO POBLADO
BONAERENSE
NEIGHBORHOOD, PARADIGMS OF ARGUMENT, AND SOCIAL WEB: AN
ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS OF THE CONTROVERSY OVER AN ANTENNA IN A SMALL TOWN IN
BUENOS AIRES PROVINCE
Juan Pablo Matta
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
Núcleo de Estudios en Antropología Jurídica de la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Argentina
https://orcid.org/0000-0002-7308-6402
ARK: https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s16688090/vagcacdk0
FECHA
DE INGRESO: 01/11/2025
FECHA
DE ACEPTACIÓN: 22/05/2026
Resumen
Este
artículo analiza cómo la vecindad se configuró como paradigma de discusión en
una controversia pública vinculada con la instalación de una torre de
telecomunicaciones en una pequeña localidad del centro de la provincia de
Buenos Aires. A partir de una inmersión etnográfica restringida y de la revisión
crítica de aportes de la antropología legal, se examina cómo los vecinos
privilegiaron un lenguaje moral centrado en lo vecinal para interpretar los
hechos, asignar responsabilidades y organizar reclamos. El análisis articula la
noción de paradigma de discusión con el concepto de trama social, entendido
como una categoría intermedia que permite observar interdependencias
simbólicas, jurídicas y políticas. El caso muestra cómo la centralidad del
marco vecinal desplazó otros repertorios interpretativos —administrativos,
jurídicos, ambientales— con efectos significativos en la dinámica y en el
desenlace del conflicto. Se argumenta que los actores no recurrieron a la
vecindad por cálculo estratégico, sino por hallarse inmersos en una trama
social que delimitó su horizonte de posibilidades.
Palabras
clave: Vecindad, paradigmas de discusión,
repertorios normativos, trama social, conflicto público.
Abstract
This
article examines how neighborhood ties were configured as a paradigm of
argument in a public controversy over the installation of a telecommunications
tower in a small town in central Buenos Aires Province. Based on limited
ethnographic immersion and a critical review of contributions from legal
anthropology, the analysis explores how residents privileged a moral language
centered on neighborhood relations to interpret events, assign responsibility,
and organize claims. The article connects the notion of paradigm of argument
with the concept of social web, understood as an intermediate category to
observe the symbolic, legal, and political interdependencies in which the
events are inscribed. The case illustrates how the predominance of the
neighborhood framework displaced other interpretive repertoires
—administrative, legal, environmental— with significant effects on the dynamics
and outcome of the conflict. It is argued that actors did not resort to
neighborhood discourse out of strategic calculation, but because they were
immersed in a social web that defined their horizon of possibilities.
Keywords:
Neighborhood, paradigms of argument,
normative repertoires, social web, public conflict.
Introducción
Las disputas[1] han
constituido, desde los inicios de la antropología legal, un objeto privilegiado
para comprender cómo las sociedades producen, utilizan y transforman sus marcos
normativos. Desde los trouble-cases de Llewellyn y Hoebel (1941) y el method
of apt illustration de Malinowski (1986), hasta las elaboraciones
posteriores de Nader y Todd (1978) y de Comaroff y Roberts (1981), la atención
se ha centrado en el potencial analítico de los conflictos como instancias en
las que se negocian significados, se redefinen relaciones sociales y se ponen
en juego concepciones de justicia. El conflicto y la disputa, antes que las
instituciones judiciales formales, resultaron el foco privilegiado de análisis,
en tanto ofrecían una vía para observar el derecho en acción y explorar
cómo los actores gestionan sus desacuerdos y tensiones sin quedar atrapados en
definiciones etnocéntricas o formalistas del problema (Goodale, 2017).
Este artículo se inscribe en esa tradición, pero busca
proponer un desplazamiento analítico. Buena parte de la literatura
especializada ha tendido a enfatizar la agencia estratégica de los actores en
la construcción y uso de lo que Comaroff y Roberts (1981) denominaron paradigmas
de discusión esto es, en la configuración narrativa que cada litigante
construye para dotar de coherencia a los hechos en torno a referentes
normativos implícitos o explícitos. En este marco, la cuestión del interés —ya
sea individual o colectivo— ha operado muchas veces como clave interpretativa
central, relegando otros aspectos igualmente relevantes. Entender la dinámica
de un conflicto es conocer los intereses en juego y, en ocasiones, el modo en
que estos se articula con diferentes dotaciones de poder.
Sin desconocer la relevancia de los intereses en el estudio
de las disputas, en este trabajo sostengo que es igualmente necesario atender a
los marcos relacionales y sociales que condicionan y hacen posibles esos mismos
paradigmas. Incluso se vuelve necesario problematizar la idea misma de interés
en tanto aspecto procesual y contextualmente moldeado[2].
Para ello recupero la idea de trama social como una categoría intermedia
que permite observar tipos diferentes de interdependencias (morales,
simbólicas, jurídicas, políticas, económicas) en el marco de las cuales los
elementos que configuran el proceso se organizan. Esta perspectiva busca
equilibrar las explicaciones centradas en el cálculo estratégico y el interés
de las partes con aquellas que destacan las configuraciones relacionales en las
que los actores elaboran interpretaciones y actúan.
El trabajo se centra en una situación ocurrida en noviembre
de 2021 en Colonia Bonita[3], un
pequeño poblado de unas diez unidades residenciales permanentes y unas treinta
y tres de fin de semana emplazadas con una población estable estimada de 25
personas y que los fines de semana llega a cuatriplicarse debido al tipo de
residencia y al alto porcentaje de casas de fin de semana del lugar. Colonia
Bonita pertenece al partido de La Roca[4],
provincia de Buenos Aires, En ese contexto, la sorpresiva instalación de una
torre de telecomunicaciones de 45 metros de altura desató lo que aquí
caracterizaremos como una controversia pública. Esta adquiere sentido en un
contexto donde el lugar atravesaba un intenso proceso orientado a la puesta en
valor y rememoración de su tradición como colonia ruso-alemana, dentro del cual
una antena de tales dimensiones era percibida como contraria a dicho proyecto.
El hecho de que el vecino que pergeñó su instalación fuera, precisamente, uno
de los principales impulsores de la iniciativa destinada a consolidar la
colonia como un espacio definido por la vigencia de una vida tradicional
constituyó un punto clave en el desarrollo de la controversia.
A través de una inmersión etnográfica que caracterizaré como
restringida —intensa y profunda pero acotada en el tiempo—, recolecté
información sobre las acciones, discursos, reclamos y justificaciones de los
diferentes actores, complementada con entrevistas y materiales periodísticos.
Durante un poco más de tres meses, junto a una becaria doctoral del equipo de
investigación[5], nos
propusimos reunir la mayor cantidad de información posible, incluyendo: la
identificación, caracterización y periodización de los acontecimientos
directamente relacionados con la disputa que se volvió pública (21 episodios).
Sobre la base de este diseño analítico, se implementaron las siguientes
técnicas de recolección de datos: observación participante en diversas
instancias públicas vinculadas al conflicto (protestas y movilizaciones,
sesiones ordinarias y especiales del Concejo Deliberante, reuniones entre
agentes políticos y vecinos participantes), así como en eventos que, si bien no
estaban directamente relacionados con el objeto de nuestro análisis, tenían
lugar simultáneamente y eran significativos para la localidad y su gente
(celebración de la fiesta local del Kerb[6]
y la presentación de un libro sobre la zona en una localidad vecina); siete
entrevistas, algunas abiertas y otras semiestructuradas, con personas clave
involucradas, indagando en la relación entre los vínculos sociales locales y
las posiciones asumidas y los sentidos movilizados en respuesta al conflicto
(vecinos, trabajadores responsables de la instalación de la antena, concejales,
funcionarios públicos, aficionados a la historia local); una sistematización,
revisión y análisis de fuentes documentales (normativas vigentes, artículos
periodísticos, registros legislativos locales); y, finalmente, un censo
poblacional que incluyó el mapeo de las viviendas y sus distintos modos de
ocupación.
En este trabajo, construyo el objeto como un caso, en tanto
estrategia metodológica (Gulliver, 1997) orientada a la delimitación analítica
y a la reconstrucción etnográfica de una situación social concreta (Gluckman,
1940), en la que distintos principios estructurales entran en juego a través de
operaciones de actores socialmente situados (Nader y Todd, 1978). La naturaleza
artificial de esta delimitación analítica exige prestar atención al modo en que
la misma se articula con una prehistoria y con sus consecuencias sociales
(Gulliver, 1997). El caso es así concebido como una vía de acceso privilegiada
al universo social más amplio en el que la controversia se inscribe y en la
cual cobra sentido.
Desde el inicio del registro, un aspecto resultó
especialmente llamativo: aunque el conflicto podía ser, y a veces de hecho era,
caracterizado desde múltiples marcos —técnicos, jurídicos, urbanísticos,
administrativos, ambientales o políticos—, los vecinos movilizados
privilegiaron un lenguaje centrado en la vecindad. Este lenguaje se organizaba
en torno a nociones como engaño y traición referenciando vínculos personales,
historias compartidas y proyectos comunes que habían dado forma a las
relaciones que los unían. Esto suponía, en cierta medida, relegar a un segundo
plano otras interpretaciones igualmente presentes y plausibles. Su empleo no
solo configuró las interpretaciones colectivas que orientaron la protesta, sino
que también incidió de manera directa en el desenlace del caso, delimitando
tanto el alcance de la movilización como sus efectos.
En este artículo busco comprender las razones antropológicas
de dicha preeminencia y sus efectos, a partir de un recorrido en cinco
apartados. En primer lugar, presento una discusión teórica en la que reviso los
aportes centrales de cierta antropología legal al estudio de las disputas[7]: En
ese marco, recupero la propuesta de Comaroff y Roberts (1981) sobre los
conceptos de repertorio normativo y paradigma de discusión, al
tiempo que señalo las limitaciones de las lecturas centradas en la agencia
estratégica de los actores. Para superar ese sesgo, introduzco la noción de
trama social, inspirada en la idea de figuración de Elias (1990; 2012)
—entendida aquí como entramado de interdependencias—, como categoría intermedia
que permite observar las relaciones en que se inscriben los casos. Luego, en el
apartado dedicado a la reacción pública frente a la instalación de la torre en
Colonia Bonita, reconstruyo los principales hitos del conflicto. A
continuación, analizo en detalle el lenguaje moral de la vecindad como clave interpretativa
de los acontecimientos y, en el siguiente apartado, examino aquello que el
paradigma de discusión vecinal ilumina y aquello que deja en sombra, destacando
tanto sus alcances como sus límites. Finalmente, reflexiono sobre las
implicancias teóricas y metodológicas de este enfoque y sobre el modo en que
puede contribuir a la renovación de la antropología legal y política
contemporánea.
El análisis del caso muestra que, frente a la instalación de
la torre, los vecinos privilegiaron un lenguaje moral centrado en la vecindad,
aun cuando estaban disponibles otros repertorios interpretativos como fueron el
administrativo-político o el legal. Esta preeminencia del registro vecinal,
sostendré aquí, no puede ser del todo entendida desde una perspectiva centrada
en el cálculo estratégico, interés y dotaciones de poder de los actores, sino
más bien, observando la inserción de los mismos en una trama social específica,
compuesta por relaciones de interdependencia, expectativas de reciprocidad y
proyectos compartidos que lo moldea. La distinción entre diferentes repertorios
interpretativos permite comprender tanto la dinámica del conflicto como sus
límites, y la importancia de la etnografía y el concepto de trama social para
comprender por qué ciertos paradigmas de discusión se imponen sobre otros en
controversias públicas como las que analizo.
Discusión
Desde los inicios de la antropología legal, las disputas han
ocupado un lugar central como locus de indagación. La temprana propuesta
de los trouble-cases (Llewellyn y Hoebel, 1941) respondía a la necesidad
de una concepción amplia de derecho que permitiera observarlo en acción
y más allá de definiciones normativas y etnocéntricas. A partir de la década de
1960, y en especial en el marco de una renovada antropología legal
norteamericana, se consolidó un enfoque centrado en el carácter procesual de
los conflictos[8]. El caso
de disputa comenzó a concebirse como una arena donde distintos principios
estructurales entran en juego mediante las operaciones de los actores (Nader y
Todd, 1978; Snyder, 1981; Moore, 1978). Este giro implicó desplazar la atención
desde las instituciones, reglas y normas hacia las prácticas situadas,
enfatizando cómo los participantes movilizan recursos normativos,
institucionales y simbólicos en contextos específicos (Goodale, 2017).
Durante los años ochenta, este énfasis derivó además en un
creciente interés por el papel del discurso y el lenguaje (Merry, 1990a; Conley
y O’Barr, 1990; Mertz, 1992). Mather y Yngvesson (1980) sostuvieron, por
ejemplo, que “las disputas deben concebirse como un proceso de negociación
en el cual tanto el objeto de la disputa como el marco normativo a aplicar se
negocian a medida que la disputa avanza[9]”
(1980, 818). Merry (1990a), en la misma línea, propuso entender las
disputas como fenómenos comunicativos, una suerte de conversación extendida
donde los participantes intercambian mensajes cargados de intereses, emociones
e interpretaciones.
Sostengo que estos contextos
incluyen formas rivales de hablar sobre problemas y acontecimientos. Las partes
disputan interpretaciones particulares de los hechos argumentando sobre qué
marco interpretativo —qué manera de hablar sobre los problemas y los acontecimientos—
definirá el problema. Llamo a estas formas distintas de hablar e interpretar
los acontecimientos discursos. Cada discurso contiene un conjunto de
categorías, un vocabulario para nombrar hechos y personas, y un marco para
interpretar acciones y relaciones. Cada discurso incluye un repertorio
explícito de justificaciones y explicaciones de las acciones y una teoría
implícita, incorporada, acerca de por qué la gente actúa como actúa. Un
discurso suele señalarse solo a través de frases particulares o modos de
explicación; rara vez se expone en forma explícita. Cada uno se deriva de un
orden normativo particular[10] (Merry, 1990a, pp. 3-4).
La síntesis más influyente de estas transformaciones se
encuentra en Rules and Processes (Comaroff y Roberts, 1981), obra en la
que los autores buscan superar la dicotomía clásica entre enfoques
normativistas —centrados en la aplicación de reglas— y procesualistas
—enfocados en la negociación de intereses—. Para ello, introducen dos conceptos
articulados que permiten comprender cómo se construye la lógica de las disputas
entre los tswana del sur de África.
El primero es el de repertorio normativo (normative
repertoire), entendido como el conjunto de categorías, principios y valores
reconocidos localmente que constituyen el universo legítimo de discurso. No se
trata de un código cerrado ni de un sistema jerárquico de normas, sino de una
gramática simbólica flexible que organiza las interacciones sociales y, en
particular, las confrontaciones. De hecho, los autores observan que lo
fundamental no es la cita explícita de una regla, sino el modo en que los
hechos se ordenan de manera que remitan tácitamente a referentes compartidos: “la
manera en que los hechos son ordenados informa a los oyentes sobre la identidad
de la norma… por lo tanto, afirmaciones redundantes de mekgwa les parecerían a
la mayoría de los tswana una violación de las habilidades oratorias básicas”[11](1981,
85).
El segundo concepto es el de paradigma de discusión (paradigm
of argument), que refiere a la configuración narrativa que cada litigante
construye para dotar de coherencia a los hechos en torno a referentes
normativos implícitos o explícitos. Se trata, en palabras de los autores, de “una
imagen coherente de los hechos y acciones relevantes en términos de uno o más
referentes normativos implícitos o explícitos… no fija ni predeterminada[12]”
(1981, 84). Estos paradigmas son siempre situados, dependen de la capacidad
retórica de los actores, de las estrategias de la contraparte y de las
condiciones específicas del caso, y pueden variar incluso a lo largo de
diferentes audiencias.
La relación entre ambos conceptos es dialéctica: el
repertorio normativo constituye el fondo común de significados socialmente
legítimos, mientras que los paradigmas de discusión son las formas particulares
en que ese universo se activa y reordena en contextos concretos de disputa.
Gracias a esta articulación, las disputas no solo reflejan la configuración
normativa existente, sino que también la interpelan y transforman, mostrando
cómo normas y procesos se producen y reconfiguran mutuamente (Comaroff y
Roberts, 1981).
Ahora bien, si bien Comaroff y Roberts destacaron la
importancia de los contextos, su obra —y sobre todo en sus recepciones
posteriores— tendió a sobredimensionar la dimensión estratégica de la agencia
de los actores. Ellos mismos afirman que la integración de un paradigma depende
de “las habilidades oratorias del litigante, sus cálculos anticipatorios… y
sus propias intenciones estratégicas[13]”
(1981, p. 85).
Cierta y algo influyente literatura posterior profundizó
esta lectura: Mather y Yngvesson (1980), por ejemplo, sintetizaban su enfoque
como sigue:
Consideramos las diferentes
capacidades de los litigantes para argumentar sus casos; el papel de los
abogados en dar forma a la manera en que las disputas se definen y presentan;
la influencia de diversos públicos o audiencias con interés en la definición y
el resultado de un caso en particular; y las complejas relaciones y normas
informales que se desarrollan entre grupos de personas que cooperan en la
tramitación de casos, ya sea en un tribunal, en una red de chismes o en una
arena comunitaria abierta[14]” (Mather y Yngvesson, 1980, 780).
En relación a este énfasis, Merry y Silbey (1984) han
advertido que una de las limitaciones de la teoría y la práctica de la
resolución alternativa de disputas ha sido precisamente el énfasis excesivo en
concebir los conflictos como choques de intereses entre actores racionales.
Este modelo, señalan las autoras, supone que los disputantes buscan maximizar
beneficios y que, frente a foros más eficientes, recurrirán a ellos de manera
entusiasta y voluntaria. Sin embargo, tal perspectiva resulta insuficiente para
captar la complejidad de los conflictos cotidianos. Más que simples
intercambios instrumentales, muchos de los casos observados por ellas se
configuraban como disputas atravesadas por principios, valores y preocupaciones
morales más amplios.
Sin desconocer la relevancia del papel de la acción
estratégica y los intereses de las partes en el análisis de las dinámicas de
disputa, en este trabajo propongo nivelar esa dimensión con la atención a los
marcos sociológicos que configuran el proceso. Para ello recupero la
perspectiva de Elias (1990; 2012) en relación con el debate sobre el vínculo
entre individuo–sociedad. Como plantea el autor, “lo que llamamos «sociedad»
no es una abstracción de las peculiaridades de unos individuos sin sociedad, ni
un «sistema» o una «totalidad» más allá de los individuos, sino que es, más
bien, el mismo entramado de interdependencias constituido por los individuos”.
(Elias, 2012, p. 70) Esta idea se plasma en su noción de figuración,
entendida como una red de interdependencias que vincula a los actores y define
sus márgenes de acción. La clave de esta propuesta radica en desplazar la
dicotomía individuo–sociedad para centrar la mirada en las tramas de
interdependencia que constituyen a cada formación social, ofreciendo un
marco fructífero para pensar cómo las disputas se inscriben y toman forma en
contextos y procesos sociales más amplios.
En esta línea, propongo entonces utilizar el término trama
social como categoría intermedia entre la noción más abstracta de
figuración y las interdependencias concretas observadas en el trabajo de campo.
Entiendo por tramas sociales de la disputa el conjunto de interdependencias, ya
sean simbólicas, jurídicas, políticas, económicas o sociológicas, que
configuran el marco en el que la misma se desarrolla. Estas tramas deben
pensarse en su integridad configuracional antes que a partir de alguno de sus
aspectos. Inspirado en estas conceptualizaciones, los paradigmas de discusión
objeto del presente estudio no son simplemente estrategias retóricas de actores
individuales, sino formas de actualización de repertorios normativos enraizados
en tramas sociales específicas. El caso de
la antena en Colonia Bonita lo ilustra con claridad: allí, la “vecindad”, en
tanto trama y repertorio normativo, configuró el paradigma de discusión,
imponiéndose sobre otros registros posibles —administrativos, judiciales o
ambientales—. En esta prevalencia, lo decisivo no fueron los intereses en juego
ni el cálculo individual estratégico, sino la fuerza de una trama que brindó a
los actores un horizonte práctico y de sentido legítimo para interpretar los
hechos, asignar responsabilidades y movilizar sus reclamos.
Ahora bien, este énfasis en las tramas de interdependencia
no implica negar la posibilidad de agencia estratégica ni suprimir la
coexistencia de múltiples paradigmas de discusión. De hecho, el caso muestra
que los registros legal y político-administrativo estuvieron disponibles y
fueron efectivamente movilizados en determinados momentos. La cuestión
analítica no reside en su ausencia, sino en su subordinación relativa frente al
paradigma vecinal. Mi hipótesis no es que los actores hayan carecido de
alternativas, sino que la malla de interdependencias morales, personales y
recíprocas en la que estaban insertos volvió el lenguaje vecinal el más
inteligible, legítimo y movilizador en ese contexto específico. Esta relación
entre trama y paradigma no es mecánica ni generalizable de manera abstracta: es
situada y singular. Solo la etnografía permite reconstruir cómo, en cada
configuración concreta, ciertos repertorios adquieren centralidad y otros
permanecen latentes, solapados o marginales. En este sentido, el argumento no
opone estructura a agencia, sino que busca mostrar cómo las tramas de
interdependencia que constituyen a cada formación social delimitan el horizonte
práctico dentro del cual la acción estratégica se vuelve pensable.
Reacción
pública frente a la instalación de la torre en Colonia Bonita
El 19 de octubre de 2021, un portal local publicó la noticia
titulada: “Malestar y preocupación por la instalación de una antena de
telefonía en Colonia Bonita[15]”
(19/10/2021). La nota recogía inquietudes de un grupo de vecinos en torno a
una obra que consideraban por distintas razones inaceptable. En sus planteos
aparecía señalamientos como: los riesgos para la salud, el impacto visual en el
paisaje de la plaza central (La antena se estaba instalando en un predio
ubicado a pocos metros de la iglesia local, San Miguel Arcángel, declarada
Patrimonio Cultural Municipal mediante la Ordenanza Nº 4.126/2017.) y las
sospechas de arreglos poco claros entre particulares, agentes municipales y de
la provincia.
Imagen 1: Vista de la torre desde la plaza
central
Fuente propia
La reacción pública frente a la torre se inscribía en un
contexto de proyectos y horizontes que venían configurando la vida del lugar.
Colonia Bonita es una pequeña localidad del partido de La Roca, situada a 28
kilómetros de la ciudad cabecera y administrativamente dependiente de la
delegación Colonia Herbácea. Según el relevamiento realizado para esta
investigación, en el momento del trabajo de campo se registraban 68 parcelas
con algún tipo de edificación: 10 habitadas de manera permanente, 9 desocupadas,
33 utilizadas como viviendas de fin de semana, 5 en construcción, 8 en alquiler
y 3 destinadas a instituciones públicas (la comisaría, la escuela y la sociedad
de fomento).
En términos político-administrativos, Colonia Bonita no
constituye una unidad autónoma de gobierno local. La localidad depende de la
Delegación Municipal de Colonia Herbácea, donde se encuentra la sede
administrativa y desde donde se gestiona la relación con el Municipio de La
Roca. No cuenta con intendente propio ni con oficinas estatales permanentes, y
la presencia municipal en el territorio es esporádica, generalmente vinculada a
eventos puntuales o demandas específicas. Esta modalidad de gestión
territorial, común en las localidades rurales del partido, supone una
administración a distancia que condiciona los modos de acceso a bienes
colectivos y a instancias de decisión pública.
En este contexto, la “Sociedad de Fomento Juventud Unida de
Colonia Bonita” se ha constituido en un actor central para la organización de
la vida colectiva, asumiendo tareas de intermediación con el Estado municipal y
de gestión de problemas públicos cotidianos, desde el mantenimiento de los
caminos rurales hasta la articulación de actividades culturales y la
administración del patrimonio local. Sin reemplazar formalmente al Estado, su
accionar contribuye a estructurar los canales efectivos de participación y
demandas en el ámbito local.
Desde una perspectiva histórica, la localidad se inscribe en
el proceso temprano de conformación de colonias agrícolas que acompañó la
implantación de población europea sobre territorios previamente apropiados por
el Estado nacional a comunidades originarias (Angueira, 2017). La Colonia
Ruso-Alemana de La Roca, de la que Colonia Bonita formaba parte, fue creada por
decreto de la Provincia de Buenos Aires el 10 de noviembre de 1877. Luego de un
período de relativo auge, a partir de la década de 1970 su población comenzó a
atravesar un proceso sostenido de despoblamiento (Ratier, 2004), que alcanzó su
punto más crítico a fines de los años 90.
Desde inicios de los 2000, distintos vecinos impulsaron en
el lugar iniciativas que dotaron al paraje de sentidos diversos y, en
ocasiones, contradictorios: la recuperación de la tradición germana como
emblema identitario, las propuestas de agroecología y vida natural en oposición
al estilo de vida urbano, los emprendimientos de turismo rural que posicionaban
a la Colonia como destino patrimonial, el uso del lugar como espacio de fin de
semana por familias provenientes de las dos ciudades más cercanas, y también
las operaciones de especulación inmobiliaria y conflictos de tierras que
fragmentaban el paisaje social (Matta y Bahl, 2023). Cada uno de estos
proyectos implicaba redes de relaciones entremezcladas —vecinales, familiares,
comerciales, religiosas y políticas— en cuyo marco la instalación de la antena
asumía sentidos particulares; así, como trataré de mostrar en este trabajo, lo
que estaba en juego no era solo la autorización técnica de una infraestructura,
sino la forma en que esta se inscribía en una trama social previa hecha de
proyectos superpuestos, alianzas y tensiones.
Imagen 2: Cartel de protesta colocado por
los vecinos en el camino de ingreso a Colonia Bonita durante la controversia
Fuente propia
Al día siguiente de la nota en el medio local, el mismo
grupo de vecinos se reunió en las inmediaciones de la obra para manifestar
públicamente su rechazo y exigir la inmediata reubicación de la torre.
Denunciaban el carácter arbitrario de la decisión municipal —que había otorgado
el permiso tras un rechazo administrativo inicial basado en el impacto visual
negativo de la misma— y señalaban que el proceso se había destrabado gracias a
un petitorio con firmas presentado por Juan, propietario del terreno arrendado
a la empresa de telecomunicaciones. Como veremos más adelante, ese documento,
con unas veinte adhesiones de distintos vecinos del lugar, resultó ser un punto
clave del desarrollo posterior del conflicto.
Imagen 3:
Cartel exhibido durante el bocinazo ante la subasta de la casa de té
Fuente propia
Juan no era un vecino cualquiera, sino un actor clave en el
proyecto que monopolizaba todo y que buscaba revalorizar la Colonia como
atractivo turístico de fin de semana, poniendo en relieve su herencia
ruso-alemana. Dueño de una casa de té que recreaba elemento tradicionales del
lugar y que funcionaba como emblema de esa idea-proyecto, su trayectoria le
había conferido un lugar de referencia en tanto promotor pionero del proyecto
que organizó a la mayor parte de los residentes en torno al mismo. Juan había
sido la figura central de ese entramado de relaciones y proyectos que
viabilizaron la refuncionalización de ese pueblo (Matta y Bahl, 2023) al tiempo
que, como la mayoría de los vecinos que participaron de esta controversia, su
residencia principal no era en la Colonia, sino en una ciudad vecina.
A partir de la validación administrativa lograda con las
firmas de sus vecinos que su propia inserción en el entramado local le había
facilitado obtener, se sucedieron distintos episodios. Un primer grupo de vecinos
se entrevistó con funcionarios municipales y concejales oficialistas en el
Palacio Municipal, obteniendo un compromiso de gestión para dialogar con la
empresa y explorar la reubicación de la antena. El optimismo inicial generado
pronto se transformó en frustración ante el posterior silencio oficial. La
respuesta de los residentes fue ampliar sus canales de reclamo: presentaron un proyecto
de comunicación en el Concejo Deliberante y acudieron a la Defensoría del
Pueblo solicitando protección ambiental.
En paralelo, y aun cuando el conflicto había adquirido ya
amplia visibilidad en los medios locales, la compañía nunca interrumpió las
labores de montaje de la estructura. Los técnicos y operarios continuaron con
sus tareas y el trámite administrativo avanzó hasta obtener la autorización
correspondiente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) mientras que los
vecinos desplegaban sus reclamos.
En
este marco, el intendente municipal ofrece su primera declaración pública en
una radio local, donde deslindó responsabilidades y trasladó el foco al propio
vecindario:
…en un primer momento rechazamos la
instalación de la antena, pero recibí una nota entregada en mano con la firma
de varios vecinos del pueblo, y ellos solicitaron la aprobación porque les
daría conectividad al lugar. (infocielo
26/10/2021)
Estos dichos reforzaron la tensión interpretativa: ¿la
responsabilidad recaía en una falla administrativa del municipio, en un
comportamiento impropio del propio intendente que había tomado una solicitud
firmada como razón suficiente para tomar una medida de gobierno extraordinaria,
en el vecino que había impulsado el aval o en la trama de vecinos que se lo
habían otorgado? Ante esto, los concejales opositores plantearon que el
problema residía en la falta de control administrativo, mientras que los
movilizados acusaban directamente a Juan de haber engañado y dividido a la
comunidad. Juan no participaba de este debate y pese a haberlo intentado en
distintas ocasiones durante el trabajo de campo nunca pude conversar con él
sobre el tema.
El clima se tensó aún más cuando, en noviembre de 2021, se
anunció la subasta de los bienes pertenecientes a su casa de té, organizada por
una inmobiliaria de la ciudad en la que residía. El episodio tuvo una fuerte
carga simbólica, pues representaba de forma evidente el cierre de un ciclo: el
ocaso del emprendimiento y, con él, del lugar que su propietario había ocupado
en la trama local. Para muchos vecinos, la venta marcó también la ruptura
definitiva del vínculo de Juan con la Colonia y fue vivida como un agravio
moral (Cardoso de Oliveira, 2004), en tanto desconocía las relaciones de
reciprocidad y reconocimiento que lo habían unido al lugar. La instalación de
la antena en su predio había sido el hecho que había provocado la reacción que
describo, pero la subasta reforzaba aún más ese descontento en tanto se
percibía como el sello del quiebre de un régimen previo de relaciones entre la
comunidad y Juan. La protesta adoptó la forma de un bocinazo —una
modalidad extendida de acción colectiva en la Argentina—, que culminó con una
limitada intervención policial y un breve enfrentamiento con los organizadores
del remate. Nada más allá de una limitada confrontación pública pero que en el
contexto de Colonia Bonita resultaba en hecho completamente extraordinario.
Imagen 4: El “bocinazo”
Fuente propia
El conflicto se trasladó también a las sesiones del
Honorable Concejo Deliberante local, pero sin resoluciones favorables para los
vecinos. La Defensoría del Pueblo, por su parte, deslindó responsabilidades,
indicando que el control estructural correspondía al municipio y las mediciones
de radiación al ENACOM. Finalmente, un decreto municipal cerró la discusión
administrativa y los vecinos acudieron a la vía judicial. Sin embargo, los
costos económicos y personales de sostener el proceso finalmente llevaron a que
unos meses después de iniciada la demanda los vecinos abandonaran esta
estrategia.
Al momento de escribir este artículo, la torre ya está
terminada y en funcionamiento; la denuncia judicial ha sido abandonada, el
conflicto ha desaparecido de la escena pública y Juan ha abandonado sus
proyectos en la Colonia y toda comunicación con sus antiguos aliados en
aquellas iniciativas. El desenlace cristalizó la paradoja que atravesó todo el
proceso: el conflicto no concluyó con lo que se presentaba como el interés
primario de los actores —la remoción de una antena—, o de un funcionario o un
fallo judicial sino con la exclusión simbólica y material de uno de los vecinos
que había participado del proceso de construcción de Colonia Bonita como una
trama social.
El
lenguaje moral de la vecindad como clave interpretativa de los acontecimientos
La reconstrucción sintética realizada en la sección anterior
se centra principalmente en los eventos públicos que dieron forma a lo que
localmente se conoció como el conflicto por la antena de Colonia Bonita. En
esta sección, desplazo la atención hacia la cuestión de las tramas locales y el
lenguaje empleado por los vecinos, no solo en la esfera pública sino también en
ámbitos más íntimos, menos mediados e institucionales. Me interesa
particularmente reconocer cómo, en estos espacios, los vecinos movilizados de
Colonia Bonita atribuyeron sentido al asunto y establecieron un paradigma de
discusión prevaleciente y aceptado, discordante con otros que emergían en
escenarios públicos e institucionales más amplios. A través de este enfoque,
busco asimismo retomar el problema clásico planteado por la antropología social
británica acerca de la atribución de responsabilidad (Gluckman, 1972) y la
explicación de la desgracia y la adversidad mediante la acusación moral
(Evans-Pritchard, 1976; Douglas, 1992).
En la entrevista televisiva que el presidente de la Sociedad
de Fomento de Colonia Bonita dio tras la primera reunión con funcionarios
municipales, explicó con preocupación:
Nos enteramos de que, en un
principio, el municipio había dicho que la instalación de la antena no era
posible. Pero lo que pasó fue que la persona que hizo firmar a los vecinos de
la zona una especie de acuerdo, que es justamente la parte más complicada, porque
ese acuerdo… digamos… no especifica qué es lo que estaban firmando… les dijo [a sus vecinos] que era para
instalar una pequeña antena para mejorar las comunicaciones. Y claro, Colonia
Bonita es un pueblo muy solidario, y la gente a la que él se acercó lo firmó
sin problemas, en total desconocimiento de lo que iba a ser” (Registro de
campo).
Otro vecino del lugar, a quien conozco personalmente de
otros contextos y que también había asistido a esa reunión con funcionarios
municipales, comentó en una conversación que tuvimos de manera improvisada
apenas estallaron las primeras noticias del caso:
Entre los vecinos hay muchas
opiniones distintas; algunos se molestan por lo estético, otros por la salud, y
hay hasta gente más tradicional que no quiere nada. También están los que
piensan que la van a sacar pronto, y otros que dicen que no se va a ir nunca.
Pero hay un denominador común: todos están enojados con Juan (Registro de campo).
Esta descripción nativa fue reforzada analíticamente en el
trabajo de campo posterior. Los distintos actores del conflicto, parte del
grupo movilizado de residentes de Colonia Bonita, expresaron reiteradamente su
indignación en las conversaciones cotidianas. A veces se interpretaba como
engaño, otras veces como traición cometida por el vecino que había cedido su
terreno para la instalación de la torre. En todos los casos se resaltaba la
falta de adecuación moral entre lo que había hecho Juan y los tipos de vínculos
que lo unían con el resto de los vecinos. “Y claro, Colonia Bonita es un
pueblo muy solidario, y la gente a la que él se acercó lo firmó sin problemas,
en total desconocimiento de lo que iba a ser”.
La acusación de engaño estaba vinculada al hecho de que el
instrumento administrativo que había facilitado la aprobación de la antena en
su propiedad era una hoja con firmas de vecinos dando su consentimiento. Muchos
de los movilizados reconocieron haber firmado, pero alegaron haber sido engañados
por Juan, quien, al solicitar la firma, los convenció de los beneficios
que traería el proyecto en términos de acceso a internet y conectividad en
Colonia, sin mencionar el tamaño real de la estructura. Señalaban además que se
conocían hacía mucho y que nadie dudaría de sus intenciones.
Junto con la idea de engaño, emergió otro relato
estrechamente vinculado al contexto local, que giraba en torno al concepto de traición.
Como se señaló, Juan había desempeñado un papel central en el proyecto que dio
origen a la naciente comunidad de Colonia, enfocado en un estilo de vida rural
y en las tradiciones ruso-alemanas heredadas de su fundación como colonia. La
introducción de una torre autoportante de 45 metros se percibía como algo fuera
de lugar en el marco de aquel proyecto compartido, una anomalía simbólica en
términos de Douglas (1973), que contradecía el espíritu de aquellas ideas.
Que la instalación de una torre de tales dimensiones en el
centro del pueblo —entendida como una intervención estéticamente discordante
con la noción de vida tradicional que habían estructurado los proyectos
locales— proviniera precisamente de quien había sido una figura clave en la
exaltación de ese carácter del lugar fue interpretado como un acto de traición
a un esfuerzo e historia local compartida. La relación de Juan con el resto de
los vecinos se había construido en torno a ese proyecto común, y por eso la
iniciativa que lo contrariaba fue vivida como una ofensa a los compromisos
morales que habían dado forma a las tramas que unían a Juan con sus vecinos.
Cuando tuvo lugar el bocinazo durante el remate de
los objetos que habían pertenecido a la casa de té, acompañamos a una de las
familias más movilizadas a su casa y conversamos largo rato sobre lo que estaba
ocurriendo. Durante la charla, se sumó otra mujer, diciendo que una vecina
estaba muy dolida con Juan porque algunos objetos de su abuela, que ella le
había confiado, iban a ser vendidos en el remate. “Esta situación representó
el fin de una amistad de 15 años” (Registro de campo).
Otro vecino que había firmado la hoja lamentaba lo sucedido:
“Juan todavía no pidió disculpas, y ya está alquilando el lugar que antes
funcionaba como casa de té”. Agregó que había firmado cuando Juan se lo
pidió: “Me dijo que estaba fundido y que no tenía ni para comer. Me dijo que
le ofrecieron 300.000 pesos”. Y reflexionó: “Es una persona conocida la
que te dice eso, y supuestamente la antena era como la de enfrente de la casa
de Juan, mucho más chica” (Registro de campo).
Esta clave interpretativa, centrada en ideas de engaño y
traición, cargada de relaciones personales y de moral vecinal (Matta, 2016),
contrastaba con otra interpretación que emergía en los ámbitos públicos e
institucionales, donde el asunto se enmarcaba más en términos de violaciones
legales, fallas administrativas, irresponsabilidades políticas y daños
colectivos vinculados a derechos ambientales y de salud.
Cuando los vecinos fueron recibidos por concejales del
Honorable Concejo Deliberante local, la tensión entre una interpretación
centrada en la ruptura de la moral vecinal (que organizaba la interpretación de
los hechos entre los vecinos) y otra focalizada en falencias legales y/o
administrativas (utilizada por actores institucionales) resultó evidente. El
presidente del cuerpo, miembro del oficialismo, preguntó a los vecinos sobre
las circunstancias que los llevaron a firmar el documento que había facilitado
la aprobación de la torre. Aunque esto generó desaprobación entre la mayoría de
los presentes, el presidente de la Sociedad de Fomento de Colonia Bonita, que
representaba a la Colonia en ese momento, respondió describiendo las
circunstancias: que había sido un vecino, que se dijo que era para mejorar las
comunicaciones en la zona, que no se dieron detalles del tipo de equipamiento y
que fue durante la pandemia, cuando Juan enfrentaba dificultades económicas.
Otros vecinos presentes añadieron que era además una persona conocida y de
confianza. Ante esto, el concejal que presidía el cuerpo preguntó si alguien
del municipio le había pedido hacerlo, a lo que el presidente de la Sociedad de
Fomento respondió que no.
En ese contexto, un concejal opositor pidió la palabra y
remarcó la necesidad de evitar tensiones entre vecinos (en alusión a la
pregunta previa del presidente) y enfocarse en la cuestión administrativa.
Preguntó si ya habían iniciado una medida cautelar para llevar el asunto
nuevamente al terreno legal y administrativo. (Registro de campo) La disputa se
centraba ahora explícitamente en el lenguaje a utilizar para discutir los
hechos. Los concejales opositores, como políticos profesionales, sabían que el
lenguaje vecinal limitaría el procesamiento institucional y político del
asunto.
Otro concejal opositor, con amplia trayectoria en la
localidad, pidió la palabra y sostuvo que la existencia o no de una nota
firmada por vecinos no alteraba las responsabilidades del Ejecutivo municipal
sobre el tema. Dio varios ejemplos hipotéticos en tono burlón, mostrando que
justificar una decisión municipal en base a una nota firmada por vecinos era
absurdo. Señaló que el Ejecutivo no se eximía de responsabilidades, aunque
existiera dicha nota. Recalcó que discutir lo que los vecinos habían hecho o no
era irrelevante para el tema en debate, pues se trataba claramente de una falla
administrativa del Estado Municipal.
Imagen 5: Reunión de vecinos con concejales
en el Honorable Concejo Deliberante local.
Fuente: Central de Noticias
En la sesión del Concejo Deliberante del 28 de octubre de
2021 se trató el asunto presentado por los vecinos. Tras un debate entre
bloques, se solicitó no incluirlo en el orden del día y girarlo a la Comisión
de Legislación. En ese marco, una vez aprobada la moción, un concejal opositor
pidió la palabra y expresó:
Creemos que está bien que podamos
tener la oportunidad de trabajar juntos y escuchar a los vecinos que vienen con
este tema desde hace más de 10 días. (…) La verdad es que, siendo
representantes, y estando aquí representando a nuestros vecinos, no podemos seguir
mirando para otro lado con esta situación. Es una situación que dejó de ser un
conflicto privado, se transformó en un asunto de interés público. Y, en esta
situación, hay un actor importante que parece que estamos olvidando… digo que
estamos olvidando un actor importante vinculado al municipio. Porque la
realidad es que, más allá de esta situación tan triste, no podemos olvidar que
hay normativas preexistentes, normativas provinciales, normativas municipales.
Uno puede revisarlas en detalle, y hay situaciones que son bastante irregulares. (Registro de campo)
Las posteriores declaraciones del intendente en la prensa
local también evidenciaron esta tensión entre dos posibles lenguajes de
discusión, con un uso estratégico evidente:
No sé si fueron engañados – los
vecinos- o cómo fue el pedido de firmas porque yo no fui parte, pero si fue
receptor de un pedido de la mayoría de los vecinos para que se mejore la
conectividad porque eso también brinda mejoría para una localidad que también
tiene netamente tinte turístico.
(En Línea Noticias, 26 de octubre de 2021)
Como se señaló al inicio de este artículo, la tensión entre
al menos tres interpretaciones del problema —legal, político-administrativa y
vecinal— resultó significativa desde el comienzo. En cada una de ellas, un
mismo hecho se configuraba de manera diferenciada y, fundamentalmente,
orientaba el curso de la acción y la asignación de responsabilidades de formas
muy distintas. Desde la perspectiva legal, se trataba de una violación de la
normativa vigente que requería la apertura de un proceso judicial contra el
Estado municipal, señalado como responsable. En la interpretación
político-administrativa, en cambio, la disputa debía darse en el ámbito del
Concejo Deliberante y el conflicto era leído más bien como una falla
administrativa —la aprobación de la instalación de la antena— o un
comportamiento indebido por parte del intendente en cuyos casos, la
responsabilidad se atribuía al oficialismo. Finalmente, en la interpretación
vecinal, el acontecimiento se explicaba en términos de traición, y la
responsabilidad del suceso recaía sobre la figura del vecino.
En mi rol de observador semi-externo, se hizo evidente que
una interpretación desplazaba a la otra, y todo ello impactaba negativamente en
las estrategias y los objetivos perseguidos por los vecinos. El lenguaje moral
de la vecindad como paradigma de discusión enfatizaba la culpa moral del
vecino, desplazando la posibilidad de otra interpretación donde las
responsabilidades legales y administrativas del Estado ocupaban un lugar
central. En cada escenario, la asignación de responsabilidad variaba, y con
ello, las posibilidades legales y políticas de resolución. Sin embargo, el tema
nunca fue objeto de reflexión explícita por parte de los vecinos y, por ende,
nunca se enmarcó como problemático para ellos. Los vecinos estaban más
familiarizados y eran más sensibles al lenguaje moral de la vecindad que al del
Estado y sus burocracias, por lo cual las nociones de engaño y traición
resultaban más relevantes en ese contexto que las de delito o falla
administrativa.
Lo
que el paradigma de discusión vecinal ilumina y lo que no
El análisis de las circunstancias en Colonia Bonita permite
advertir con claridad cómo el paradigma de discusión que se impuso iluminó ciertos
aspectos centrales del proceso y, al mismo tiempo, dejó en la sombra otras
dimensiones que podrían haber sido igualmente relevantes para el desarrollo del
caso. En su faz más visible, el recurso a la vecindad como marco interpretativo
permitió a los actores organizar la experiencia de la controversia en torno a
categorías morales como el engaño y la traición. Estas nociones
condensaban la percepción de que un vecino había quebrantado las expectativas
recíprocas que hasta ese momento habían posibilitado un proyecto local
compartido. La antena, en este sentido, no fue solo una infraestructura técnica
o un problema legal o administrativo: se transformó en el símbolo de una
ruptura en los lazos que, hasta ese momento, había articulado la trama social local.
La vecindad devino en marco pertinente y compartido para
interpretar los hechos, conectar causas con consecuencias, asignar
responsabilidades y orientar la acción. Al interpretar el conflicto en términos
de una moralidad vecinal, los actores movilizados lograron construir una
narrativa coherente, comprensible para todos los miembros de la comunidad, que
definía responsabilidades de manera clara: la figura de Juan como traidor
y engañador se convirtió en el paradigma de discusión que dio
cohesión semántica y práctica al reclamo. Así, el paradigma de la vecindad no
solo organizó la interpretación de los acontecimientos, sino que también
reforzó identidades colectivas, demarcó fronteras internas y dio sentido a la
acción colectiva desplegada.
Pero esta potencia interpretativa tuvo como contracara un
efecto restrictivo. El énfasis en la culpabilidad moral de un vecino desplazó
otras lecturas posibles del conflicto. La narrativa centrada en el mal
vecino hizo perder relevancia a registros alternativos como: las falencias
administrativas que permitieron la autorización de la obra; las
responsabilidades legales y políticas del municipio y de los organismos de
control; las implicancias ambientales y de salud que la instalación de la torre
podía conllevar; y la asimetría estructural de poder entre una comunidad local
fragmentada y una corporación multinacional de telecomunicaciones. Cada una de
estas alternativas suponían una manera particular de interpretar y procesar los
hechos y recargaban la responsabilidad en distintos actores. Estos marcos,
aunque presentes en ciertos momentos (por ejemplo, en el Concejo Deliberante o
en el intento judicial posterior), nunca lograron imponerse como dominantes
dentro de la trama vecinal. Su relevancia era absorbida y reinterpretada bajo
el prisma de la moral vecinal, en el que la crisis aparecía menos como un
problema de regulación estatal o de control corporativo que como una fractura
interna de la comunidad.
En este punto se revela el carácter ambivalente del
paradigma vecinal: iluminó la dimensión de las relaciones interpersonales y de
la moralidad cotidiana, pero a costa de oscurecer el entramado político,
institucional y económico más amplio en el que los hechos se inscribían. La
prevalencia de esta clave interpretativa tuvo efectos concretos en la
trayectoria del conflicto: al centrar el problema en la falta moral de un
vecino, las posibilidades de escalar el reclamo hacia instancias
administrativas, judiciales o incluso mediáticas quedaron de alguna manera
limitadas. El lenguaje de la vecindad cohesionó al grupo local, pero al mismo
tiempo restringió la construcción de alianzas más amplias -y en cierto sentido
más estratégicas- y la exploración de otros lenguajes con mayor potencia legal
y política.
El contraste con los actores externos resulta significativo.
Concejales opositores, partidos políticos y abogados que por diferentes razones
apoyaban el reclamo, intentaron en distintas instancias desplazar el eje de la
discusión hacia marcos administrativos, políticos o jurídicos. Sin embargo,
esas alternativas, si bien eran reconocidas por los vecinos movilizados, no
lograron desplazar la centralidad del lenguaje vecinal. Para los vecinos, el
lenguaje del engaño y la traición era el más familiar y convincente. Los
registros institucionales podían ser comprendidos, pero no tenían el mismo
arraigo sociológico que las categorías morales de la vecindad.
El desenlace del conflicto ilustra este punto de manera
elocuente: la torre permaneció en pie, mientras que el vecino señalado como responsable
terminó marginado y finalmente abandonó la comunidad. El paradigma de discusión
vecinal, al organizar el sentido de la disputa, condicionó su resultado. Lo que
estaba en juego no era únicamente la presencia o ausencia de la antena, sino la
vigencia moral de una trama local. El caso muestra así cómo, el paradigma de la
disputa no solo moldea la interpretación de los hechos, sino que también
produce efectos sociales tangibles: ilumina ciertos problemas, invisibiliza
otros y, al hacerlo, configura tanto las dinámicas como los desenlaces de los
conflictos.
Consideraciones
finales
En este trabajo busqué mostrar que el paradigma de discusión
vecinal no fue solo un repertorio disponible, sino una forma socialmente
enraizada de experimentar y organizar la experiencia del conflicto. Al
articular paradigma de discusión y trama social, propuse un desplazamiento
respecto de las lecturas centradas en el cálculo estratégico: los actores
recurrieron a la vecindad no al cabo de una evaluación estratégica e interesada
orientada a retirar la torre del lugar, sino porque habitaban una malla de interdependencias
que volvía ese lenguaje inteligible, legítimo y movilizador.
En el plano conceptual, el caso precisó la relación entre
repertorio normativo y paradigma de discusión (Comaroff y Roberts, 1981) al
insertar esa articulación en configuraciones más amplias (Elias, 1990; 2012).
El concepto de trama social funcionó como categoría intermedia que permite
comprender por qué ciertos repertorios se actualizan y otros quedan en la
sombra. De este modo, mostré cómo y por qué un lenguaje o paradigma de
discusión puede desplazar otros marcos latentes como en este caso fueron los legales,
administrativos o políticos.
Desde un punto de vista metodológico, lo que se propuso como
una inmersión etnográfica restringida se reveló adecuada para captar
sentidos y giros de lenguaje, umbrales morales (engaño/traición) y su
traducción en prácticas (bocinazos, firmas, acusaciones). Este formato
intensivo y acotado en el tiempo permitió atender a la dinámica y temporalidad
del conflicto y a la producción local de interpretaciones.
Analíticamente, se mostró que el paradigma vecinal tuvo
efectos performativos: en cierta medida cohesionó al colectivo, dotó de sentido
la acción y moldeó las prácticas e interpretaciones. Al mismo tiempo, limitó el
escalamiento hacia foros con mayor potencia institucional. El resultado —una
antena en pie y la exclusión simbólico-material del vecino señalado— mostró que
las disputas se tramitan también como reacomodamiento moral interno a un grupo,
y no únicamente como modificación material del objeto controvertido.
Por último, en cuanto a alcances y límites, resulta evidente
que se trató de un caso en una pequeña localidad con fuerte peso de proyectos
comunales. Sin embargo, la lógica identificada —la preeminencia de lenguajes
morales que dan forma interpretaciones y estructuran procesos y
responsabilidades— puede pensarse también en controversias urbanas de otras
magnitudes (antenas, basurales, obras viales, represas) y en conflictos
socioambientales de mayor escala, donde también suelen competir registros
morales, económicos, políticos, técnicos y jurídicos.
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