“…NI DIERON QUEJA ALGUNA CONTRA SU ENCOMENDERO…” TRIBUTO,
MITA Y TRABAJO INDÍGENAEN LOS PUEBLOS DE INDIOS
DE JUJUY. CONTEXTOS
POLÍTICOS Y DIFERENCIAS REGIONALES. SIGLO
XVII
"... NEITHER THEY MADE
ANY COMPLAINT AGAINST
THEIR ENCOMENDERO..."
TRIBUTE, MITA AND INDIGENOUS WORK IN INDIAN
PEOPLES OF JUJUY. POLITICAL
CONTEXTS AND REGIONAL DIFFERENCES. 17 th CENTURY
Gabriela Sica
CONICET-UNJu
gabrielasica@gmail.com
Fecha de ingreso: 15/03/18
Fecha de aceptación: 11/09/18
Resumen
En este trabajo analizaremos la manera
en que la necesidad de mano de obra en la jurisdicción de la ciudad de San
Salvador de Jujuy contribuyó a restringir lentamente el poder coercitivo de los
encomenderos y la permanencia del “servicio personal” como relación tributaria.
Dicha competencia por el acceso a la mano de obra indígena se puede analizar a
través de los innumerables conflictos por la organización, cumplimiento y
distribución de la mita de plaza, en las diferentes formas de presión contra
los encomenderos y en la búsqueda de mecanismos alternativos para obtener trabajadores.
En este proceso habrían intervenido no sólo el cabildo, los encomenderos, los
caciques y las comunidades sino también vecinos sin encomiendas, mineros e indígenas
forasteros. Dentro de este panorama general se plantearon algunas diferencias regionales.
Palabras claves: Servicio personal, Mano de
obra, Mita de plaza.
Abstract
This paper will
analyze the way in which -in the jurisdiction of San Salvador de Jujuy -the
need for labor slowly contributed to restrict the coercive power of the encomenderos and the permanence of personal service as a
tributary relationship. The competition for access to indigenous labor can be
analyzed through many different conflicts, over the organization, compliance
and distribution of the mita de plaza, in
the different ways of pressure against the encomenderos
and in the search for alternative
mechanisms to find workers. In this process not only the Cabildo, encomenderos, caciques and
communities, but also neighbors without encomiendas, miners, and foreign Indians would have been
involved. Within this
general view, there exist some regional differences.
Key
words: Personal service, Indigenous labor, Mita de plaza.
Introducción
En 1694, un fatigado visitador volvió a la jurisdicción de
Jujuy para concluir con su visita comenzada dos años antes. En ese lapso, el
oidor Luján de Vargas, había recolectado una gran cantidad de denuncias y
quejas a lo largo de la gobernación de Tucumán. Las mismas mostraban la
experiencia y consecuencias de la pervivencia del servicio personal en la mayor
parte de las encomiendas, práctica que la legislación y la acción de algunos
funcionarios no habían podido erradicar a lo largo de casi un siglo. Sin embargo, al volver a Jujuy la conclusión
de la visita fue relativamente rápida y fácil. La mayor parte de los caciques y
tributarios: “no dijeron cosas que contraviniese a las
cedulas, leyes y ordenanzas ni dieron queja alguna contra el dicho encomendero”[1].
Lo que marcaba una importante diferencia con la visita y los desagravios
realizados por Luján de Vargas en el resto de las encomiendas del Tucumán.
Las únicas excepciones en este panorama fueron tres
tributarios de Casabindo que reclamaban que eran obligados a pagar su tasa
participando en las matanzas de ganado que organizaba el encomendero e
impidiéndoles concertarse para terceros[2].
Para lograr esto, el encomendero debió ejercer acciones violentas, en las que
intervenían sus mayordomos o algún funcionario cercano. La otra razón de
agravio la expusieron tres tributarios de Uquía (encomienda de Humahuaca) por
debérseles tiempo de trabajo extra en las explotaciones del encomendero una vez
condonada la tasa, haciéndolo además en contra de su voluntad[3].
Estos reclamos presentados por los tributarios de Casabindo y de Uquía, así
como su ausencia en las otras encomiendas, dejan entrever una situación
diferente al resto de las encomiendas del Tucumán en las cuales los agravios
provocados por la pervivencia del “servicio personal” fueron ampliamente
expuestos ante el visitador.
¿Cuáles fueron las razones que explican este proceso
divergente en la jurisdicción de Jujuy? En su trabajo pionero sobre la
desestructuración de las sociedades indígenas del Tucumán, Ana María Lorandi
planteaba un sombrío panorama sobre el extendido y rápido proceso de
desestructurador con sus secuelas de mestizaje, pérdida de identidades étnicas
y desmembramiento de las comunidades. Una de las causas principales de este
proceso eran las particularidades de la encomienda de servicio personal, que
superponía diferentes obligaciones de los indígenas con el encomendero y que,
al no estar tasado, favorecía una excesiva captación del excedente y de la
fuerza de trabajo indígena, al punto de no permitir la propia reproducción
económica y social de los encomendados. Sin embargo, Lorandi reconocía la
existencia de algunas diferencias regionales:
los indígenas …
de la Quebrada de Humahuaca y de la Puna … que entran en servicio a fines del
siglo XVI, no siempre responden a los patrones de los valles centrales, pero
tampoco se ajustan estrictamente a los del Alto Perú. Un mejor estudio de la
situación en el extremo norte del país aclararía estas posibles diferencias que
conocemos en forma incompleta [4]
Esta disonancia con el panorama general
de desestructuración y pervivencia del servicio personal para Jujuy ya había
sido advertida por Gastón Doucet en el artículo pionero que presentaba y
analizaba la visita del oidor de la Audiencia de La Plata Antonio Martínez
Luján de Vargas a las encomiendas del Tucumán, a finales del Siglo XVII:
Debe señalarse que Jujuy parece haber constituido una excepción a estos
predominantes en el resto de la gobernación; de acuerdo con lo que dejan ver
los autos de la visita, en el distrito de aquella ciudad el funcionamiento de
la institución de la encomienda se asemeja más al vigente en regiones como el
Perú, en donde regía efectivamente el sistema estatuido por la Corona[5]
Las
diferencias que caracterizaban a las encomiendas de Jujuy y que habían sido señaladas por Lorandi y Doucet era el mayor
cumplimiento de las ordenanzas y que a lo largo del siglo XVII, el tributo
fuera pagado en servicio personal o dinero (aunque es difícil cuantificar en
qué proporción)[6].
Desde la
invitación de Ana María Lorandi a profundizar el estudio de las poblaciones
indígenas coloniales de Jujuy, se desarrollaron una interesante cantidad de
trabajos, sobre la historia y característica de diferentes encomiendas de la
jurisdicción. De su conjunto, podemos distinguir dos vías explicativas
divergentes: una que asume que los factores diferenciales de las encomiendas y
pueblos de indios de Jujuy se deben a su estrecha vinculación con la dinámica
histórica charqueña y la existencia de patrones culturales andinos[7].
Otra que considera que su particularidad residía en la interrelación de
elementos tales como: las características de las sociedades prehispánicas y sus
relaciones con el Tawantinsuyu, el desarrollo del proceso de dominación europeo,
la ubicación geográfica que condicionaba la obtención de recursos y las actividades
económicas tanto indígenas como españolas, el rol político de los caciques, las
relaciones y tramas políticas y económicas que vinculaban a encomenderos,
funcionarios, vecinos, caciques y comunidades. A ello se sumaba la posesión de
tierras comunales, la movilidad geográfica indígena, así como una fuerte
competencia por la mano de obra por parte de diferentes sectores de la región y
de fuera de ella[8].
Uno de los
aspectos menos estudiados de este proceso fue el desarrollo de esta pugna en la
que además de encomenderos, tributarios y el cabildo comenzaron a intervenir
otros actores como los vecinos sin encomienda y mineros. En este trabajo, analizaremos la manera en que
la necesidad de mano de obra en la jurisdicción traducida en los innumerables
conflictos por la organización, cumplimiento y distribución de la mita de
plaza, en las diferentes formas de presión contra los encomenderos y en la
búsqueda de mecanismos alternativos para obtener trabajadores, contribuyeron a
restringir lentamente el poder coercitivo de los encomenderos y del servicio
personal como relación tributaria. El resultado
de esta competencia habría permitido moderar las condiciones que imperaban en
otras jurisdicciones en relación con el servicio personal y un mayor grado de
cumplimiento de la normativa contra el mismo, aunque este proceso tuvo algunas
diferencias regionales dentro de la propia jurisdicción. En el mismo
retomaremos los datos analizados en una publicación anterior sobre la mita de
plaza en Jujuy para incorporarlos en el contexto más amplio del requerimiento
de mano de obra indígena por parte de los diferentes agentes del sistema
colonial.
Encomenderos, vecinos e indígenas. Las encomiendas de Jujuy.
Los conquistadores que secundaron, en
1593, a Francisco de Argañaraz en la fundación de Jujuy eran pocos. Sólo una
treintena de veteranos, que habían participado con la expectativa de obtener
alguna recompensa al esfuerzo invertido, especialmente con una merced de
encomienda ya que ser poseedor de una de ella implicaba obtener importantes
ventajas y convertirse en un vecino principal, conseguir prestigio social y
adquirir un sustento material por el acceso privilegiado a la mano de obra que
significaban las encomiendas tucumanas a fines del siglo XVI.
Sin
embargo, la mayor parte de la población indígena de la nueva jurisdicción ya se
encontraba encomendada, desde tiempo antes, y sólo el fundador Argañaraz logró
alcanzar el ansiado premio al convertirse en el encomendero de Tilcara, Ossas y
Gaypete. El resto de la hueste tuvo que conformarse con obtener algunas
mercedes de tierras y solares en los límites de la nueva ciudad. La razón de
ello era que la mayor parte de la población indígena de la región ya había sido
encomendada desde largo tiempo atrás. Parte de los habitantes de las tierras
altas habían quedado encomendados en1540 dentro de repartos mayores. El resto
había sido encomendado con la fundación de la ciudad de Salta en 1582.
Una de las quejas más reiteradas de los
nuevos vecinos de Jujuy fue que los pobladores de la región estaban
encomendados a los vecinos de otras ciudades, ya que éstos llevaban mucho
tiempo de repartidos a vecinos de Tarija y Salta, que no habían participado de
la empresa fundadora. Los integrantes de la hueste de Argañaraz notaron con
preocupación cómo, a medida que se poblaba Jujuy, empezaron a asentarse los
antiguos encomenderos, mientras escaseaban sus posibilidades de obtener alguna
mano de obra para poner en explotación las tierras adquiridas en la fundación.
En los primeros años de establecida la
ciudad, 12 españoles podían exhibir mercedes de encomienda sobre la población
indígena de la jurisdicción. A comienzos del siglo XVII, tras varios pleitos,
convenios, renuncias y desnaturalizaciones quedaban nueve encomiendas hasta la
década de 1630, momento en que el encomendero de Churumata mudó a los
integrantes de esta encomienda a Tarija. Por esta razón, pervivieron ocho
encomiendas en la jurisdicción de Jujuy durante de los siglos XVII y XVIII.
En 1607, la jurisdicción de la ciudad
de Jujuy tenía unos 490 tributarios distribuidos en sus nueve encomiendas[9].
En 1673, durante el recuento realizado durante el gobernador Peredo se
contabilizaron 463 tributarios en las encomiendas de Jujuy. Del total de las ocho
encomiendas, tres de ellas tenían entre 109 y 60 tributarios mientras que de
las cinco restantes, la mayor tenía algo más de 40 y la más pequeña sólo 12
tributarios[10].
Esta población había sido concentrada en pueblos fundados por los propios
encomenderos. Los de las tierras altas, la Puna y la Quebrada de Humahuaca, se
ubicaron en zonas cercanas a las instalaciones prehispánicas, mientras que otro
grupo de pueblos fue emplazado en el valle de Jujuy, luego del traslado forzoso
de su población desde los valles orientales. Ellos pertenecían a las
encomiendas de menor tamaño - a excepción de las de Ocloya- y sus pueblos se
instalaron en las propiedades privadas de sus encomenderos[11].
En
cuanto a la población española en la ciudad, en 1593 el fundador de la ciudad
había repartido tierras a 45 vecinos con la esperanza que se instalaran en la
novel ciudad. A tres años de la fundación, el Cabildo sólo contabilizaba 20
vecinos permanentes[12].
Poco a poco, la población se fue estableciendo con un proyecto que parecía más
estable. En 1629, se registraban unas 30 casas en la ciudad y en 1641 llegaban
a 83 los vecinos y moradores varones. En la segunda mitad del siglo, más
exactamente en 1682, algún pleito señalaba la presencia de 100 habitantes[13].También fue importante, tal como
se puede constatar en los registros notariales, la cantidad de residentes
temporarios en la ciudad. Ellos solían ser comerciantes de ganado, textiles y
otros productos. Aún con las imprecisiones de estos registros, la tendencia
mostraría que, a lo largo del siglo XVII, los tributarios se mantuvieron en un
número más o menos constante (aunque con una leve baja), mientras que existía
un sostenido crecimiento de población española y de aquellos vecinos que
requerían de mano de obra.
La ciudad de San
Salvador se había fundado para asegurar la ruta entre el Tucumán y el Alto Perú
en el momento de apogeo de la producción minera potosina. Las rutas principales
pasaban por la jurisdicción y a lo largo del siglo XVII, y las especializaciones
productivas de sus habitantes fueron el transporte, la arriería, el engorde y
venta de ganado en pie, la venta de “comida” y de elementos de madera para la
industria minera[14].
Además, en la Puna de Jujuy desde comienzos del siglo XVII comenzó a
desarrollarse el cateo y explotación de minas de plata y posteriormente se le
sumara la extracción de oro[15].
Desde la fundación de
la ciudad, los vecinos comenzaron a demandar mano de obra indígena para la
construcción de las primeras casas particulares, los edificios públicos como el
cabildo y la iglesia, el sistema de acequias para proveer de agua a la ciudad,
pero también para poner en producción las tierras obtenidas por mercedes y la
explotación de las vetas halladas en la Puna. En los años siguientes a la
fundación, la mayor parte de los encomenderos tomó posesión de ellas. Esto
habilitaba a los encomenderos a cobrar el tributo de sus encomendados bajo la
forma del “servicio personal”.
Encomenderos contra vecinos. La institucionalización de la mita de
plaza
Las encomiendas facilitaban el control
de la mano de obra y la captación de trabajo indígena debido a que el tributo
no estaba tasado y a través del “servicio personal”, como forma tributaria, los
encomenderos podían cubrir sus necesidades de pastores, agricultores,
servidores y arrieros para sus haciendas, estancias y negocios[16].
En el caso de la encomienda de Casabindo y Cochinoca, a estos requerimientos,
el encomendero les sumaba el trabajo en la incipiente actividad minera de la
Puna[17].
Al momento de la fundación de Jujuy, regían las ordenanzas
del gobernador Abreu, desde hacía varios años. Su promulgación había sido un
intento de frenar los abusos del sector encomendero debido al extremo
aprovechamiento del “servicio personal” ya que el tributo no estaba tasado. Las
mismas habían sido el resultado de los enfrentamientos entre los encomenderos y
los funcionarios reales y formaban parte del intento de restringir, parcialmente,
el importante poder que habían adquirido los encomenderos en la gobernación de
Tucumán. Según Palomeque, el efecto de estas fue limitado ya que no habían
logrado fijar la tasa en productos o en dinero, ni tampoco separar a los pueblos
de indios de los encomenderos[18].
En la práctica, las ordenanzas de Abreu eran escasamente acatadas al punto que
el propio virrey Toledo ordenó al nuevo gobernador de Tucumán regularizar la
situación de las encomiendas en la región de manera definitiva[19].
Estos proyectos políticos eran seguidos, con algunas
esperanzas, por aquellos vecinos que no siendo encomenderos buscaban encontrar
algún mecanismo por el cual acceder al trabajo indígena[20].
En Jujuy, este sector, aunque minoritario, tenía participación en el cabildo y
en algunos momentos, se constituyeron en un nuevo actor político en la pugna
por la aplicación de ordenanzas y normas que trataban de debilitar el poder de
los encomenderos y terminar con la práctica del “servicio personal”.
En cada ciudad, los vecinos participaban y actuaban en los
diferentes oficios que conformaban los cuerpos capitulares. Como órgano de
gobierno y justicia local, los cabildos americanos reglamentaban las diferentes
esferas de la vida social, las cuestiones económicas, judiciales y religiosas
de la ciudad y el ámbito rural comprendido bajo su jurisdicción. Por sus
funciones y composición eran el espacio de disputas por el poder político y
económico entre los grupos locales de poder y en otras ocasiones entre estos y
el poder real, encarnados en la figura de gobernadores, tenientes de gobernadores,
visitadores u otros funcionarios[21].
En muchos casos, la mayoría de los integrantes
de los cuerpos capitulares estaban emparentados entre sí y las disputas por el
poder político convertían a estos espacios en el escenario de luchas facciosas
que podían ser cambiantes según intereses, tramas políticas y alianzas.
Durante
los años iniciales de la ciudad, el cabildo se encontró inmerso en una agria contienda
entre las dos familias encomenderas principales (Francisco de Argañaraz y Juan
Ochoa de Zárate) que además contaban cada uno con el apoyo de los gobernadores
de Tucumán o la Audiencia de Charcas[22].
En gran parte de estos años, mientras se resolvía esta controversia, los
vecinos sin acceso a encomiendas lograron una pequeña victoria frente a los
encomenderos al lograr la primera institucionalización de la mita de plaza en
1596[23].
La
reglamentación de la mita se daba en el contexto del gobierno de Mercado de
Peñaloza cuyo proyecto político contemplaba un ordenamiento de la población
indígena de las encomiendas del Tucumán y la intención de realizar visitas que
controlaran los abusos del “servicio personal”[24].
Mercado de Peñaloza había llegado a Jujuy a poco de su fundación, participando
activamente de la pacificación definitiva de la jurisdicción. Por ello, había
escuchado personalmente las quejas y conocía perfectamente la problemática de
los vecinos que no tenían encomiendas. La misma giraba en torno a la falta de
mano que apremiaba a los habitantes de la nueva ciudad:
en que poder aser merced
[de
encomienda]a los vecinos de la ciudad si no es vuesa merced
se a servido mandar vengan a ella algunos indios de mita que les edifiquen sus
cassas guarden sus ganados y agan sus chacras y con que de otra manera en
ningun modo se podran sustentar ni yr de adelante esta ciudad por los tanto
trabajos que tienen[25]
En noviembre de 1595, el propio gobernador, estando
en la ciudad, organizó el servicio de mita de plaza[26].
La medida se fundamentaba en procurar el beneficio de los vecinos más
necesitados y la exigencia de afianzar la población de la novel ciudad ante la
imposibilidad de premiar a sus pobladores con encomiendas. Este primer reglamento
contemplaba la provisión de cincuenta y seis mitayos para la plaza de la ciudad,
obligación que recaía en una población indígena sobre la cual sus encomenderos
recién estaban tomando posesión. En ese momento, aprovechando el servicio
personal varios de los principales estaban trasladando a sus tributarios para
trabajar en sus propiedades o como mano de obra en la incipiente actividad minera de la
Puna[27].
Con estas
prácticas se enfrentaban con los intereses de los vecinos no encomenderos que
dependían de la provisión de mano de obra mitaya y a quienes los encomenderos
perjudicaban directamente cuando lograban sustraer tributarios del cumplimiento
de los turnos previstos, debido a los traslados y ocultamientos. Durante el
lapso de 1596 a 1602, dentro del cabildo, varios de los cargos principales estuvieron
en manos de los vecinos sin encomiendas[28].
En esa coyuntura, el conjunto de vecinos logró la ratificación del primer reparto
de mita, por parte de los gobernadores Martínez de Leiva en 1601 y Barrasa y Cárdenas
en 1602, debido a que: “la dicha orden [del gobernador Mercado de Peñaloza] no se guarda
y dexan de benir los dichos yndios por darlos como los dan a las minas y a
otras partes en dicha ciudad y vecinos della”[29].
El mismo cuerpo capitular implementó un cierto control sobre los encomenderos,
que asentaban a sus tributarios dentro de las propiedades cercanas a la ciudad,
al ordenar la realización de un padrón a fin de que cumplieran con la
obligación de la mita de plaza[30].
A pesar de los intentos de control, varios encomenderos seguían disponiendo de
la mano de obra y trasladándola para su beneficio tal fue el caso que en 1606,
el encomendero de Humahuaca, que ya había logrado poner en marcha la producción
de propiedades más importantes con el trabajo de sus tributarios, consiguió una
cuota extra de mano de obra para aventurarse en los negocios mineros al obtener
la autorización del gobernador para llevar treinta tributarios de su encomienda
a las minas de Cochinoca y Esmoraca (descubiertas en la Puna y en la vecina
jurisdicción de Chichas)[31].
Desde los inicios del siglo XVII, la corona era cada vez más
contraria a la práctica del “servicio personal” como relación tributaria en el
Tucumán debido a los abusos y excesos que cometían los encomenderos[32].
El intento más importante para frenar los mismos fue la visita del Oidor de
Charcas a las encomiendas del Tucumán en 1611 y sus ordenanzas dictadas para la
región en 1612. Las mismas intentaban limitar el poder del sector de los
encomenderos a través de la tasación de los tributos y la prohibición del servicio
personal, aunque el propio Alfaro tuvo que readecuar algunas de las medidas al
contexto específico de la gobernación de Tucumán, por la presión y resistencia
de los vecinos encomenderos. Las resoluciones de Alfaro favorecían al sector de
los vecinos sin encomiendas ya que buscaban establecer una relación indirecta
entre los encomenderos y sus tributarios erradicando el servicio personal y
favoreciendo los conciertos de trabajos con terceros.
Sin embargo, durante la visita a Jujuy, Alfaro promovió
también otras medidas que perjudicaban a este sector de vecinos no encomenderos.
En ese momento, el oidor Alfaro no sólo empadronó e interrogó a caciques y
comunidades con el objetivo de tasar el tributo, sino que realizó una
readecuación de la mita de plaza de Jujuy a través de un auto transitorio. En
enero de 1611, el visitador disminuyó las cuotas mitayas que habían sido
establecidas por los gobernadores de Tucumán en 1596, 1601 y 1602. Lo dispuesto por Alfaro reducía de 54 a 21 el
número total de mitayos que las comunidades debían aportar a Jujuy. De
los 56 mitayos originales del auto de Mercado de Peñaloza, el gobernador
Barraza y Cárdenas disminuyó de cinco a tres mitayos los que debían entregar
por la encomienda de Yala, quedando un contingente de 54 mitayos a partir de
1602. También duplicaba el jornal que se le
debía pagar[33].
Alfaro estableció estas condiciones en un auto transitorio que tendría vigencia
hasta la realización de los padrones definitivos de su visita. Para los encomenderos y comunidades indígenas las
normas transitorias de Alfaro eran más convenientes que las reglamentaciones de
los gobernadores anteriores.
Las Ordenanzas de Alfaro fueron rechazadas por el sector encomendero
y el visitador se vio obligado a modificar algunas de las resoluciones, como el
monto del tributo, tras las juntas realizadas antes de su promulgación[34].La
resistencia del sector encomendero se plasmó también en recursos contra su
normativa elevados por los cabildos de la gobernación ante las autoridades
superiores. En el caso de Jujuy, la sala capitular dio poder a Fernando Toledo
Pimentel (vecino encomendero de Santiago del Estero) y a Juan Ochoa de Zárate
(uno de los principales encomenderos de Jujuy) para presentarse ante el Consejo
de Indias, el Virrey y la Audiencia de La Plata por las cuestiones derivadas de
la visita de Alfaro. Esta era una estrategia que ya habían llevado adelante los
encomenderos frente a la política del gobernador Alonso de Ribera en 1606[35].
Sin embargo, las instrucciones del cabildo de Jujuy no reflejaban
tanto las preocupaciones del sector encomendero ante las nuevas ordenanzas como
la de los vecinos sin encomiendas en torno su la necesidad de obtener de mano
de obra indígena. Básicamente, las instrucciones se centraban en solicitar que
la mita de plaza debía involucrar a la sexta parte de los tributarios, acusar
la irregular provisión mitaya de la encomienda de Casabindo y Cochinoca y la
necesidad de contar con mano de obra yanaconas por medio del pago de jornales[36].
La visita y las ordenanzas de Alfaro profundizaron el
enfrentamiento entre encomenderos, vecinos y caciques en torno a su
cumplimiento y las disposiciones de la mita. En Jujuy, la disputa durante los años 1612 y 1613, no fue por
el “servicio personal” y la tasa sino por sostener la vigencia del auto transitorio
de Alfaro de enero de 1611 o ratificar su nulidad a partir de la promulgación
de las ordenanzas de 1612. Esta pugna se tradujo en quejas y pedidos elevados a
la Real Audiencia de Charcas, en la que tuvieron un activo papel los caciques
de Tilcara, Casabindo y Cochinoca, el protector de naturales, y el sector de
vecinos no encomenderos. Este último, fue representado por el capitán Martín de
Ledesma Valderrama. En diciembre de 1612, un grupo de nueve vecinos[37]le
otorgó a Ledesma una carta de poder para presentarse ante la Audiencia de
Charcas y el Virrey a fin de reclamar el cumplimiento de las cláusulas 47, 48,
49, 50 y 51 de las ordenanzas de 1612, que se referían a la mita de plaza[38].En
ese momento, varios de estos vecinos se encontraban conformando el cuerpo
capitular. Pablo Argañaraz había sido designado como teniente de jueces
oficiales reales, Torres Bohorquez era alguacil, Juan Gaitan y Blas Baca habían
sido elegidos regidores y Lope Bravo de Zamora ejercía el cargo de teniente de
gobernador de la jurisdicción. Mientras que Francisco de Morillo había comprado
el oficio de escribano.
En marzo de 1613, la Real Audiencia hizo lugar al pedido de
Martín Ledesma Valderrama y sus representados, considerando la vigencia de las
citadas ordenanzas. Inmediatamente algunos de los caciques de la Quebrada de
Humahuaca y la Puna consiguieron, mediante una presentación ante la misma
Audiencia, disminuir temporalmente el número de mitayos y aumentar el jornal a
cobrar. En la presentación de los caciques se apelaba a un nuevo argumento
-tomado de la cláusula 48 de las ordenanzas -, por la cual sólo debían mitar
las comunidades ubicadas hasta las 20 leguas de las ciudades cabeceras. Por lo
tanto, los pueblos de la Quebrada de Humahuaca y de la Puna quedaban fuera de
dicha obligación, por la distancia que había entre sus asentamientos y la
ciudad de Jujuy. Este argumento se utilizará reiteradamente en otros pleitos
hasta el siglo XVIII. La presentación se completaba con la solicitud de que, en
el caso de no hacerse lugar a la exención de la mita, se mantuviese el número
de mitayos consignados por Alfaro en su auto transitorio y al igual que el pago
de un jornal de dos reales diarios[39].
Frente al requerimiento de los caciques, la Audiencia
resolvió dar primera medida de no innovar hasta pronunciarse sobre el fondo de
la cuestión. Al poco tiempo, dispuso disminuir el contingente de los mitayos a 14
hombres en total (tres menos que el auto de 1612) y además, les fijó un salario
de dos reales diarios, reafirmando la decisión de Alfaro. Esta medida favorecía
claramente a los caciques, sus comunidades y encomenderos. El cabildo de Jujuy
apeló la resolución de la audiencia. Aquí nuevamente, fue Martín de Ledesma
Valderrama quien realizó la presentación, pero esta vez en nombre del cabildo.
En ella, se reconocía la posible existencia de intereses contrapuestos, dentro
de este cuerpo entre los encomenderos y los vecinos que no lo eran. Finalmente,
la audiencia determinó que se debían respetar las ordenanzas, pero en
compensación mantuvo el pago de los dos reales como jornal[40].
El cumplimiento de la mita de plaza fue un constante
problema para los vecinos de Jujuy durante el Siglo XVII. Especialmente por los
inconvenientes derivados del envío de contingentes mitayos desde la Puna y
desde algunas encomiendas como la de Ocloya, que eran las que mayor número de
mitayos debían aportar a Jujuy. En el caso de la Puna, durante la década de
1630 y 1640, la provisión se tornó especialmente problemática para los vecinos
de Jujuy. Diferentes factores obstaculizaban permanentemente la capacidad del
cabildo para obtener mitayos de manera regular. Entre ellos, los más
importantes fueron la consolidación de la influencia del lugarteniente de la
puna[41],
la sucesión de la encomienda de Casabindo y Cochinoca, los problemas que
acarrearon la sublevación en los Valles Calchaquíes junto con la presión sobre
la mano de obra por parte de mineros de Chichas y de Salta[42].
Mientras que en la encomienda de Ocloya, las dificultades por enterar los
contingente se debían a la ubicación de su población en el filo de la peligrosa
frontera oriental, los largos conflictos por su reducción y evangelización (en
los que se enfrentaban sus encomenderos, los miembros del cabildo y también los
doctrineros franciscanos y jesuitas) y levantamientos y resistencia a
participar en la mita promovido por los propios caciques y tributarios[43].
Las dificultades de obtener mano de obra de los vecinos sin
encomienda los llevaban a desafiar la política militar y las órdenes del
gobernador de Tucumán. En noviembre de 1632, el gobernador pidió al cabildo
alistar ciento cincuenta y seis indígenas de la jurisdicción como aporte de la
ciudad de Jujuy a la pacificación de Calchaquí. Una parte de los vecinos se
opusieron al pedido argumentando el impacto que la medida tendría sobre la
provisión de la mita de plaza[44].
El largo conflicto por la mita, sobre todo la de la Puna, se
reiteró hasta finales del siglo XVIII, y era un indicativo de la necesidad acuciante
de mano de obra que sufrían los vecinos de Jujuy. En los pocos registros
conocidos sobre el reparto de mitayos se puede ver que más del 70 % de un turno
era distribuido para los vecinos sin encomienda según estaba previsto en la cláusula
49 de las ordenanzas de Alfaro. Aun así, resultaba insuficiente, al punto que
una parte de los mitayos asignados era compartida por dos vecinos o familias[45].
Las reiteradas quejas y conflictos que el cabildo trataba de canalizar
demostraban que aún en los momentos en que los contingentes llegaban completos
a Jujuy, los mismos resultaban escasos para cubrir las necesidades de mano de
la población de la jurisdicción. Los vecinos trataron de encontrar otras formas
de obtener la fuerza de trabajo indígena.
Vecinos, forasteros y tributarios. En busca
de la mano de obra
En contra de las
alteraciones y abusos que provocaba servicio personal en las encomiendas de Tucumán,
Alfaro promulgó sus Ordenanzas en 1612 intentando limitar el poder de los
encomenderos y su acceso privilegiado a la mano de obra. En los Andes
centrales, la tasación del tributo implicó romper la tendencia a convertir la
renta en productos y servicios personales para transformarla en renta monetaria
y de esa manera quebrar el monopolio que ejercían los encomenderos sobre la
fuerza de trabajo indígena “liberándola” para el uso de todos los habitantes y
en desmedro del poder de los encomenderos[46].
Sin embargo, como muestra Castro Olañeta en la Gobernación
de Tucumán:
la monetización
de la renta de la encomienda era aparente y su aplicación dependerá tanto de
las posibilidades que dentro del sistema tengan los diferentes grupos indígenas
para pagar en dinero, productos a precios tasados o trabajo con tiempo normado,
como de la capacidad de los encomenderos para adecuarse a la nueva normativa
sin perder sus beneficios económicos[47].
Esta tensión que constituía el elemento central de las
posibilidades de continuidad o no del servicio personal variaba de una
jurisdicción a otra.
En la práctica, más allá de lo establecido en las
ordenanzas, los encomenderos trataban de convertir el tributo tasado en días de
trabajo. Cumplido este tiempo quedaba cancelado y si el encomendero seguía
requiriendo la mano de obra de sus encomendados debía pagarlo bajo la forma de
jornales. En una primera instancia, Alfaro había establecido el monto de éstos
en las ordenanzas n° 54 y 60. Las que estipulaban que los trabajadores en la
ciudad debían cobrar un real por día más la comida y los que trabajaban en
estancias y guarda de ganado ganarían 12 pesos más comida y tasa. Sin embargo,
la presión del sector encomendero obligó al visitador a reducir los montos del
pago de jornales de 12 a 8 pesos y 6 pesos más comida y tasa[48].
En la jurisdicción de Córdoba, según Castro Olañeta, la
forma tributaria común era la de conmutación de la tasa por trabajo, a la vez
que esta forma se complementaba con conciertos que, respetando las ordenanzas,
pagaban la diferencia como jornales según los valores establecidos por las
ordenanzas. Los conciertos se realizaban entre los encomenderos y sus propios
tributarios como forma de lograr una adecuación a la normativa sin perder sus
beneficios. Los pagos se realizaban en especies monetizadas, principalmente en
textiles de lana y algodón, algunos animales y en varios casos, algunos tomines
de plata, varias de los cuales eran parte de la producción de la misma
encomienda, lo que generaba mayor ganancia al encomendero[49].
En otras regiones del Tucumán, los pagos de jornales no fueran registrados como
conciertos, aunque algunos pudieran establecerse de palabra y el trabajo extra
ser cobrado bajo la fórmula de “demasía de tasa”[50].
Aun así, a
los encomenderos siempre les era más redituable el trabajo de sus tributarios
que la renta en dinero, pero desde las ordenanzas de 1612, este trabajo se
encareció ya que debían pagar el tiempo extra de trabajo. De todos modos, los
encomenderos siguieron teniendo cierta preeminencia para obtener excedente de
trabajo de sus tributarios, la misma se lograba por diferentes dosis de
coerción, negociación y prolongación de las relaciones que se creaban a través
de la propia institución[51].
Sin embargo, esto siempre estaba en tensión con la existencia de otras
alternativas redituables para los indígenas, opciones que permitieran obtener
dinero para el pago de la tasa a través de la venta de sus productos o su
trabajo en los mercados coloniales regionales. En el caso de Jujuy, la temprana
inserción de las poblaciones indígenas en los diferentes circuitos mercantiles
junto con el acceso a tierras y las cercanías de los mercados mineros[52]
eran factores que explican que una parte de los tributarios pudiera pagar su
tasa en dinero.
Frente a los intentos de los encomenderos de acceder al
trabajo de sus tributarios y las actividades económicas de los propios
indígenas y en un contexto de progresiva demanda por la creciente actividad
económica orientada a cubrir las necesidades de transporte, bienes y comida que
generaban de los mercados mineros, los vecinos que no poseían encomienda
debieron buscar otros mecanismos para obtener mano de obra. Uno de ellos,
consistió en buscar el amparo de las autoridades de la gobernación o de la
Audiencia para intentar obstaculizar el acceso privilegiado de los encomenderos
a sus tributarios y permitir su contratación por terceros. La venta del trabajo
a terceros, contemplada en las ordenanzas de Alfaro podía favorecer una cierta
libertad de la mano de obra en contra del monopolio del sector encomendero.
En 1619, Juan Cano realizó una presentación ante la
Audiencia de Charcas solicitando que: los yndios no puedan ser
compelidos mas de lo que tocare a la mita … y lo demasan de quedar libre para
trabajar en su pueblo en lo que ellos quisieran…, logrando una
Provisión que ordenaba: …que ningun encomendero y
caciques de la dicha provincia de Tucuman impidan que los indios se alquilen
libremente…[53].
Juan Cano era uno de los primeros pobladores de Jujuy, se dedicaba a la venta
de ganado, había comprado el oficio de Fiel Ejecutor y desempeñado el de
alcalde ordinario en el cabildo[54].
La presentación de Cano se efectuaba, además, en un momento en que la necesidad
de mano de obra, la irregularidad y escasez en el reparto de la mita y las
actividades económicas de algunos indígenas, estaba condicionando a algunos
vecinos y moradores a ofrecer salarios y jornales que superaban los
establecidos por la normativa de Alfaro.
Contemporáneamente al pedido de Cano, se formalizaron una
serie de conciertos de trabajo ante las autoridades del cabildo de Jujuy. Entre
los años 1620 a 1630, se efectuaron unos 60 conciertos de trabajo entre
españoles e indígenas. Los mismos fueron registrados por los tenientes de
gobernador o alcaldes de la ciudad frente a un testigo. Los conciertos
asentados en Jujuy estaban redactados siguiendo la forma usual en los cuales se
establecían los que participaban del mismo, su condición y origen, el tiempo de
duración y los términos acordados para el pago[55].
En general, la vinculación laboral se extendía por el plazo de un año entero,
aunque un 10 % de los conciertos se estipularon por un tiempo menor
generalmente de seis o siete meses. Los mismos se asemejan más a los que se
realizaban en Charcas, Potosí o La Paz, que a los que se formalizaron en la
jurisdicción de Córdoba en ocasión de la Visita de a sus encomiendas realizada
en 1616-17[56].
Cuadro N° 1
Origen y procedencia de los indígenas registrados en los
conciertos de Jujuy. 1620-1630
|
Lugar de origen y procedencia |
Número |
Porcentaje |
|
Encomiendas y pueblos de la
Gobernación de Tucumán |
46 |
76, 66% |
|
Encomiendas de Jujuy |
6 |
10,00 % |
|
Otras regiones |
4 |
6,67 % |
|
Dudosa procedencia o
sin especificar procedencia |
4 |
6,67% |
|
Total |
60 |
100 % |
Fuentes:
ATJ, 1620, Leg 70; ATJ, 1627-30, Leg. 88.
En cuanto al origen y procedencia de los indios que intervenían,
más del 75 % provenía de otras jurisdicciones de la gobernación de Tucumán.
Mientras que un 10 % pertenecían a encomiendas de Jujuy, a las que se sumaba un
escaso número de trabajadores que habían arribado de otros lugares como
Paraguay, Buenos Aires o Cuyo (cuadro n°1). Los que procedían del Tucumán se
identificaban por ciudades, su pueblo de origen o el nombre de su encomendero[57].
Isabel Castro Olañeta y Silvia Palomeque destacan que, en el siglo XVII, la
zona de gobernación del Tucumán se constituye en un importante centro expulsor
de población hacia las actividades agrícola-ganaderas de Tarija y de Chichas.
Si bien parte de estos migrantes corresponde a la propia jurisdicción de Jujuy,
el resto provenía de muchas de las regiones a los que pertenecían los
forasteros que se concertaron en Jujuy[58].
Del total de los 60 conciertos formalizados, fueron 40 los
contratantes debido a que, en muchos casos, un mismo español realizaba varios
conciertos. De ellos, 21 eran vecinos sin encomiendas y cuatro eran mujeres. Sólo
en seis casos, se concertaron tributarios de Jujuy y nunca con su propio
encomendero y un solo encomendero contrató un indio forastero al mismo tiempo
que dos de sus tributarios se comprometían a trabajar para otro vecino a cambio
de dinero, textiles y el pago de la tasa.
Quienes recurrieron a esta mano de obra fueron
principalmente los vecinos de Jujuy que no tenían encomiendas, dedicados mayoritariamente
a la venta de ganado, engorde y derivados de las matanzas de vacunos y algunos
de ellos habían ocupado cargos en el cabildo en calidad de alcalde de primer
voto, teniente de gobernador, alférez o regidor. Unos pocos eran vecinos de
otras ciudades o se dedicaban a oficios como platero, mercader o maestro tejero
residentes en la ciudad pero que no tenían participación dentro del cabildo.
También entre ellos había cuatro mujeres y dos miembros del clero[59].
La mayor parte de los indígenas que se concertaban (43%,
según cuadro n°2) lo hicieron por salarios que iban desde los 21 hasta los 40
pesos, los cuales resultaban mucho más altos que los estipulados en las
ordenanzas de Alfaro. Sobre todo, porque si consideramos que los ocho
conciertos que cobraron hasta diez pesos, solo un caso se concertó por ocho
pesos para cuidar ganado y realizar un viaje con los mismos durante un año mientras
que otro percibió esta suma, pero por el trabajo de seis meses. Los restantes
estipulaban que obtenían otros bienes como los textiles.
Cuadro N°2. Monto de los conciertos de trabajos realizados en la
jurisdicción de San Salvador de Jujuy. 1620-1630.
|
Cantidad de conciertos |
% |
|
|
1-10
pesos |
8 |
13,33 |
|
11-20
pesos |
10 |
16,66 |
|
21-30
pesos |
13 |
21,66 |
|
31-40
pesos |
13 |
21,66 |
|
41-50
pesos |
7 |
11,66 |
|
51-60
pesos |
4 |
6,66 |
|
61-70
pesos |
2 |
3,33 |
|
71-80
pesos |
0 |
0 |
|
81-90
pesos |
0 |
0 |
|
91-100
pesos |
0 |
0 |
|
S/D |
3[60] |
5 |
|
Total |
60 |
100% |
Fuentes:
ATJ, 1620, Leg 70; ATJ, 1627-30, Leg. 88.
Estas cifras expresaban el monto total del concierto[61]
pero comprendían diversas formas de pago. En general, todos los conciertos
incluían la obligación del mantenimiento (entendida como la provisión de la comida
y la cura de enfermedades) a cargo del vecino que realizaba el contrato, pero
además muchos acordaban el pago de la tasa en la encomienda de origen, más
algunos textiles (que estaban valuados a precio de mercado[62])
y dinero o la combinación de ambos. Si consideráramos la valuación de los
textiles el monto de los pagos era más alto. Sin embargo, el porcentaje más alto de ellos estipuló
el pago sólo en dinero (cuadro n° 3).
Cuadro N° 3
Tipos de pagos en los conciertos de Jujuy. 1620-1630
|
Tipo de pagos |
Cantidad de conciertos |
% |
|
Dinero |
23 |
38,33 |
|
Dinero y tasa al encomendero |
17 |
28,33 |
|
Dinero y textiles |
8 |
13,33 |
|
Dinero, tasa y textiles |
8 |
13,33 |
|
Textiles |
0 |
0 |
|
Textiles y tasa |
1 |
1,66 |
|
Tasa |
1 |
1,66 |
|
S/monto |
2 |
3,33 |
|
Totales |
60 |
100 % |
Fuentes:
ATJ, 1620, Leg 70; ATJ, 1627-30, Leg. 88.
Como se puede ver en el cuadro n°3, los pagos que
involucraban dinero eran la mayoría (más de 90%). Nadie recibió un pago sólo en textiles y en
un solo caso quien se concertó pidió que se le pagara la tasa a su encomendero
sin convenir otra compensación. Sin embargo, la cantidad de dinero de este
concierto debió superar los diez o cinco pesos de tasa ya que se trataba de lo
que adeudaba por varios años impagos.
Si bien el conjunto de estos conciertos son los únicos
que se encuentran formalizados ante las autoridades, las fuentes dejan entrever
que la práctica continuó en el tiempo, aun cuando no se llegaran a registrar
por escrito o formalizar ante las autoridades. En 1642, Lorenzo de Chaves, uno
de los vecinos que había recurrido a la figura de los conciertos en la década
del 20, se quejaba por tener que seguir recurriendo a esta mano de obra
forastera ante la escasez de mitayos. En su planteo es posible ver también la
manera en que la necesidad de trabajadores llevaba a los vecinos sin encomienda
a pagar salarios cuyos montos se tornaban, muchas veces, en impagables:
Que tengo hecho
concierto con un indio del Perú llamado Martín
para manejar junto con el las sementera como las cosechas con las que
apenas me puedo sustentar ni puedo alcanzar con que se me de un mitayo por ser
pocos los que ay y muchas las personas en quien sean despachados... y no
podemos bibir los pobres que no tenemos encomiendas y teniendo librado mi
sustento en el dicho yndio pagandole por tenerle seguro y contento mucho mas de
los que se acostumbra de dar comumente a un indio, que son cien pesos en cada
un año de que estoy debiendo la mitad del salario[63]
Podemos suponer que las posibilidades de obtener pagos en textiles,
pero sobre todo en dinero más cancelar la tasa era una de las motivaciones para
la migración desde otras regiones de la gobernación de Tucumán en donde las
condiciones de trabajo fijadas eran más difíciles. Algunos indios se
contrataban detallando que la tasa debía ser entregada a su encomendero en su
pueblo de origen, mientras que otros trabajaban durante el tiempo que estimaban
que duraría su búsqueda sin considerar el pago de la tasa a su encomendero: “[Antonio
natural del Pueblo de Guaipe en Santiago]... dijo que ha de servir
un año al dicho Alonso de la Carrera mientras su cacique y dueño embia por el”[64].
A diferencia de otras regiones como Charcas, el destino de
esta mano de obra forastera no fue transformarse en yanaconas de las diferentes
explotaciones, en parte debido a su gran movilidad geográfica y laboral. Si
bien, es difícil de precisar para el siglo XVII el destino de muchos de ellos,
las fuentes posteriores nos indicarían que aquellos que lograron instalarse en
la región lo hicieron bajo diferentes situaciones laborales como agregados,
arrenderos o peones dentro de las unidades productivas de la jurisdicción.
Durante la década de 1640, el desarrollo de la minería en
Chichas y Lípez, junto con un ciclo de reactivación de la minería en la Puna,
demandaba diferentes artículos como productos alimenticios, piezas de madera
para los ingenios mineros y el transporte de estos. La demanda de mano de obra
y los salarios que se pagaban a los forasteros a través de los conciertos
también erosionaban el poder de los encomenderos, ya que los propios indígenas
y caciques de Jujuy comenzaron a solicitar a las autoridades tener la libertad
de trabajar para terceros:
por lo qual
mandamos que siendo con el manifiesto por parte de los caciques e yndios del
Pueblo de omaguaca jurisdicción de la ciudad de Jujuy,bea la relación de la
dicha petición susoynserta y decreto a ello proveydo y en su conformidad no impidiere a los dichos
yndios de hacer concierto con las personas que les parecieres …y sobre que
cumplan las ordenanzas en raçón de la paga del tributo a su encomendero sin que
tengan obligación de servir en ningun ministerio contra su boluntad los dichos
yndios[65]
Es evidente que, a pesar de la advertencia y las
provisiones de la audiencia, los encomenderos siguieron intentando obtener el
excedente de trabajo de sus indios. En estos años, la visita del gobernador
Acosta y Padilla nos muestra como este funcionario obligó a los principales
encomenderos a realizar ajustes de cuentas con sus tributarios[66].
Sin embargo, la presencia de indios forasteros que se concertaban y la
existencia de un sector de vecinos, cuya necesidad de mano de obra (que la mita
de plaza no podía satisfacer) los impulsaba a pagar por salarios y jornales
relativamente altos crearon nuevas oportunidades para la venta de trabajo
indígena por fuera de la órbita de la encomienda, y se constituyeron en otro de
los elementos que disminuyeron paulatinamente el poder encomendero en la
Quebrada de Humahuaca y el valle de Jujuy, durante la segunda mitad del siglo XVII. A
finales del Siglo, uno de los encomenderos describía esta situación al quejarse
porque:...no[se] puede cobrar los tributos porque los yndios se conciertan con otras
personas de la gobernación y de otras jurisdicciones[67].
Encomenderos, mineros,
indígenas y tenientes en la disputa de la mano de obra. La Puna de Jujuy
En la Puna, la situación fue diferente.
Desde su conquista, el dilatado espacio y la difícil geografía de la Puna
dificultaban el efectivo control de las autoridades capitulares de Jujuy
transformándose en una constante fuente de diversos conflictos para el cabildo,
en tanto era un territorio sobre el cual el cabildo de Salta se sentía con
derechos jurisdiccionales sobre ella[68].
Las tensiones jurisdiccionales se profundizaron a medida que
el descubrimiento de vetas de plata y la expansión de los negocios que generaba
una incipiente explotación minera, volvían económicamente más atractiva a la
zona. A finales del siglo XVI, el encomendero Aldana y su familia se
establecieron en la Puna en el asiento de minas del Cerro del Espíritu Santo de
Queta, utilizando el servicio personal de sus tributarios en el trabajo minero
de unas vetas de plata[69].
Al morir Aldana en 1601, la nueva encomienda fue otorgada expeditivamente por
el gobernador de Tucumán a Cristóbal de Sanabria, recientemente avecindado en
Salta, este apuro se fundaba, según Palomeque, en el intento de consolidar
derechos jurisdiccionales tucumanos sobre la Puna y sobre una encomienda que
había pertenecido a un vecino de Charcas[70].
Sanabria concentró a la población en los nuevos pueblos coloniales de Casabindo
y Cochinoca y utilizó la mano de obra de sus encomendados para el trabajo
minero aprovechando el servicio personal[71].
Sobre esta misma población, el cabildo de Jujuy comenzó a exigir el
cumplimiento de la mita de plaza, que el gobernador Mercado de Peñaloza había
reglamentado en 1596.
Un año antes, el
gobernador Mercado de Peñaloza instituyó la figura del corregidor de Humahuaca
con competencia territorial dentro de uno de los espacios que controlaba el
cabildo de la ciudad de Jujuy[72].
La medida era una más de las disposiciones con que Mercado de Peñaloza intentaba
impulsar el ordenamiento del Tucumán y de las relaciones con los encomenderos.
Entre ellas estaba, también, la reglamentación de la mita de plaza, promovida
por los vecinos sin encomiendas y la instauración de esta autoridad intermedia
que podía contrabalancear la relación entre los encomenderos y la población
indígena y cuyo nombramiento dependía directamente del gobernador. El
corregimiento de Humahuaca, que sólo existió para esta zona de la Gobernación
del Tucumán, originalmente tenía funciones de control sobre la población
indígena y española. La institución de este representaba además un ejemplo del
solapamiento y agregación de competencias y jurisdicciones, características del
sistema colonial[73].
Los corregidores y
tenientes actuaron en determinados contextos políticos y económicos y en el
marco de un orden policéntrico, pero también lo hicieron en relación con sus
propios intereses personales y sus vinculaciones sociales y se constituyeron en
un factor de poder en la relación de los encomenderos, vecinos y mineros por la
captación de la fuerza de trabajo indígena.
Los requerimientos de mano de obra comenzaron a ser más
fuertes a medida que el desarrollo de explotaciones mineras en Puna y en las
regiones cercanas de Lipez y Chichas promovieron los pedidos de mercedes de
tierra y la expansión de empresas agrarias y ganaderas, que junto con las minas
aumentaron la demanda de mano de obra indígena[74].Para
la población de Casabindo y Cochinoca esta demanda significó sumar al pago del
tributo exigido por sus encomenderos, los requerimientos de mitayos para Jujuy.
Sin embargo, sobre ellas se agregaron nuevas exacciones y presiones a partir de
los pedidos de mineros de Chicas y la Puna, los intentos del cabildo de Salta
de llevar contingentes de mitayos a esta ciudad y la coerción de hacendados y
autoridades para obtener trabajadores para sus propiedades[75].
Si bien, la visita de Alfaro había tasado el tributo y
prohibido el trabajo en las minas, las autoridades de la Audiencia -y a veces
los gobernadores de Tucumán-aceptaron los pedidos de mitayos para el trabajo
minero por fuera de la mita de plaza, requerimientos que contravenían a las
propias ordenanzas de Alfaro. La competencia por la mano de obra en la Puna fue
cada vez mayor y la presión insostenible produjo un proceso de forasterización
de los originarios de la encomienda de Casabindo y Cochinoca durante la primera
mitad del siglo XVII[76].
Esto significaba, según Palomeque, que gran parte de su población había
emigrado desde los mismos, pasando a ser forasteros en otros lugares. En 1654,
un 44% de los tributarios de la encomienda, se encontraba en Tarija y las zonas
mineras de Lipes y Chichas[77].
Una parte de ellos estaba instalada en haciendas y estancias de los vecinos más
importantes de la región, directos competidores por la mano de obra con el
encomendero.
Desde 1630, Fernando de Sanabria, aunque tenía algunos
negocios en Jujuy, mantenía una mayor actividad como vecino de la ciudad de
Salta. Desde antes de su llegada a la encomienda, la provisión de los mitayos
de la Puna se tornó irregular para la ciudad de Jujuy. Su cabildo se quejó
reiteradamente de esta situación, buscando diferentes medios para establecer su
preeminencia sobre la zona, ya sea reiterando su jurisdicción o elevando su
queja ante el gobernador de Tucumán[78].
Sanabria se enfrentó en varias ocasiones con el cabildo de Jujuy no
concurriendo a sus obligaciones militares o sino desafiando abiertamente la
autoridad de la sala capitular sobre el espacio de la Puna[79].
En estas circunstancias los lugartenientes se alinearon con el cabildo de Jujuy.
La situación cambio a mediados del siglo XVII cuando un
nuevo encomendero se hizo cargo de la encomienda de Casabindo y Cochinoca en
1654. Pablo Bernárdez de Ovando de origen tarijeño, ya tenía propiedades e
intereses en la Puna desde la década de 1630. Este nuevo encomendero, comenzó a
revertir algunas de las conductas del encomendero anterior. Por una parte,
trabó buenas relaciones con el cabildo de Jujuy, no sólo regularizando la
provisión de la mita, sino que también participando como alcalde de primer voto
en el reparto de esta. Entabló buenas relaciones con los caciques de su
encomienda y trato de moderar la presión sobre la mano de obra de mineros y
hacendados[80].
Con la ayuda de las autoridades étnicas inició la recuperación de los
tributarios de la encomienda buscando el retorno de los ausentes o
naturalizando a forasteros[81].
Esta recuperación se realizó también recurriendo a las autoridades como la
Audiencia de Charcas debido a la resistencia de dueños de chacras, estancias
ingenio y minas además de las autoridades y vecinos de Jujuy. Parecería que la
resistencia más grave provenía de los mismos vecinos de Jujuy, el cabildo envió
a Miguel de Cáceres por la mano de obra considerada forastera que Bernárdez de
Ovando había naturalizado dentro de su encomienda. Al final de las guerras
calchaquíes, el encomendero avanzará con los pedidos de mercedes de tierra
cercenando parte de las tierras indígenas y convirtiéndose en el principal
terrateniente de la región[82].En
su accionar, Bernárdez de Ovando pudo contar con el apoyo pleno del teniente de
la Rinconada, ya sea logrando que los designados quedaran totalmente alineados
a sus intereses o que el cargo fuera ejercido por él mismo o por personas
cercanas, como su hijo natural[83].
El sucesor de Bernárdez de Ovando en la encomienda, Juan
José Campero de Herrera promovió el pago de la tasa en servicio personal,
especialmente con el trabajo en las matanzas de ganado que el encomendero
realizaba en sus estancias de la Puna. Ellas implicaban dos meses de trabajo y
los productos obtenidos (carne seca, cecinas, sebo, grasa, cueros) se vendían
en las minas cercanas. Esto se puede ver en los ajustes de cuentas de la
encomienda como los tres años anteriores a la administración de Campero pocos
tributarios trabajaron en la matanza. En 1679, el año anterior a la llegada de
Campero a la encomienda sólo un tributario pago su tasa de este modo, mientras
que al año siguiente lo hicieron 56[84].
Seguramente
los medios utilizados fueron la coacción y la violencia de sus mayordomos y
tenientes, tal como lo denunciaron algunos tributarios ante el visitador Luján
de Vargas en 1694[85].
Sin embargo, el encomendero combinaba la intimidación con algunas
compensaciones para moderar la resistencia indígena, unos meses después del
ajuste de cuentas donó una parte de las tierras de Cobre y Barranca para sus
encomendados[86].
Campero, además, profundizó el enfrentamiento con el
cabildo de Jujuy por el cumplimiento de la mita, en ese momento caciques y
encomendero reafirmaron su obediencia al teniente del Valle Rico y no al
cabildo de Jujuy para evitar el aumento en la cuota de mitayos[87].Adquirió
cada vez una mayor autonomía frente al cabildo y los vecinos de Jujuy. Elevó presentaciones
frente a los gobernadores y la audiencia de Charcas desconociendo la autoridad
y jurisdicción de la sala capitular de Jujuy, con el fin de no cumplir con el
aporte de mitayos que solicitaba el cabildo de Jujuy[88].
La querella por la mita culminó en un largo juicio por su legitimidad y la
superposición de jurisdicciones entre el teniente de la Rinconada y la ciudad de
Jujuy[89].
El poder económico, territorial, la debilidad de las autoridades de Jujuy para
ejercer algún control sobre el espacio puneño, la manipulación y alianza con
los tenientes de la Rinconada[90]
le permitieron aumentar el poder coercitivo sobre sus tributarios, tal como
quedó registrado ante el visitador Luján de Vargas.
Reflexiones finales
Desde la fundación
de la ciudad de Jujuy, la necesidad de acceder a mano de obra indígena fue una
constante para sus habitantes. La mayor parte de sus primeros vecinos no
tuvieron la ventaja, ni el beneficio que daba la posesión de una encomienda, ya
que al no estar tasado el tributo el encomendero podía beneficiarse con el
trabajo de sus indios a través del servicio personal. El mismo les permitía
poner en funcionamiento y desarrollar diferentes empresas orientadas a las
demandas de los cercanos mercados mineros proveyéndolos de agricultores,
pastores, arrieros o servidores. Los vecinos que no tenían encomienda debieron
buscar diferentes mecanismos que les permitieran obtener trabajadores y quebrar
el acceso privilegiado de los encomenderos sobre la mano de obra tributaria.
Durante los primeros años y a través de la participación de los vecinos en el
cabildo, ellos apelaron a la conformación del sistema de mita de plaza como
forma de obtener trabajadores y en el contexto de la política del gobernador
Mercado de Peñaloza que buscaba el ordenamiento de la gobernación y el control
del sector encomendero.
El sistema de mita
de plaza creado a poco de fundarse la ciudad resultó una fuente importante y
alternativa de mano de obra que sin embargo resultaba insuficiente para cubrir
las necesidades, aun cuando gran parte del contingente de mitayos fuese
destinado a trabajar para los particulares. También era una fuente de
conflictos permanentes que enfrentaba a vecinos, encomenderos y caciques frente
a reiterados los ocultamientos, obstrucciones y provisión irregular de las
cuotas mitayas destinadas a la plaza de la ciudad. La visita y las ordenanzas
de Alfaro agravaron el problema al disminuir el número de mitayos previstos en
la reglamentación de los gobernadores de la etapa prealfariana. Sin embargo,
las ordenanzas al tasar el tributo y prohibiendo el servicio personal,
intentaban limitar a los encomenderos y su privilegiado acceso al trabajo
indígena. La resistencia al nuevo ordenamiento por parte del cabildo de Jujuy
respondía más a las preocupaciones de los vecinos sobre la mita, y la necesidad
de mano de obra que la de los propios encomenderos.
En relación con el
tributo, los encomenderos siguieron teniendo cierta preeminencia para obtener
excedente de trabajo de sus tributarios, la misma se lograba por diferentes
dosis de coerción, negociación y prolongación de las relaciones que se creaban
a través de la propia institución. La tasa individual dejaba la responsabilidad
de su recaudación a los encomenderos y posiblemente favorecía las acciones
individuales en desmedro de acciones colectivas para su pago. Los indígenas
encomendados en Jujuy pagaban su tasa en dinero o en servicio personal, esto
dependía de las disímiles posibilidades y alternativas que tuvieran los
tributarios de participar en los mercados coloniales, de su acceso a recursos y
tierras y de los procesos de diferenciación internos que se daban en los
pueblos de indios. También de la fuerza o coerción que pudiera tener el
encomendero para impedirle a sus indios concertarse con terceros o vender su
producción.
Más allá, que en algunas encomiendas la tasa
se cancelaba en “servicio personal” existía una clara conciencia de que el
tiempo de trabajo a favor del encomendero era limitado y que culminado este
período el trabajo extra debía ser pagado. Las visitas y políticas de algunos
gobernadores favorecían estos pagos. Aun así, la práctica del servicio personal
perduraba para algunos tributarios. Frente esta preeminencia de los
encomenderos y las actividades económicas de los propios indígenas en un
contexto de progresiva demanda por la creciente actividad económica orientada a
cubrir las necesidades de transporte, bienes y comida que generaban de los
mercados mineros, los vecinos que no poseían encomienda debieron buscar otros
mecanismos para obtener mano de obra.
Por un lado, los
vecinos buscaban favorecer las formas libres del trabajo indígena sin
interferencia de los encomenderos a través de la vía legal. Por otro,
recurrieron a conciertos de trabajo temporarios, pero esta mano de obra estaba
en su mayoría compuesta de forasteros y en muy baja proporción pertenecían a
las encomiendas jujeñas. Los conciertos conocidos, nos muestran que en su
mayoría los vecinos sin encomiendas que recurrían a ellos debían pagar bastante
más que lo estipulado en las ordenanzas. En su mayoría los mismos eran pactados
incluyendo la cancelación de la tasa a su encomendero más bienes o/y dinero. Y,
en una alta proporción solo reclamaban dinero.
La presencia de indios forasteros que se concertaban y la existencia de un
sector de vecinos, cuya necesidad de mano de obra (que la mita de plaza no
podía satisfacer) los impulsaba a pagar por salarios y jornales relativamente
altos crearon nuevas oportunidades para la venta de trabajo indígena por fuera
de la órbita de la encomienda, y se constituyeron en otro de los elementos que
disminuyeron paulatinamente el poder encomendero en la Quebrada de Humahuaca y
el valle de Jujuy, durante la segunda mitad del siglo XVII.
Este proceso tuvo
algunas diferencias regionales. Desde su conquista, el dilatado espacio
y la difícil geografía de la Puna dificultaban el efectivo control de las
autoridades capitulares de Jujuy transformándose en una constante fuente de
diversos conflictos para el cabildo, en tanto era un territorio sobre el cual
el cabildo de Salta se sentía con derechos. El cabildo de Jujuy trataba de
controlar este territorio que además era la sede de una de las encomiendas más
importantes de la región. Durante la primera mitad del siglo XVII, los
originarios de Casbindo y Cochinoca soportaron las exigencias de mitayos del cabildo,
pero también una serie de nuevos pedidos de trabajadores de mineros y
hacendados como una presión extra a las exigencias tributarias y de la mita de
plaza. Esta excesiva demanda sobre la mano de obra indígena provocó un fuerte
proceso de migración y de forasterización de sus habitantes. Más de un 40 % de
ellos se encontraban viviendo y trabajando en Tarija, Chicas, Lipez y en
propiedades de la Puna de Jujuy.
En el territorio
de la Puna, el gobernador Mercado de Peñaloza creó un corregimiento para
control de la población indígena y europea. Este funcionario, cuya existencia
era excepcional en el Tucumán, fue modificando su extensión territorial y
funciones hasta transformarse en teniente o lugarteniente de la Puna o
Cochinoca. Los corregidores y tenientes se constituyeron en un factor de poder
en la relación de los encomenderos, vecinos y mineros por la captación de la
fuerza de trabajo indígena. Durante la primera mitad del siglo XVII, se
alinearon con los intereses del cabildo de Jujuy y en contra de los
encomenderos de la Puna.
La llegada de Bernárdez
de Ovando a la encomienda de Casabindo y Cochinoca modificó la situación, por
una parte, logró aumentar el número de originarios de su encomienda buscando la
vuelta de los ausentes y naturalizando a forasteros. Al mismo tiempo se
convirtió en el mayor terrateniente de la Puna mediante la solicitud de
mercedes y un proceso de adquisición de propiedades importantes. Esta
consolidación territorial fue acompañada por un avance sobre las tierras de sus
encomendados.
Durante la segunda
mitad del siglo XVII, también se modificó la dinámica política y las relaciones
que vinculaban a los encomenderos con los tenientes de la Rinconada. Junto a su
sucesor, sus acciones cobraron cada vez más autonomía de los poderes locales,
llegando hasta el franco enfrentamiento con el cabildo de Jujuy y sus
autoridades. A través de uso de recursos y apelaciones ante los gobernadores y
la audiencia de Charcas lograron obtener la restitución de tributarios
ausentes, no permitir aumentos de las cuotas mitayas fijadas por el cabildo y
finalmente desconocer la autoridad y jurisdicción de la sala capitular de Jujuy
sobre el espacio de la Puna. Es esta pugna los tenientes de la Rinconada fueron
funcionales y se mantuvieron alineados a los intereses de los encomenderos.
Al arribo del
visitador Luján de Vargas, esta situación de diferencias regionales y de mayor
coerción y violencia que podía ejercer el encomendero de Casabindo y Cochinoca
reflejaba las diferentes condiciones que existían entre las encomiendas de
Jujuy. En las encomiendas de la Quebrada y del valle de Jujuy, la presión y la
competencia por la mano de obra entre los vecinos encomenderos y no
encomenderos, el control que podían desarrollar las autoridades de la sala
capitular, la demanda de mano de obra, los salarios que se pagaban a forasteros
y las oportunidades que brindaban los circuitos mercantiles a los indígenas
fueron limitando el poder de los encomenderos en la captación de excedentes de
trabajo de sus encomiendas. Contrariamente, el encomendero de Casabindo y
Cochinoca estaba en condiciones de obligar a sus tributarios a pagar la tasa
mediante servicio personal, aunque ellos pudieran hacerlo en dinero. Esto era
posible porque podía ejercer mayor coerción y violencia sobre sus encomendados
debido a la consolidación de su poder en un amplio espacio geográfico. Los
encomenderos puneños de la segunda mitad del siglo XVII se habían consolidado
como los propietarios principales de la región, habían logrado neutralizar las
demandas de mano de obra de mineros, hacendados y el cabildo de Jujuy,
manipular la autoridad del teniente de la Rinconada en pos de sus intereses y
frenar cualquier forma de control de los poderes locales a partir de utilizar
en su favor la dinámica política particular de la región.
[1] Boixadós, Roxana y Zanolli, Carlos
(edit.), La visita de Luján de Vargas a las encomiendas de
La Rioja y Jujuy (16693-1694). Estudios preliminares y fuentes,
Editorial Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 2003.
[2] Boixadós, Roxana y Zanolli, Carlos,
2003, Ob. Cit., pp. 296-298; Zanolli, Carlos, “Análisis de la
visita de Luján de Vargas a la jurisdicción de San Salvador de Jujuy (1694)”,
en: Boixadós, R. Zanolli, 2003, Ob. Cit., pp.
57-59.
[3] Boixados, Roxana y Zanolli, Carlos,
2003, Ob. Cit., pp. 289-291.
[4] Lorandi, Ana María, “El servicio
personal como agente de desestructuración en el Tucumán colonial”, en Revista Andina, N° 6, 1, Cuzco, Perú, 1988, p. 148.
[5] Doucet, Gastón,
“Introducción al estudio de la visita del Oidor Don Antonio Martínez Luján de
Vargas a las encomiendas de indios del Tucumán”, en Boletín del
Instituto de Historia Argentina y Americana, N° 26, Buenos Aires,
1980, p. 223.
[6] Lorandi, Ana María,
1988, Ob. Cit.; Doucet, Gastón1980, Ob. Cit.;
Sica, Gabriela, Un grupo indígena frente al dominio colonial
en Jujuy: el caso de los paipayas. Siglo XVII, Tesis de
Licenciatura, Universidad Nacional de Córdoba, 1992; Zanolli, Carlos y Lorandi,
Ana María, “Tributo y servicio personal en el Tucumán colonial”, en Memoria Americana, N° 5, Buenos Aires, 1995, pp. 91-104;
Sánchez, Sandra, Fragmentos de un tiempo largo. Tilcara
entre los siglos XVI y XIX, Tesis de Licenciatura, Universidad
Nacional de Jujuy, 1996, pp. 100-106; Sica, Gabriela, “Vivir en una chacra de
españoles”: Encomienda, tierra y tributo en el Pueblo de San Francisco de
Paipaya, Jujuy, siglo XVII”, en: Farberman Judith y Gil Montero. Raquel
(Comps.), Pervivencia y desestructuración de los pueblos de
indios del Tucumán colonial. Siglos XVII y XVIII, UNQ- UNJu, pp.
203-226; Zanolli, Carlos, Tierra, encomienda e
identidad: Omaguaca (1540-1638), Buenos Aires, Sociedad Argentina de
Antropología, 2005; entre otros
[7] Zanolli, Carlos y
Lorandi, Ana María, 1995, Ob. Cit.;
Zanolli, Carlos, 2005, Ob. Cit.;
entre otros.
[8] Palomeque,
Silvia, “Historia de los señores étnicos de Casabindo y Cochinoca”, en Revista Andes, N° 17, Salta, 2006, pp. 139-194; Albeck,
María y Palomeque, Silvia, “Ocupación española de las tierras indígenas de la
Puna y ´Raya del Tucumán' durante el temprano período colonial”, en Memoria Americana, N° 17, 2, Buenos Aires, 2009, pp.
173-212; Palomeque, Silvia, “Casabindos, Cochinocas y Chichas en el siglo XVI.
Avances de investigación”, en Albeck, María E., Ruiz, Marta y Cremonte,
Beatriz, Taller Internacional de Arqueología del NOA y
Andes Centro Sur. Tanoa II (Las tierras altas del área centro sur andino entre
1000 y 1500 dc), Jujuy, 2013, pp. 233-263; Sánchez, Sandra 1996, Ob. Cit.; Sica, Gabriela, Del pukara al pueblo de
indios. La sociedad indígena colonial en Jujuy, Siglo XVII, Tesis
doctoral inédita, Universidad de Sevilla, 2006; entre otros.
[9] Padrón efectuado por orden del
gobernador Alonso de Ribera. Citado en Lorandi,
Ana María 1988, Ob. Cit., p. 146.
[10] Las cifras de 1673 fueron publicadas
en: Ravignani, Emilio, “Las
poblaciones de las regiones del río de La Plata y Tucumán en la segunda mitad
del siglo XVII”. en Actas y trabajos
científicos del XXVº Congreso Internacional de Americanistas, Buenos
Aires, Tomo II, 1934, pp. 295-305
[11] Sica, Gabriela, 2006, Ob. Cit., pp. 56-72.
[12] Archivo de Tribunales de Jujuy (en
adelante ATJ), 1597, Leg. 6, f. 17.
[13] Carta del
gobernador Felipe de Albornoz, 1629, citada por: Rubio Durán, Francisco, “Tierras, mano
de obra y circulación mercantil en el Tucumán colonial: el ganado vacuno
durante el siglo XVII”, en Cuadernos de Historia,
serie Economía y Sociedad, N° 2, 1999, p. 189; ATJ, 1641,
Leg. 224; Archivo
Histórico de Jujuy (en adelante AHJ), Archivo del
Marquesado de Tojo (en adelante AMVT), carpeta 257, 1658; Madrazo, Guillermo, Hacienda y encomienda en los
Andes. La puna argentina bajo el Marquesado de Tojo. Siglos XVII-XIX, Buenos Aires, Fondo editorial, 1982, p. 36;
Rubio Durán, Francisco, Tierra y ocupación en el área surandina, Sevilla, Ed. Aconcagua, 1998, pp.
48-49.
[14]
Sica, Gabriela 2006, Ob. Cit.;
Conti, Viviana y Sica, Gabriela, “Arrieros andinos de la colonia a la
independencia. El negocio de la arriería en Jujuy, Noroeste Argentino”, en Nuevos Mundos, Mundos Nuevos. EHESS Paris, 2011, pp. 20-37.
Con “comida” nos referimos a productos agrícolas como cereales, chuño y los
provenientes de ellos como harinas y bizcochos, vino y productos ganaderos
derivados como charqui, chalona, sebo, grasa, cueros, etc. Estos artículos
tenían por destino las minas de Lipez, Chichas y la Puna de Jujuy.
[15]
Albeck, María Esther y Palomeque, Silvia,
Ob. Cit., 2009, pp.
173-212.
[16] ATJ, 1602, Leg. 17, f. 37; ATJ, 1596,
Leg. 5; ATJ, 1605, Leg. 17; ATJ 1596, Leg. 22; ATJ1612, Leg. 44; ATJ 1602, Leg.
5, f. 38.
[17] Palomeque, Silvia, “Crecimiento de
la población tributaria originaria de Cochinoca y Casabindo en la segunda mitad
del siglo XVII”, en Revista Estudios del
ISHiR, N° 12, Unidad Ejecutora en Red – CONICET, Rosario, 2015, pp.
9-53 [En línea] http://revista.ishir-conicet.gov.ar/ojs/index.php/revistaISHIRissue/view/56 (Consulta: 27/01/2016).
[18] Palomeque, Silvia, “El mundo indígena
(siglos XVI-XVIII)”, en: Tandeter, E. Nueva Historia Argentina.
La sociedad colonial, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2000, pp.
114-115.
[19] Castro Olañeta, Isabel, “Vuestra Magestad se sirva de ordenar al governador que no apriete en
las ordenanzas del visitador”.
Gobierno colonial y poder local en la Gobernación del Tucumán
(1603-1619)”, en Bibliographica Americana, N° 9,
Buenos Aires, 2013, p. 28.
[20]Este sector tenía su origen en la
hueste que había acompañado a Argañaraz en la fundación de la ciudad y luego al
gobernador Mercado de Peñaloza y al fundador en las campañas finales de
pacificación de la jurisdicción. Habían puesto su esfuerzo, esperando recibir
una merced de encomienda, pero habían visto frustrada su aspiración, en tanto
con la fundación de Jujuy sólo se entregó una encomienda a Argañaraz. Ellos
habían recibido merced de tierra en diferentes zonas. Rojas, Ricardo, Archivo Capitular de Jujuy. Documentos para la Historia Argentina, Editorial
Coni, Buenos Aires, 1913, p. 103. Nos referimos a personajes como Alonso y
Cristóbal de Chávez, Juan y Lorenzo de Herrera, Francisco Morillo, Diego de
Torres, Pedro y Bartolomé de Godoy, Tomás de Pineda, Francisco de Benavente,
Francisco Guerrero. Posteriormente se fueron afincando otros vecinos que
provenían de ciudades cercanas como Salta, Esteco y Santiago del Estero como:
Pedro y Francisco Mexía Miraval o Martín Ledesma Valderrama.
[21] Los funcionarios principales del
cabildo eran el teniente de gobernador (representante del gobernador de
Tucumán), dos alcaldes ordinarios electivos que constituían la cabeza del
cuerpo. Luego venían otros funcionarios como alférez, regidores, alcaldes de la
Santa Hermandad, fiel ejecutor, etc. Cuyos oficios eran productos de la
designación por parte de las autoridades y en algunos casos se convirtieron en
cargos venales que podían adquirirse a través de remates públicos.
[22] Vergara, Miguel
Ángel, Orígenes de Jujuy, San Salvador de
Jujuy, Gobierno de la Provincia de Jujuy, 1966; Ferreiro, Juan Pablo, “Todo queda en familia...
Política y parentesco entre las familias notables del Jujuy del XVII”, en: Beneméritos, aristócratas y empresarios. Identidades y estructuras
sociales de las capas altas urbanas en América hispánica, Frankfurt
Am Main, 1999, pp. 251 - 275.
[23] La mita fue una de las instituciones
económicas sobre los que reposaba el sistema colonial en América. Basada en la
idea de turno de la antigua mita
incaica, su reformulación durante la colonia creó un sistema de trabajo
compulsivo orientado a la minería, la agricultura, la ganadería, la
construcción, etc. En el caso de la gobernación de Tucumán era la denominada
mita de plaza en la cual las comunidades indígenas enviaban a la ciudad
cabecera de la jurisdicción un contingente de tributarios para trabajar durante
un turno en obras públicas, construcciones de edificios, arreglo de caminos,
puentes, matadero, etc. En Jujuy, del contingente total de mitayos que se
repartían en cada turno, un porcentaje importante debía trabajar para
particulares a cambio de un salario. Sica, Gabriela, “Las otras mitas.
Aproximaciones al estudio de la mita de plaza en la jurisdicción de Jujuy,
gobernación de Tucumán, siglo XVII”, en Anuario de Estudios
Americanos, Vol. 71, N° 1, CSIC, Sevilla, 2014, pp. 201-226 [En
línea] http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos
/article/view/620/623
[24]Piana,
Josefina “Visita a los indios de servicio de la ciudad de Córdoba del Tucumán
en 1598” en Historiografía y Bibliografía Americanistas,
Vol. XXXI, Nº1, Sevilla, 1987, pp. 29-30; Castro Olañeta, Isabel, “Servicio
personal, tributos y conciertos en Córdoba a principios del siglo XVII. La
visita del Gobernador Luis de Quiñones Osorio y la aplicación de las Ordenanzas
de Francisco de Alfaro”, en Memoria Americana, N°
18,1, Buenos Aires, 2010, p. 106.
[25] ATJ, 1596, Leg. 23, f. 3.
[26] Ramírez de Velazco fue quien introdujo
el sistema de mita de plaza en la gobernación de Tucumán en 1586. A poco de
hacerse cargo del gobierno, le comunicó al rey que había establecido mita de
plaza en las ciudades para beneficio de los vecinos pobres. Archivo General de
Indias (en adelante AGI) Charcas, 26, R.5, N 11, f. 2.
[27] ATJ 1606, Leg.
22, f. 62 v.; Palomeque, Silvia, 2015, Ob. Cit., pp. 9-53.
[28] ATJ, 1598-1602, Leg. n° 12.
[29] ATJ, 1602, Leg. 23, f. 5 v.
[30] ATJ, 1602, Leg. 12, f. 74
[31] ATJ, 1606, Leg.
22, f. 43.
[32] Castro Olañeta, Isabel, 2010, Ob. Cit., p. 104.
[34] Según Castro Olañeta, la resistencia
de los encomenderos hizo que la orden primera, de los cinco pesos en especies o
su conmutación por 40 días de trabajo, fuera revisada y transformada en un
tributo que valía el doble -diez pesos- hasta que vacare la encomienda y el
triple en días de trabajo por los cuales la tasa podía ser conmutada -de 40 a
120 días-; así como se obtenía el permiso para obligar a entregar el tributo en
el producto que funcionaba en la región como principal moneda natural -el
algodón, ver: Castro Olañeta, Isabel, 2010, Ob. Cit., p.
116.
[35] Carminagni,
Leticia, Política colonial y sociedades indígenas en la
Gobernación del Tucumán. El gobernador Alonso de Ribera, los Tenientes de
Naturales y la elite encomendera durante la vigencia de las Ordenanzas de
Abreu, Tesis de Licenciatura en Historia, FFyH, UNC, 2013, pp.
121-122. El nombramiento de Toledo Pimentel se debía, seguramente, a su
experiencia política en este tipo de reclamos y a su actuación en nombre de los
cabildos de Santiago del Estero y Córdoba en 1606.
[36] ATJ 1612, Leg.
38, f. 228. Se trataba de yanaconas que algunos vecinos habían traídos de fuera
de la jurisdicción y que Alfaro había registrado y naturalizados en 1611
Archivo Nacional de Bolivia (en adelante ANB), Expedientes coloniales, 1655, n°
3, f. 2 v. El pedido de los vecinos sobre ellos tuvo efecto ya que años después
sus descendientes: “han huido y ausentado y estan sirviendo a otras personas como yndios
libres”
[37] Martín de Ledesma Valderrama
representaba al maese de campo Lope de Bravo de Zamora, a Juan López de
Medrano, Miguel de Heredia, Antonio Serrano, Pablo de Argañaraz, Rodrigo Torres
Bohórquez, Juan Gaitán, Sebastián de Tobar, Blas Baca y al capitán Francisco de
Morillo. (Archivo Histórico de Jujuy (en adelante AHJ), 1612, Caja XXI, Leg. 3, Legajillo 1, f. 298-301. Uno de
ellos pertenecía a familias de encomenderos (Argañaraz) pero al no ser
primogénito no tenía derechos sobre la encomienda familiar, aunque poseía
mercedes de tierras. Francisco de Morillo, tenía sus aspiraciones e intentaba
ser encomendero. Desde 1606 llevaba adelante un pleito con otro vecino de Jujuy
por una parte de la encomienda de Ocloya. Aparentemente por estos años perdió
dicho juicio y necesitaba acceder a mano de obra para el trabajo de sus
estancias en Tilquiza. Por su parte, Lope Bravo de Zamora que era vecino de
Santiago del Estero y se dedicaba a la venta de mulas y burros en Jujuy.
Antonio Serrano se ocupaba en realizar fletes de mercancía para terceros, pero
también trabajaba vendiendo la producción de las haciendas de Juan Ochoa de
Zarate, uno de los encomenderos más importante de la época. Juan Gaytan poseía
un par de propiedades en la ciudad y su contorno, en ellas criaba ganado y
producía diferentes bienes como el jabón que vendía en las zonas mineras.
También ejercía el oficio de diezmero. Sobre los dos restantes no encontramos
en las fuentes datos sobre sus propiedades u ocupaciones, aunque Miguel de
Heredia será poseedor de estancias en la Puna en la década de 1620 y casas en
la ciudad de Jujuy y fue elegido alcalde y mayordomo de la ciudad. ATJ 1595,
Leg. 5; ATJ 1596, Leg. 6; ATJ, 1606, Leg. 22, f. 73-4; ATJ, 1612, Leg. 39, 14
v.¸ f. 28 v¸ f. 33; f 34; f. 35; f 41; 43; ATJ, 1614, Leg. 44, f. 2 v.; f 23;
ATJ 1614, Leg. 45, f. 37; ATJ 1610, Leg. 29, f. 15/16; ATJ, 1610, Leg. 33, f.
6.
[38] Sica, Gabriela 2014, Ob. Cit., p. 212.
[39] Sica, Gabriela, 2014, Ob. Cit., p. 212.
[40]Sica, Gabriela,
2014, Ob. Cit., p. 212. El número de mitayos
aumentó en las próximas décadas, ya que en 1658 el grueso de la mita era de 46
mitayos, no hemos encontrado fuentes que expliquen las razones de esta
modificación.
[41] Se trataba de un funcionario
establecido en la Puna cuyas funciones, atribuciones y territorialidad fueron
cambiando a lo largo del Siglo XVII ver: Madrazo, Guillermo, Hacienda y encomienda en los Andes. La puna argentina bajo el
Marquesado de Tojo. Siglos XVII-XIX, en Fondo editorial, Buenos
Aires,1982; Sica, Gabriela, 2006, Ob. Cit., pp.
59-60; Estruch, Dolores, “Alcaldes de Jujuy, tenientes de Valle Rico y
Rinconada. Una reflexión en torno a los conflictos de competencias
jurisdiccionales en el Jujuy colonial” en Ponencia I Jornadas de
Estudios Indígenas y Coloniales, Jujuy, 2009; Sica, Gabriela, “En
torno al corregidor de Omaguaca. Atribuciones, competencias y disputas
jurisdiccionales en el Tucumán colonial. Siglo XVII”, en Sierra, María; Pro,
Juan Y Mauro, Diego, Desde la historia.
Homenaje a Marta Bonaudo, Imago Mundi, Buenos Aires, 2014, pp.
198-208.
[42] Albeck, María E. y Palomeque, Silvia
2009, Ob. Cit. 194-195, Palomeque, Silvia, 2015, Ob. Cit.,
pp. 30-31.
[43] Sica, Gabriela, 2006, Ob. Cit., 49.
[44] AHJ, 1632, Caja XXII, Leg. 1.
[45] Sica, Gabriela, 2014, Ob. Cit., p. 216.
[46] Assadourian, Carlos Sempat, “Agricultura y tenencia de
la tierra antes y después de la conquista”, en Población
& Sociedad, N° 12/13, Tucumán, 2005/6, p. 33.
[47] Castro Olañeta, Isabel, 2010, Ob. Cit., p. 115.
[49] Castro Olañeta, Isabel, 2010, Ob. Cit., pp. 115-116.
[50] Farberman, Judith y Boixadós, Roxana,
“Sociedades indígenas y encomienda en el Tucumán Colonial. Un análisis comparado
de la visita de Luján de Vargas”, en Revista de Indias,
LXVI, N° 38, Madrid, 2006, p. 616.
[51] ANB, EC, 1648,
[52] Sica, Gabriela, “Del tráfico
caravanero a la arriería colonial indígena en Jujuy, Siglo XVII”, en Revista Transporte y Territorio, N° 3, Buenos Aires, 2010,
pp.23-39.2010; Palomeque, Silvia, “Los caminos del Sur de Charcas y de la
Gobernación de Tucumán durante la expansión inca y la invasión española (Siglo
XV a XVII), en: Tedeschi, Sonia, XIV Encuentro de Historia
regional comparada, Ediciones UNL, Santa Fe, 2013, pp. 1-31; Sica,
Gabriela, “Procesos comunes y trayectorias diferentes en torno a las tierras de
los Pueblos de Indios de Jujuy. Siglo XVI al XIX”, en Revista del
Museo de Antropología, N° 9, Vol. 2, Córdoba, 2016, pp.171-186.
[53] AHJ, Caja XXII,
Leg. 1, 1619, f, 65v.-66.
[54] ATJ, 1598, Leg. 10, f. 10, ATJ, 1598,
Leg. 10, f. 11 v-12; ATJ 1598, Leg. 10, f. 14-15 v.;
ATJ, 1599, Leg. 10, f. 41 v; ATJ, 1599,
Leg. 12, f. 27 v 28 v; ATJ, 1602, Leg.12, f. 75 v; ATJ, 1602, Leg. 13, f. 13 v.
[55] Transcribimos uno de estos documentos
como ejemplo: … En la ciudad de San Salvador de Jujuy en
seis días del mes de jullio de mill y seiscientos y veinte años ante el capitan
francisco mexias miraval teniente de gobernador e justicia mayor de esta dicha
ciudad por su magestad parescieron presente hernando diaz cavallero y diego
narzol que dijo ser de salta del servicio de Bartolome fernandez vecino della
en esta manera que el dicho narzol se obliga a servir al dicho hernando diaz
cavallero por el tiempo de un año y por el le a de dar un bestido de abasca
manta y camiseta y valones de cordellate y un sombrero común y diez pessos en
reales y otro diez pesos para la tassa de su encomendero el dicho hernando diaz
cavallero lo aceto y se obliga a dalle el dicho vestido balones y sombrero mas
los diez pesos y los que dara a su encomendero y le dara de comer y le curara
su enfermedad …y lo firmo, ATJ, 1620, Leg. 70, f. s/n.
[56] Los contratos de La Paz, Potosí o La
Plata fueron analizados por ThierySaignes “Las etnías de
Charcas frente al sistema colonial (siglo XVII): ausentismo y fugas en el
debate sobre la mano de obraindígena, 1595-1665”, en JärbuchfürGeschichtevonSaat, Wirtschaftund Gesellschaft Lateinamerikas,
N°
21, Köln, 1984, p. 54. Los conciertos de Córdoba en: Castro Olañeta, Isabel, 2010, Ob. Cit., p. 119. Existe una diferencia de los de Jujuy con
los del Alto Perú y es la mediación de los caciques en el momento de realizar
el concierto, en los de Jujuy, la contratación es individual producto de que el
pago de la tasa lo era, según las Ordenanzas de Alfaro.
[57] Provienen de las ciudades y
jurisdicciones de Córdoba, Tucumán, Esteco, Salta, La Rioja, Santiago del
Estero, San Juan de Cuyo, Buenos Aires, Paraguay. De los pueblos de Acogasta,
Payogasta, Chuquiligasta, Pueblo de los Pulares, Tauma, Guaipe. O de las
encomiendas de Melián de Leguizamo, de Juan Ruiz (Salta), de Diego Medina
(Tucumán), Juan Núñez Gálvez (de Santiago), de Antonio Sequera (La Rioja), de
Francisco Mexía de Miraval (Santiago del Estero); de González Cruzado; de
Andrés García (Esteco); de Juan Hidalgo; Diego Núñez del Prado, entre otros. La
presencia de esta población de forasteros no pasaba desapercibida en la ciudad.
En 1631 el Cabildo trataba de aprovechar la existencia de los muchos indios
forasteros que vivían en Jujuy, quienes estaban en palabra de las autoridades “ganando plata” sin pagar tasa a nadie.
AHJ, 1631, caja XXI, legajo
[58] Ver Castro Olañeta, Isabel y
Palomeque, Silvia, “Originarios y forasteros del sur andino en el período
colonial”, en América Latina en la Historia Económica,
N° 23, Vol. 3, Instituto Mora, México, 2016, pp. 37-79 [En línea] http://alhe.institutomora.edu.mx/index.php/ALHE/artic
le/view/731 (Consultado el 23/01/2017).
[59] Los principales eran: Hernando Diaz
Caballero, Tomas de la Guerra, Juan Antonio del Buen Rostro, Lorenzo de Chaves,
Miguel de Heredia, Pedro Zambrano, Pedro Mexia Miraval y Lucas Alvarado.
[60] Consignamos tres conciertos sin monto
de los cuales, dos de ellos se tratan de documentos muy deteriorados que no
permiten su lectura salvo en algunas secciones. El otro es un concierto en el
cual un tributario pide le paguen a su encomendero todas las tasas que le
adeuda a su encomendero, sin especificar el monto total de la deuda.
[61] Monto total de lo expresado en pesos,
por ejemplo, cuando se manifestaba que el pago debía ser de 20 pesos más 10 de
tasa lo hemos considerado por valor de 30 pesos. No sucede lo mismo con los
textiles.
[62] Los precios fijados en los conciertos
son similares a los que aparecen en fuentes independientes y cartas de pago o
venta. La vara de cordellate estaba valuada en un peso, los sombreros en seis,
la ropa de tasa (incluían camiseta o vestido de abasca y balones de cordellate)
en ocho pesos y las mantas a seis. ANB, expedientes coloniales, 1648, N°13, f.
43-43 v.
[63] ATJ 1642, Leg.
[64] ATJ, 1630, Leg.
[65] ATJ 1644, Leg.
[66] ANB, EC 1648, 13, f. 33-38.
[67] ATJ, Leg. 606, 1684, f. 8.
[68] Ya que Salta aducía haber heredado la
jurisdicción que el virrey Toledo en 1575, le había asignado a Alava, la
segunda fundación de Jujuy. Palomeque, Silvia, 2015, Ob. Cit.,
p. 16.
[69] Palomeque Silvia, 2015, Ob. Cit., p. 16. Lorenzo de Aldana era hijo de Martín Monjes
quien había recibido la encomienda en 1540 ver Zanolli, Carlos, 2005, Ob. Cit., p. 52.
[70] Palomeque, Silvia, 2006, Ob. Cit., p.161.
[71] ATJ 1606,
Leg. 22, f, s/n.
[72] No conocemos
exactamente los límites territoriales para el ejercicio del corregimiento, pero
sospechamos por el nombre que éste tenía injerencia al menos sobre la quebrada
de Humahuaca. Sólo contamos con el acta de cabildo en el que se presentó dicho
título: el capitán francisco de chaves barrasa en este
dicho cabildo ante el señor capitan y justica mayor y demas capitulares con un
titulo del señor gobernador don Pedro Mercado de Peñaloza gobernador general
y justicia mayor destas provincias por su magestad el cual dicho titulo su
señoria en nombre de su magestad le elixe y nombra por corregidor del valle de
Omaguaca y de todo lo demás que el dicho titulo contiene ATJ 1595,
Leg.3, f. 116 v.
[73] Entre la creación del cargo en 1595
hasta 1620, los corregidores de Humahuaca vieron modificar el alcance
territorial, las funciones y hasta el nombre de éste. En los sucesivos títulos,
su jurisdicción llegó a abarcar Esmoraca y los valles Calchaquíes mientras se
extendieron o modificaron sus funciones como caudillo a guerra, alcalde de
minas y alcalde mayor de mita. En la década de 1620, el corregidor es
reemplazado por un lugarteniente o teniente que cumple funciones hasta 1636
cuando el destituido. Este funcionario es repuesto en la segunda mitad del
siglo XVII como teniente de la Rinconada, cargo que finalmente el gobernador de
Tucumán suprime en 1692. Sica, Gabriela, 2014, Ob. Cit.
[74] Palomeque, Silvia, 2015, Ob. Cit., pp. 21-22.
[75] Palomeque, Silvia, 2015, Ob. Cit., pp. 25-26. ANB ec ad, 1769,8; ANB min
62-7, 1692, f. 49; ANB, Min 62/3, 1646;
AHJ 1625, caja XXII, Leg. 1; ATJ 1647, Leg. 268, f 1-3; ATJ
1647, Leg.269; ATJ 1647, Leg. 270.
[76] Palomeque, Silvia, 2015, Ob. Cit., pp. 23-25. Esto se replicaba en las encomiendas
de la Quebrada, dado que muchos de los pedidos de los empresarios mineros
también involucraban a tributarios de estas encomiendas. Por ejemplo, en 1639,
un grupo de tributarios de Tilcara huyó al valle Calchaquí ante la posibilidad
de ser llevados a trabajar a las minas. Sánchez, Sandra 1996, Ob. Cit., p. 127. Estaban reaccionando ante un pedido de la
Audiencia de Charcas para que el cabildo de Jujuy enviara 100 indígenas de la
jurisdicción para el desguace de las minas de Chocaya, ATJ, 1639, Leg. 166.
[77] Palomeque, Silvia, 2015, Ob. Cit., p. 29.
[78] AHJ actas capitulares,1630, caja XXI,
legajo 1, f. 113-4; AHJ actas capitulares,1630, caja XXI, legajo 1, f. 116; AHJ
actas capitulares,1630, caja XXI, legajo 1, f. 116v.-7; AHJ actas
capitulares,1631, caja XXI, legajo 1, f.142; AHJ actas capitulares,1632, caja XXI,
legajo 1, f. 153 v.; AHJ actas capitulares,1635, caja XXIII, legajo 1,
legajillo 2, f. 394; AHJ actas
capitulares,1635, caja XXIII, legajo 1, legajillo 2, f. 401.; AHJ actas
capitulares,1636, caja XXIII, legajo 1, f. 475
[79] se trato con asistencia del
procurador general Alonso de Tapia y Loaysa de como la jurisdicción questa
hasta casabindo y cochinoca se a meter en ella don fernando de sanabria alcalde
ordinario de salta
AHJ 1627-1641, caja XXI, Leg. 1, f. 301.
[80] Palomeque, Silvia 2015, Ob. Cit., p. 32.
[81] Palomeque, Silvia 2015, Ob. Cit., pp. 30-33.
[82] Palomeque, Silvia 2015, Ob. Cit., p.
38; Albeck, María E. y Palomeque, Silvia, 2009, Ob. Cit.
[83] Sica, 2006, Ob. Cit.,
p.97; Palomeque, Silvia, 2015, Ob. Cit., p.
38.
[84] Esta cifra representaba el 34,14% de
los tributarios presentes. AHJ. AMVT, carpeta 158, 1676; AHJ AMVT carpeta 254,
1735.
[85] Boixadós, Roxana y Zanolli, Carlos, Ob. Cit. 2003, p.297.
[86] Palomeque, Silvia, 2015, Ob. Cit., p. 41; Madrazo, Guillermo, 1982, Ob. Cit., pp. 68-69.
[87] AHJ. AMVT, carpeta 220, 1679.
[88] El conflicto por
la mita de plaza abarcó desde los inicios del siglo XVII hasta 1769 ver: ANB EC
Ad 1769, 8; ANB, EC, 1723, 40; Archivo General de la Nación (AGN) sala IX
09-02-03. En más de una ocasión el encomendero desconoció la autoridad del
cabildo al quitarle violentamente la vara y echar de sus propiedades al alcalde
de la santa hermandad y al alcalde de primer voto del cabildo de Jujuy ver: AHJ
1693, caja XXII, Leg. 2, f. 242; AHJ archivo del
marquesado del valle de Tojo, 1693; carpeta 63; Estruch, Dolores, 2009, Ob. Cit.
[89] ANB, Min- 62-7, 1692 y ANB EC, Ad,
1768, 8.
[90] Un ejemplo de esto se puede ver en el
hecho de que los tenientes de Rinconada apoyaron al encomendero en su
intervención en la sucesión de los linajes cacicales. Palomeque, Silvia, 2006, Ob. Cit. También, en la forma en que ejercían su autoridad
para castigar a los tributarios que se concertaban con terceras personas o se
negaban a entregar su servicio personal como tasa al encomendero, ANB, EC,
1723, 40; AGN sala IX 09-02-03; Boixadós, Roxana y Zanolli, Carlos, 2003, Ob. Cit., pp. 295-297.